Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Rama Judicial

INFORME DEL JUEZ PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO
HON. JOSE A. ANDREU GARCIA SOBRE LA RAMA JUDICIAL
ANTE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Juez Presidente Ho. José A. Andreu García

11 DE ABRIL DE 2002


En el 1958 el entonces Juez Presidente del Tribunal Supremo, Luis Negrón Fernández expresó que aunque ni la Constitución o las leyes exigían informe alguno, era un deber de democracia que el Juez Presidente rindiera anualmente al Pueblo un mensaje sobre el estado de la administración de la justicia y el funcionamiento del sistema judicial, conteniendo el mismo, además, aquellas medidas que estimara deseable someter la Rama Judicial.

Esta idea se reiteró en ocasiones posteriores, pero nunca se concretó. En el día de hoy se hace historia en nuestro país. Por primera vez un Juez Presidente acude ante el Pueblo, representado por sus oficiales electos, a informar sobre el estado actual de la Rama Judicial. Por ello, a nombre de la Rama Judicial, agradezco la invitación que a esos efectos nos hiciera el Senado de Puerto Rico.

Mi presencia aquí responde, además, al descargue de la responsabilidad de presentar ante la Asamblea Legislativa una evaluación de los efectos de la reforma judicial de 1994.

SISTEMA JUDICIAL 1992 - 2002
Me ha tocado la responsabilidad de dirigir la Rama Judicial durante el final del Siglo XX y el principio del Siglo XXI, por ser el Juez Presidente del Tribunal Supremo y el Administrador de dicha Rama de Gobierno desde febrero de 1992. En estos años la Rama Judicial se ha enfrentado a grandes retos y grandes problemas. No obstante, este siglo se abre con nuevas oportunidades y esperanzas.

Reforma Judicial
En el año 1992 se inició una reforma del sistema de justicia que varió la organización de los tribunales. Se creó un tribunal apelativo intermedio entre el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Supremo, denominado Tribunal de Apelaciones, al cual fueron nombrados quince jueces y juezas. Su vida fue fugaz ya que fue eliminado por la Asamblea Legislativa al año siguiente de su creación. No obstante, por disposición constitucional los jueces y las juezas mantuvieron sus cargos.

En el año 1994 la Rama Ejecutiva propuso reorganizar el sistema judicial. El Tribunal Supremo aprobó una resolución en la que se exhortaba a que el plan de reorganización no fuera aceptado y recomendaba que el mismo fuera revisado de forma abarcadora y detenidamente. Comparecí ante la Asamblea Legislativa a expresar las objeciones de la Rama Judicial al plan propuesto y las razones para ello. No empece nuestra oposición, la Reforma fue aprobada.

La Ley de la Judicatura de 1994, restituyó el foro apelativo intermedio, llamándolo Tribunal de Circuito de Apelaciones; y aumentó el número de jueces a 33; creó una nueva Región Judicial en Fajardo; eliminó el Tribunal de Distrito y consolidó su competencia con la del Tribunal Superior en el nuevo Tribunal de Primera Instancia, dispuso que habría una sala de dicho tribunal en cada municipio y aumentó el número de jueces del Tribunal de Primera Instancia de 267 a 315.

