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Análisis de las Secciones

  1. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Constitución del

  2. Forma de gobierno

  3. Area geográfica

  4. Sede del gobierno

  1. §[Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Constitución del].
    Se constituye el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Su poder político emana del pueblo y se ejercerá con arreglo a su voluntad, dentro de los términos del convenio acordado entre el pueblo de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.

    HISTORIAL

    El Gobernador proclamó la vigencia de la Constitución para el 25 de julio de 1952. "Creación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y "Establecimiento de la Constitución", véase "Documentos Históricos", ante, pp. 1 a 168 de este tomo.
    Acciones contra el Estado Libre Asociado, véanse las secs. 3077 et seq. del Título 32.


    ANOTACIONES

Análisis

  1. Nuevo status.

  2. Nuevo "status" - Estado Libre Asociado.

  3. Territorio.

  4. Estado.

  5. Status de la Constitución.

  6. Propósito.

  7. Poderes del Estado.

  8. Defensa nacional.

  9. Inmunidad.

  10. Superior interés del Estado.

  1. Nuevo status. Es al pueblo de Puerto Rico, no a la Asamblea Legislativa, a quien corresponde entender directamente en la decisión de su destino político final o en la aprobación de medidas que afecten de modo importante sus relaciones con Estados Unidos. P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978).

    La solución de la cuestión del status no parece ser ya exclusivamente federal, sino que es el centro y comienzo de un acercamiento común a los problemas jurídicos que envuelven las relaciones de los Estados Unidos y Puerto Rico. The Judicial Process and the Status of Puerto Rico (1961), 30 Revista Jurídica de la Universidad de P. R. 145.

    La opinión expresada en United States v. Figueroa Rico , 140 F.Supp. 876 (1956), trata de echar a un lado los formalismos y fundamentar la aplicación o no de una ley federal sobre la base de su propia naturaleza, teniendo en cuenta la presente realidad política del Estado Libre Asociado, aún en contra de la intención expresa del Congreso en el momento que la ley fue recordada. Id.

    En vista de que la decisión acerca de si una ley es "localmente inaplicable" a tenor con la sec. 9 de la Ley de Relaciones Federales corresponde a los tribunales, el dar nuevo énfasis a la sec. 9 en casos sobre el status, amplia el poder de los tribunales para extender o restringir el alcance del convenio. Id.

    Hay una tendencia en las decisiones de echar a un lado la intención real del Congreso que se desprende del historial legislativo de la Ley Pública 600. Id.

    Le base del nuevo status político de Puerto Rico descansa en el consentimiento de ambas partes al convenio comprendido en la aprobación y ratificación de la Ley Pública 600. Carrión v. González, 125 F.Supp. 819 (1954), confirmada por Mirabal Carrión v. United States, 225 P.2d 679 (1955).

  2. Nuevo "status" - Estado Libre Asociado. Como cuestión de derecho, el E.L.A. es una entidad política con rasgos autónomos que posee un ámbito de gobierno propio, una esfera de poderes gubernamentales y de autoridad pública que le es privativa. Ramírez de Ferrer v. Mari Bras, CT-96-14 (11/18/97).
    Puerto Rico está debidamente constituido, y existe como entidad política, pero no es un estado en unión federal como lo son los demás 50 estados. Sánchez v. United States, 376 F.Supp. 239 (1974).

    Mientras Puerto Rico mantenga su status de "estado libre asociado", tendrá libertad para manejar sus propios asuntos locales pero no existencia independiente y separada, formando parte de los Estados Unidos de América y, por tanto, de su sistema político en una forma compatible con su estructura federal. Feliciano v. United States, 297 P.Supp. 1356 (1969), confirmada por Feliciano v. United States, 422 F.2d 943 (1970), certiorari denegado por Feliciano v. United States, 400 U.S. 823 (1970).

    Puerto Rico no es un estado de la Unión y no es un territorio, no incorporado o incorporado a la Unión en preparación para la estadidad. Alcoa Steamship Co. v. Pérez, 295 F.Supp. 187 (1968), devuelto el caso a la Corte de Distrito para ulteriores procedimientos por Alcoa Steamship Co. v. Pérez, 424 F.2d 433 (1970).

    En la actualidad, Puerto Rico tiene el status que ha tenido desde 1952, el status de un Estado Libre Asociado con gobierno propio como resultado del convenio con los Estados Unidos. Pan American Standard Brands, Inc. v. United States, 177 F.Supp. 769 (1959).

