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5 de mayo de 2015

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EXPRESIONES DE LA JUEZA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO,
HON. LIANA FIOL MATTA

La Rama Judicial, al igual que Puerto Rico, enfrenta momentos de grandes retos. Durante el año fiscal en curso hemos ajustado dramáticamente nuestras operaciones para enfrentar el recorte de $54 millones que sufrimos como consecuencia de la aprobación de la Ley de Sostenibilidad Fiscal. Las medidas adoptadas, aunque han sido drásticas, no han logrado paliar el déficit operacional pero nos han permitido mantener activos los servicios que ofrecemos y continuar cumpliendo nuestra responsabilidad constitucional de atender casos y controversias. Todo ello garantizando los empleos de los servidores públicos que laboran en la Judicatura.

De cara a la aprobación del presupuesto para el Año Fiscal 2015-2016 se evalúa por los Poderes Ejecutivo y Legislativo la reducción de un 20% del presupuesto vigente para la Rama Judicial lo que equivale a un drástico recorte de $69 millones. Un recorte de esa envergadura representaría un impacto de tal magnitud que dejaría prácticamente inoperante esta importante rama constitucional de gobierno. No se trata de una agencia del Ejecutivo ni de una oficina creada por virtud de una ley. Se trata de uno de los tres poderes establecidos por la Constitución del Estado Libre Asociado.

A ello se suma el impacto que tendría en el aspecto de la seguridad ciudadana. Si los tribunales cesan o disminuyen su operación de la manera tan drástica a la que nos obligaría un recorte como el propuesto, ¿a dónde van a llevar los policías a las personas arrestadas por ser sospechosas de cometer delitos? El presupuesto de la Rama Judicial es tan importante como la financiación de la educación de nuestros niños y jóvenes y la salud de las personas. Es totalmente incongruente afirmar que la seguridad es una prioridad y quitar a los tribunales los recursos necesarios para su operación. La protección al debido proceso de ley, al igual que la protección de los demás derechos humanos no es prorrogable ni susceptible de ser suspendida, aún en época de crisis.

Es más, en época de crisis la independencia y la autonomía presupuestaria de la Rama Judicial cobran mayor importancia. Imaginen que los padres de un niño con problemas de aprendizaje o con autismo no tengan a donde ir para reclamar una educación adecuada para su hijo. Visualicen a una mujer despedida porque estaba embarazada que no tenga dónde solicitar la reinstalación en su empleo y una indemnización razonable. Piensen en una persona que queda en silla de ruedas por una negligencia médica, ¿a dónde puede ir si no es al tribunal?

Conscientes de que es necesario hacer aún más estamos considerando medidas de mayor impacto que inevitablemente afectarán los servicios que ofrecemos, tendrán un impacto negativo en nuestro personal y limitarán de manera ineludible el acceso a la justicia de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Entre esas medidas están la posible reducción de la jornada laboral, el cierre total de los tribunales un día o varios días al mes, la reducción de beneficios esenciales al personal como son las aportaciones al retiro y al plan médico y el cierre de todas las sedes Municipales y Superiores del Tribunal de Primera Instancia a través de la Isla.

Como Jueza Presidenta del Tribunal Supremo es mi obligación hacer un llamado urgente a los líderes legislativos y al señor Gobernador para trabajar en conjunto con la Rama Judicial un análisis serio de la situación de indefensión en la que quedaría el pueblo de Puerto Rico con una Rama Judicial débil y minada en su operación. Existen otras alternativas para atender esta situación que requieren de acciones legislativas y ejecutivas que pueden cambiar el perfil de la Judicatura y lograr la tan necesaria reestructuración del sistema sin tener que llegar a resquebrajar un pilar de nuestro sistema republicano de gobierno.

Reiteramos una vez más nuestra siempre vigente disposición al diálogo y al análisis serio y ponderado de estas y cualquier otra medida que nos permita seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad dentro de los nuevos paradigmas que nos imponen los tiempos. En momentos como el que vivimos el País necesita más que nunca de un sistema de tribunales fuerte y vigilante de sus derechos. No podemos pasar a la historia como la generación que traicionó el ideal de justicia de nuestra Patria sin antes haber agotado todas las opciones a nuestro alcance".