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11 de mayo de 2007
 

HON. FEDERICO HERNÁNDEZ DENTON
JUEZ PRESIDENTE
TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
CONGRESO SOBRE ACCESO A LA JUSTICIA

Buenas tardes.

Agradezco la invitación que me ha extendido el Colegio de Abogados de Puerto Rico por medio de su presidenta, la Lcda. Celina Romany Siaca, para participar en este Congreso de singular importancia para nuestro país. Para mí constituye un honor poder formar parte de esta actividad, cuyo propósito principal es hacernos concientes de la problemática social que representa el desplazamiento de las comunidades pobres, particularmente en lo que respecta al acceso a la justicia.

Es de notar que desde el surgimiento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a mediados del Siglo XX, se reconoció como uno de los valores fundamentales de nuestro sistema de gobierno la igualdad de todo ser humano. La Asamblea Constituyente no lo pudo expresar más claro al redactar nuestra Constitución: “Todos los hombres son iguales ante la Ley”.  
Este principio representó en aquel entonces un paso de vanguardia, una garantía que llevaba implícita una mejor convivencia social, y el libre desenvolvimiento del individuo en todas las facetas de la vida en comunidad, independiente de su origen o condición social, raza, color, sexo, religión o ideología política.

En la actualidad, este principio continúa siendo un ideal, una meta trazada por la cual debemos trabajar. Este Congreso auspiciado por el Colegio de Abogados, así como otras actividades celebradas en el pasado, por ésta y otras instituciones, son evidencia de ello.

Conscientes de la desigualdad social y económica que caracteriza a las comunidades marginadas aún en estos tiempos, en el año 2002, la Vigésimo Segunda Conferencia Judicial fue dedicada al estudio, serio y concienzudo, de los problemas relacionados con el acceso a la justicia que afectan a nuestra ciudadanía. En aquel momento, la Rama Judicial se enfrentó a la percepción negativa de la ciudadanía en general sobre el sistema judicial, y sobre la dificultad que representaba para los más vulnerables acudir a los tribunales, entre éstos, los pobres, las personas de edad avanzada o con impedimentos, las personas sin techo, los confinados y las víctimas de violencia doméstica o maltrato.

Esta experiencia nos llevó a iniciar un proceso de sensibilización del sistema judicial. Cada funcionario y miembro de la Judicatura tenía que reconocer que impartir justicia va de la mano del trato humano, sobre todo cuando se advierte que las personas involucradas han sido marginadas por el resto de la sociedad.

Comenzamos, igualmente, a orientar a la comunidad sobre los servicios que provee la Rama Judicial y sobre los mecanismos disponibles para solicitarlos. Dirigimos nuestros esfuerzos también a educar sobre la auto-representación mediante el Programa Pro Se. Propulsamos las enmiendas reglamentarias necesarias para flexibilizar el acceso a los procesos judiciales, mediante la eliminación de las barreras formales que impedían el curso ágil de los casos. Así, propiciamos que cada individuo con reclamos válidos tuviera su día en corte, independientemente de si estaba representado legalmente o no.

Hemos adoptado un enfoque humanista en la manera en que ejercemos nuestra función judicial y hemos dirigido nuestros esfuerzos a mantener programas de gran importancia social como lo es el Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas, “Drug Court”, el cual tiene como meta principal la rehabilitación del participante y así reducir la reincidencia criminal relacionada al uso y abuso de sustancias controladas, como resultado del trabajo integrado con las entidades del sistema de justicia criminal y de tratamiento mediante el referido a servicios de tratamiento, rehabilitación, y la supervisión judicial intensiva.

De igual forma, hemos identificado y establecido estrategias encaminadas al desarrollo de un plan de acción integrado para la atención y manejo de casos de violencia doméstica. El plan de acción incluye actividades encaminadas a promover el desarrollo de la sensibilidad de los funcionarios judiciales y de apoyo a la función judicial hacia los casos de violencia doméstica, ampliar el acceso de las partes al sistema judicial y desarrollar herramientas dirigidas a mejorar el manejo de casos de violencia doméstica como lo son el Proyecto de Libro de Estrado, el Proyecto Piloto de Órdenes de Protección Automatizadas y el Proyecto Piloto de Sala Especializada en Casos de Violencia Doméstica.

De otra parte, a través de nuevos “Programas Judiciales” pretendemos agilizar los procedimientos judiciales mediante el mejoramiento del manejo de los casos de menores, víctimas de maltrato y negligencia, que se encuentran en hogares de crianza y pendientes para adopción.  Pretendemos, con esto, asegurar que estos casos se resuelvan con diligencia, en el tiempo establecido por ley y que se garanticen los derechos de las partes durante el proceso.

Finalmente, con la implantación del modelo de las Salas de Relaciones de Familia y Menores en las Regiones Judiciales de Humacao y Bayamón buscamos atender de forma integral y sistémica, bajo el concepto de “justicia terapéutica”, los asuntos que afectan a las familias puertorriqueñas.

De estos y de otros programas, al igual que de los casos pendientes en los tribunales, nuestros ciudadanos pueden tener información a través de “Tele-tribunales”, novedoso sistema que brinda acceso a la justicia desde cualquier lugar en Puerto Rico.  También pueden hacerlo accediendo a nuestra página de Internet: www.ramajudicial.pr.

Como se puede apreciar, la Rama Judicial no está ajena al dilema socio-económico que enfrentan las comunidades pobres en nuestro País. Hemos dado una atención prioritaria a los problemas de acceso a la justicia que confronta la población menos aventajada tanto económica como socialmente. A pesar de los avances que nuestro sistema judicial ha experimentado con miras a reducir la brecha social que margina a ciertas comunidades, reconocemos que todavía nos resta mucho por hacer en la búsqueda de ese ideal de igualdad jurídica del individuo.

El futuro de la Rama Judicial presenta grandes retos en materia de acceso a la justicia. Somos conscientes de que la complejidad de las necesidades de los distintos grupos en desventaja requiere un enfoque no sólo jurídico, sino interdisciplinario, integrado y orgánico. Debemos, igualmente, partir de la premisa de que las necesidades de la población en desventaja económica, aunque pueden ser similares a las del resto de la población, requieren una atención especializada y concentrada. Pero dicha atención debe ser constante, coherente, con consecuencias que no sean interrumpidas por los cambios de gobierno.

Los exhorto a poner sus mejores capacidades al servicio de las comunidades pobres; a llevar a la práctica toda la teoría que promueve eventos como éste; a colaborar con los tribunales en el proceso de dispensar justicia con agilidad, y a hacer de nuestra profesión un instrumento de igualdad, no de prejuicio y discrimen.

Felicito al Colegio de Abogados de Puerto Rico por esta excelente iniciativa. Espero que juntos logremos un mejor porvenir y una justicia sin barreras.

Muchas gracias y buenas tardes.