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Artículo 2 - 10:

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  • Registros e incautaciones; intercepción de comunicaciones telefónicas;mandamientos.

    No se violará el derecho del pueblo a la protección de sus personas, casas, papeles y efectos contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables.

    No se interceptará la comunicación telefónica.

    Sólo se expedirán mandamientos autorizando registros, allanamientos o arrestos por autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable apoyada en juramento o afirmación, describiendo particularmente el lugar a registrarse, y las personas a detenerse o las cosas a ocuparse.

    Evidencia obtenida en violación de esta sección será inadmisible en los tribunales.

    Anotaciones

    HISTORIAL

    Carta Orgánica de 1917, art. 2.

    Registros, allanamientos e incautaciones, véase la sec. 10 del Título 1.

    ANOTACIONES

    Análisis

    1. Poderes del fiscal.
    2. Arresto o registro.
    3. Cuentas bancarias.
    4. Evidencia.
    5. Descripción de la propiedad.
    6. Morada y privacidad.
    7. Interpretación.
    8. Causa probable.
    9. Cacheo ("Stop and frisk").
    10. Registro razonable.
    11. Registros incidentales al arresto.
    12. Doctrinas.
    13. Comunicaciones telefónicas.
    14. Citaciones administrativas.
    15. Confinados.
    16. Pruebas sobre sustancias controladas.
    17. Persecución en caliente.
    18. Consentimiento.
    19. Registros tipo inventario.
    20. Emergencia.
    21. Propiedad abandonada.
    22. Bloqueo de carreteras.

    1. Poderes del fiscal. Al limitar la sec. 10 del art. II de nuestra Constitución el poder de expedir órdenes de arresto a la autoridad judicial, su propósito fue privar a los fiscales de la autoridad que tenían de expedir tales órdenes - por conllevar ello la determinación de causa probable - y de aprobar fianzas. Empero, esa disposición constitucional no faculta a los acusados para examinar las declaraciones juradas que los fiscales sometieron a la consideración del magistrado que libró las órdenes de arresto y encarcelación contra ellos. López v. Tribunal Superior, 79 D.P.R. 498 (1956).

    El párrafo 3 de esta sección exige la intervención judicial previa, y la determinación anterior de un juez en cuanto a la existencia de causa probable, tan solo en casos de registros, allanamientos y arrestos, mas no en cuanto a la formulación y presentación de denuncias o de acusaciones. Pueblo v. Ortiz, 76 D.P.R. 257 (1954).

    El procedimiento señalado en 34 L.P.R.A. anteriores secs. 3 y 127, sobre formulación y presentación de acusaciones, no es contrario al párrafo 3 de esta sección. Id.

    Al proveer esta sección que sólo se expedirán mandamientos de arresto por la autoridad judicial, y ello únicamente cuando exista causa probable, y al limitar la Ley de la Judicatura de 1952, 4 L.P.R.A. sec. 1, el poder judicial a los tribunales, con ello se privó expresamente a los fiscales de su carácter de magistrados y, en consecuencia, de autoridad para expedir órdenes de arresto. Pueblo v. Tribunal Superior, 75 D.P.R. 535 (1953).

    2. Arresto o registro.

    El uso de evidencia empírica para evaluar la efectividad de un bloqueo de carreteras puede ser un instrumento adecuado para adelantar el interés público, mas la existencia de alternativas menos onerosas y lesivas puede justificar una determinación de inconstitucionalidad, con miras a que la lesión a la intimidad personal debe ser mínima. Pueblo v. Berríos, CE-93-735 (01/30/97).

    La validez de un registro consentido es una cuestión de derecho que se determinará de un análisis total de las circunstancias, en particular las características de la persona que consiente y el ambiente en el cual prestó el consentimiento. Pueblo v. Pérez Olmo, CE-95-61 (06/19/95).

    Aunque una persona conozca su derecho a no autorizar un registro sin orden, y aun cuando esté en el ejercicio pleno de sus facultades mentales, si la amenaza de los agentes de la policía unida a circunstancias intimidantes la llevan a creer que el registro es inevitable, y que en realidad no depende de su consentimiento, y accede al mismo, este registro estará viciado y es un registro irrazonable y cualquier evidencia obtenida del mismo es ilegal y debe suprimirse. Pueblo v. Pérez Olmo, CE-95-61 (06/19/95).

    Con respecto a las circunstancias apremiantes, se requiere que a la luz de la totalidad de las circunstancias, los agentes del orden público demuestren que existe urgencia para la acción policial debido a la existencia de circunstancias que impiden la obtención de la orden de arresto, y se puede considerar el riesgo para la seguridad pública y para la Policía si no se actúa con premura; la gravedad del delito imputado al sospechoso, la posibilidad de fuga y si el sospechoso genera violencia que produzca un claro e inminente peligro a la vida de los agentes. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    Cuando la incautación se haya efectuado sin una orden de un tribunal, el Estado siempre puede demostrar los hechos particulares del caso que justifiquen la intervención policial. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    Los estatutos federales de la Guardia Costanera y de Aduana y Rentas Internas no autorizan a los policías en Puerto Rico a actuar, sino solamente a los agentes de Aduana, Guardia Costanera, Rentas Internas, etc., específicamente autorizados, por lo que las autoridades locales deben actuar con la participación conjunta de los oficiales de Aduana y de la Guardia Costanera. Op. Sec. Just. Núm. 21 de 1987.

    El programa gubernamental F.U.R.A., al autorizar la intercepción o registro de vehículos sin causa probable ni orden, debe contener un esquema regulador general, vinculado a un inventario de armas y vehículos de motor, que permita la inspección general de vehículos para unos fines muy específicos y ante determinadas circunstancias en particular. Op. Sec. Just. Núm. 21 de 1987.

