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Artículo 2 - 1: Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido

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  1. §[Dignidad e igualdad del ser humano; discrimen, prohibido].
    La dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana.

    HISTORIAL

    No se exigirá requisito político o religioso como condición para desempeñar cualquier cargo o puesto de confianza en el Gobierno, véase Carta Orgánica, 1917, art. 2.
    Ley de Derechos Civiles de Puerto Rico, véanse las secs. 13 a 19 del Título 1.

    Ley Federal de Derechos Civiles de 1964, véase el Título 42, U.S.C., secs. 1971 et seq.


ANOTACIONES

Análisis

  1. Nacimiento.
  2. Ideas religiosas.
  3. Contratos.
  4. Programas federales.
  5. Clasificaciones.
  6. Ideas políticas.
  7. Extranjeros.
  8. Efectividad.
  9. Interpretación.
  10. Determinación de paternidad.
  11. Credibilidad de la mujer.
  12. Detención sin orden de arresto.
  13. Discriminación.

  1. Nacimiento. La naturaleza de la filiación, como punto de estatuto personal, debe determinarse por la ley del domicilio del hijo, en el caso de autos Puerto Rico, donde no existen diferencias entre los hijos. Vega, on behalf of Morales v. Bowen, 664 F. Supp. 659 (1986).
    No viola la cláusula que prohíbe todo discrimen por razón de nacimiento u origen que consta en la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el que se niegue a una persona la inscripción de su nacimiento en el Registro General Demográfico cuando dicho nacimiento ha ocurrido fuera de Puerto Rico. León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980).

    El hijo ilegítimo de un ciudadano naturalizado de los Estados Unidos podía considerarse "hijo" a fin de naturalizarse a pesar de haber nacido fuera de matrimonio y no haber sido legitimado más tarde por el matrimonio de sus padres, porque fue reconocido por su padre como hijo natural en el acta de nacimiento. Petition for Naturalization of Fraga, 429 F.Supp. 549 (1974).

    Los efectos jurídicos que conlleva la declaración de hija en virtud de reconocimiento - de padre fallecido después del 24 de julio de 1952 - los fija la ley y la Constitución de Puerto Rico, y éstos no pueden ser coartados o limitados ni por actos del padre ni por pronunciamientos judiciales. Garzot v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 359 (1964).

    Los tribunales de Puerto Rico están impedidos de calificar, siguiendo legislaciones de otros Estados en conflictos con las nuestras, la condición de hijos en cuanto a los litigantes en un pleito. Lebrón Cruz v. Sucn. Yapor Elías, 90 D.P.R. 266 (1964).

    Las disposiciones de esta sección no son retroactivas a nacimientos ocurridos antes de su vigencia. Vázquez v. Ribicoff, 196 F.Supp. 598 (1961); Márquez v. Avilés, 252 F.2d 715 (1958), certiorari denegado por Márquez v. Avilés, 356 U.S. 952 (1958); Sánchez v. Díaz, 78 D.P.R. 811 (1955); Alvarez v. Alvarez, 77 D.P.R. 909 (1955), revocados estos dos últimos por Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 673 (1963).

    Tanto esta sección como la Ley Núm. 17 de 1952, dispositiva ésta de que todos los hijos tienen respecto a sus padres y a los bienes relictos de éstos los mismos derechos que corresponden a los hijos legítimos, no aplican a los derechos hereditarios de personas naturales nacidas antes de la vigencia de la Constitución. Abintestato de Clara Vélez, 81 D.P.R. 653 (1960), revocado por Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 673 (1963).

    Aspectos constitucionales del reconocimiento de hijos, véase Op. Sec. Just. Núm. 37 de 1956.

    Para una discusión de las disposiciones de esta sección con respecto a la igualdad de nacimiento, véase Figueroa v. Díaz, 75 D.P.R. 163 (1953). Véase también Ocasio v. Díaz, 88 D.P.R. 673 (1963).

