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26 de enero de 2007
 

 

MENSAJE

HONORABLE FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON JUEZ PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

CEREMONIA DE JURAMENTO DE NUEVOS ABOGADOS

Buenas tardes.

Vayan mis primeras palabras de felicitación a todos los nuevos abogados y abogadas que hoy han jurado fidelidad a la Constitución, a las leyes y a los postulados éticos que rigen la abogacía en nuestro país. Felicito, además, a sus familiares y amigos porque ellos también conocieron los sacrificios que los nuevos miembros de la profesión togada tuvieron que encarar durante los años que dedicaron al estudio del Derecho. Todos, los nuevos abogados, sus familiares y sus amigos, son partícipes de la alegría que reviste este evento. Nosotros en el Tribunal Supremo también compartimos ese sentimiento de alegría.

I.

       La palabra abogado o abogada, del latín “ad vocatus est”, es decir, “el que ha sido llamado”, implica desde su propia etimología el hecho de la vocación. Se trata, sin duda, de un llamamiento de superior categoría: la de la Justicia; y, por ello mismo, de una profesión que está sometida por definición a fuertes requerimientos éticos. Estos deben ser, sobre todo, personales, por imposición propia, y no porque existan unos Cánones de Ética Profesional con valor de ley. Ello entraña el compromiso con uno mismo de actuar siempre responsablemente, con clara conciencia de las implicaciones de cada actuación bien porque la hayamos analizado previamente, o bien porque hayamos reflexionado sobre ella en términos de los valores que son norte de la profesión.

       Por la trascendencia que tiene para la profesión que habrán de ejercer, siempre es apropiado destacar cuáles son algunos de los requerimientos que a partir de hoy se imponen sobre cada uno de ustedes; y que el destacado jurista uruguayo Eduardo J. Couture recogió en su obra Los Mandamientos del Abogado. Repasémoslos:

  1. ESTUDIEN- El derecho se transforma constantemente. Si no siguen sus pasos, serán cada día un poco menos abogado.
  2. PIENSEN-  El derecho se aprende estudiando pero se ejerce pensando.
  3. TRABAJEN- La abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia.
  4. LUCHEN- Es deber de ustedes luchar por el derecho, pero el día que encuentren conflicto entre el derecho y la justicia, luchen por la justicia.
  5. SEAN LEALES- Leales con su cliente, con el adversario, con los tribunales.
  6. TOLEREN- Toleren la verdad ajena en la misma medida en que quieren que sea tolerada la suya.
  7. TENGAN PACIENCIA- El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración.
  8. TENGAN FE- Fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia, y sobre todo, tengan fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, justicia, ni paz.
  9. OLVIDEN- La abogacía es, muchas veces, una lucha de pasiones. Si cada batalla fuera cargando su alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ustedes. Concluido el combate, olviden pronto tanto su victoria como su derrota.
  10. POR ÚLTIMO, AMEN SU PROFESIÓN- Traten de considerar la abogacía de manera tal que el día en que su hijo o hija le pida un consejo sobre su destino, consideren un honor proponerle que sea abogado o abogada.

Ser fiel a estos postulados en ocasiones exigirá de ustedes grandes sacrificios. Requerirá que subordinen sus preferencias personales a principios éticos de mayor trascendencia.

Recuerden que, conforme al Artículo y el Canon 9 de Ética Profesional, la buena marcha del proceso judicial del país es responsabilidad de todo miembro de la profesión legal. Le corresponde a todo abogado procurar que prevalezca siempre en los tribunales un ambiente de decoro y solemnidad. Para lograr el más adecuado desenvolvimiento y desarrollo del proceso judicial, los miembros de la  profesión jurídica debem realizar todas las gestiones propias y legales que estén a su alcance y observar especialmente los Cánones de Ética Profesional, que señalan los deberes particulares de cada uno de ustedes.

 Aunque se reconoce que hay instancias en que a los abogados les causa desazón las determinaciones adversas que puedan hacer los tribunales, ello no es licencia para cuestionar la dignidad, honestidad y ecuanimidad de los miembros de la judicatura. Según fue resuelto por este Tribunal, hace décadas atrás en In re Crespo Enríquez, el que un abogado defienda apasionada y diligentemente la causa de acción de su cliente no es incompatible con la exigencia de que cuando lo haga sea de forma respetuosa  y decorosa. Allí concluimos que, resulta contrario a la buena práctica de la profesión que un abogado haga serias imputaciones sobre la manera de obrar de un juez cuando dichas imputaciones no están avaladas con evidencia contundente e indubitada.

Aunque es importante que en una democracia como la nuestra los ciudadanos estén bien informados de los procesos judiciales, función que desempeña diligente y responsablemente la prensa de nuestro país, debemos recordar que resulta incompatible con nuestro ordenamiento deontológico que los abogados y abogadas litiguen los méritos de los casos fuera de las salas de los tribunales.  Dicha norma procura asegurar que toda persona tenga derecho a un juicio justo e imparcial independientemente de la naturaleza de su causa.