    Después de lo determinado en Torres v. Puerto Rico, 442 U.S. 465 (1979) y en E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197 (1984) , un registro fronterizo en puertos y aeropuertos de la Isla por las autoridades locales, sin causa probable, no tendría mucha probabilidad de validarse constitucionalmente, ya sea por conflicto con la jurisdicción federal (Torres v. Puerto Rico ) o por irrazonabilidad bajo la doctrina de Coca Cola . Op. Sec. Just. Núm. 21 de 1987.

    Para justificar el registro del ferry Puerto Rico a Santo Domingo o de los vehículos que entran o salen del ferry , sin causa probable o de acción coordinada con las autoridades federales de aduana e inmigración, sería necesario recurrir al registro administrativo sujeto a lo declarado en E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197 (1984) . Op. Sec. Just. Núm. 21 de 1987.

    La detención por parte de la Policía de personas en cualquier sitio en que se encuentren pacíácamente para conducirlas a sus cuarteles, sin orden de arresto, con el solo propósito de tomarles fotografías con fines investigativos viola las siguientes cláusulas de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: (1) la que prohíbe que se prive a una persona de su libertad sin el debido procedimiento de ley (art. II, sec. 7); (2) la que reconoce el derecho a protección contra ataques abusivos a la honra, a la reputación y a la vida privada y familiar de las personas (art. II, sec. 8); (3) la que prohíbe arrestos y allanamientos excepto por mandamiento judicial a base de una previa determinación de causa probable apoyada en juramento o afirmación (esta sección); y (4) la relativa a la inviolabilidad de la dignidad del ser humano (art. II, sec. 1). Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).

    A los fines de considerar la validez de un registro o allanamiento sin previa orden, el llamado curtilage se refiere a las "inmediaciones" de un hogar que la jurisprudencia norteamericana ha querido proteger de la aplicación de la doctrina de los campos abiertos a fin de extender la garantía contra registros irrazonables a tales lugares específicos. Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979).

    Sujeta a ciertas y limitadas excepciones, una incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez. Id.

    Examinada la prueba en el caso de autos, el Tribunal Supremo resuelve que al apelante le asistía el derecho a esperar que no se transgrediese la cerca de su finca, siendo necesario que la Policía obtuviera previamente una orden judicial de registro y allanamiento antes de penetrar en dicha propiedad y ocupar cierta prueba incriminatoria para el acusado. Id.

    Obedecen los requisitos requeridos por la Regla 6(b) de las de Procedimiento Criminal para la expedición de una orden de arresto, al mandato contenido en esta sección y de la Cuarta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Pueblo v. De la Cruz, 106 D.P.R. 378 (1977).

    La medida en que la protección de esta sección se extiende a un vehículo de motor - protección contra registros e incautaciones ilegales - ha de determinarla un tribunal usando como criterio el derecho a la intimidad ( right to privacy ). Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976).

    El derecho de intimidad ( privacy ) que ofrece protección contra registros e incautaciones ilegales - no se da ni se reconoce en un automóvil robado sin que importe que el acusado no haya admitido el hurto, si éste resulta probado en el juicio. Id.

    No es permisible un registro sin orden de allanamiento, aunque sea contemporáneo con un arresto válido, de aquellos lugares y muebles de una casa que no están al alcance inmediato de la persona arrestada. Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971).

    Serias violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito, 9 L.P.R.A. secs. 301 et seq ., y al Código Penal, 33 L.P.R.A. anteriores secs. 1 et seq . - mas no meras infracciones menores de tránsito - autorizan a la policía a proceder al registro de un vehículo de motor sin orden de allanamiento. Rolón v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 662 (1968).

    La mera comisión de una infracción menor de tránsito no autoriza a un agente de orden público a registrar un vehículo de motor sin mandamiento judicial al efecto. Pueblo v. De Jesús Franqui, 96 D.P.R. 643 (1968).

    La mera sospecha de un agente de orden público de que un vehículo de motor podía haber sido hurtado, fundada dicha sospecha en que estaba abierto y tenía puesta la llave en la ignición, no justifica su registro sin el correspondiente mandamiento judicial al efecto, máxime cuando dicho agente no tenía sospechas de que el vehículo en cuestión se utilizara para transportar drogas o algún otro material delictivo. Id.

    La garantía constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre el registro de estructuras abandonadas, ni la incautación de evidencia que es abandonada o arrojada por una persona. Pueblo v. Erausquín Martínez, 96 D.P.R. 1 (1968).

    No es necesaria una orden judicial para que la policía arreste válidamente a una persona cuando ésta es sorprendida sosteniendo en una de sus manos un sobrecito de los conocidos como "deck" dentro de una estructura deshabitada. Id.

    Es legal el arresto y registro de una persona por agentes del orden público cuando éstos tienen motivos fundados para creer que dicha persona habla cometido un delito en su presencia. Cualquier evidencia producto de dicho arresto y registro es admisible en evidencia. Pueblo v. Acevedo González, 95 D.P.R. 355 (1967).

    Es legal el registro de un automóvil cuando su conductor no se detiene allí donde había una señal de "Pare" - con motivo de lo cual iba a provocar un accidente con otro vehículo - y al ser detenido por la policía, trata de huir, constituyendo dichas circunstancias una justificación para el registro efectuado. Pueblo v. Aguirre Torres, 91 D.P.R. 888 (1965); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

    La garantía establecida por esta sección protege a la ciudadanía contra un registro que, aunque legal, sea irrazonable. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

    El mero hecho de que concurra un arresto legal no convalida ipso facto un registro o una incautación sin orden. Id.

    Se examina la evidencia para concluir que el registro del automóvil en este caso se hizo muy remotamente en tiempo y lugar para que se considere como incidental al arresto del conductor de dicho vehículo - ya que dicho registro no fue realizado para evitar la fuga del acusado, ni un ataque o agresión a quienes le habían detenido, o la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito - por lo que dicho registro sin mandamiento judicial al efecto fue uno irrazonable en violación de esta sección. Id.