  2. Ideas religiosas. En el estado actual de la jurisprudencia norteamericana hay base suficiente para sostener la validez de la actuación que se propone adoptar el Departamento de Salud al contratar los servicios de una enfermera que pertenece a una orden religiosa y especialmente sí se considera, al mismo tiempo, nuestra disposición constituciónal que prohíbe el discrimen, entre otros motivos, por razón de ideas religiosas. Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1967.
    Negarle a los grupos religiosos el uso de las plazas públicas, mientras se le permite a los demás grupos de la localidad, o aún a los mismos ciudadanos que forman esos grupos religiosos cuando actúan en otra capacidad que no es la de miembros de los mismos, establece claramente un discrimen en su contra que sería contrario a las disposiciones constitucionales y claramente no puede estar comprendido en la doctrina de la separación tal como ésta ha sido interpretada. Op. Sec. Just. Núm. 24 de 1956.

  3. Contratos. Es responsable un comerciante que ha expedido una tarjeta de crédito a un cliente, por aquellos actos de sus empleados que, en contextos como el presente caso, sean lesivos a la dignidad de otros seres humanos. Santiago v. Sears Roebuck, 102 D.P.R. 515 (1974).
    El sentido luminoso de nuestro orden constitucional - diseñado todo para la protección de la dignidad del ser humano - no permite la aprobación de un estatuto convirtiendo a un ser humano en un esclavo, o autorizar un contrato confiscatorio, ni alterar el fideicomiso público que constituye toda función del Estado. C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311 (1967).

  4. Programas federales. Con base en que la Constitución puertorriqueña garantiza el principio de la indiscriminación, exigido igualmente por la legislación federal, resulta no haber impedimento alguno para que el Gobernador de Puerto Rico cumpla con la formalidad de declarar que no habrá discriminación en el uso de aportaciones para el Programa de Seguridad de Tránsito. Op. Sec. Just. Núm. 27 de 1968.

  5. Clasificaciones. El análisis constitucional debe aplicarse por igual a las clasificaciones de origen legislativo y las de origen judicial para ver si infringen o no la cláusula de igual protección de las leyes. Almodóvar v. Méndez Román, 125 D.P.R. 218 (1990).
    Un tribunal debe considerar las distinciones por razón de sexo contenidas en un estatuto como clasificaciones inherentemente sospechosas, y por ende, sujetas a una rigurosa revisión judicial en materia de cuestiones constitucionales, en particular cuando dichas clasificaciones tienden a relegar a un estado legal de inferioridad a una clase con abstracción de las potencialidades y características individuales de sus miembros. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975).

  6. Ideas políticas. Los hechos básicos que permiten la inferencia de discrimen político son: (1) ausencia de un motivo racional que justifique el despido, y (2) la sustitución del empleado por otro de diferente afiliación política que resulte afín con la de la autoridad nominadora. McCrillis v. Aut. de P.R. Navieras, 123 D.P.R. 113 (1989).
    En el caso de un empleado de confianza, la autoridad nominadora tiene entera libertad para despedir, trasladar, suspender y tomar cualquier otra acción que estime pertinente, pero la condición de empleado de confianza de por sí no priva de la protección contra el discrimen político. McCrillis v. Aut. de P.R. Navieras, 123 D.P.R. 113 (1989).

    Un asistente del Gobernador de Puerto Rico no tiene derecho a inmunidad calificada contra acciones por violación de derechos civiles de empleados de baja categoría, quienes fueron despedidos por su afiliación política. Rosario Torres v. Hernández Colón, 889 F.2d 314 (1989).

    No siendo la afiliación política requisito para el cargo de coordinador regional de una agencia ya que el mismo no envuelve responsabilidad acerca del establecimiento de la política de la misma, la cesantía de la persona que ocupaba ese cargo, por motivos políticos, fue arbitraria, y en violación palmaria de la Constitución; por tanto, los funcionarios que la dictaron carecen de la inmunidad relativa y son responsables por los daños y perjuicios originados. Berberena Rosado v. Cordero Santiago, 668 F. Supp. 72 (1987).

    Los empleados de confianza gozan de la protección constitucional contra discrímenes políticos, y no habiéndose demostrado que el cargo que ocupaba el reclamante requería determinada afiliación política para su desempeño, procede su reposición. Rodríguez v. Muñoz, 603 F. Supp. 349 (1985), revocada la sentencia en cuanto a la concesión de daños y perjuicios al demandante, anulada en cuanto al resto de los pronunciamientos y devuelto el caso para ulteriores procedimientos consistentes con la opinión, 808 F.2d 138 (1986).