Se predicó que esta reorganización del sistema judicial era necesaria para lograr que la ciudadanía tuviera más y mejor acceso al mismo. El Tribunal de Primera Instancia, presidido por un Juez Superior, atendería todo asunto civil o criminal, sin consideración a las competencias que anteriormente se asignaban a los tribunales de distrito y superior. Se aspiraba a que los ciudadanos de los pueblos no tuvieran que trasladarse a los Centros Judiciales Regionales a ventilar sus casos.
Nada o muy poco se ha logrado en cuanto al acceso de los ciudadanos a los tribunales. Los edificios que albergan los anteriores tribunales de distrito no tienen la capacidad física para ser convertidos en tribunales de una sola competencia, aún con la exclusión de los casos criminales en los cuales existe el derecho a juicio por jurado. Las pequeñas y obsoletas facilidades distritales no tienen espacio en las secretarías para recibir nuevos casos; examinadores de pensiones alimenticias, los técnicos de las disciplinas sociales y su personal de apoyo. En vista de esta limitación de espacio, el estatuto de reforma excluyó la atención en estos tribunales de los casos graves y menos graves en los cuales existe el derecho a juicio por jurado, frustrándose así expresamente y en gran medida, el propósito manifestado en el Plan de Reorganización de dar mayor acceso a la ciudadanía a los procesos judiciales. Por otro lado, aunque se aumentó el número de jueces municipales y se incrementó su sueldo, se limitó considerablemente su competencia adjudicativa. En resumen, resulta claro que la legislación de reforma no estuvo dirigida a la consecución del objetivo de acceso a los tribunales.

La reforma tuvo un impacto económico considerable, según predijimos. Sin el presupuesto adicional requerido, nos vimos obligados a construir nuevas facilidades, a arrendar nuevos locales y a remodelar la planta física existente para acomodar los jueces adicionales nombrados y su personal de apoyo. Hasta febrero de 2002 los costos directos de la Reforma han representado la suma de $ 48.1 millones. La cifra podría alcanzar otros $10 millones en los próximos tres años fiscales, para las nuevas facilidades que hemos contratado, pero que aún faltan muchas otras por construir y remodelar.

Se eliminaron las plazas de jueces de distrito y se convirtieron en plazas de jueces superiores. Hoy día, el juez superior continúa atendiendo, desde el antiguo tribunal de distrito de los pueblos, los mismos casos que antes atendía el juez de distrito. Todo sigue igual, excepto que en salario cada uno de estos jueces superiores le cuesta al sistema $18,533.00 anuales adicionales, encareciendo sustancialmente la atención de los casos. El costo de la creación de plazas de jueces superiores por la abolición de plazas de jueces de distrito, alcanzó la suma de $4,923,100, casi $5 millones, lo que equivale a $54,100 por cada nuevo juez superior.

La nueva ley de reforma dispuso que hubiera una sala del Tribunal de Primera Instancia en cada municipio. Ello tiene un costo económico desproporcionado a su utilidad y limita no sólo la planificación funcional de las salas, sino la óptima utilización de nuestros limitados recursos económicos. Hoy día tenemos numerosas salas con muy poca carga de trabajo y la proyección poblacional en estos municipios apunta a que continuará estable. En las siguientes salas se presentan menos de 200 casos al año, esto es, menos de 4 casos semanales: Arroyo, Barceloneta, Ceiba, Culebra, Florida, Guánica, Hatillo, Jayuya, Las Marías, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Maricao, Maunabo, Morovis, Naguabo, Peñuelas, Rincón, Santa Isabel y Villalba. Si se aumenta el parámetro a 250 casos, o sea menos de 5 casos semanales, se sumarían 8 salas: Aguas Buenas, Barranquitas, Cataño, Corozal, Dorado, Hormigueros, Quebradillas y Vega Alta, para un total de 28 salas con menos de 250 casos anualmente, o sea menos de 5 casos a la semana. En estos pueblos la Rama Judicial tiene que mantener una infraestructura judicial (juez, secretaria, personal de mantenimiento, local, agua, luz, teléfono y otros servicios) para un número reducidísimo de casos.

La distribución de las competencias de los jueces en los diversos niveles no se basó en un análisis ponderado, ocasionando desproporción y desbalance en la carga de trabajo de los jueces.