 Sobre este extremo es también preocupante que los abogados, abogadas o cualquier parte en un caso emitan expresiones públicas con el fin intimidar a los jueces o juezas de nuestro sistema judicial. Los abogados y las abogados, al igual que las partes, deben proveer el  espacio necesario para que el sistema funcione de modo que no se lacere la confianza que tiene el pueblo en su Rama Judicial y se garantice de esta manera la legitimidad de las decisiones independientemente de cual sea el resultado.  

Hago un llamado a los nuevos  miembros de la profesión legal para que su conducta siempre se caracterice por el mayor respeto a los jueces y al Tribunal. Esto incluye la obligación de desalentar y evitar ataques injustificados contra los jueces o contra el buen orden en la administración de la justicia. En casos donde ocurrieren tales situaciones, el abogado o abogada debe intervenir para tratar de restablecer el orden y la marcha correcta de los procedimientos judiciales.

Como afirmó el distinguido jurista Kart Larenz, en su obra Derecho justo: fundamentos de ética jurídica, “la paz jurídica demanda que todos renuncien a la autodefensa y busquen su derecho (real o supuesto) ante los tribunales, pues hay que poder confiar en que el derecho de cada uno será reconocido en cuanto sea demostrable y el interesado haya dado los pasos necesarios para ello”. Depende de cada uno de ustedes cumplir con requerimientos tan excelsos.

II.

 Por otra parte, y como todos sabemos, la abogacía y las formas de su ejercicio son experiencias históricas. Sus necesidades, aun sus ideales, evolucionan en la medida en que pasa el tiempo y nuevos requerimientos se hacen sucesivamente presentes en el espíritu del hombre. De ahí, la necesidad del estudio serio y concienzudo en todo asunto que se someta a su consideración.

       Además del estudio serio y concienzudo, se exige  que el abogado sea “creativo” en los procesos de investigación, redacción y análisis jurídico que lleva a cabo. Recordemos que el derecho como arte, tiene sus reglas; pero éstas, al igual que todas las reglas del arte, no son absolutas sino que quedan libradas en la inagotable aptitud creadora del ser humano. El abogado está hecho para el derecho y no el derecho para el abogado.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su función de reglamentar y dirigir la profesión jurídica en el país, ha dado ya importantes pasos en cuanto a la exigencia de educación jurídica continua en jueces, como en abogados. Estos avances habrán de ir aumentando cada vez más las opciones disponibles para que los jueces y los abogados puedan mantenerse al día y perfeccionarse en los distintos campos del Derecho. En esta tarea nos asiste la Academia Judicial Puertorriqueña así como el Programa de Educación Jurídica Continua.

Aprovecho esta oportunidad para resaltar que ustedes son los primeros profesionales del Derecho que juramentan estando en vigor el Programa de Educación Jurídica Continua. Dicho Programa tiene la función de aprobar el contenido de los cursos que ustedes están llamados a tomar, así como certificar los proveedores de los mismos;  teniendo como norte, claro está, que los abogados tengan ante sí una amplia gama de cursos a escoger conforme a sus intereses y necesidades profesionales.

Mediante este Programa, adscrito al Tribunal Supremo, se pretende dotar a la clase togada de una estructura de educación jurídica continua que los mantenga a la altura de las exigencias profesionales de nuestros tiempos. Además, se garantiza a la ciudadanía el alto grado de excelencia y competencia en la prestación de servicios legales que las normas éticas exigen de los abogados.

       Para la profesión jurídica, el continuo perfeccionamiento profesional será, además de una exigencia ética, una imperiosa necesidad del ejercicio mismo de la profesión. Ello en vista de que el Tribunal Supremo ha constituido varios comités de trabajo con la encomienda específica de examinar y proponer enmiendas a las reglas de procedimiento civil, procedimiento criminal, de evidencia y el Reglamento Notarial. Anticipamos, pues, que en el futuro cercano contaremos con cuerpos procesales y probatorios de nuevo cuño, lo que obligará a todos los actores del escenario jurídico a reeducarse en el nuevo marco procesal y probatorio que deberá estar adoptado a finales de este año o temprano el próximo.

III.

Estimados abogados y abogadas, como habrán notado, son muchas las exigencias que se imponen al que ejerce tan digna profesión. Pero ello no es todo, al salir de este Salón tendrán que tomar decisiones importantes. Una de las más importantes será qué tipo de abogado o abogada desean ser, no sólo en cuanto a las áreas del derecho en las cuales trabajarán, sino también en cuanto a qué función asumirán frente a los problemas que aquejan a nuestra sociedad.
Y es que ejercer la abogacía les colocará en una posición privilegiada para aportar al mejoramiento de Puerto Rico, ya sea abogando por las causas de los sectores menos privilegiados o proponiendo alternativas a los problemas jurídicos y sociales que enfrentamos.

