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1 de febrero de 2007
 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON
JUEZ PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPREMO

PRESENTACIÓN DE LA OBRA TITULADA DERECHO PROCESAL PENAL: ETAPA INVESTIGATIVA, DEL PROF. ERNESTO L. CHIESA

      Buenas noches.  Antes de iniciar mi presentación quiero saludar a mi compañera, la Jueza Asociada señora Rodríguez Rodríguez, a los profesores Ernesto Chiesa y Luis Ernesto Chiesa Aponte, al señor Decano y a los profesores y estudiantes de esta Facultad de Derecho y a todos los asistentes a esta actividad.

       En la noche de hoy, tengo el honor de presentar ante ustedes la más reciente obra del Profesor Ernesto Luís Chiesa, titulada Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa.  Agradezco mucho la invitación del Profesor Chiesa a participar en este acto en el cual simultáneamente se presenta tanto su obra como la de su hijo, el Profesor Luis Ernesto Chiesa Aponte.

No podía negarme a participar en este acontecimiento tan histórico en esta Facultad, no solo por el aprecio y el respeto que le tengo al Profesor Ernesto Chiesa, sino también porque Luis Ernesto trabajó conmigo como oficial jurídico. Durante el tiempo que estuvo conmigo desarrollé un gran aprecio y afecto a este joven profesor, fruto de una relación muy estrecha de trabajo en el Tribunal Supremo que duró poco más de un año. Además tuve el honor y el placer de escribir el prólogo de su libro.

Para ambos es un momento muy significativo en sus vidas pues hoy simultáneamente presentan ante este foro académico sus respectivas obras.  A ambos mis felicitaciones más sinceras por sus respectivas aportaciones al estudio del derecho penal tanto procesal como sustantivo y mi agradecimiento por invitarme a compartir este momento tan importante en sus vidas y por supuesto en la de Carmen Aponte, a quien su hijo, Luis Ernesto le dedica su obra.  Ella le enseñó a él que “la vida son momentos y detalles”, y esta noche constituye uno de esos momentos inolvidables en la vida de la familia Chiesa Aponte.

I

Como es de su conocimiento, el Profesor Ernesto Luis Chiesa, durante de su vida profesional, ha establecido estrechos vínculos tanto con la profesión togada como con el Tribunal Supremo de Puerto Rico. En lo que respecta a sus labores en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, vale la pena resaltar que en septiembre de 1976, fue nombrado Secretario General del Tribunal Supremo de Puerto Rico, cargo que ocupó hasta julio de 1981. Sin embargo, su compromiso con ese foro judicial no se limitó al ejercicio de dicho cargo, pues también se desempeñó simultáneamente como Compilador y Publicista del Tribunal por un término aproximado de año y medio.

Al presente, el Profesor Chiesa nos reitera ese compromiso al presidir el Comité Asesor Permanente de las Reglas de Procedimiento Criminal, que está adscrito al Secretariado de la Conferencia Judicial, y tiene la encomienda de evaluar y someter al Tribunal Supremo las enmiendas necesarias a las referidas reglas. Igualmente, forma parte del Comité Asesor Permanente de las Reglas de Evidencia.

Al igual que lo ha hecho en el Tribunal Supremo, el Profesor Chiesa ha dejado huellas en la profesión jurídica como Catedrático de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, además de sus aportaciones en la discusión y en la evolución del Derecho con sus publicaciones y con sus contribuciones en la preparación de Jurisprudencia del Tribunal Supremo (JTS).  Durante el transcurso de los años sus diversos escritos han sido citados por el Tribunal Supremo en más de doscientas treinta (230) ocasiones.

Transcurrida más de una década desde la publicación de este último libro, el Profesor Chiesa retoma la discusión del Derecho Procesal Penal, desde un punto de vista mayormente constitucional, para beneficio de la profesión jurídica y la academia, y añade otra obra más a su brillante trayectoria: su libro Derecho Procesal Penal: Etapa Investigativa.   

II

De entrada, es menester señalar que, tal y como informa el título de la obra, ésta no pretende abarcar todas las etapas del procedimiento criminal.    