    La protección constitucional contra el discrimen por razón de ideas políticas no ampara a un empleado público despedido por sus creencias políticas, cuando uno de los requisitos esenciales para el desempeño del cargo es precisamente su afiliación política. Op Sec. Just. Núm. 2 de 1981.

    El Secretario Municipal puede ser despedido sin formulación de cargos ni celebración de vista y no puede invocar discrimen político para impugnar el despido. Op Sec. Just. Núm. 2 de 1981.

    Para la determinación judicial de si la afiliación política de un funcionario público es condición indispensable para el desempeño de su cargo lo determinante no es la etiqueta ni la descripción escrita de los deberes, sino la naturaleza real de las funciones que desempeña. Op Sec. Just. Núm. 2 de 1981.

    Véanse también las anotaciones bajo la sec. 1395 del Título 3.

    Un empleado público del Estado libre Asocíado no puede ser destitutido de un cargo público únicamente por causa de su filiación política. González v. González, 385 F.Supp. 1226 (1974), revocada y devuelto el caso para ulteriores procedimientos por Díaz González v. Colón González, 536 F.2d 453 (1976).

    Un alcalde no puede destituir de su trabajo en el Servicio Municipal a empleados irregulares, sin protección de permanencia bajo el Sistema de Méritos del Municipio, por motivos de sus ideas políticas en violación a esta sección. Báez Cancel v. Alcalde Mun. de Guaynabo, 100 D.P.R. 982 (1972).

    Surge una fuerte presunción de discrimen por motivo de ideas políticas de parte de un alcalde contra un grupo de empleados irregulares de clara identificación político-partidista cuando dicho funcionario los deja cesantes e inmediatamente los sustituye con otro grupo de personas de diferente filiación partidista, filiación que resulta ser la misma del alcalde. Id.

    En ausencia de un motivo racional que justifique el despido de un empleado municipal irregular de clara identificación político-partidista y su sustitución por el alcalde por otro de diferente afiliación política - que resulta ser la misma del alcalde - surge una presunción de discrimen por motivo de ideas políticas que dicho funcionario viene obligado a refutar. Tal situación impone a los tribunales la obligación de escudriñar la prueba para asegurarse que verdaderamente no hay discrimen en la actuación de la autoridad nominadora. Id.

    El hecho de que las facultades de un alcalde para emplear y despedir a un empleado irregular sea de carácter discrecional, no puede justificar, excusar o condonar el discrimen por razón de ideas políticas. Id.

  7. Extranjeros. El inciso (1) de la sec. 264 del Título 18 atenta contra los principios de igualdad ante la ley de esta sección. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472 (1989).
    Ni la disposición constitucional de Puerto Rico en el sentido de que nadie será discriminado por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social o por ideas religiosas o políticas, y que nadie será privado de la igual protección de las leyes, ni la ley que impone responsabilidad a los contratistas por defectos en la construcción de edificios, están tan relacionados con la ley que permite, con ciertas excepciones, sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos a ejercer privadamente como ingenieros civiles, y hacer que la ley del Estado Libre Asociado resulte ambigua y requiera que la corte de distrito se abstenga de conocer del fondo de la cuestión de si la exclusividad de la ley de Puerto Rico de las licencias de ingenieros civiles a favor de ciudadanos de los Estados Unidos es constitucional. Ex. Bd. of Eng., Arch. and Sur. v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976).

  8. Efectividad. Las secs. 1 y 8 del art. II de nuestra Constitución operan sin necesidad de ley que las implemente. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

  9. Interpretación. El sosiego, la paz y la tranquilidad de la vida comunitaria son parte del derecho a la dignidad e intimidad del ser humano. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).
    La renuncia al derecho constitucional a la intimidad tiene que ser patente, específica e inequívoca. Salvo por dicha renuncia el derecho a la intimidad es inviolable ya fuere por el Estado, una entidad particular o cualquier ciudadano. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986).

    El derecho a la intimidad opera ex proprio vigore y puede hacerse valer aún entre personas privadas. Igual sucede con el derecho a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano y el derecho de todo trabajador contra riesgo a su integridad personal en el trabajo. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986).