    La incautación por un oficial del orden público de evidencia que es arrojada dentro de una plantación de canas - una lista utilizada en relación con el juego ilegal de la bolita lanzada por un hijo del acusado que viajaba con éste en un automóvil - es admisible en evidencia, y dicha incautación no constituye un registro ilegal. Pueblo v. Colón Colón, 88 D.P.R. 187 (1963).

    A partir de la aprobación de la Constitución de Puerto Rico un oficial del orden público sólo puede arrestar a un ciudadano, sin una orden de arresto expedida por autoridad judicial competente, cuando lo sorprenda cometiendo un delito in fraganti. (Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206 (1954), seguido.) Rodríguez v. Secretario de Obras Públicas, 86 D.P.R. 258 (1962).

    Siendo el arresto de una persona sin un mandamiento expedido por autoridad competente la excepción y no la regla general, a menos que se haga siguiendo estrictamente las disposiciones de ley, el arresto se convierte en uno ilegal. Rodríguez v. Secretario de Obras Públicas, 86 D.P.R. 258 (1962); Pueblo v. Santiago, 78 D.P.R. 659 (1955).

    Aun cuando una residencia tenga salida directa a un establecimiento con licencia para el expendio de bebidas embriagantes, no procede un registro a menos que el mismo sea consecuencia de un arresto válido o que esté sancionado por lo previa determinación, por un magistrado, de causa probable para el registro. Op. Sec. Just. Núm. 52 de 1956.

    El derecho del ciudadano contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables, está asegurado en Puerto Rico por la Constitución, por la Ley de 27 de febrero de 1902 y por el Código de Enjuiciamiento Criminal. Id.

    La frase "fuera de situaciones de delito in fraganti determinadas por la ley penal" hallada en el informe rendido por la Comisión sobre la Carta de Derechos a la Asamblea Constituyente con respecto a esta sección, se refiere a delitos públicos cometidos en presencia de un oficial del orden público, a sea, aquellos casos donde dicho oficial sorprende al transgresor o al infractor en el momento mismo en que está cometiendo el delito. Pueblo v. Soto, 77 D.P.R. 206 (1954).

    3. Cuentas bancarias. Siendo la relación entre un contribuyente que tiene su cuenta bancaria en un banco y este último una de acreedor y deudor y los libros y récords del banco propiedad de éste, el contribuyente carece de interés en la propiedad de esos documentos y no está protegido por las disposiciones constitucionales contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables garantizados por la sec. 10 del art. II de nuestra Constitución y la enmienda IV de la Constitución de los Estados Unidos. Secretario de Hacienda v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 666 (1960).

    En el examen de libros, récords y otros documentos por el Secretario de Hacienda a los fines de determinar la corrección de planillas rendidas, la base constitucional de la objeción de contribuyentes de que ello viola su derecho constitucional a la protección contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables sería la irrazonabilidad, impertinencia o ausencia de necesidad de la pesquisa interesada. Atendidos el alcance y propósito de la investigación a llevarse a cabo, la clase de documentos a ser examinados, la naturaleza de las transacciones envueltas en la investigación y la especificación de los períodos de tiempo y de los contribuyentes a que la investigación se refiere, no cabe negar la razonabilidad, pertinencia y necesidad de la pesquisa en el caso. Id.

    Es improcedente que un tribunal considere problemas de orden constitucional que puedan surgir o que son concebibles cuando el Secretario de Hacienda ejercita sus poderes de investigación bajo esta sección en casos distintos al que toca resolver. Id.

    4. Evidencia. Aunque una persona conozca su derecho a no autorizar un registro sin orden, y aun cuando esté en el ejercicio pleno de sus facultades mentales, si la amenaza de los agentes de la policía unida a circunstancias intimidantes la llevan a creer que el registro es inevitable, y que en realidad no depende de su consentimiento, y accede al mismo, este registro estará viciado y es un registro irrazonable y cualquier evidencia obtenida del mismo es ilegal y debe suprimirse. Pueblo v. Pérez Olmo, CE-95-61 (06/19/95).

    Una incautación sin orden judicial produce una presunción de invalidez sujeta a ciertas y limitadas excepciones. Pueblo v. Vázquez Méndez, 117 D.P.R. 170 (1986).

    Es inadmisible en un tribunal evidencia obtenida en violación al art. II, sec. 10 de la Constitución de Puerto Rico. Pueblo v. González Rivera, 100 D.P.R. 651 (1972).

    La garantía constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre estructuras abandonadas ni la incautación de evidencia que es abandonada o arrojada por una persona. Pueblo v. Arroyo Ramírez, 96 D.P.R. 576 (1968).

    La garantía constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre la incautación de una evidencia que es abandonada o arrojada por una persona. Pueblo v. Morales Soler, 94 D.P.R. 384 (1967); Pueblo v. Saura Gómez, 90 D.P.R. 801 (1964); Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450 (1961).

    Es inadmisible en evidencia la confesión - o cualquier manifestación - prestada por un acusado luego de haberse efectuado un registro ilegal de su persona o pertenencias durante el cual se ocuparon los frutos del delito cuya comisión se le imputa, siempre y cuando dicho acusado establezca - como en cualquier otro incidente de supresión de evidencia ilegalmente obtenida - que la misma fue inducida por el resultado del registro ilegal, por la confrontación con sus "frutos". Pueblo v. Rodríguez Rivera, 91 D.P.R. 456 (1964).

    Es admisible en evidencia una confesión o manifestación del acusado prestada después de un registro ilegal, cuando el ministerio fiscal puede establecer que tuvo conocimiento de los hechos relacionados con el acusado por una fuente independiente, y no a través del registro ilegal de su persona o pertenencias. Id.