El libro está redactado para analizar el derecho positivo vigente en materia de procedimiento criminal en la etapa investigativa, según las reglas procesales y la jurisprudencia.  Su redacción sencilla facilita la lectura del libro y la transición entre la discusión de diversos temas, lo que convierte a la obra en una excelente herramienta para la academia, pues está orientada a posibilitar el entendimiento de las figuras del derecho procesal penal en la etapa investigativa. Estas características se manifiestan en los cinco capítulos, aun cuando cada uno goza de sus particularidades.
La obra, además, resulta de particular utilidad para la práctica del derecho. Los señalamientos constantes del autor sobre el derecho actual y cómo, a su entender, debe evolucionar, invitan al abogado a abordar las figuras del derecho procesal penal con particular singularidad.

En cuanto a los temas discutidos y a su organización, puedo concluir que el Profesor Chiesa realizó una excelente labor. A diferencia de su anterior publicación, este libro sobre el Derecho Procesal Penal se caracteriza por ser más conciso en la discusión de los temas.  Sin embargo mantiene cierta profundidad analítica y hace constante referencia a la jurisprudencia relevante.

El Capítulo I inicia con un trasfondo sencillo, pero ilustrativo, sobre los contornos constitucionales del proceso penal. El autor dedica este capítulo a enumerar las diversas fuentes del Derecho Procesal Penal, y hace hincapié en las distinciones básicas que surgen entre la Constitución de los Estados Unidos y la nuestra en materia de derechos aplicables al procedimiento criminal.   

En el Capítulo II, aunque el autor incorpora comentarios esporádicos sobre su criterio particular, expone mayormente un análisis descriptivo de la jurisprudencia relativa a los derechos constitucionales que se activan con los interrogatorios de los testigos y los sospechosos. Su contenido hace alusión a la trayectoria histórica que refleja la evolución del derecho contra la auto-incriminación, del derecho a asistencia de abogado, del derecho al debido proceso de ley, y de la doctrina jurisprudencial que impone realizar advertencias legales antes de interrogar al sospechoso bajo custodia.

Los procedimientos disponibles para la identificación del acusado son discutidos en el Capítulo III.  Aparte de examinar las garantías constitucionales que le asisten al sospechoso o al acusado en el proceso de identificación, así como su jurisprudencia interpretativa, el autor desglosa los mecanismos de identificación provistos por nuestra Regla 252 de Procedimiento Criminal. Este Capítulo goza de la particularidad de que se incorporan atinados resúmenes de la normativa discutida.

El Capítulo IV, el más extenso del libro, tal y como lo reconoce el Profesor Chiesa en el Prefacio, consiste de alrededor doscientas (200) páginas dedicadas al tema de Registros, Detenciones e Incautaciones. La extensión de este capítulo responde a la diversidad de tópicos que son discutidos allí, todos relacionados con los registros y los allanamientos, además de la copiosa jurisprudencia -tanto del Tribunal Supremo federal como de nuestro Tribunal Supremo- a la que el autor hace referencia mediante su exposición del derecho vigente. A pesar de su extensión, es notable que la organización y la estructuración de la discusión, según fluye en el Capítulo, facilita el entendimiento de las diversas figuras jurídicas que se han adoptado en este campo del Derecho Procesal Penal, muchas de las cuales se caracterizan por su densidad doctrinal. Por tanto, se advierte en su redacción el elemento académico, pues se ilustra con algún detalle la razón o los principios que fundamentaron las doctrinas discutidas. Además, se hace referencia a las doctrinas ya descritas de manera que el lector pueda concebir el sistema como un todo, o pueda descubrir algunas inconsistencias que éste presenta.

Asimismo, se intercala con marcada fluidez la discusión de aquellas Reglas de Procedimiento Criminal estrechamente relacionadas con el asunto atendido, y de algunas leyes especiales que regulan el tema. Así, se puede observar que, luego de discutir la regla que ordena la exclusión de toda evidencia obtenida en violación a la protección contra registros e incautaciones irrazonables, el autor dirige su discusión hacia la Regla 234 de Procedimiento Criminal, la que regula la moción para solicitar la supresión de dicha evidencia. Es, por tanto, palpable que la organización de este Capítulo no sólo respondió a intereses académicos sino también prácticos.

