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23 de abril de 2015

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JUEZA PRESIDENTA FIOL MATTA ASEGURA QUE RECORTES AL PRESUPUESTO DE LA RAMA JUDICIAL AFECTAN LA ESTABILIDAD CONSTITUCIONAL DEL PAIS

La Jueza Presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Hon. Liana Fiol Matta, ofreció hoy una Lección Magistral titulada La Justicia en tiempos de retos en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico en Ponce. Su conferencia estuvo centrada en las consecuencias que ha tenido el recorte de presupuesto que enfrenta la Rama Judicial y su impacto en la administración de la justicia y en la independencia judicial. “Quiero hablarles sobre un reto a la justicia contemporáneo, con consecuencias potencialmente desastrosas para nuestro balance constitucional. Me refiero al serio desafío económico que enfrenta la Rama Judicial y la complejidad socio-política que ello representa”, indicó Fiol Matta.

Tras hacer un recuento de la crisis económica que enfrenta Puerto Rico y de los diferentes métodos de asignación de presupuesto a la judicatura establecidos por varias legislaciones, Fiol Matta recordó que el pasado año la Rama Judicial recibió un recorte de $54 millones como resultado de la aprobación de la Ley Especial 66-2014.

“Este estatuto, llamado la Ley de Sostenibilidad Fiscal y Operacional del Gobierno del Estado Libre Asociado, estará vigente hasta el año 2017. En términos generales, se suspendió la asignación automática del presupuesto, se congeló el presupuesto de la Rama Judicial en la asignación correspondiente al año fiscal 2013-2014 y se le aplicó un ajuste adicional de 7.4 por ciento, que no sufrieron las otras entidades que también recibían sus asignaciones de manera automática en virtud de una fórmula, los municipios y la Universidad de Puerto Rico. El efecto neto de esas medidas fue que la Rama Judicial recibió $53.9 millones menos de lo que le correspondía para el año fiscal 2014-2015 y $25.8 millones menos de lo que había recibido en el año fiscal 2013-2014”, explicó la Jueza Presidenta.

La togada explicó que desde que asumió la dirección de esa Rama de Gobierno ha tomado medidas encaminadas a reestructurar sus operaciones con el fin de reducir gastos y generar economías. Entre ellas destacó que se estableció un control estricto de materiales de oficina y de gasto en gasolina, el traslado de las operaciones de once salas del Tribunal de Primera Instancia a otras sedes, la suspensión del proyecto de construcción de un nuevo Centro Judicial en Aibonito, la renegociación de los cánones de arrendamiento de edificios y locales, recesos parciales de operaciones, reducción en la contratación de servicios profesionales, reducción de un once por ciento de la nómina mediante la congelación de plazas de personal de apoyo, la suspensión del desarrollo del proyecto de presentación electrónica de casos y la reubicación de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y del Tribunal de Apelaciones, entre otras.

“Contrario a otras entidades o agencias gubernamentales, para el sistema de tribunales es muy difícil absorber recortes presupuestarios significativos porque no tenemos la escala o diversidad de actividades y proyectos que tienen otras ramas. Nuestra misión es muy específica y circunscrita: asegurar que la sociedad tenga un foro para resolver sus controversias de forma ordenada, pacífica y oportuna. Invertimos nuestros recursos en la prestación de servicios directos esenciales”, aseveró.

“Si no hay tribunales o solo hay unos tribunales significativamente disminuidos, la sociedad será privada de su derecho constitucional a un debido proceso de ley; el pueblo no tendrá forma de asegurar que las otras dos ramas del gobierno cumplan las leyes que ellas mismas aprueban y ejecutan. Tampoco habrá dónde reclamar protección contra acciones inconstitucionales del Estado ni violaciones a derechos individuales fundamentales. En fin, no habrá instrumento para asegurar el orden social y el costo final, tanto económico como socio-político, superará por mucho los recortes a nuestro presupuesto”, añadió Fiol Matta.

La Jueza Presidenta trajo a la atención de la comunidad académica presente en la actividad que mayores recortes presupuestarios ocasionarían dilaciones en la administración de la justicia y ocasionaría un disloque en la prestación de todos los servicios que presta la judicatura a la ciudadanía.

“Entre los problemas que puede acarrear la continua falta de recursos económicos, está la congestión de los calendarios y el atraso en la resolución de los asuntos judiciales, principalmente en el área civil. En Puerto Rico se presentan aproximadamente 628 mil situaciones y conflictos anualmente en los tribunales de toda la Isla. El número de jueces y juezas, como sabemos, es estable porque está dispuesto por la Ley de la Judicatura. Ahora bien, si se congelan las plazas del personal de apoyo en cantidad significativa, el trabajo que estos funcionarios realizan recaerá sobre la judicatura. Esto restará agilidad a la resolución de las controversias” alertó.

Entre los servicios que se verían afectados enumeró las Cortes de Drogas, las Salas Especializadas en Violencia Doméstica, las Salas Integradas de Familia y Menores y la de Salud Mental. También, los Centros Pro Se, los Centros de Mediación de Conflictos, el programa de Justicia para la Niñez, y el Protocolo de atención a personas sin hogar.

La Jueza Presidenta Fiol Matta fue más allá al asegurar que al afectar la garantía de estabilidad que provee la independencia judicial se pone en precario el desarrollo económico del País. “Cabe resaltar que la independencia judicial, además de ser un principio fundamental de nuestro sistema constitucional, también se ha identificado por los economistas como un punto clave para explicar por qué algunas naciones han sido más exitosas en su desarrollo económico que otras. Se ha demostrado, con evidencia empírica, que la percepción de independencia judicial guarda una correlación directa con el crecimiento económico de los países y, según explica el especialista en administración de tribunales, el doctor danés Jesper Wittrup, la independencia judicial guarda una correlación igualmente directa con el presupuesto judicial”, afirmó.

“Tenemos que empezar a pensar con seriedad qué tipo de país queremos para nuestros descendientes. Si permitimos que nuestro sistema de tribunales se erosione, luego será mucho más costoso y difícil recuperar no solo el equilibrio constitucional y la confianza del pueblo en su judicatura sino el desarrollo económico y social de nuestro país”, expresó convencida la Jueza Presidenta.
Con respecto al acceso a la Justicia, Fiol Matta llamó la atención al hecho de que es responsabilidad de las tres ramas de gobierno garantizar ese acceso y que el mismo está directamente vinculado a la estabilidad presupuestaria del sistema de tribunales.

“Cuando los tribunales no tienen suficiente presupuesto, el derecho al acceso a la justicia siempre sufre aunque se traten de tomar medidas para que el efecto negativo sea menor. El primer requisito para que exista acceso a la justicia es asegurar que los tribunales estén abiertos, no sólo para aquellos cuyas condiciones económicas se lo faciliten, sino para todos y todas de manera equitativa. Es por eso que el Estado, y cuando hablo del Estado me refiero a las tres ramas de gobierno, tiene la obligación afirmativa de remover cualquier obstáculo económico o financiero que impida el acceso a los tribunales”, indicó.

Fiol Matta concluyó su alocución haciendo un llamado a las Ramas Ejecutiva y Legislativa para que “asuman su responsabilidad de no permitir que la Rama Judicial, que representa el fiel de la balanza en nuestro sistema de gobierno, deje de ser efectiva en el cumplimiento de su misión constitucional a causa de los recortes presupuestarios”.