    Ni del examen directo, ni del interrogatorio de los testigos de cargo, surge la ilegalidad del registro del acusado que haga inadmisible en evidencia los objetos que le fueron ocupados. Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146 (1964).

    En ausencia de circunstancias especiales - esto es, de la existencia de una justificación adecuada para ello - la mera comisión de una infracción menor de tránsito por el conductor de un vehículo de motor no autoriza un registro del vehículo sin mandamiento judicial. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

    Cuando la única evidencia que conecta al acusado con la comisión de los delitos que se le imputaron fue obtenida mediante un registro irrazonable - y en el acto del juicio se objeta por la defensa la admisión de tal evidencia - ésta no es admisible por mandato constitucional, y procede declarar la absolución del acusado. Id.

    La garantía constitucional contra allanamientos y registros ilegales no cubre la incautación de una evidencia que es abandonada o arrojada a un campo abierto, como lo es una vía pública. Pueblo v. Del Valle, 83 D.P.R. 457 (1961); Pueblo v. González Charón, 83 D.P.R. 450 (1961).

    5. Descripción de la propiedad. El aditamento en una orden de allanamiento para ocupar un revólver, a los efectos de que además de dicha arma se buscara "cualquier otra prenda o artículo poseído en contravención de la ley", aunque no produce la nulidad integral de la orden de allanamiento, carece de valor legal por contravenir lo dispuesto en esta sección y en las Reglas 229 y 231 de las de Procedimiento Criminal, Ap. II del Título 34. Flores Valentín v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 805 (1965).

    Constituye un ilegal embargo policiaco de bienes muebles ajenos el que agentes de orden público que practican el registro de un negocio - bajo la presunta autoridad contenida en la orden de allanamiento de buscar cualquier otra prenda o artículo poseído en contravención de la ley - se incauten para investigación por no haberse justificado su procedencia de mercancía, artículos y objetos que en nada se parecen al artículo que dichos agentes debían ocupar según la orden de allanamiento, cuando dicha mercancía, artículos y objetos nada tienen que ver con la anterior o actual comisión de delito alguno, no estando prohibida por ley su posesión material. Id.

    6. Morada y privacidad. El simple hecho de ser un invitado para pasarse la noche en una residencia es suficiente para demostrar que dicho invitado tiene una legítima expectativa de que su privacidad no será perturbada por otra persona que no sea su anfitrión y aquéllos a quien éste autorice a entrar a la residencia. Pueblo v. Ramos Santos, CR 90-10 (12/23/92).

    La expectativa de intimidad de un huésped no incluye el que su anfitrión no pueda permitir que otros, legítimamente, entren a su propiedad y registren. Pueblo v. Ramos Santos, CR 90-10 (12/23/92).

    La protección constitucional se extiende a la zona compuesta por el terreno y las estructuras accesorias que junto a la casa constituyen una unidad de vivienda. Sin embargo, como parte de su función investigativa, la Policía puede entrar en áreas del curtilage de una residencia que esté implícitamente abierto al público, con el propósito de conversar con los ocupantes de la residencia o procurar a alguna persona. Pueblo v. López López, C.A. 91-72 (1991); Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    Para determinar si una persona a ser registrada tiene una expectativa razonable de intimidad deben considerarse los siguientes criterios: (1) el lugar registrado o allanado; (2) la naturaleza y grado de intrusión de la intervención policíaca; (3) el objetivo o propósito de la intervención; (4) si la conducta de la persona era indicativa de una expectativa subjetiva de intimidad; (5) la existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o la visibilidad al lugar registrado; (6) la cantidad de personas que tienen acceso legítimo al lugar registrado, y (7) las inhibiciones sociales relacionadas con el lugar registrado. Pueblo v. Ríos Colón, C.A. 91-63 (1991).

    Un participante del Cuerpo de Voluntarios al Servicio de Puerto Rico abriga una expectativa razonable de intimidad en las habitaciones de dicho recinto pues, aunque no es exactamente una extensión del dormitorio de su hogar, participa de características que lo asemejan. Por no ser el dormitorio de su hogar y por tener la institución un válido interés en su reglamentación, las habitaciones del programa pueden estar sujetas a normas válidas que permitan la intervención de los funcionarios de la institución para fines legítimos siempre y cuando de su faz sean razonables y en su implantación éstos actúen razonablemente. Pueblo v. Ríos Colón, C.A. 91-63 (1991).

    El análisis para determinar si una entrada de agentes constituye un registro irrazonable dependerá de si la persona tiene una expectativa razonable de intimidad en esa zona, y deben considerarse los siguientes criterios: (1) El lugar registrado o allanado; (2) la naturaleza y grado de intrusión de la intervención policíaca; (3) el objetivo o propósito de la intervención; (4) si la conducta de la persona era indicativa de una expectativa subjetiva de intimidad; (5) la existencia de barreras físicas que restrinjan la entrada o la visibilidad al lugar registrado; (6) la cantidad de personas que tienen acceso legítimo al lugar registrado, y (7) las inhibiciones sociales relacionadas con el lugar registrado. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    Es razonable pensar que la expectativa de intimidad en el interior de una residencia es mayor y aumenta si las ventanas están entreabiertas o cerradas. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    Existen cuatro factores para determinar la extensión del curtilage : (1) La proximidad de la casa a la zona que se alega que compone el curtilage . Si la zona está muy próxima a la casa o residencia, este hecho por sí solo hace mucho más probable que el área sea considerada como curtilage ; (2) si el área se encuentra dentro de los linderos de la casa; (3) la naturaleza y el uso que se le da a esa zona; (4) las medidas que haya tomado el residente para proteger esta zona de observaciones que puedan hacer los transeúntes que por allí pasan. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    Los ciudadanos que residen en condominios tienen derecho razonable de abrigar que su intimidad se respete en un grado comparable al de los habitantes en residencias tradicionales. Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984).