De igual modo, ustedes serán pieza importante en lograr que nuestro sistema judicial sea ágil y eficiente en la administración de la justicia. Ya en la Rama Judicial hemos hecho grandes avances en esa dirección. Los jueces son más conscientes de ello, pero depende de los abogados y abogadas, de su interés genuino y cooperación responsable que finalmente podamos lograrlo.

Lograrlo, además, supone de ustedes estar dispuestos a reconocer que la agilización de los procesos requiere algunos sacrificios personales. Deberán estar dispuestos a salir del tradicional horario laboral;  ser más diligentes en el cumplimiento con los requerimientos de los jueces y juezas y evitar solicitar prórrogas injustificadamente. No cuestionen los esfuerzos legítimos de los jueces y juezas por agilizar los procesos. No den la espalda al reclamo público que nos exige que dispensemos justicia rápida y eficientemente.

       Como abogados y abogadas también estarán en una posición privilegiada para abogar por el respeto de los derechos y libertades individuales y, muy en especial, por el respeto a nuestras instituciones de gobierno, que son, en última instancia, el escenario principal en el cual ejercemos nuestra profesión.

Como ustedes conocen, el sistema republicano de gobierno se alza sobre el temor al ejercicio tiránico del poder. La división de poderes, en tres ramas de igual importancia, y cuyos ámbitos de poder están constitucionalmente delimitados, surgió como esquema de organización política ideal para quienes, conscientes del riesgo que representa depositar los poderes públicos en pocas o incluso en unas mismas manos, creen en la democracia, en la representatividad y en la soberanía del pueblo.

Al expresar que “el Poder Judicial se ejercerá por un Tribunal Supremo y aquellos otros tribunales que se creen por ley”, la Constitución de Puerto Rico confirió a la Rama Judicial igual jerarquía que la que ostentan las ramas Legislativa y Ejecutiva. Al dar ese trato a la Rama Judicial se afirmó la independencia judicial como principio de organización política de importancia en nuestro ordenamiento jurídico.

Independencia judicial que, en relación con los jueces y los tribunales, prevé decisiones basadas solamente en los méritos legales de los casos. Ustedes como abogados y abogadas deberán ser celosos guardianes de estos principios y de las garantías constitucionales establecidas para viabilizarlo.  Recuerden que la independencia judicial es un factor crítico para una sociedad libre. Más allá de preservar un sistema de tribunales justo e imparcial, a todos nosotros nos corresponde, como abogados e individuos, defender la independencia judicial.

Defender el principio de la independencia judicial no es reclamo de impunidad o privilegio alguno para la Rama Judicial.  La independencia judicial no es un fin en sí misma para obtener beneficios.  Por el contrario, es un medio; un instrumento para permitirle cumplir a cabalidad con su razón de ser que es impartir justicia y garantizar siempre los derechos de los ciudadanos a un juicio justo e imparcial.

Finalmente, el pueblo necesita creer en su judicatura y la credibilidad de una institución depende de las actuaciones de sus integrantes en el desempeño de sus funciones y se gana precisamente mediante actuaciones diáfanas y disponibles para el escrutinio de todos los ciudadanos. Por eso requerimos a nuestros integrantes en su desempeño el más alto apego a los Cánones de Ética que rigen la función judicial.  Es por ello que evaluamos continuamente su desempeño y los capacitamos en aquellas áreas que necesitan mejorar y promovemos un mayor conocimiento de los procedimientos judiciales entre la ciudadanía, porque un pueblo informado puede entender mejor el proceso judicial y puede evaluar mejor las actuaciones de sus componentes.

IV.

       No me queda más que felicitarles nuevamente por haber superado con éxito sus años de formación básica y las exigencias del examen de reválida. Este logro es de notable importancia, pues ustedes fueron sometidos a la reválida más grande que se ha administrado, en términos de número de aspirantes, en comparación con las últimas cinco reválidas. De un total de 680 aspirantes que tomaron la reválida de septiembre de 2006, 320 aspirantes aprobaron. Es decir, 320 nuevos abogados y abogadas que se unen al ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico que preside la distinguida jurista puertorriqueña Lcda. Celina Romany, quien en la tarde de hoy nos honró con su presencia. Esto representa el 47% de los aspirantes. De éstos, el 58% pertenece al sexo femenino y el 42% al masculino.          

  Ahora, en momentos en que se aprestan a iniciarse en la vida profesional, hacemos votos porque sus vidas profesionales se vean coronadas también por el éxito, sobre todo, porque cada uno de ustedes sienta algún día completamente llena la copa de su espíritu y pueda derramarla generosamente sobre todo nuestro pueblo.

IV.

       Felicito igualmente a los padres, amigos y familiares de los nuevos miembros de la profesión jurídica que celebran gozosos la culminación del sueño de cada uno de éstos.