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29 de marzo de 2012

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OAT RECIBE INFORME DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO QUE CONFIRMA NO HUBO VIOLACIONES DE LEY NI MALVERSACION DE FONDOS PUBLICOS Y ANUNCIA ACCIONES CORRECTIVAS PARA SEÑALAMIENTOS ADMINISTRATIVOS

La Oficina del Contralor de Puerto Rico,  emitió hoy  dos informes de auditoría a la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) en los cuales confirma que no hubo violaciones de ley o malversación de fondos públicos al tiempo que emite hallazgos relativos a algunos procesos de contratación y arrendamiento de varias instalaciones judiciales. La Jueza Sonia Ivette Vélez Colón, Directora Administrativa de la OAT, informó que “recibimos los Informes y los estamos evaluando con detenimiento y, como es nuestra costumbre, implantaremos el Plan de Acciones Correctivas que corresponda para atender los hallazgos de índole administrativo que hacen los mismos relacionados con varios contratos de construcción y arrendamiento de estructuras”.

Los informes de la Oficina del Contralor, que cubren el periodo de 1998 al 2007, hacen algunas observaciones respecto a los contratos de construcción y arrendamiento de los edificios que albergan el Tribunal de Apelaciones, las Salas de Relaciones de Familia y Menores de Bayamón y la propia OAT.  En esencia, incluyen una serie de hallazgos a la luz de lo que considera son deficiencias en los procesos relacionados al desarrollo de las estructuras así como en la cuantía fijada por concepto de canon de arrendamiento, que estima no se ajusta al mercado.

‘’Aclaramos  que los hallazgos de los informes de la Oficina de la Contralor se refieren a unos contratos que no fueron firmados por esta administración. Los mismos fueron otorgados conforme a la ley siguiendo la reglamentación vigente en ese momento y se basan en el cuestionamiento de los términos de la negociación realizada por quienes administraban la Rama en ese momento”, indicó Vélez Colón.

Aclaró, sin embargo, que el canon se ajusta al mercado y  las necesidades de servicio, conforme a la misión de la Rama Judicial. Además, que resulta comparable con otras estructuras similares e incluye la renta pactada y el mantenimiento de los edificios, aspecto que no toman en consideración los informes.

Por otro lado, la directora indicó que “recientemente llevamos a cabo un proceso de requerimiento de propuestas para la construcción de un nuevo Centro Judicial en Caguas y las propuestas del mercado comparan favorablemente con lo negociado en estos casos”. Según Vélez,  el referido informe no tomó en cuenta las particularidades del diseño de una estructura judicial. Abundó que las guías de diseño fijadas para los tribunales federales por el “Judicial Conference of the United States”, organización que determina la política pública de la judicatura federal, establece que el costo de construcción de instalaciones judiciales es típicamente mayor que el de otros edificios de oficinas  públicas debido a los requerimientos especiales de las cortes, como son espacios para seguridad especializada y los propios salones de sesiones.

“Desde nuestro punto de vista, este informe se enfoca en cuestionar determinaciones administrativas discrecionales tomadas por quienes administraban la Rama Judicial en ese momento en torno al mejor lugar donde ubicar las dependencias judiciales en cuestión para sustituir dichas decisiones por el criterio de los auditores. Aun así, implementaremos las medidas correspondientes para maximizar la inversión de fondos públicos, cumpliremos con el Plan de Acción Correctiva, según corresponda, y así podremos continuar ofreciéndole al pueblo los servicios eficientes que reclama y la justicia rápida a la que tiene derecho”, concluyó la funcionaria.