    Un residente en condominio, en virtud de su expectativa razonable, espera que por los pasillos y otras áreas comunes de su edificio transiten únicamente otros condueños y personas invitadas. Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984).

    Cuando la vigilancia exterior por agentes del orden público es insuficiente, la Policía puede acudir ante un magistrado y obtener, tras el trámite de rigor, autorización para penetrar en las áreas comunes de la propiedad para establecer puntos de observación satisfactorios. Salvo imperiosidad de actuar inmediatamente, debe obtenerse la orden o autorización judicial antes de penetrar en las zonas protegidas bajo el derecho a la intimidad. Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984).

    Cuando el administrador de un edificio, su delegado u otro inquilino autorice la entrada a un condominio, varios tribunales reconocen entonces que la actuación de la Policía al vigilar áreas comunes es legítima. Pueblo v. Pérez Pérez, 115 D.P.R. 827 (1984).

    Es el objetivo de la garantía constitucional contra registros y allanamientos irrazonables el negarle a los gobiernos mejor intencionados medios eficaces y aun aparentemente indispensables para lograr objetivos meritorios en aras de proteger la libertad individual de los ciudadanos. Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979).

    La interpretación de la garantía contra registros y allanamientos ilegales de esta sección no ha sido ni tiene que ser históricamente paralela en todo sentido a la Enmienda Cuarta a la Constitución de Estados Unidos en la cual aquélla se funda. Id.

    Un tribunal, al analizar controversias relativas a la protección contra registros y allanamientos debe - una vez determine que el acusado tiene capacidad para invocar el privilegio - determinar primero si le era posible al Estado obtener una orden judicial sin comprometer la eficacia del registro o la seguridad de sus agentes para luego determinar la razonabilidad del registro si es que el Estado establece que podía actuar sin orden judicial. Id.

    En la aplicación de la disposición constitucional contra registros e incautaciones ilegales, un tribunal debe observar la norma general de que la protección contra registros irrazonables tiene un costo social que ha de medirse en cada caso por el grado de obstrucción que enfrenta a la investigación criminal y por su efecto frustrante del propósito central del juicio que es buscar y fijar la verdad. Pueblo v. Domínguez Praguada, 105 D.P.R. 537 (1977).

    La privacidad no sigue a los documentos como una sombra. Termina una vez que la persona los expone voluntariamente a la vista y conocimiento del público. Id.

    Es el propósito esencial de esta sección - protección contra registros e incautaciones ilegales - el proteger el derecho a la vida íntima y no el de propiedad. Dicha disposición constitucional constituye una protección contra invasiones de la santidad del hogar y la intimidad ( privacies ) de la vida. Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976).

    A los fines de esta sección - protección contra registros e incautaciones ilegales - hay una diferencia constitucional entre hogares y automóviles. Id.

    No es objeto de protección por esta sección - registros o incautaciones ilegales - lo que una persona a sabiendas expone a la vista pública, aun en su propio hogar u oficina. Id.

    La garantía constitucional sobre la inviolabilidad de la casa de un ciudadano no protege la inviolabilidad de una letrina de una casa deshabitada en la que penetraron tres intrusos. Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146 (1964).

    Esta sección consagra la inviolabilidad de la morada de un ciudadano. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

    La disposición de la Constitución de Puerto Rico que garantiza la inviolabilidad de la morada de un ciudadano debe ser objeto de una interpretación liberal por parte de los tribunales. Id.

    7. Interpretación. La garantía contenida en esta sección cubre tanto los registros administrativos como los penales. Pueblo v. Rosario Iguartúa, C.A. 92-21 (1992).

    Esta sección tiene tres objetivos básicos: proteger la intimidad y dignidad de los seres humanos, amparar sus documentos y otras pertenencias, e interponer la figura de un juez entre los funcionarios públicos y la ciudadañia para ofrecer mayor garantía de razonabilidad a la intrusión. Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991).

    El examen específico y personal bajo la Regla 231 de Procedimiento Criminal no es un requisito constitucional. Pueblo v. Rivera Rodríguez, 123 D.P.R. 467 (1989).

    La garantía constitucional contra registros y allanamientos ilegales no cubre la incautación de evidencia abandonada o arrojada por una persona a la vía pública. Pueblo v. Ortiz Martínez, 116 D.P.R. 139 (1985).

    Las opiniones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos relativas a la Enmienda Cuarta sólo tienen el alcance en nuestra jurisdicción de indicar el contenido mínimo de esta sección. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197 (1984).

    En un caso criminal federal la Federal Omnibus Crime Control Act se aplica por encima de la prohibición de interceptar comunicaciones telefónicas de la Constitución de Puerto Rico. Por tanto, unas grabaciones de conversaciones por teléfono hechas al amparo de aquella ley federal, no pueden considerarse obtenidas ilegalmente fundándose en dicha Constitución, que no es una ley federal. United States v. Pérez, 465 F.Supp. 1284 (1979).

    La prohibición constitucional de interceptar las comunicaciones telefónicas, que es ley suprema para el Estado Libre Asociado y sus tribunales, no es aplicable, ni como ley ni como fundamento, para atacar la política legislativa del Congreso de los Estados Unidos en materias de su exclusiva jurisdicción, entre las que se encuentra la Federal Omnibus Crime Control Act, que contiene preceptos que autorizan la intercepción de esas comunicaciones y el ponerlas de manifiesto como evidencia, y los cuales son expresamente aplicables en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Id.

    El Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene facultad para expandir la garantía contra registros y allanamientos ilegales más allá de los límites de la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

    Se extiende la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables al solar y predio que junto a una caso constituye la unidad de vivienda, así como a las edificaciones accesorias a ésta. Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974).