La determinación legislativa sobre la creación de salas y sedes del Tribunal de Primera Instancia plantea un problema en cuanto a la mejor utilización de los recursos económicos y judiciales. Luego de transcurridos ocho años desde la aprobación de la Ley de la Judicatura de 1994, debo decir que la Reforma Judicial no cumplió su propósito principal de acceso a la justicia. No incluyó aspectos vitales, dejando desatendidas necesidades imperiosas para cumplir con nuestro deber constitucional. Entre otras señalamos: el deterioro y obsolescencia de los edificios de los Centros Judiciales construidos en la década del 60 (Mayagüez y Humacao) y el acceso a los servicios judiciales a la población indigente y con necesidades especiales. Es evidente, que una verdadera reforma judicial tiene que partir de las necesidades reales del sistema para que sea de beneficio efectivo a la ciudadanía a quien servimos.


Presupuesto
La Petición Presupuestaria de la Rama Judicial presentada a esta Asamblea Legislativa contiene en detalle los proyectos y logros de la Rama, lo cual fue explicado por la Directora Administrativa de los Tribunales en su Memorial y en su comparecencia. No es mi propósito repetir lo allí contenido. Sin embargo, la Rama Judicial se enfrenta a grandes limitaciones presupuestarias que dificultan su operación adecuada. La aprobación de leyes aumentando salas, sedes, número de jueces, remuneraciones, bonificaciones y responsabilidades, sin proveer los medios fiscales para afrontar su impacto, ha colocado a la Rama Judicial en una situación precaria nunca antes vista. Estimo que el costo de implantar estas leyes aprobadas en los últimos ocho años sin la correspondiente asignación, supera los $76 millones de los cuales $48.1 millones corresponden a la legislación de reforma judicial y $28 millones a otra legislación aprobada. Esto no incluye los aumentos normales que se registran en la operación del sistema por efecto de la inflación.

Nos hemos visto obligados a posponer el pago de la renta a la Autoridad de Edificios Públicos por el arrendamiento de locales judiciales e incurrir en préstamos. La precaria situación económica ha llevado a la congelación de puestos, a paralizar la adquisición de tecnología moderna y a una estrechez insospechada, como es la limitación de materiales esenciales de trabajo. A pesar de todas las dificultades y problemas, el sistema ha continuado funcionando, gracias al recurso humano de la Rama Judicial. A todas las mujeres y los hombres que han dado lo mejor de sí en los tiempos difíciles, vaya nuestro agradecimiento por la lealtad demostrada a los intereses de la Rama y al Pueblo al que servimos.

Cuando asumí la administración de la Rama Judicial, los tribunales no tenían computadoras; nuestros teléfonos no utilizaban la fibra óptica; muchas salas y oficinas utilizaban papel carbón para hacer copias; las anotaciones en los libros de récord se hacían manualmente y de un tribunal a otro la comunicación era por mensajería o servicio postal.

Me propuse modernizar el sistema para hacerlo más eficiente y responsivo a la ciudadanía. He logrado en estos años iniciar, y hago énfasis en el verbo iniciar, diversos proyectos de infraestructura tecnológica, de comunicación y de automatización tales como la red de comunicaciones por fibra óptica que entrelaza la comunicación de voz y datos de las principales facilidades de la Rama Judicial; la digitalización de documentos; el correo electrónico; el acceso a Internet e intranet; la descentralización de las funciones administrativas; el sistema electrónico de bibliotecas; el nuevo sistema fiscal integrado; el nuevo sistema de grabación digital en los salones de sesiones; y los nuevos programas de orientación y educación pública a través de Teletribunales, Kioskos e Internet, ¡que consideramos tan necesarios!

Pero he sentido mucha frustración. Por limitaciones presupuestarias, el desarrollo de estos proyectos ha sido lento y muchas de estas innovaciones sólo existen parcialmente en algunos Centros Judiciales y son inexistentes en los tribunales ubicados fuera de los Centros Judiciales.

El presupuesto general asignado a la Rama Judicial en la década de 1992 al 2002, fue en promedio un 2.8% del Fondo General del gobierno. Ello significa que la asignación de fondos a la Rama Judicial constituye una porción ínfima de los recursos fiscales anuales del Estado Libre Asociado, siendo ésta una Rama de servicio directo al Pueblo. Anualmente la Rama Judicial tiene que comparecer ante otra rama de igual jerarquía constitucional a justificar su petición presupuestaria. Esta situación de subordinación económica, objeto de crítica a través de los años, vulnera nuestra independencia.

