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12 de septiembre de 2007
 

MENSAJE 

LA JUSTICIA EN SUS MANOS:
HISTORIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO
de Luis Rafael Rivera

Presentación de Mercedes López-Baralt
Centro de Bellas Artes, San Juan
12 de septiembre de 2007

 

El  hermoso libro que celebramos esta noche –La justicia en sus manos: historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, de Luis Rafael Rivera– , y que me honra presentar, constituye una primicia para la historia judicial puertorriqueña, pues atiende por primera vez, desde una reflexión honda y ponderada, minuciosa y de amplio registro, tres aspectos medulares del más alto tribunal de nuestra nación: su historia, que ya alcanza 175 años, sus distintas sedes y la biografía de sus protagonistas, los jueces. Es cierto que ha habido acercamientos anteriores al tema, algunos muy breves o publicados en fechas ya remotas, cuyos valiosos aportes su autor reconoce de entrada: me refiero a los trabajos de Federico Acosta Velarde, Pablo Berga y Ponce de León, Carmelo Delgado Cintrón, Roberto H. Todd, José Trías Monge, Raúl Serrano Geyls, Alberto Medina Carrero y Rafael J. Torres Torres.

A la vez que primicia, La justicia en sus manos guarda varias sorpresas para sus lectores. Porque su autor, licenciado y doctor en derecho, es un humanista cabal, un hombre renacentista allá donde los haya. Sus credenciales son contundentes: Presidente del Instituto de Derecho Civil, Asesor de la Comisión Revisora del Derecho Civil, Miembro de la Junta Examinadora de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía del Tribunal Supremo, Presidente de la Comisión Editora de la Revista del Colegio de Abogados y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, además de autor de libros como El contrato de transacción y sus efectos en situaciones de solidaridad (1998) y Derecho registral inmobiliario puertorriqueño (2000). Pero este abogado, además de investigador infatigable, es escritor: recordemos que se estrenó como tal en su delicioso libro de cuentos El derecho al revés: crónicas sin ton ni son, del 2001, y que las entrevistas sobre vidas únicas que publica en El Nuevo Día son admirables piezas literarias. Y, con La justicia en sus manos, ahora se nos revela como historiador. Historiador que, al ocuparse no sólo de fechas y hechos solemnes, sino de la anécdota humana, de la intrahistoria, roza gozosamente la antropología.

Hay que admitir que, de tan sólo pensarlo, un estudio sobre el Tribunal Supremo puede asustar al ciudadano de a pie, convocando en su imaginación disuasivos de lectura: lenguaje leguleyo, conmemoraciones solemnes de la oficialidad, y una buena dosis de aburrimiento… No quiero sonar irrespetuosa, es que soy hija de abogados. Sin embargo, el libro de Luis Rafael Rivera da al traste con la natural aprensión del curioso lector. Es enjundioso, sin duda, y la investigación que lo sostiene, monumental. Pero como bien lo señala su autor, los intimidantes espacios autoritarios de la toga y el mallete pueden ser, ¡quién lo diría!, sabrosos. Y lo son en este libro, porque él, con su pasión, lo ha querido así, poniendo una discreta nota de humor e irreverencia en su asedio a la historia del Tribunal Supremo.

