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30 de enero de 2007
 

MENSAJE
HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON
JUEZ PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPREMO
 
JURAMENTO DE NUEVOS JUECES

En nombre de mis compañeros los Jueces Asociados señor Rebollo López, señor Fuster Berlingeri y señor Rivera Pérez y de las compañeras Juezas Asociadas señora Fiol Matta y señora Rodríguez Rodríguez, nuestras felicitaciones a cada uno de los Jueces del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal de Primera Instancia que han juramentado hoy ante este Tribunal.

La designación de una persona al cargo de juez o jueza es para muchos la culminación de su carrera profesional. Existen sobradas razones que avalan esa percepción. Prefiero, sin embargo, que en esta ocasión, en lugar de concebir la designación de una persona al cargo de juez o jueza desde una perspectiva individual, la veamos en términos de lo que esa designación representa para la sociedad y de las responsabilidades que adquiere esa persona frente al País.
Las responsabilidades de un abogado frente a la sociedad son grandes. Debe abogar por las causas que en derecho favorezcan a sus respectivos clientes siguiendo lineamientos éticos cuya observancia es celosamente supervisada por este Tribunal.

Por otra parte, al ser nombrado al estrado, la labor del jurista adquiere una nueva dimensión. Debe evaluar posiciones encontradas para proveer conforme al Derecho una solución justa. Mientras antes su actividad profesional estaba determinada en gran medida por las causas de las personas representadas, ahora, como juez o jueza, le corresponde velar por asuntos de mayor jerarquía: los intereses de la justicia y de la ciudadanía en general.
Al jurar al cargo, juran también que se desempeñarán libres de cualquier atadura o vínculo que hayan tenido en el pasado y con plena independencia de la autoridad que los nominó y los confirmó. Su único compromiso desde este momento tan significativo en sus vidas debe ser con la justicia y con la consecución de un “Estado de Derecho” en el que ninguna persona esté por encima de la ley.  A partir de este momento sus únicos nortes son la imparcialidad, la sabiduría, la rectitud y la equidad. 

Cada decisión que tomen debe estar basada en el derecho aplicable. Si bien es cierto que siempre habrá una parte que no quedará satisfecha, la parte beneficiada debe ser aquella que tenga consigo la razón y el derecho. Nunca debe pesar en el ánimo de un juez al tomar una determinación ninguna otra consideración que no sea el derecho aplicable a los hechos particulares ante su consideración. Los jueces consideran los hechos y el derecho de cada caso con amplitud de criterio y con un juicio imparcial. Tanto las partes que están litigando un caso como la sociedad confían que al tomar las decisiones en todos los casos ustedes lo harán con independencia de criterio, sin consideración de la persona involucrada ni de sus ideas políticas o religiosas.  De ello depende la legitimidad de nuestras decisiones.

Recordemos que aunque el ordenamiento constitucional delega en los poderes Ejecutivo y Legislativo la facultad de nombrar y confirmar a los integrantes de la judicatura, eso no significa que la Rama Judicial como tampoco ninguno de sus jueces esté subordinado a las otras Ramas del Estado.

No obstante, somos conscientes de que este sistema de gobierno bajo el cual laboramos puede llevar a algunos a pensar que las determinaciones de los jueces y juezas están necesariamente influenciadas y motivadas, bien sea por la gratitud por el nombramiento concedido y confirmado, o bien por el interés en una renominación o ascenso. Quien crea que ese es el motor que mueve la rueda de la justicia hace un análisis superficial, injusto y ofensivo de la labor de todos y cada uno de los jueces que formamos parte de esta Rama y que con orgullo cumplimos con las responsabilidades de nuestros respectivos cargos. No olvidemos que el propio ordenamiento provee para que los nombramientos de los Jueces de los Tribunales de Primera Instancia y del Tribunal de Apelaciones trasciendan los elementos políticos mediante términos que se extienden más allá de los tradicionales cuatrienios.  En el caso de los Jueces de este Tribunal los nombramientos son hasta la edad mandataria de retiro de setenta años.

El sistema provee, además, tanto a los jueces y juezas, como a las partes interesadas en los casos, los mecanismos necesarios para evitar la posibilidad de conflictos al momento de dilucidarse un caso.  Tanto los Cánones de Ética Judicial, como las Reglas de Procedimiento Civil y Criminal, establecen las causas por las que un juez o jueza no presiden un proceso judicial en particular.  Me refiero, por supuesto, a los procesos de inhibición y recusación.