    Bajo los términos del Convenio, Puerto Rico es soberano en asuntos que no estén regidos por la Constitución de los Estados Unidos. En verdad, no solamente la historia legislativa del Convenio sino también la acción gubernamental sostienen esta conclusión. Mora v. Mejías, 115 F.Supp. 610 (1953), confirmada por Mora v. Mejías, 206 F.2d 377 (1953), revocada la orden y devuelto el caso con instrucciones por Mora v. Mejías, 223 F.2d 814 (1955).

    Del lado positivo, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ha llevado a efecto una asociación voluntaria con los Estados Unidos, a base de una Convenio, con el elemento de ciudadanía común. Mora v. Torres, 113 F.Supp. 309 (1953), confirmada por Mora v. Mejías, 206 F.2d 377 (1953), revocada la orden y devuelto el caso con instrucciones por Mora v. Mejías, 223 P.2d 814 (1955).

    Véanse también las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 3 de noviembre de 1953, A/C.4£300, y del 27 de noviembre de 1953, A/PV.459.

  3. Territorio. A la fecha en que el acusado, aquí peticionario, cometió el delito y se vio el proceso por el mismo. Puerto Rico no era un territorio incorporado de Estados Unidos. La doctrina de Balzac v. Puerto Rico, 258 U.S. 298, 42 S.Ct. 343 (1922), de que Puerto Rico es un territorio organizado no incorporado, no fue revocada por Reed v. Covert, 354 U.S. 1, 77 S.Ct. 1222 (1957). Jaca Hernández v. Delgado, 82 D.P.R. 402 (1961).
    Cualquiera que sea el actual status del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, este status no es el de un estado de los Estados Unidos, ni tampoco el de un territorio incorporado a la unión como paso previo a convertirse en estado de la misma. Fonseca v. Prann, 282 F.2d 153 (1960), certiorari denegado por Fonseca Flores v. Prann, 365 U.S. 860 (1961).

    El Estado Libre Asociado de Puerto Rico todavía es un territorio de los Estados Unidos dentro de la disposición sobre diversidad de ciudadanía de 28 U.S.C. sec. 1332(b). Detrés v. Lions Building Corporation, 234 F.2d 596 (1956) (7mo. Circuito). [Después de resuelto este caso, el Congreso pasó la Ley Pública Núm. 808 aprobada el 26 de julio de 1956, al efecto de que: "(b) La palabra 'Estados', tal como se usa en esta sección, incluye los territorios, el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico."].

    Puerto Rico ya no es un territorio en el sentido en que dicho término se usa en la Constitución y en la jurisprudencia. Por consiguiente, si el Congreso de los Estados Unidos se propone en el futuro disponer que una ley federal sea aplicable a Puerto Rico . . . tendrá que hacerlo de alguna otra manera que no sea mediante el empleo de la palabra "territorio". Cosentino v. International Longshoremen's Ass'n, 126 F.Supp. 420 (1954).

  4. Estado. Dentro del contexto de la Ley de 1ro. de febrero de 1928 aprobada por el Congreso de Estados Unidos - 16 U. S.C. sec. 457 - la palabra "Estado" incluye al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gearheart v. Haskell, 87 D.P.R. 57 (1963).
    La palabra "estado" puede en el contexto de una ley específica del Congreso tener una connotación más amplia que un estado de la unión federal. Podría ser que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, organizado como un cuerpo político por el pueblo de Puerto Rico bajo su propia constitución, a tenor con los términos del convenio que se les ofreció en virtud de la Ley Pública 600 y por ellos aceptado, sea un estado dentro del significado de 28 U.S.C. sec. 2281, que provee una corte de tres jueces en acciones para impedir el cumplimiento de leyes estaduales. De conformidad con el preámbulo de la Constitución del Estado Libre Asociado, Puerto Rico no ha pasado a ser un estado en la unión federal como los 48 estados, pero se ha convertido en un estado dentro del significado común y corriente de la palabra. Es una entidad política creada por la ley con el consentimiento del pueblo de Puerto Rico y unida a los Estados Unidos de América bajo los términos del convenio. La decisión de esta cuestión, sin embargo, no es necesaria en este caso. Mora v. Mejías, 206 F.2d 377(1953), revocada la orden y devuelto el caso con instrucciones por Mora v. Mejías, 223 F.2d 814, (1955).

    De acuerdo con el espíritu y política de la sec. 2281 del Título 28 de U.S.C., el Estado Libre Asociado de Puerto Rico dejó de ser un territorio y ha de considerarse un estado, y en aquellos casos en que se ataca la constitucionalidad de un estatuto debe convocarse un tribunal de tres jueces, con el fin de evitar "una intervención innecesaria con las leyes de un estado soberano" . Mora v. Mejías, 115 F.Supp. 610 (1953), confirmada por Mora v. Mejías, 206 F.2d 377 (1953), revocada la orden y devuelto el caso con instrucciones por Mora v. Mejías, 223 F.2d 814 (1955).