    No hay allanamiento ilegal por el hecho de que un agente de la policía haya penetrado los linderos de una propiedad en funciones investigativas para conversar con los ocupantes de la residencia, y si en el transcurso de esta actividad legítima el agente observa dentro de la residencia a través del umbral la comisión de un delito, el arresto y el registro incidental es válido, siempre que concurra por lo menos uno de los propósitos enumerados en Pueblo v. Costoso Caballero, 100 D.P.R. 147 (1971). Id.

    El propósito del tercer párrafo de esta sección es garantizar la privacidad del ciudadano y limitar el ámbito de un registro. Dicha disposición constitucional protege a la persona, a su hogar y a sus pertenencias de incautaciones arbitrarias. Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 517 (1969).

    Las disposiciones de esta sección no tienen aplicación a una determinación administrativa discrecional hecha por el Ejecutivo en primera instancia revocando un perdón condicional concedido a un convicto en el uso de su autoridad constitucional, revocación hecha conforme a los términos del propio documento de indulto. Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 91 D.P.R. 303 (1964).

    El concepto casa contenido en esta sección no se circunscribe al sitio donde se tiene constituido el hogar. La protección que ofrece al ciudadano dicha disposición constitucional es mucho más amplia. Pueblo v. Díaz Cintrón, 91 D.P.R. 146 (1964).

    La protección constitucional contra registros, incautaciones y allanamientos irrazonables se extiende a un vehículo de motor. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

    8. Causa probable. Para poder penetrar en la casa de un tercero con el propósito de arrestar a un sospechoso sin una orden de allanamiento previa, los agentes del orden público deben obtener suficiente información para creer que el sospechoso se encuentra en casa del tercero y deben demostrar que, a la luz de las circunstancias, sería irrazonable ir en búsqueda de una orden de allanamiento. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    Cuando los agentes tengan sospecha fundada para creer que un viajero oculta narcóticos en su equipaje pueden someterlo al olfateo canino, siempre que la detención sea por el tiempo mínimo necesario para disipar la sospecha; y si la prueba canina arroja un resultado positivo, ello satisface el requisito de causa probable necesario para conseguir una orden judicial. Op. Sec. Just. Núm. 21 de 1987.

    Sin la correspondiente orden, es ilegal el registro de un hogar por el mero hecho de que exista causa probable para creer que objetos sujetos a allanamiento se encuentran en el mismo. Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734 (1981).

    Un magistrado podrá expedir mandamientos autorizando registros cuando exista causa probable de que se esté cometiendo un delito en el sitio a ser registrado. Pueblo v. Tribunal Superior, 91 D.P.R. 19 (1964).

    Al determinar causa probable de que se está cometiendo un delito, para la expedición de un mandamiento autorizando registros, un tribunal no está llamado a establecer si la ofensa que se imputa a un ciudadano fue verdaderamente cometida, debiendo sólo determinar si el deponente en la correspondiente declaración jurada que sirve de base al mandamiento, tuvo base razonable - al momento de prestar su declaración jurada y haberse librado la orden de registro - para creer que se estaba violando la ley en el lugar a ser allanado. Id.

    Si los hechos aparentes que se desprenden de una declaración jurada ofrecida como base para la expedición de una orden autorizando un registro son de tal naturaleza que una persona prudente y razonable pudiera creer que se ha cometido la ofensa imputada, hay la causa probable que justifica la expedición de dicha orden. Id.

    Al determinar causa probable de que se esté cometiendo un delito, base para la expedición de una orden de allanamiento, un tribunal debe tomar en cuenta consideraciones prácticas y reales que surgen en la vida cotidiana a base de las cuales actúan hombres prudentes y razonables y no técnicos en el derecho. Id.

    Como regla muy general, no debe expedirse una orden de allanamiento - por no existir la causa probable de que se está cometiendo un delito que requiere esta sección - cuando ha transcurrido un lapso de más de 30 días entre la fecha de la solicitud de dicha orden y la fecha de la declaración jurada que le sirve de base. Id.

    9. Cacheo ("Stop and frisk"). No procede la supresión de evidencia cuando la corroboración no se limita a ver si la conducta observada es inocente o incriminatoria, sino que evalúa el grado de sospecha que conllevan todos los actos de la persona y el resultado lleva a incautar el material que la misma informaba. Pueblo v. Pérez Olmo, CE-95-61 (06/19/95).

    Una confidencia no corroborada no constituye causa probable para emitir una orden de allanamiento, pero sí es suficiente para sostener la incautación de cierta evidencia, la confidencia que indica la presencia de alguna actividad sospechosa, unida a la corroboración por observación de los oficiales de la policía. Com. Electoral P.I.P. v. C.E.E., CE-93-243 (04/18/95).

    Si puede un agente del orden público realizar un cacheo ( stop and frisk ) de un sospechoso sin una orden de arreste, aun cuando una confidencia en cuanto al sospechoso, que no tenga signos de confiabilidad, ha sido investigada, o cuando un confidente creíble advierte al agente del orden público de un crimen específico que está a punto de cometerse, o aun cuando no exista causa probable para el arresto del sospechoso, si el agente tiene motivos razonables para creer que el sospechoso está armado y que puede ser peligroso, véase Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

    10. Registro razonable.

    Detener a los conductores cuando salen de sus residencias a tempranas horas de la mañana, en sus propias comunidades, para revisar sus licencias de conducir y de registro infringe el derecho a la intimidad, más aún cuando el bloqueo de carreteras no forma parte de un plan estructurado bajo guías neutrales. Pueblo v. Berríos, CE-93-735 (01/30/97).

    Una persona que se encuentra ilegalmente en un sitio no tiene legitimación activa para reclamar el derecho contra un registro irrazonable garantizado constitucionalmente, pues no tiene expectativa de intimidad alguna, y el peso de probar que estaba legalmente en dicho sitio le corresponde al acusado. Pueblo v. Ramos Santos, CR 90-10; 12/23/92.