La justicia en sus manos es un libro de historia, pero tiene también algo que me interesa sobremanera: una dimensión literaria. Y es que arroja luz sobre algunas de las figuras canónicas de nuestra tradición letrada, de alguna manera asociadas al Tribunal Supremo: el poeta José de Diego, quien fuera Subsecretario de Gracia, Justicia y Gobernación y Magistrado de la Audiencia Territorial bajo el Gobierno Autonómico, y tras el 98, Presidente de la Audiencia de lo Criminal en Mayagüez; el poeta modernista José de Jesús Esteves, quien tomó en 1911 el examen de reválida en derecho ofrecido por el Tribunal Supremo; el narrador y ensayista Emilio Belaval, juez de dicho Tribunal; y la crítica Nilita Vientós Gastón, fundadora de las revistas Asomante y Sin Nombre, y quien desde su puesto de Procuradora General Auxiliar, timoneó en 1965 la revocación, por el Tribunal Supremo, de la absurda ley de 1902 que legitimaba el uso indistinto del español y el inglés en los tribunales y oficinas públicas de la isla. Eso, sin contar que podemos reconocer poetas entre los jueces presidentes del Tribunal Supremo. Uno fue Luis Negrón Fernández, hijo de otro poeta, Ramón Negrón Flores, quien fuera muy amigo de Lloréns Torres. Muchos recordamos aquel famoso verso de Lloréns, “la luna durmió conmigo”. Pues bien, Negrón Fernández lo superó, cuando le contestó con otro verso de ingenio sin par: “La luna durmió contigo, pero a quien quiere es a mí”. Negrón Fernández era un recitador elocuente, y debo decir que conocí de niña a José de Jesús Esteves gracias a él. Porque a mi madre no se le caía de la boca aquello de “¿El amor?... lo que sonríe; /lo que canta, lo que sueña…/lo que tiene para el alma una caricia/que hasta el yermo del dolor emprimavera…/Lo que pone en cada mente un par de alas/y una pátina de sol en cada idea…” ¿Y cómo lo conoció ella? De la boca del futuro juez, que de estudiante lo recitaba al llevar serenatas a las muchachas. Otro juez presidente poeta fue José Trías Monge, quien se reveló como tal poco antes de morir, en su magnífico libro Testimonio, del año 2000. No sólo han rondado las letras al Tribunal Supremo; en algunos casos se cultivaron en su mismo seno. El juez Antonio Negrón García, quien accedió al Supremo a los 34 años, batiendo récords de juventud, mereció unos versos de humor elogioso por su ímpetu creador de parte de su colega, el juez Jorge Díaz Cruz, titulados “A Don Antonio”: “Tiene fibra y estatura/y año de buena cosecha/y fervor por abrir brecha/y honrar la judicatura.//No cree en ‘hilar finito’/si es justicia lo que imparte; /en el juez es ciencia y arte/ver más allá del librito”.

Ya se irán dando cuenta de por qué hablo de las sorpresas que nos depara La justicia en sus manos. Una es, desde luego el humor que salpica sus páginas. Como aquellas que cuentan una anécdota deliciosa, referente al nombramiento que hace Muñoz Marín en 1953 de Cecil Snyder como Presidente del Tribunal Supremo. Es cierto que el gobernador le debía favores: como fiscal federal Snyder había acusado a Albizu, y después, había defendido al mismo Muñoz de las sospechas de comunista que lanzara sobre su persona el Comité Bell en la década del cuarenta. Como se veía mal nombrar a un norteamericano a tan alto puesto, Muñoz adujo razones de seniority. Cuenta Elfrén Bernier que, para acallar las protestas, al nombrarlo, Muñoz lo puertorriqueñizó, bautizándolo, con jaibería sublime, como “Cecilio Snyder”.

Pero más allá del humor, hay que destacar otra fuente del disfrute que aguarda al lector: Luis Rafael Rivera escribe en el tiempo de presente histórico, para acercar al lector al tema que lo ocupa, y con una calidad literaria notable, que se manifiesta en metáforas como aquella que emplea para describir el testimonio del juez Hiram Torres Rigual: “habla con verbo fácil y firme, como si con cada palabra que saliera de su boca pusiera una piedra al edificio multipisos que constituye la historia del Tribunal Supremo”.

En la nota introductoria de La justicia en sus manos, Rivera subraya la importancia humana del tema que examina con ejemplar rigor: se trata nada menos que de un drama agónico, el de dispensar justicia. Al mismo tiempo, destaca la función del Tribunal Supremo como árbitro entre las pugnas entre los poderes ejecutivo y legislativo de nuestro sistema de gobierno. También nos anuncia que lo más interesante de su evolución histórica está “en el paso de un órgano judicial con características de cenicienta –en el que los jueces (todos extranjeros, por cierto) son víctimas fáciles del iracundo gobernador de turno que actúa con facultades omnímodas– a un órgano vigoroso, con poderes legislados y otros poderes, llamados inherentes, que forcejea de tú a tú con las otras dos ramas del bien cotizado sistema de pesos y contrapesos en el que se desenvuelve”. Y con una buena dosis de sentido común y desde su irrenunciable libertad como autor, confiesa: “En definitiva, estamos frente a un tribunal que, con muchos aciertos y algunos fracasos propios de la justicia imperfecta, a veces constituye una esperanza ante el inmovilismo legislativo. Estamos, asimismo, frente a un coro de voces en el que no siempre impera la armonía, el acoplamiento o la perfecta afinación, pues esta institución vive de la diversidad de los registros y las disidencias, reflejo natural de la amalgama de valores e ideología allí presentes y de las sacudidas periódicas de mayor o menor intensidad que agitan la sociedad en la que opera”.