    Un estatuto válido de su faz puede resultar inconstitucional en su aplicación, en virtud de discrimen impermisible. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

    En ausencia de prueba de un patrón de evidente discrimen y abuso patente de discreción, una persona o entidad no puede justificar su violación de la ley sobre la base de que no se ha perseguido a otros infractores. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

    La sec. 1 del art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado - dignidad del ser humano - ha recibido reconocimiento comparable al de la sec. 8 del mismo artículo. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

    Las limitaciones a la libertad, cuando por necesidad, existen, deben ser expresas. Jamás deben ser tácitas. Ponce Gas Service Corp. v. J.R.T., 104 D.P.R. 698 (1976).

  10. Determinación de paternidad. Bajo las disposiciones de esta sección - que consagra como inviolable la dignidad del ser humano - se concede el derecho a una persona de su libertad sin el debido procedimiento de ley (art. II, sec. 7); en ello vaya envuelta la impugnación de su presunta paternidad. Robles López v. Guevárez Santos, 109 D.P.R. 563 (1980).

  11. Credibilidad de la mujer. Viola la dignidad del ser humano femenino así como esta sección - que veda el discrimen por razón de sexo - un estatuto que, a priori, impone trabas a la credibilidad de la mujer. Comisión de la Mujer v. Secretario de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980).

  12. Detención sin orden de arresto. La detención por parte de la Policía de personas en cualquier sitio en que se encuentren pacíficamente para conducirlas a sus cuarteles, sin orden de arresto, con el solo propósito de tomarles fotografías con fines investigativos viola las siguientes cláusulas de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: (1) la que prohíbe que se prive a una persona de su libertad sin el debido procedimiento de ley (art. II, sec. 7); (2) la que reconoce el derecho a protección contra ataques abusivos a la honra, a la reputación y a la vida privada y familiar de las personas (art. II, sec. 8); (3) la que prohíbe arrestos y allanamientos excepto por mandamiento judicial a base de una previa determinación de causa probable apoyada en juramento o afirmación (art. II, sec. 10); y (4) la relativa a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano (esta sección). Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).

  13. Discriminación. La corte federal pierde jurisdicción sobre la persona del demandado, cuando las reclamaciones por violación a la ley federal por discrimen son insustanciales, por lo que procede declarar jurisdicción pendiente en cuanto a las acciones a tenor de esta sección acumuladas a las federales. Franceschi v. Hyatt Corp., 747 F. Supp. 138 (1990).
    La jurisprudencia de la Corte Suprema federal parece indicar que cuidará de que en casos de personas afectadas por el S.I.D.A. se le brinde a la persona el beneficio de una evaluación médica responsable antes de tomarse una decisión que pueda afectar adversamente el desempeño de sus funciones o cargo, pues de otra forma se estaría discriminando contra dichas personas afectadas al no ser sometidas a una evaluación médica responsable, tal y como sería el caso cuando se trata de personas afectadas por otro tipo de impedimento. Op. Sec. Just. Núm. 42 de 1987.

    Por la cláusula constitucional que prohíbe el discrimen por razón de sexo, aquella parte de la Ley de Compensaciones por Accidentes de Automóviles que establece beneficios para una mujer que queda incapacitada para desempeñarse como ama de casa - secs. 2052(8) y 2054(3)(g) del Título 9 - debe leerse de modo que comprenda a personas de ambos sexos. Por tratarse de una clasificación sospechosa sujeta a un escrutinio estricto, se le reconocen estos beneficios tanto a hombres como a mujeres. Amador v. A.C.C.A., 117 D.P.R. 820 (1986).

    La transferencia de una profesora a un área relacionada estrechamente con su campo de especialidad, donde podría desarrollar labores en las cuales es experta, en el mismo edificio, con los mismos estudiantes prácticamente, y sin variación de salario, ubicación ni otros incidentales de su empleo no constituyeron discrimen por razón de sexo. Stitzer v. U.P.R., 617 F. Supp. 1246 (1985).

    Constituye un discrimen por razón de sexo - en cuanto a su aplicación a un miembro femenino de una familia - una tradición familiar por la cual fórmulas de elaborar un ron, alegadamente secretas, son transmitidas de padres a hijos varones. González v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 804 (1969).