Por último, el autor reservó el Capítulo V para retomar con más detalle el derecho contra la auto-incriminación. Aunque este derecho fue discutido parcialmente en el Capítulo II, el autor dedica este espacio a exponer (1) las razones que amparan su existencia; (2) el escenario en el cual se activa dicho derecho; (3) el ámbito de su aplicación al testimonio compelido, y por consiguiente, su inaplicabilidad a la producción de evidencia sobre características físicas, y (4) la inmunidad como alternativa a la invocación del derecho. Se atiende, por separado, el derecho del acusado a no declarar durante el juicio y la prohibición de comentar o hacer inferencias sobre su silencio. Con este último capítulo termina la fase sustantiva de esta obra.

       Un aspecto de este libro que me ha llamado mucho la atención es el hecho de que el Profesor Chiesa procuró constantemente contraponer el Derecho Procesal Penal, según se deriva de la Constitución de los Estados Unidos y su jurisprudencia interpretativa, con nuestro sistema de derecho procesal, según la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en ánimo de procurar similitudes y discrepancias entre ambos ordenamientos. En este sentido, el autor mantuvo en este libro la misma fórmula que ha utilizado en sus obras anteriores, es decir, el derecho comparado entre Puerto Rico y Estados Unidos.

Mediante esta obra el autor demuestra el interés particular por definir si, en efecto, existe una “factura más ancha” en nuestro ordenamiento jurídico constitucional y en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. El Profesor Chiesa hace alusión a esta célebre frase en más de quince ocasiones y concluye, en la mayoría de ellas, que no percibe “factura más ancha” en los derechos que emanan de nuestra Constitución, según han sido interpretados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en comparación con lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

A su entender, la norma jurisprudencial del Tribunal Supremo de Puerto Rico “sigue pasivamente” lo establecido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en materia de:

  1. debido procedimiento de ley en la etapa investigativa;
  2. en cuanto al alcance de las normas generadas en virtud del caso Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966);
  3. con respecto al derecho a asistencia de abogado en el procedimiento de identificación por fotografías;
  4. sobre la ausencia de protección constitucional en materia de registros, cuando la actividad gubernamental se realiza en “campo abierto”, a diferencia de aquélla que se manifiesta en el “curtilage”, y (5) en relación al registro consentido, cuando el consentimiento es prestado por una tercera persona, entre otros tópicos. Por dicha razón, concluye el autor, no cabe hablar de “factura más ancha” en esas “zona"

Presumo que con sus señalamientos, el autor está invitando al Tribunal Supremo a que amplíe la protección de los imputados y acusados, a la luz de la existencia de una “factura más ancha”. Ello a pesar de que el Profesor Chiesa ha manifestado en ocasiones anteriores que no cree en el “relajamiento” de las garantías constitucionales que protegen al acusado o al investigado, como tampoco cree en “relajar” la interpretación constitucional de manera que se produzcan resultados absurdos que crean, a su vez, obstáculos innecesarios al Estado en la lucha contra el crimen.

Este servidor en particular tendrá muy presente estas preocupaciones del Profesor Chiesa al evaluar los recursos que se presentan ante nos en estas áreas del derecho. Para aquellos que creemos que nuestro ordenamiento constitucional es de “factura más ancha” que el de la Constitución de los Estados Unidos su invitación es apreciada y aceptada.

A pesar de la divergencia de criterios que pueda existir sobre la ausencia o presencia de una “factura más ancha”, lo cierto es que este análisis comparado al que he hecho referencia ha sido utilizado cuidadosamente por el autor para contribuir con su criterio a la evolución del Derecho y a nuestro entender ha sido uno de los temas principales de esta obra.