    Exigirle a los agentes del orden público la obtención de una orden de allanamiento antes de investigar brevemente una conducta sospechosa que ocurre frente a ellos en una zona aledaña a propiedad abierta al público, y que no tiene signos evidentes que reflejen una expectativa razonable de intimidad, constituiría una restricción irrazonable del patrullaje preventivo. Pueblo v. López López, C.A. 91-72 (1991).

    No resulta objetable que la Policía pueda acercarse a un lugar accesible a cualquier persona para averiguar la identidad del dueño de un vehículo que estaba siendo desmantelado en un lugar totalmente visible desde la vía pública. Pueblo v. López López, C.A. 91-72 (1991).

    La razonabilidad de la intrusión en el caso de un estudiante se debe medir a la luz de la edad, sexo, su historial en la escuela, la naturaleza de la supuesta infracción cometida, el tipo de problema que enfrenta la escuela, las oportunidades de previamente obtener una orden de allanamiento y la existencia de una confidencia así como la confiabilidad de la información dada por el confidente. Pueblo v. Ríos Colón, C.A. 91-63 (1991).

    Para determinar la razonabilidad de un registro realizado en una institución estatal de estudio, adiestramiento y trabajo para jóvenes ha de considerarse: (1) si en su origen la interacción con la persona en el lugar a ser registrado estuvo justificado, y (2) si el alcance o amplitud del registro estaba razonablemente relacionado con las circunstancias que justificaron la intervención. Pueblo v. Ríos Colón, C.A. 91-63 (1991).

    La norma fundamental para determinar la razonabilidad de un registro consiste en establecer un balance entre el interés de la persona afectada en su derecho a la intimidad y el interés legítimo del Estado que motiva su intervención en dicho derecho. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1987; Op. Sec. Just. Núm. 28 de 1987.

    La protección constitucional contra registros irrazonables es aplicable tanto a casos criminales como a casos administrativos, y su propósito es evitar una intromisión arbitraria en el derecho a la intimidad de la persona afectada, por lo que en algunos casos se ha requerido una determinación previa de causa probable, o por lo menos de sospecha razonable individual, y una orden judicial para poder sostener la validez de un registro. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1987.

    Una incautación sin orden judicial previa produce una presunción de invalidez sujeta a ciertas y limitadas excepciones, entre las que figuran: (1) el registro incidental a un arresto legal; (2) el registro de un vehículo de motor, barco o vagón cuando existe causa probable para creer que se transporta mercancía de contrabando o prohibida por ley; (3) cuando el vehículo ha sido confiscado y el registro posterior del vehículo está relacionado con la razón por la cual se arrestó a su ocupante; (4) cuando la propiedad a ser incautada está en proceso de destrucción o en inminente riesgo de ser destruida; (5) cuando las exigencias de las circunstancias hacen imperativo proceder a un registro previo al arresto como cuando de no efectuarse el registro se pone en peligro la vida de los agentes o de otras personas, y (6) cuando se da consentimiento para el registro o se renuncia al derecho constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. Rivera Rivera, 117 D.P.R. 283 (1986).

    No procede que se impugne la toma de muestras de sangre a un confinado sin previa orden judicial cuando éste ha consentido a ello válidamente y no bajo coacción. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    El grado de intrusión con la intimidad y dignidad del intervenido es generalmente más intenso en los registros penales que en los administrativos. Esta distinción justifica estándares diferentes menos rigurosos para fijar la naturaleza de la prueba necesaria para establecer causa probable en casos de registros administrativos. Mientras éstos adquieran más visos de carácter penal, sin embargo, más se acercarán los dos géneros de registro. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    Como regla general, todo registro, allanamiento o incautación que se realice, no importa su índole penal o administrativa, es irrazonable per se de llevarse a cabo sin orden judicial previa. La regla general prevalece, a menos que se consienta al registro, directa o indirectamente, o que circunstancias de emergencia requieran lo contrario y el peso de los intereses en conflicto exija una solución distinta. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    La garantía contra los allanamientos, registros e incautaciones irrazonables de esta sección se extiende a los establecimientos comerciales, sean o no propiedad de corporaciones. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197 (1984).

    Existen diferencias entre el registro criminal y el administrativo, y aun entre clases de registros administrativos. Esas diferencias son mayormente en cuanto al estándar de causa probable que sirve de base a una orden judicial de registro o allanamiento. En el sector administrativo se justifica una visión más flexible de la garantía constitucional en lo que respecta a la forma de medir la causa probable. E.L.A. v. Coca Cola Bott. Co., 115 D.P.R. 197 (1984).

    Véanse también las anotaciones bajo la sec. 272 del Título 10.

    Es razonable el registro de un sospechoso y su vehículo, incidental a un válido arresto sin la correspondiente orden, cuando se realiza como una medida realista encaminada a la protección del agente o de terceras personas. Pueblo v. Díaz Díaz, 106 D.P.R. 348 (1977).

    Examinadas las circunstancias concretas descritas en la opinión que se relacionan con el arresto legal del apelante en el caso de autos, el Tribunal Supremo concluye que fue razonable la actuación del agente de la policía registrando el automóvil del apelante e incautándose de paquetes de marihuana y que no se violaron los derechos del apelante bajo las disposiciones de esta sección. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

    Un registro incidental a un arresto legal tiene que ser razonable. Pueblo v. Polanco Marcial, 95 D.P.R. 470 (1967).