    Véase también la sec. 23 del Título 31.

  5. Status de la Constitución. Nuestra Carta de Derechos es de factura más ancha que la tradicional que recoge el sentir común de culturas diversas sobre nuevas categorías de derechos. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

    La Constitución de Puerto Rico no es enteramente estática e inmune al cambio social. Se aprobó para perdurar, para responder a realidades cambiantes y no para perpetuar meramente el status quo. A.A.A. v. Unión Empleados A.A.A., 105 D.P.R. 437 (1976).

    La aceptación por el Congreso de nuestra Constitución no hace de dicha Constitución una ley federal. Por lo tanto, a los fines de hacer más efectivo el derecho constitucional a juicio por jurado que en ella existe, el mismo no tiene que ser garantizado bajo las mismas condiciones que se garantiza en las cortes federales. Pueblo v. Figueroa, 77 D.P.R. 188 (1954), confirmada por Figueroa v. People of Puerto Rico, 232 F.2d 615 (1956).

    Nuestra Constitución es una carta básica de gobierno local y no una ley federal. Por consiguiente, el significado de sus disposiciones es para ser determinado por nuestras cortes locales, y no por las cortes federales. Id.

  6. Propósito. El propósito de la Ley Federal 600 fue ampliar y no restringir los poderes y la autonomía de Puerto Rico sobre sus asuntos internos. Fournier v. González, 80 D.P.R. 262 (1958), confirmada por Fournier v. González, 269 F.2d 26 (1959).

  7. Poderes del Estado. A menos que el pueblo lo autorice expresamente, la Asamblea Legislativa está desprovista de poder para legislar en zonas reservadas al pueblo de Puerto Rico, tales como la relativa al voto presidencial. P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978).

    La imposición de contribución sobre propiedad a la licencia para transmitir poseída por una estación de televisión no menoscaba ni obstruye la política pública del Gobierno Federal y de su Comisión Federal de Comunicaciones y no invade los predios de la supremacía del Congreso de los Estados Unidos. WAPA v. Secretario de Hacienda, 105 D.P.R. 816 (1977).

    Un estado puede recaudar rentas gravando propiedad de los Estados Unidos por el tiempo que dicha propiedad sea usada por una persona particular o una corporación, y siempre que la contribución se limite a la posesión o uso por el ciudadano privado. Id.

    En el ejercicio del poder de reglamentación para protección del bienestar general el Estado no puede actuar en forma arbitraria o irrazonable, estando sujeto su ejercicio a criterios de razonabilidad. E.L.A. v. Rodríguez, 103 D.P.R. 636 (1975).

    El Estado Libre Asociado de Puerto Rico posee muchos de los atributos de un soberano y tiene completa autonomía en asuntos domésticos similar a la de los estados de la Unión. Ursulich v. Puerto Rico National Guard, 384 F.Supp. 736 (1974).

    El Estado - figura jurídica que se compone de personas, bienes, derechos y deberes - actúa, por necesidad, a través de sus agentes. García Colón v. Secretario de Hacienda, 99 D.P.R. 779 (1971).

    La estética, por sí sola, constituye un fundamento válido para el ejercicio por la Rama Legislativa del poder de razón de estado (police power). Cervecería Corona, Inc. v. Secretario Obras Públicas, 97 D.P.R. 44 (1969).

    Los poderes públicos y gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en la autoridad que le es privativa - siendo el más fundamental de ellos el de imponer tributo - emanan de sí mismos y de su propia autoridad, ejerciendo el poder de tributación libre de autoridad superior, sujeto sólo a las limitaciones de su propia Constitución y su Carta de Derechos, y a aquellas obligaciones que el Pueblo se impuso al aceptar las relaciones federales, Ley 600. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964).

  8. Defensa nacional. La defensa nacional no puede ser regulada por el gobierno local de Puerto Rico o de cualquier estado. Feliciano v. United States, 297 F.Supp. 1356 (1969), confirmada por Feliciano v. United States, 422 F.2d 943 (1970), certiorari denegado por Feliciano v. United States, 400 U.S. 823 (1970).
    Puerto Rico no tiene facultad para amoldar a las conveniencias locales una ley del Congreso en relación con la defensa nacional. Id.