III

No me cabe la menor duda de que este libro habrá de ser acogido con beneplácito por jueces, fiscales y abogados de defensa que día a día protagonizan grandes debates jurídicos sobre el derecho procesal penal. Como cuestión de hecho, la actividad procesal penal en nuestro sistema de justicia ha incrementado en los pasados cinco años. En el año fiscal 2000-2001, el Tribunal de Primera Instancia ventiló y resolvió 35,655 casos criminales por delitos graves, mientras que en el año fiscal 2005-2006 esta cantidad aumentó a 39,731 casos. Igualmente, en el año fiscal 2005-2006, 54,369 casos fueron resueltos en vista preliminar, y se celebró un total de 102,513 vistas de causa probable para arresto bajo la Regla 6 de Procedimiento Criminal.

Como consecuencia lógica de esta actividad judicial a nivel de instancia, el Tribunal de Apelaciones ha experimentado igualmente un gran desenvolvimiento en materia criminal en estos últimos años. En el año fiscal 2003-2004, el foro apelativo intermedio resolvió 359 casos criminales. Pero esta cantidad aumentó considerablemente en los siguientes años fiscales. En el año fiscal 2004-2005, el Tribunal de Apelaciones resolvió 551 casos criminales y en el año fiscal 2005-2006 resolvió 759 casos criminales, lo que representa un incremento de 53% en los casos resueltos. 

Esta actividad judicial también se ha manifestado en el Tribunal Supremo de Puerto Rico en estos últimos cinco años, pues dicho foro ha emitido veintinueve (29) Opiniones sobre Procedimiento Criminal y sobre los derechos constitucionales relacionados a éste. Precisamente, en el pasado año fiscal, el Tribunal Supremo tuvo la oportunidad de atender importantes controversias sobre el derecho contra la auto-incriminación en casos de falsificación de documentos; sobre registros mediante la utilización de binoculares; sobre el derecho a estar asistido por abogado y sobre el término que tiene el Estado para conducir al arrestado sin orden judicial ante un magistrado, entre otros temas. Muchas de estas decisiones fueron recopiladas por el Profesor Chiesa en su obra. Además de ello, el Tribunal Supremo resolvió por Sentencia treinta y dos (32) casos criminales en los últimos tres años fiscales.

Puedo colegir, entonces, que la publicación de este libro en estos momentos resulta oportuna, en términos de los aportes que brindará al estudio del derecho y al funcionamiento del sistema judicial ante esta creciente actividad relacionada con el Procedimiento Criminal. Así, esta obra alcanzará el propósito dual que mencionó su autor en el Prefacio, de servir como instrumento del Derecho tanto para estudiantes como para abogados, fiscales y jueces.
La evolución del Derecho se cimienta, entre otros factores, en la disponibilidad de buenas herramientas de investigación y, por supuesto, en buenos autores y tratadistas. Los jueces, fiscales y abogados de Puerto Rico cuentan nuevamente con una obra que, en definitiva, ayudará a administrar justicia en las salas de lo criminal. El contenido de este libro está, sin dudas, a la par con nuestra realidad jurídica y social e incluso hace referencia a problemas jurídicos no examinados en nuestra jurisdicción hasta este momento. Por ello, puedo concluir que su utilidad para nuestro sistema de justicia criminal será incalculable.

No quisiera culminar esta presentación sin antes reiterarle al Profesor Chiesa mi agradecimiento por su invitación a compartir con todos ustedes este logro. Mis más sinceras felicitaciones a él por esta publicación, que sé será igualmente apreciada por la profesión jurídica y por todos aquéllos que de alguna u otra forma se relacionan con el procedimiento criminal. Lo exhorto a que continúe con su vocación, la que enriquece sobremanera el estudio del Derecho Puertorriqueño. A ustedes, les pido que se unan a mí en un merecido aplauso para el distinguido Catedrático de esta Facultad de Derecho, el Profesor Ernesto L. Chiesa. Enhorabuena, Ernesto.
Muchas gracias a todos ustedes por su paciencia y por recibirme en esta Aula Magna en esta actividad.
Buenas noches.      

Véase E.L. Chiesa Aponte, Los Derechos de los Acusados y la Factura Más Ancha, 65 Rev Jur UPR 83, 148 (1996).