    Se exige que mientras haya una o algunas mujeres, o aun la mera posibilidad de que las haya, que llenen los requisitos de empleo y estén dispuestas a desempeñarlos, no se puede coartar por razón de sexo su derecho a escoger libremente su ocupación. 2 Der. Civ. 626, n. 11 (1972-CDC-022).

    El principio constitucional que prohíbe discriminar por motivo de sexo requiere que toda persona se considere en base a su habilidad, aptitud, capacidad, preparación, mérito y esfuerzo individuales, y no en términos de supuestas características o nociones estereotipadas atribuidas genéricamente a un grupo. 2 Der. Civ. 625, n. 1 (1972-CDC-022).

    Las leyes que prohiben o establecen limitaciones al derecho de la mujer a trabajar o emplearse, o que limitan las opciones de escoger su ocupación libremente, deben derogarse y, a su vez, reexaminarse sus medidas o beneficios específicos a los fines de proveer una legislacíón que garantice a todo trabajador la igualdad de oportunidad para el disfrute de los derechos y beneficios por razón de su trabajo, porque dichas leyes son contrarias a esta sección y porque también violan la sec. 16 de la Carta de Derechos de Puerto Rico que reconoce a todo trabajador determinados derechos socio-económicos. 2 Der. Civ. 625, n. 2 (1972-CDC-022).

    La interpretación correcta de esta sección no puede ser otra que la de un mandato de que la prohibición de discrimen por motivo de sexo no puede dejarse inoperante por la acción legislativa excepto en aquellos casos en que la diferenciación legal tenga una base real en una característica físico-sexual, o que sin constituir únicamente una distinción por motivo de sexo estén fundamentados por un interés substancial comunitario en donde todas las personas que se encuentren en una misma o similar situación sean tratadas con igualdad, por lo cual este último aspecto quedará, finalmente, para el dictamen judicial según cada caso en particular. 2 Der. Civ. 597, n. 1 (1972-CDC-022).

    La prohibición de discrimen opera igualmente cuando se trata de medidas y actos que favorecen a la mujer y afectan adversamente a los varones. 2 Der. Civ. 597, n. 2 (1972-CDC-022).

    En nuestro ordenamiento jurídico, toca directamente al gobierno garantizar los derechos ciudadanos y por lo tanto debe ofrecer a las mujeres las oportunidades que puedan tener de acuerdo con los derechos que la Constitución y las leyes les reconocen. 2 Der. Civ. 586, n. 7 (1972-CDC-022).

    Existe el discrimen contra la mujer que trabaja fuera del hogar, y dentro del hogar, a pesar de que la Constitución del Estado Libre Asociado desde el año 1952 prohíbe el discrimen por razón de sexo, exige igual paga por igual trabajo y garantiza a toda persona la igual protección de las leyes. 2 Der. Civ. 585, n. 2, (1972-CDC- 022).

    Se ha de entender que el concepto de libertad civil que las esferas legislativas, ejecutivas y judiciales incorporan es la libertad dentro de una sociedad organizada democráticamente. 2 Der. Civ. 151, n. 3 (1970-CDC-015).

    Las autoridades universitarias no deben divulgar ninguna información sobre las ideas y preferencias valorativas de sus estudiantes, profesores u otros miembros de su personal, ni sobre ningún otro aspecto de su conducta como tales miembros de la comunidad universitaria en forma alguna que contribuya a discrímenes inconstitucionales "por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas," o a cualquier violación de sus derechos civiles. 1 Der. Civ. 289, n. 13 (1967-CDC-006).

    Debe prevalecer el principio de considerar individualmente a cada persona por sus méritos para la labor requerida, reconociéndose, sin embargo, que algunos cargos, por su especial naturaleza, excluyen el nombramiento de nacionalistas y comunistas. 1 Der. Civ. 143, n. 11 (1959-CDC-001).

    El Gobierno del Estado Libre Asociado debe hacer gestiones para que se apliquen en Puerto Rico las leyes federales de manera que no violen los derechos fundamentales por discrimen contra determinadas ideas políticas, específicamente, la Ley Smith, las leyes de inmigración, las censuras de las aduanas y los correos, las investigaciones del F.B.I. y la expedición de pasaportes. 1 Der. Civ. 85, n. 6 (1959-CDC-001