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA DE TRIBUNALES
Para enfrentarnos a los retos del futuro tenemos que partir de las fortalezas y debilidades de la Rama Judicial. Se trata de un sistema complejo, con el que gran parte de nuestra ciudadanía interacciona de una forma u otra.

La Rama Judicial ha efectuado, por primera vez, una serie de estudios y consultas de evaluación y autoevaluación para constatar, de primera mano, los problemas que aquejan a los usuarios de nuestro sistema. Los resultados, aunque no nos sorprenden, no dejan de preocuparnos. Entre la ciudadanía prevalece la opinión de que no hay el debido acceso a la justicia. El puertorriqueño en desventaja económica entiende que es difícil y complicado moverse a través del sistema; que los procesos son demasiado complejos; que es difícil conseguir información en los tribunales; que hay una doble vara y unas diferencias en el trato dependiendo de si se es rico o se es pobre; y que los pobres, al desconocer el sistema y no tener representación legal adecuada, reciben una justicia distinta. Aún los ciudadanos de clase media y alta entienden que los procedimientos en los tribunales son demasiado complicados; que la ciudadanía no está bien orientada en cuanto a sus derechos y cómo hacerlos valer en los tribunales; que hay desigualdad en el trato de los casos, dependiendo del abogado que se pueda contratar y de los recursos económicos de la parte para costear gastos de peritaje, testigos, descubrimiento de prueba y recursos apelativos. Para el ciudadano promedio, ir al tribunal es una experiencia intimidante. La queja general de la ciudadanía es que el tiempo que toman los procesos judiciales es excesivo, que hay mucha burocracia, y que la reforma judicial no trajo cambios ni agilidad.

En esencia, contamos con impedimentos colosales al ideal de justicia a tiempo y para todos. El acceso a la justicia está limitado por la falta de información básica. La población general carece de un conocimiento elemental sobre el sistema de justicia, bien por la poca información u orientación que reciben de sus propios abogados, o porque el sistema no le provee la información necesaria. Uno de los elementos fundamentales que limitan el acceso a los tribunales es la escasa disponibilidad de representación legal adecuada. En el área criminal muchos acusados cuentan sólo con asistencia legal nominal debido a la carga excesiva de los abogados asignados a representar a los acusados indigentes. Los menores intervenidos se encuentran aún en un mayor estado de indefensión, por la crasa insuficiencia de representación legal para este grupo. En el área civil muchos ciudadanos con reclamos válidos no logran acceso a la justicia por no ser rentables sus casos para los abogados. En el área de relaciones de familia, la población de ingresos moderados y bajos dirime muchas de sus controversias sin intervención judicial, a veces de forma violenta, por falta de recursos económicos para contratar abogados. Si queremos mantener la confianza del pueblo, tenemos que lograr una renovación total de las operaciones y de la administración del sistema y una modernización cabal en los modos de impartir justicia.

No empece sus debilidades, es importante apuntar que la ciudadanía tiene una fe básica en los tribunales y confía en la Rama Judicial de Puerto Rico. Esa confianza está muy por encima de las otras instituciones principales del país. Valoran los tribunales como el recurso para mantener el orden social y la protección de los indefensos. Todavía se consideran como el foro en el que se hace justicia; que son la única institución relativamente confiable y que los jueces son honrados y honestos.

TENDENCIAS DEL FUTURO Y SUS IMPLICACIONES PARA LA RAMA JUDICIAL
Nuestra sociedad, como toda sociedad contemporánea, es una caracterizada por el cambio muy acelerado, complejo, de gran fluidez y por la globalización de la información. Estos acelerados procesos de cambio hacen imperiosa la necesidad de identificar las tendencias o proyecciones, para anticipar el mundo del futuro y facilitar que las instituciones- en nuestro caso la Rama Judicial- respondan adecuadamente y con agilidad a esas necesidades.