Otra garantía que puede tener el País es la transparencia de los procesos. Salvo contadas excepciones establecidas por ley, los procedimientos en los Tribunales son públicos. De igual modo lo son los expedientes y documentos. El juez o jueza no actúa en una oficina cerrada.  El juez o jueza del Tribunal de Primera Instancia se sienta en un estrado de una sala abierta donde todos pueden observar su labor judicial.  El Juez o Jueza, por otro lado, es consciente de que sus decisiones son objeto del escrutinio público.  Así lo saben también los jueces del Tribunal de Apelaciones.

Más aun, el sistema provee para que todas, absolutamente todas, sus decisiones sean susceptibles de revisión por los tribunales de mayor jerarquía.

Todo ello sin contar que su proceder es evaluado periódicamente por la Comisión de Evaluación Judicial del Tribunal Supremo y que existen procedimientos disciplinarios disponibles para que los ciudadanos que noten irregularidades en su proceder levanten quejas en su contra que son investigadas por la Oficina de Administración de los Tribunales y adjudicadas por la Comisión de Disciplina y, finalmente, por este Tribunal.

Si hay algún funcionario público en Puerto Rico que es consciente del hecho de que debe actuar con prudencia, honestidad, imparcialidad y justicia, son los jueces y las juezas.
Nosotros creemos en nuestra judicatura. Así nos consta, y así lo evidencian las estadísticas del rendimiento judicial, que nuestros jueces son funcionarios laboriosos y dedicados.

A manera de ejemplo, durante al año 2006, el Tribunal de Primera Instancia recibió un total de 380,449 casos nuevos. Con un total de 364 jueces activos de las 384 plazas que tiene el sistema, logró atender y resolver 380,712 casos para un 100.07% de índice de resolución. Esto quiere decir que se resolvieron más casos que los presentados, por lo que se atendieron casos pendientes de años anteriores.

      Por su parte, en el Tribunal de Apelaciones se presentaron 4,590 recursos durante el 2006 y se resolvieron 4,591 casos para un 100.02% de índice de resolución.
Ahora, es importante que el juez tenga claro que ser objeto de fiscalización constante no quiere decir que debe ser temeroso de actuar con libertad de criterio.  Por el contrario, sus mejores aliados serán siempre el apego al derecho y la libertad de conciencia. Muchas veces la crítica se basa en el desconocimiento y en intereses reñidos con la verdadera justicia.

Hace apenas unos días me dirigí a un grupo de nuevos abogados y abogadas que juramentaron a sus cargos. Les decía que la independencia judicial no es un fin en sí misma para obtener beneficios.  Por el contrario, es un medio; un instrumento para permitirle a la Judicatura cumplir a cabalidad con su razón de ser que es impartir justicia y garantizar siempre los derechos de los ciudadanos a un juicio justo e imparcial.

Lo repito aquí hoy porque cada uno de ustedes son los llamados a lograr con sus actos que el pueblo crea en su judicatura.  Debe mantenerse presente que la credibilidad de una institución depende de las actuaciones de sus integrantes en el desempeño de sus funciones. Ser fiel a los postulados éticos de la judicatura exigirá de ustedes grandes sacrificios. Además requerirá de ustedes que subordinen sus preferencias personales a principios éticos de mayor trascendencia.
No olviden que tanto ustedes como los abogados y las abogadas que postulan en sus salas tienen el deber ineludible de asegurar la buena marcha del proceso judicial del país.  A ustedes les corresponde también asegurar que en sus salas siempre prevalezca un ambiente de decoro y solemnidad.

Reitero hoy mi preocupación de que cada día con más frecuencia observamos a algunos litigar los méritos de los casos fuera de las salas de los tribunales. Dicha práctica, entre otras consecuencias indeseables, afecta adversamente el derecho que tiene toda persona a un juicio justo e imparcial.  Sobre este extremo reitero también mis expresiones en mi mensaje ante los nuevos abogados el viernes pasado de que es particularmente preocupante que algunos abogados y abogadas y una que otra parte emitan expresiones públicas con el fin de intimidar a los jueces y a las juezas de nuestra Rama. Dicha práctica es contraria a nuestro ordenamiento ético y además nociva a nuestro sistema republicano de gobierno. Los abogados y las abogadas deben actuar con profesionalidad y eticidad de modo que no se lacere la confianza en la judicatura y en nuestro ordenamiento constitucional.