El libro, publicado por Editorial Santillana en el año en curso de 2007, consta de diez capítulos, que comienzan con “El sistema judicial apelativo español y la Audiencia Territorial”, para terminar con “Los ideales de la justicia en tiempos de posmodernidad”. Cuenta también con un mensaje del Juez Presidente actual del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Federico Hernández Denton, y otro del Presidente de su Fundación Histórica, el licenciado José Rodríguez Garrido; un retrato verbal del Juez Presidente por el pintor Antonio Martorell; testimonios de los ex jueces y entrevistas del autor con dos ex gobernadores: Carlos Romero Barceló y Rafael Hernández Colón. Contribuye en alto grado al disfrute del libro su diseño gráfico. Con una hermosa portada que, respondiendo a una idea del autor, enfoca las manos del togado que imparte la justicia (se trata de una porción del óleo de Miguel Pou sobre Martín Travieso), incluye fotos a color y en blanco y negro de los jueces del Tribunal, fotografías antiguas del país durante el cambio de soberanía, dibujos y caricaturas (no hay que perderse la de Trías Monge) y reproducciones de documentos y portadas de libros antiguos.
Dichos aportes visuales le otorgan al libro un vivo sabor a documental. A la vez, el volumen puede leerse como libro de arte, pues da a conocer la valiosa colección de óleos del Tribunal Supremo, con obras de pintores de la talla de Oller, Frade, Miguel Pou y López de Victoria, así como una magnífica acuarela del pintor tinerfeño Guillermo Sureda, que muestra el edificio principal de la sede actual de la institución. También porque ofrece una buena muestra de la evolución de nuestra arquitectura en las fotografías que captan las distintas sedes sanjuaneras del Supremo: la antigua casona de la calle Fortaleza (1832), el Convento de Santo Domingo (1867), el Capitolio de Puerto Rico (1933) y el moderno edificio que ubica en el Parque Luis Muñoz Rivera (1956).

Habiendo trazado el perfil del libro que nos ocupa, quisiera detenerme en algunas de las aportaciones que para esta lectora, que viene de otra disciplina, merecen reflexión. Para comenzar, me cautivó la historia del tribunal que en sus comienzos se llamó Audiencia Territorial, y cuyo germen se remonta al siglo trece, cuando Alfonso Décimo el Sabio recomienda la creación de una institución formada por varones sabios con el propósito de ayudar al rey en sus decisiones. No hay tiempo para trazar aquí los avatares históricos conducentes a la creación de la Audiencia Territorial, pero vale recordar que el 98 es el gozne que divide en dos la historia de nuestro tribunal: los tiempos de España y la difícil modernidad. Ese año ocurren dos hechos, uno pintoresco, el otro insólito, dignos de contarse aquí. El hecho pintoresco tiene que ver con el portero de nuestra Audiencia Territorial durante la Guerra Hispano-norteamericana, Antonio Fernández Rey, conocido como “Pelayo”, posiblemente por su férrea defensa de la Audiencia, cual si de Covadonga se tratara. Aunque pertenecía al Batallón de Tiradores, según lo narra Pablo Berga y Ponce de León, “se quedó solito en la casa que ocupaba la audiencia guardándola antes, durante y después del bombardeo sin más compañía que su alma y un gato”. El hecho insólito en la historia colonial de nuestro sistema judicial se da cuando la nueva metrópoli decide que la Corte Suprema de Justicia (el nuevo nombre de la antigua Audiencia Territorial) sea la corte de última instancia en Puerto Rico para las apelaciones que habían quedado pendientes en el cambio de soberanía. Según palabras de Carmelo Delgado Cintrón, “Es la primera y única vez en que el Tribunal Supremo de Puerto Rico es en todos los sentidos supremo”; situación que dura hasta la aprobación de la Ley Foraker en 1900.

Pero ya el proceso de norteamericanización de la judicatura había comenzado, quedando tanto jueces como fiscales a la merced del gobierno militar. Con la Ley Foraker cambia la composición del Tribunal Supremo, que debe contar entonces con dos jueces norteamericanos para garantizar así los intereses del nuevo imperio. También toca al presidente de los Estados Unidos designar a los jueces. Comienzan entonces los roces entre los jueces puertorriqueños, con su inglés defectuoso y su afán de conservar las formas del pasado, y los norteamericanos, con su incapacidad para escribir en español y entender la idiosincrasia del Tribunal, afincado en el derecho romano español. Poco a poco el derecho angloamericano, en la tradición del common law, va imponiéndose. Puerto Rico se convierte entonces, en palabras de Rivera, en “un laboratorio del mestizaje jurídico”. Pienso que una de las aportaciones más interesantes del libro está precisamente en la configuración de una mirada novedosa al emblemático año de 1898, esta vez enfocada en el proceso de transculturación jurídica, que forma parte de una guerra que se estaba peleando en otros frentes: la lengua, la religión, la educación, la cultura.