Los datos demográficos de Puerto Rico reflejan una transformación radical en prácticamente todos sus renglones, que tendrá un efecto directo en el desempeño de los tribunales. Me refiero al tamaño de la familia; la relación entre vivienda rural y vivienda urbana; la jefatura de la familia; la relación entre los residentes de la vivienda con el jefe o la jefa de familia; la proporción de hogares incompletos y los cambios en la edad promedio de la población. El fenómeno inmigratorio es otro factor que impactará la prestación de los servicios judiciales.

Se vislumbra que el fenómeno del envejecimiento de la población continuará y se incrementará. Como consecuencia, los tribunales atenderán un mayor número de controversias relacionadas con los servicios para los envejecientes, especialmente en las áreas de salud y bienestar. Habrá un incremento en casos civiles sobre asuntos relacionados con envejecientes, tales como discrimen por razón de edad y reclamaciones de pensiones.

Se anticipan controversias de naturaleza novel para los tribunales: sobre eutanasia, trasplante de órganos, reproducción in vitro y sobre decisiones para mantener la vida del cuerpo humano.

El crecimiento de las grandes áreas urbanas es otra tendencia fundamental de los próximos años, lo que tendrá serias implicaciones para la Rama Judicial. El número de casos y controversias en las zonas rurales descenderá, contrario a las zonas urbanas donde aumentará. Como consecuencia, se afectará la ubicación y prestación de los servicios judiciales en cada una de estas áreas. Las salas y las sedes de los tribunales tendrán que ser redefinidas y los recursos y la infraestructura en áreas rurales y urbanas tendrán que reajustarse a las nuevas realidades.

Se vislumbran cambios y transformaciones significativas en la institución de la familia, los valores y los estilos de vida. Se anticipa una proliferación de familias no convencionales, y una disminución de la familia nuclear, influenciada por el aumento en mujeres jefas de familia, lo cual tendrá un impacto en la manera en que los tribunales dilucidan controversias sobre los niños, los jóvenes y los envejecientes.

Los cambios apuntan hacia un aumento en los casos de divorcio, de custodia de menores, de maltrato, de violencia doméstica y de delincuencia juvenil. Se requerirán mayores servicios de funcionarios no judiciales y profesionales de diversas disciplinas para complementar la labor judicial. Habrá mayor necesidad de métodos alternos para atender el incremento de controversias familiares y sociales que atienden hoy los tribunales.

Se necesitará una mayor y mejor coordinación entre los componentes del sistema de justicia criminal --abogados, fiscales, policías, sistema correccional-- para atender el aumento proyectado en la violencia y en la criminalidad.
Se anticipa mayor conciencia sobre la preservación de los recursos naturales y el ambiente. La litigación ambiental aumentará y se tornará más compleja y técnica. Habrá un reclamo mayor para que los tribunales actúen como protectores del ambiente y para que armonicen la protección de los recursos naturales con el desarrollo socioeconómico. Los jueces y las juezas requerirán nuevas destrezas, mayores áreas de peritaje y especialización, y enfoques interdisciplinarios para atender la litigación ambiental y ecológica que se vislumbra.

En la medida en que la familia, la comunidad y el gobierno disminuyan su capacidad de llenar las expectativas de la sociedad, ésta reclamará un rol más activo de los tribunales. Se clamará porque nuestros tribunales asuman responsabilidades propias de la competencia de otras instituciones sociales.

Todo lo anterior requerirá nuevos enfoques en la formación de los jueces y las juezas, de manera que estén capacitados para atender la naturaleza compleja de las nuevas controversias que se avecinan.