Nosotros somos unos fieles creyentes en nuestra judicatura puertorriqueña como sé que ustedes también. Ahora bien, nos corresponde lograr que el pueblo de Puerto Rico mantenga la confianza que en nosotros ha sido depositado.  Esto se logra con decisiones justas y conforme al derecho aplicable con total independencia de criterio, sin ninguna otra consideración que no sea el régimen del derecho.

II

La diversidad se destaca en este grupo de Jueces que han juramentado hoy.  Algunos de ustedes fueron ascendidos al cargo de juez, otros por el contrario se inician en la Judicatura.  De hecho, seis de ustedes provienen del Poder Ejecutivo, incluidos 2 que eran fiscales; 13 pertenecían a la Rama Judicial, entre los cuales hay 11 ascensos; y 4 jueces provienen del sector privado.

Tanto unos como otros deben ser conscientes de la sociedad en la que habrán de laborar y en las exigencias que ésta les impone.

El Puerto Rico contemporáneo es una sociedad más consciente de sus derechos y libertades y, por ello, más dispuesta a acudir a los tribunales para vindicarlos.  A la par con el fortalecimiento de esa conciencia, parece haber una ampliación de las esferas en las que se requiere la intervención judicial.

Esta realidad impone, a mi juicio, que el juez sea consciente de que habrá de tomar decisiones en controversias noveles sobre las cuales los lineamientos jurisprudenciales son escasos. Y en segundo lugar, por tratarse de controversias noveles que de ordinario promueven grupos que procuran reivindicaciones sociales, considero que el juez deberá estar atento a cómo sus decisiones afectan los intereses públicos.

Sólo al decidir conforme al Derecho, sin influencias ajenas a la prueba, es que el juez da plena concreción a la independencia judicial. De ahí que el cargo de juez exija fortaleza. Como muy bien se afirma en el Código de Ética de México, el Juez “en situaciones adversas, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias con valentía para vencer las dificultades y cumplir con su función jurisdiccional”.  Los invito a ejercer el cargo judicial sin miedo, sin vacilación.

III

Antes de finalizar, y a título personal, quiero felicitar a algunos de ustedes que hoy juran como jueces.  En primer lugar, felicito a la Hon. Sonia I. Vélez Colón, Directora Administrativa de los Tribunales, quien ha recibido un merecido ascenso. Con este nombramiento tanto la Rama Ejecutiva como la Rama Legislativa le reconocieron su excelente desempeño como juez durante gran parte de su vida. Ella también ha sabido encarar de forma destacada las responsabilidades de la Dirección Administrativa de los Tribunales con mucha dedicación, entusiasmo, compromiso y con un gran sentido de responsabilidad pública.  Por eso me alegro tanto de su merecido ascenso al Tribunal de Apelaciones.  A ella, a su esposo el Lic. Braulio García y a su familia les doy mi más sincera felicitación y mi agradecimiento por el apoyo que siempre le han brindado.

También quiero felicitar a la Hon. Carmen H. Carlos, ex Directora de la Oficina de Inspección de Notarias, quien hoy jura como Jueza del Tribunal de Apelaciones. La Juez Carlos ha sido una estrecha colaboradora de la Rama Judicial por muchos años. Por ello, su designación al cargo de juez nos alegra sobremanera. Junto a ellos también jura como Juez de Apelaciones el Hon. Carlos Cabán García, quien fue mi oficial jurídico hace unos años y más recientemente, fue Juez Administrador de la Región Judicial de San Juan.  Su ascenso, merecido por demás, es un reconocimiento a sus atributos como ser humano y como jurista.

Finalmente, felicito al Juez Ángel Colón Pérez que jura como Juez Municipal y quien ha demostrado un extraordinario compromiso con la Rama desde que se graduó como abogado.  Trabajó con nosotros como Oficial Jurídico y luego como Director Ejecutivo de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Todos los miembros de este Tribunal conocemos su humildad, generosidad y disponibilidad para el trabajo.  Sabemos que el Juez Colón Pérez será un gran juez que habrá de hacer grandes aportaciones a la Rama Judicial y al país.

A todos quiero pedirles que vean en la experiencia judicial una oportunidad de aportar a la construcción de una sociedad más justa y equitativa para que, entre otras cosas, sus hijos y nietos puedan realmente disfrutar de este bello país donde vivimos.

Sean jueces excelentes, peritos en Derecho y procuren ser felices al ejercer el ministerio que hoy han jurado practicar con rigor ético. Siéntanse privilegiados de unirse a una Judicatura excelente, en la que confío plenamente, y que sabemos, se fortalece con la llegada de cada uno y cada una de ustedes.  Muchas gracias.