Rama Judicial de Puerto Rico
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ORDEN ADMINISTRATIVA EM-2003-8

DISPOSICIÓN DE CARPETAS

ORDEN

San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2003


En la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, en el caso Noriega v. Gobernador, Caso Núm. CE-87-665, dicho foro elaboró un mecanismo procesal a los efectos de viabilizar la entrega de los 74,000 expedientes preparados ilegalmente por el Estado a personas y organizaciones única y exclusivamente por motivo de sus creencias políticas e ideológicas; mecanismo que fue refrendado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Noriega v. Gobernador I, 122 D.P.R. 650 (1988). Fue así como se llevó a cabo un proceso de notificación confidencial a todas y cada una de las personas involucradas. Dicha notificación fue realizada por correo certificado con acuse de recibo a la última dirección conocida. En ésta se les informaba sobre la existencia de dichos expedientes y de su disponibilidad para ser entregados. En los casos en que la referida carta no fue recibida se procedió a notificar mediante edictos.

Otra de las reglas establecidas por el Tribunal de Primera Instancia en su sentencia, específicamente la Regla 7, disponía que "[t]odas aquellas tarjetas y expedientes no entregados a los sujetos de los mismos y/o a sus familiares, en la eventualidad de que el sujeto del expediente haya fallecido, serán remitidos al Tribunal para su destrucción posterior, al finalizar el término

concedido al Estado para cumplir con la Sentencia..." (énfasis suplido).

Refiriéndose a la regla antes mencionada, en Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 n. 15 (1992), este Tribunal expresó su preocupación en torno al hecho de que el mecanismo dispuesto no contemplaba "la retención y conservación de aquellos expedientes y tarjetas no reclamados, de interés general e interés histórico, y que deben formar parte del acervo cultural y político de nuestro pueblo." En consecuencia, le ordenamos al foro de instancia que "como parte del mandato --previa citación y audiencia de las partes-- examinar[a] y reglamentar[a] la retención y conservación en el Archivo Central de la Rama Judicial u otro lugar seguro designado, los expedientes y tarjetas con valor histórico." Finalmente, ordenamos que dicha conservación debía hacerse "en sobres sellados y lacrados, por determinado número de años, para posteriormente ser transferidos y entregados a la custodia de la Universidad de Puerto Rico para fines investigativos y académicos." (énfasis suplido).

De conformidad con el referido mandato, el foro primario celebró una vista a la que comparecieron, además de los licenciados Abraham Díaz González y Ángel Manuel Martín, designados como Comisionados Judiciales, la Directora Ejecutiva del Centro de Disposición de Documentos Confidenciales; la licenciada María E. Vázquez Graciani, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y todas las partes interesadas, representadas por sus respectivos abogados. La posición de los Comisionados en dicha vista, así como también la de los abogados de los demandantes, fue a los efectos de que todos los documentos que no fueran reclamados debían ser considerados "de valor histórico", por constituir parte de la historia política de Puerto Rico. La representante del Estado no asumió, en ese momento, posición alguna.

El tribunal primario requirió de los Comisionados la presentación de un informe escrito donde expusieran sus recomendaciones finales en torno a este asunto. A esos fines, los Comisionados se reunieron con los abogados de las partes, la Directora Administrativa de los Tribunales, Lcda. Mercedes Marrero de Bauermeister, el Rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, la Directora Ejecutiva del Centro de Disposición de Documentos Confidenciales y el Director del Archivo General de Puerto Rico. Como resultado de las referidas reuniones se presentó un informe que ratificó el criterio expresado anteriormente; esto es, recomendándose que todos los documentos no reclamados fueran declarados "documentos con valor histórico". Ello no obstante, el juez que presidía los procedimientos, Hon. Arnaldo López Rodríguez, se negó a acoger la recomendación de los Comisionados concluyendo que en ese momento no existía urgencia ni interés apremiante alguno que requiriera la evaluación del posible traspaso de las carpetas en cuestión. En tal virtud, ordenó que todas las carpetas no reclamadas debían ser depositadas en el Archivo Central de la Rama Judicial por un periodo de diez años, luego del cual "se realizar[ía] la evaluación de esa documentación para determinar su valor histórico." El referido término culminó el 1ro. de julio de 2003. En consecuencia, le corresponde a este Juez determinar el curso de acción administrativo a seguir con relación a los referidos documentos.

Por considerar correcto el criterio expuesto en el informe final presentado por los Comisionados Judiciales, licenciados Abraham Díaz González y Ángel Manuel Martín, a los efectos de que todos los documentos no reclamados deben ser considerados "de valor histórico", y en vista de que dicha postura es apoyada, no sólo por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, sino, además, por respetables historiadores y catedráticos de nuestro País, ordenamos a la Directora Administrativa de los Tribunales que publique, en o antes del 15 de noviembre, y por tres días consecutivos, un edicto en los periódicos El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora, The San Juan Star y Claridad, notificando:

1. Que todos los expedientes, tarjetas, carpetas, listas, ficheros, fotos, cintas de video y audio y otros materiales recopilados ilegalmente por la División de Inteligencia del Departamento de la Policía y el Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia de Puerto Rico que no fueron reclamados por sus dueños o causahabientes y que actualmente están bajo la custodia de la Rama Judicial constituyen documentos con valor histórico.

2. Que los documentos arriba mencionados serán transferidos y entregados a la custodia de la Universidad de Puerto Rico para fines investigativos y académicos, lo que implica que el contenido de las mismas estará sujeto al escrutinio público.

3. Que aquellas personas que se opongan a que sus documentos sean objeto de escrutinio público deberán recoger los mismos, o notificar --por escrito-- su deseo de que éstos sean destruidos. Ello deberá ocurrir en un término de treinta (30) días, contados a partir del 1ro. de diciembre de 2003. En caso de que los dueños de estos documentos hayan fallecido, sus herederos legítimos, previa acreditación de dicha condición mediante declaración jurada, podrán recoger los documentos o notificar su deseo de que los mismos sean destruidos. Para ello aplicará el mismo término de treinta (30) días antes dispuesto.

4. Que las personas que opten por no recoger sus documentos o que no objeten su traslado en el término establecido se entenderá que renuncian a cualquier reclamo de confidencialidad sobre los mismos.

Hemos pospuesto el reclamo de la entrega de los documentos en cuestión para el 1ro. de diciembre de 2003, con el propósito de conceder a la Oficina de Administración de los Tribunales un periodo de tiempo razonable a los efectos de que se coordine el proceso adecuado para dar fiel cumplimiento a la presente Orden Administrativa.

En virtud de lo anteriormente expresado, se deja sin efecto la Orden Administrativa Núm. OAN-2003-5A de 29 de septiembre de 2003, suscrita por el ex-Juez Presidente del Tribunal Supremo, Lcdo. José A. Andréu García.

Esta Orden Administrativa tendrá vigencia inmediata.

Publíquese.

Lo decretó y firma,

 


FRANCISCO REBOLLO LÓPEZ
Juez Presidente Interino

 



Certifico:



Mercedes M. Bauermeister
Directora Administrativa de
los Tribunales