VISION PARA EL FUTURO
¿Cuál es nuestra visión de futuro?
Tenemos grandes retos por delante. Urge la adopción de medidas para lidiar con los cambios y transformaciones sociales, económicas y tecnológicas bajo una visión de futuro. Se requiere el desarrollo de planes estratégicos a corto, mediano y largo plazo. Nos compete a todos la formulación de esos planes. Es imprescindible, para la consecución de justicia a tiempo y para todos, que transformemos el sistema actual de impartir justicia.

Acceso a la Justicia
Hoy día, muchos ciudadanos con reclamos válidos no logran acceso a la justicia. Entre los más vulnerables están los pobres, los envejecientes, las personas con impedimentos, las personas sin techo, los confinados, los niños maltratados, las víctimas de violencia doméstica y las comunidades con reclamos ambientales. El acceso a los tribunales se limita, entre otros, por falta de representación legal, por desconocimiento de los derechos y de los procesos judiciales, por la desigualdad que existe en el trato a los litigantes y por los obstáculos y barreras que ha creado el propio sistema de justicia.

La visión de futuro y los planes de reforma deben tener como consigna principal promover el más amplio acceso de la ciudadanía a su sistema de justicia. Esa meta puede lograrse mediante el disfrute efectivo de la igualdad de derechos, la educación ciudadana, la orientación a las partes, el trato equitativo, la representación legal adecuada y la agilización de los procesos.

A esos fines la Rama Judicial deberá desarrollar programas y materiales de educación pública, dirigidos a proveer conocimiento básico sobre el sistema de tribunales, a facilitar el entendimiento de las controversias legales, a ofrecer información sobre los procesos civiles y criminales y a orientar sobre los derechos y responsabilidades de la ciudadanía.
El acceso al sistema de justicia tiene que ampliarse y democratizarse. Los casos de menor cuantía o de poca complejidad deben tramitarse de manera informal, sin necesidad de representación legal y por medio de formularios impresos. Una reforma judicial debe fomentar la simplificación de los procesos y la autorepresentación, particularmente en áreas tales como la de pensiones alimenticias. Ya iniciamos como proyecto piloto en Carolina un Centro de Orientación para Representación por Propio Derecho en Asuntos de Relaciones de Familia.

Una verdadera reforma debe promover que se provea representación legal adecuada a los pobres y a las personas que carecen de medios para pagar honorarios de abogado. El cáncer de la desigualdad debe extirparse para siempre. Hay que erradicar, con acciones concretas, la percepción de que hay un sistema de justicia para el rico y otro para el pobre.

De nuestra parte, revisaremos el Código de Etica Profesional para redefinir y enfatizar las obligaciones éticas de los abogados de donar servicios legales, lo mismo en casos civiles que criminales. Podría considerarse el requerir de los abogados y de las abogadas la prestación de determinado número de horas de servicios legales gratuitos o una contribución monetaria para proveer representación legal a indigentes. Los bufetes de abogados podrían adoptar programas para prestar servicios legales pro bono. El Colegio de Abogados, las Escuelas de Derecho y los diversos programas de representación legal a indigentes, pueden aportar ideas y medidas para viabilizar la representación legal adecuada, sin distinciones basadas en los medios económicos.

Para que el sistema de justicia sea responsivo a la ciudadanía a la que sirve, tiene que ser efectivo. Las reglas y reglamentos que rigen y dirigen los procesos en los tribunales, deben propiciar remedios rápidos, justos y económicos. Hoy día, la inflexibilidad y formalidad de las reglas de procedimientos y de los reglamentos que hemos adoptado dilatan y encarecen los procesos, y en ocasiones constituyen una barrera a la consecución de la justicia.
Las reglas procesales tienen que ser más sencillas, con disposiciones que agilicen la litigación y que faciliten el acceso a los tribunales. Esto es, debe prevalecer la sustancia de un caso, por encima de la forma.

Como parte de una verdadera reforma de manera integrada, se impone la revisión de las Reglas de Procedimiento Civil, Procedimiento Criminal, Evidencia y Procedimiento para Asuntos de Menores, así como los Reglamentos del Tribunal de Instancia, Apelativo y el Supremo para identificar los obstáculos que impiden la agilización de los trámites judiciales y el acceso al sistema. Los grupos más vulnerables tienen que contar con acceso fácil para solucionar sus reclamos.