    La facultad del Presidente de los Estados Unidos para designar áreas de defensa incluye a Puerto Rico y no era necesario negociar con el Gobierno de Puerto Rico el establecimiento de un área defensiva en las aguas de Puerto Rico. Id.

  9. Inmunidad. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico goza de inmunidad soberana y no puede ser demandado en tribunales federales sin su consentimiento. Pla Aguirre v. Commonwealth of Puerto Rico, 353 F.Supp. 1294 (1972).

  10. Superior interés del Estado. Una decisión judicial en relación a una cuestión constitucional planteada no puede relegar a un último plano el superior interés del Estado - conocido como compelling state interest en la jurisprudencia norteamericana - en relación a los derechos constitucionales alegados por un individuo, constituyéndolo en una figura de privilegio. Hermina González v. Secretario del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978).

 

  1. §[Forma de gobierno].
    El gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico tendrá forma republicana y sus Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según se establecen por esta Constitución, estarán igualmente subordinados a la soberanía del pueblo de Puerto Rico.

    HISTORIAL

    El art. 2 del Código Político de 1902 disponía que los departamentos ejecutivo, legislativo y judicial, según estaban organizados por la ley Orgánica de Puerto Rico, constituirían el Gobierno de Puerto Rico.

    ANOTACIONES

    Análisis

    1. En general.

    2. Comisiones legislativas.

      1. En general. La intervención de un miembro de la Rama Legislativa en funciones que corresponden a la Rama Ejecutiva contraviene el sistema establecido por esta sección. Op. Sec. Just. Núm. 25 de 1989.
        Cuando surge una controversia entre las ramas de gobierno referente a sus poderes, la intervención judicial debe aplazarse hasta que todas las probabilidades de lograr un acuerdo se hayan agotado. La abstención judicial es necesaria para mantener el delicado balance de poderes. Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986).

      Los tribunales no deben resolver una controversia sobre el alcance del privilegio ejecutivo que presenta una compleja cuestión constitucional en el contexto de una disputa entre la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, hasta que existan las circunstancias adecuadas. Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986).

      Ni los cuerpos y órganos legislativos ni los funcionarios ejecutivos pueden convertirse en jueces de sus propios poderes. Son los tribunales los intérpretes finales de las leyes y la Constitución. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986); Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983).

      La interpretación inicial que de la Constitución haga otra rama merece deferencia, pero debe prevalecer la norma de que la determinación final corresponde a los tribunales. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

      Nuestra estructura de gobierno no permite que las ramas políticas del Gobierno se conviertan en árbitros de sus propios actos. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

      El concepto "Gobierno estatal" en su sentido genérico cubre las tres ramas, legislativa, judicial y ejecutiva. (Reiterando el criterio expuesto en las Opiniones del Secretario de Justicia de 9 de septiembre de 1953 y de 16 de julio de 1973, no publicadas.) Op. Sec. Just. Núm. 7 de 1974.

      1. Comisiones legislativas. La doctrina de separación de poderes provee al poder judicial cierta responsabilidad de velar por la conducta de las demás ramas de gobierno, pero no provee ni el poder ni el deber de actuar como árbitro entre el poder legislativo y el ejecutivo. Barceló v. Agosto, 876 F. Supp. 1332 (1995).
        Es inconstitucional una regla de una comisión legislativa que priva a las minorías de su derecho a estar representadas en una comisión legislativa. Hernández Agosto v. Betancourt, 118 D.P.R. 79 (1986).

      Los tribunales pueden intervenir para determinar las normas constitucionales mínimas que deben regir el funcionamiento de las comisiones legislativas. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

      La determinación final de una controversia sobre la validez constitucional de una regla de una comisión legislativa corresponde a los tribunales, sin que ello constituya una indebida intromisión de la Rama Judicial en los trabajos de la Asamblea Legislativa. Silva v. Hernández Agosto, 118 D.P.R. 45 (1986).

  2. §[Area geográfica].
    La autoridad política del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se extenderá a la Isla de Puerto Rico y a las islas adyacentes dentro de su jurisdicción.

    HISTORIAL

    Cartas Orgánicas de 1900, sec. 1; 1917, art. 1; Código Político, 1902, art. 3.
    Aplicación geográfica de la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, véase el art. 1 de la misma.

    "Puerto Rico", qué comprende, véase la sec. 23 del Título 31.

  3. §[Sede del gobierno].
    La, sede de gobierno será la ciudad de San Juan Bautista de Puerto Rico.


    HISTORIAL

    Cartas Orgánicas de 1900, sec. 6; 1917, art. 4; Código Político de 1902, art 14.