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18 de abril de 2018

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Rama Judicial ofrece taller a estudiantes de psiquiatría

La Rama Judicial de Puerto Rico y la Ponce Health Sciences University suscribieron un acuerdo de colaboración para que médicos que se estén formando como especialistas en psiquiatría puedan observar, como parte de su formación profesional, las vistas de procesabilidad y/o peligrosidad al amparo de las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal, así como los trámites relacionados con esas vistas. Así lo anunció el Director Administrativo Auxiliar de los Tribunales, Hon. Alfonso Martínez Piovanetti, quien dio la bienvenida al primer grupo de doctoras quienes realizarán la rotación desde abril hasta junio 2018.

“Por años, la Rama Judicial de Puerto Rico ha servido de centro de prácticas supervisadas para que estudiantes de distintas instituciones educativas apliquen los conocimientos y las destrezas aprendidas durante su formación académica en un ambiente de trabajo real, con miras a que les ayude en su desarrollo profesional. Tras el acuerdo con la Ponce Health Sciences University reiteramos nuestro compromiso de continuar ofreciendo oportunidades educativas y de trabajo a los jóvenes del país”, destacó Martínez Piovanetti durante la orientación inicial que se llevó a cabo en la Oficina de Administración de los Tribunales.

A través de este programa educativo, la Rama Judicial procura contribuir al desarrollo de los futuros profesionales de la salud, mediante el ofrecimiento de una experiencia educativa bajo la supervisión de profesionales de la salud mental. Esta iniciativa proveerá el espacio para que los y las participantes puedan observar procesos judiciales, en los cuales se ha cuestionado la capacidad mental de la persona acusada. Además, permitirá que puedan desarrollar destrezas de colaboración y comunicación junto a profesionales en su área de especialidad y puedan conocer las funciones y los servicios que ofrece la Rama Judicial.

Las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal, regulan los procesos a seguir cuando se cuestiona la capacidad mental para comprender los procesos judiciales o la peligrosidad de una persona acusada de cometer actos delictivos. Bajo ambas reglas, un juez o una jueza puede ordenar que profesionales de la salud mental que ofrecen servicios a la Rama Judicial, evalúen a la persona acusada y testifiquen sobre la capacidad mental de esta.