La solución de controversias se logra mediante acción interdisciplinaria, más que por medio de mecanismos adversativos. La institucionalización de métodos alternos en la solución de conflictos, mediante el desvío de ciertos casos a mediación, arbitraje o evaluación neutral, debe propiciar la solución de conflictos interpersonales en una etapa temprana del proceso. Acorde a este concepto, la Rama Judicial habrá de ampliar su proyecto experimental de salones integrados de asuntos de menores y de relaciones de familia. Bajo este modelo, los asuntos propios del entorno familiar se atienden con una visión interdisciplinaria, apoyada en los recursos técnicos de las agencias de la Rama Ejecutiva relacionados con los programas de bienestar social, educación y vivienda.

Los avances tecnológicos facilitan el acceso de la ciudadanía y agilizan la labor judicial. La reorganización y reingeniería de nuestros trámites es impostergable. Ya se ha iniciado en las secretarías de los tribunales. Debe aprovecharse la tecnología moderna, mediante el uso más generalizado del facsímil, el "scanner", la conferencia telefónica, el correo electrónico y las videoconferencias. Con ello pueden agilizarse los trámites judiciales de vistas, presentación de recursos y escritos, notificaciones, citaciones, anotaciones en los libros y expedición de certificaciones, tales como las de poderes y de testamentos. Es importante que el sistema de grabaciones digital se instale en todos los salones. Este sistema recoge el sonido en discos compactos que facilitan la localización y corroboración de lo grabado, agiliza la regrabación y expedita así el proceso apelativo. La automatización del sistema de manejo de casos, a todos los niveles, debe permitir localizar el expediente en cualquier caso para seguimiento y monitoría; debe registrar la labor de los jueces para que éstos puedan ser evaluados periódicamente; debe proveer información para elaborar informes estadísticos actualizados; debe recopilar información para la toma de decisiones gerenciales y de administración judicial; y debe proveer los mecanismos para la investigación jurídica a través de material y servicios bibliográficos electrónicos.

De vital importancia para el sistema judicial, a los fines de lograr una más pronta resolución de los casos, la revisión de las competencias de cada tribunal, para asignar o reasignar competencias de la manera más eficiente y equitativa dirigida a una mejor distribución del trabajo judicial. Esta redistribución debe lograrse independientemente de consideraciones en cuanto a niveles, salas y sedes.

Se hace impostergable que revisemos el sistema de jurados. Debe ampliarse la participación ciudadana de forma que se logre un jurado más representativo. A esos fines, ya hemos promovido legislación que ha sido aprobada por el Senado y está ante la consideración de la Cámara de Representantes.

La lentitud en los procesos judiciales es asunto a atender con urgencia. Los abogados tienen como práctica común lograr la suspensión de los litigios. Por su parte, los jueces exhiben una conducta permisiva al no tomar el control de los procesos. La adopción de normas y estándares de tiempo para el procesamiento de los casos, con la imposición de sanciones a las partes y a los jueces por su incumplimiento, es medida a considerar.

Urge la revisión de los Cánones de Etica Judicial. La adopción de normas claras atemperadas a las conductas de nuestros tiempos como modelo en nuestra sociedad; brindará mayor garantía en los procesos y aumentará la fe en la Justicia. El Tribunal Supremo recientemente dispuso la creación de una comisión adscrita al Secretariado de la Conferencia Judicial, la cual será presidida por uno de los Jueces Asociados, para revisar dichos cánones y proponer medidas al efecto.
Independencia Judicial

Nuestra ciudadanía no está debidamente informada de cómo funciona la separación de poderes, sistema en el que la Rama Judicial tiene igual rango que la Rama Ejecutiva y la Rama Legislativa, y el cual no permite la intervención indebida con la independencia judicial. Sobrevive la percepción generalizada de que el poder político tiene facultad de intervención en los asuntos judiciales.