Hay más: la historia del Tribunal Supremo se inserta –no podía ser de otra manera– en un contexto colonial que dura ya más de cinco siglos. Recordemos que don Pepe Trías Monge nombra a la isla como la colonia más antigua del mundo, y que en La guaracha del Macho Camacho Luis Rafael Sánchez la evoca como colonia sucesiva de dos imperios. De ahí que la evolución del Supremo ofrezca una instancia antológica del difícil arte de la negociación, de aquel heroísmo callado que Palés llama ten con ten, y que Arcadio Díaz Quiñones nombra como el arte de bregar. Reconociendo la complejidad del tema que lo ocupa, Luis Rafael Rivera propone una mirada equilibrada a nuestro tribunal mayor, ponderando tanto su vulnerabilidad a los avatares coloniales como sus valientísimos pasos en el arduo y aun no culminado camino de la descolonización nacional. Con la amarga verdad colonial como telón de fondo, destacan de manera altamente significativa los logros de carácter descolonizador y progresista del Tribunal Supremo, que Rivera va hilvanando a lo largo de su historia. Entre ellos, su puertorriqueñización, que se logra en la década del cincuenta, cuando todos sus jueces ya son puertorriqueños. Pero hay otros gestos que vale la pena recordar: las luchas de Félix Córdova Dávila por el derecho del país a participar en el nombramiento de los jueces del Tribunal Supremo y por la elección del Gobernador de Puerto Rico por voto popular; el pleito de Emilio del Toro Cuebas por anular el contrato de arrendamiento de 99 años del terreno donde ubica el hoy tristemente polémico castillo de San Gerónimo; la denuncia de Martín Travieso de las corporaciones que poseían tierras en exceso de 500 acres; el proyecto de ley de Fernós Isern para eximir a los jueces del Supremo del servicio como jueces federales; la revocación de 50 años de jurisprudencia sobre los llamados hijos ilegítimos, que proclama “la igualdad de la cuna ante la ley”; la decisión, que tanto regocijó a Peter Ortiz Gustafson, de declarar inconstitucional la persecución ideológica a través del carpeteo; el reconocimiento de la lengua española como vernáculo, “realidad –en palabras de Luis Negrón Fernández– que no puede ser cambiada por ninguna ley”; la determinación, a partir del caso de Juan Mari Brás, de que la ciudadanía de los Estados Unidos no es condición constitucional para ejercer el derecho al voto en Puerto Rico; y la incorporación de las mujeres a la más alta judicatura, que comienza con buen pie con la incumbencia de Miriam Naveira Merly, apasionada defensora de los derechos humanos y de la mujer, quien no tarda en acceder a la presidencia de la institución y a la que le siguen Liana Fiol Matta y Anabelle Rodríguez Rodríguez. 

La justicia en sus manos termina con unas reflexiones de Luis Rafael Rivera de cara al futuro. Pese a reconocer cuánto dista nuestro Tribunal Supremo de hoy de aquella antigua Audiencia Territorial de tiempos de España, o del órgano frágil que tropezó con la Ley Foraker a inicios del siglo veinte, todavía queda mucho camino que recorrer “para buscar nuevas formas de enfrentar la injusticia que se viste con mil rostros”. Son varios los retos, entre ellos, el de sopesar sistemas alternos en el nombramiento de los jueces, o el de añadir al catálogo de los derechos humanos, cuestiones relativas a la orientación sexual. Pero sobre todo, continuar ejerciendo una función clave en la defensa del derecho a la vida, a la integridad física, a la intimidad personal y familiar, a la libertad de creencias, a la no discriminación por edad, raza o sexo. Se trata, en el fondo, de darle contenido pleno a aquella percepción de Ángel Martín de nuestro tribunal mayor como “último bastión de la justicia”.

Pero la historia del Tribunal Supremo no termina aquí. Luis Rafael Rivera nos tiene otra sorpresa: pronto dará a la luz su biografía del controversial juez presidente, Aaron Cecil Snyder, el famoso “Cecilio” de Luis Muñoz Marín. La esperamos con fruición.

 

 

Comunicado de Prensa