Por el contrario, la independencia judicial fortalece el propio sistema democrático adoptado por nuestra Constitución. Este noble principio garantiza que los jueces resuelvan los casos ante sí con total independencia de criterio, sin ceder a presiones de la política partidista o de la opinión pública. La sociedad puertorriqueña debe entender la importancia de contar con una Judicatura independiente para su propia protección.

Debo señalar, que la historia de Puerto Rico presenta múltiples instancias de ataques a la independencia judicial. La década que acaba de concluir, no fue una excepción. Se pretendió vulnerar la disposición constitucional que establece que el número de jueces del Tribunal Supremo sólo se variará a solicitud del propio Tribunal Supremo. Se pretendió trastocar el balance entre las ramas de gobierno con una enmienda constitucional para aumentar el número de dichos jueces.
Presenciamos ataques destemplados a las decisiones judiciales, porque el fervor político del momento las caracterizó como adversas. Fueron momentos en que se tronchó la carrera de jueces que llevaban años en el sistema, negándoles la renominación sólo para nombrar jueces de la preferencia particular del poder nominador. Fueron años en que hubo mano libre para legislar contra los decretos judiciales del Tribunal Supremo.

Dicen que el que no conoce la historia tiende a repetir sus errores. Confío en que de las luchas en defensa de la independencia judicial hayamos salido fortalecidos, para que el Siglo XXI no sea testigo de intromisiones indebidas que estrangulen los frenos y contrapesos de la Constitución.

La independencia judicial es pilar fundamental de cualquier reforma judicial. Los retos del nuevo milenio requieren que se fortalezca en todas sus dimensiones. Por años se ha abogado por medidas que la garanticen. Hagámoslo.

La Rama Judicial debe tener autonomía presupuestaria, de forma que se elimine la indeseable rogativa anual a la Asamblea Legislativa en busca de los recursos necesarios para ejercer la labor constitucionalmente asignada. Debe adoptarse una fórmula que le garantice a la Rama Judicial un por ciento fijo de los ingresos del fisco. Además, cualquier medida legislativa que tenga un impacto económico en la Rama Judicial debe proveer el mecanismo para financiar su costo. La Rama Judicial, claro está, rendirá cuentas por el uso de los fondos públicos que se le asignen. La comparecencia anual del Juez Presidente a las Cámaras Legislativas sería una manera de rendir cuenta al Pueblo.

Es impostergable que se instituya la carrera judicial. Los nombramientos, las renominaciones y los ascensos en la judicatura deben ser exclusivamente a base de mérito, capacidad, integridad, competencia y temperamento judicial.
La Rama Judicial debe ser la que atienda sus necesidades de sedes, de salas y de competencias, de conformidad con los cambios rápidos que están ocurriendo y continuarán ocurriendo en Puerto Rico. Es la Rama que cuenta con la información necesaria para hacer determinaciones de esa naturaleza, ya que está en mejor posición de conocer lo que hace falta para lograr el funcionamiento integral del sistema, incluso la carga de trabajo, la distribución de los recursos humanos, las vías de acceso y la interrelación necesaria de cada tribunal con las otras ramas de gobierno.

Fundamentado en la fortaleza del sistema de tribunales y en la fe de la ciudadanía en la administración de la justicia, les he presentado la política pública que entiendo necesaria para cumplir nuestra encomienda constitucional. Hoy les propongo que cualquier legislación de reforma del sistema judicial se apruebe sólo si la legislación cuenta con el apoyo, la aprobación y la participación efectiva de la propia Rama Judicial.

Esta invitación histórica en los albores del Siglo XXI es un signo alentador de que compartimos la voluntad conjunta para impulsar los cambios que nos permitirán construir el sistema judicial que Puerto Rico necesita y merece.

MUCHAS GRACIAS

Regresar Índice de Comunicados de Prensa

Ir a página de Inicio