    En ausencia de prueba de que un registro incidental a un arresto legal se realizó por la necesidad de ocupar armas u otros objetos que puedan utilizarse para evitar a escapar a la detención, o para evitar la destrucción, desaparición u ocultación de evidencia relacionada con la comisión de un delito por el cual se detiene a un sospechoso, o para impedir o malograr un ataque o agresión al que practica la detención, dicho registro es irrazonable, siendo procedente suprimir sus frutos. Pueblo v. Polanco Marcial, 95 D.P.R. 470 (1967); Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

    El registro de un automóvil tras haberse arrestado al conductor por guiar en estado de embriaguez, y sin previamente haberse obtenido un mandamiento judicial de registro, no es razonable cuando dicho registro: tiene lugar en ausencia del acusado, cuando y éste había sido arrestado y se encontraba bajo custodia policíaca, en un lugar distinto y apartado de aquél en que se hallaba el vehículo. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

    Un registro no se convierte en razonable por el mero hecho de que se ocupe evidencia que tienda a establecer la comisión de un delito. Id.

    11. Registros incidentales al arresto. No se justifica el registro total de un hogar donde se encuentra un sospechoso o acusado por el mero hecho de que los agentes policíacos tengan una orden de arresto válida para arrestar a dicho acusado. Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734 (1981).

    Examinada la prueba en el caso de autos el Tribunal Supremo concluye que, en ausencia de la correspondiente orden, no puede justificarse el allanamiento del apartamiento donde residía el acusado, bajo la jurisprudencia que permite registros incidentales a un arresto legal. Pueblo v. Turner Goodman, 110 D.P.R. 734 (1981).

    En esta jurisdicción no rige la doctrina de que es válido todo registro fue sea incidental a cualquier arresto legalmente efectuado. Pueblo v. Dolce, 105 D.P.R. 422 (1976).

    Aun cuando el arresto de una persona sea legal, ello no convalida una incautación y registro incidental de cosas y personas a menos que, de la atmósfera total del caso, un tribunal quede convencido de la existencia de circunstancias especiales adicionales que provean la justificación necesaria para la incautación y el registro, esto es, la razonabilidad de dicha incautación y registro. Id.

    No es necesaria una orden judicial para incautarse de un automóvil y examinarlo cuando las circunstancias bajo las cuales se realiza dicha incautación, induce en un policía la fundada creencia de que se hallaba frente a la evidencia física de un delito de hurto mayor. Tampoco la necesita para arrestar a la persona en posesión del mismo. Pueblo v. Vargas Delgado, 105 D.P.R. 335 (1976).

    Arrestados legal y válidamente tres sospechosos por la policía dentro de una letrina de una casa abandonada, es legal el registro incidental de dicha letrina realizado por los agentes del orden público. Pueblo v. Torres Resto, 102 D.P.R. 532 (1974).

    Un registro incidental a un arresto legal se puede extender a la persona arrestada y a los lugares ( premises ) y cosas bajo su control. Id.

    Un registro incidental al arresto legal de una persona y el registro del vehículo en que viaja se justifica por la necesidad de ocupar armas y otros objetos que puedan utilizarse para escapar a la detención, así como por la necesidad de evitar la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito o para impedir o malograr un ataque o agresión al que practica la detención. Rolón v. Tribunal Superior, 96 D.P.R. 662 (1968).

    La regla que permite los registros contemporáneos a un arresto legal se justifica por: (a) la necesidad o conveniencia de ocupar armas y otros objetos que puedan ser utilizados para atacar a un agente del orden público o para llevar a cabo una fuga, y (b) la necesidad y conveniencia de evitar la destrucción de evidencia. Pueblo v. Riscard, 95 D.P.R. 405 (1967).

    Cuando un acusado ha sido arrestado y colocado bajo custodia, un registro hecho en otro lugar sin un mandamiento judicial, simplemente no es un registro incidental al arresto. Pueblo v. Sosa Díaz, 90 D.P.R. 622 (1964).

    La regla de derecho que autoriza registros coetáneos con un arresto legal - lo que implica una ausencia de mandamiento judicial de registro - se justifica: (a) por la necesidad de ocupar armas u otros objetos que puedan utilizarse por el acusado para escapar a la detención, (b) por la necesidad de evitar la destrucción de evidencia relacionada con la comisión del delito, y (c) para evitar un ataque o agresión a quienes detengan al acusado. Id.

    12. Doctrinas. La doctrina de la prueba a plena vista, la doctrina de prueba hallada en campo abierto y la doctrina de prueba abandonada por un acusado - las cuales justifican un válido registro o allanamiento sin previa orden judicial - se explican y distinguen en la opinión. Pueblo v. Lebrón, 108 D.P.R. 324 (1979).

    La "doctrina del campo abierto" - que constituye una excepción a la garantía contra registros y allanamientos ilegales o irrazonables - se limita bajo la Constitución del Estado Ubre Asociado de Puerto Rico a evidencia abandonada y tan solo en sitios donde no quepa dentro de las circunstancias del caso en cuestión el derecho a una expectativa razonable de intimidad. Id.

    13. Comunicaciones telefónicas. La determinación de la legalidad de la vigilancia electrónica efectuada en Puerto Rico por agentes federales de los Estados Unidos y otros cuerpos de seguridad constituye un problema a dilucidar entre la Constitución de Puerto Rico y la ley federal y por consiguiente no le es aplicable el derecho internacional. United States v. Gerena, 649 F. Supp. 1183 (1986).

    La disposición constitucional prohibiendo la interferencia telefónica no prevalece sobre la ley federal a no ser que se contraiga a materias puramente locales; por tanto, no prevaleció en el procedimiento para obtener pruebas en varios lugares de Puerto Rico con relación al Omnibus Crime Control Act . United States v. Gerena, 649 F. Supp. 1183 (1986).

    Al igual que otros derechos - inclusive los de estirpe constitucional - el derecho a la intimidad es renunciable. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

    El usuario que accede y solicita judicialmente que su teléfono sea interceptado, incuestionablemente renuncia a su derecho constitucional a que no se intercepte su comunicación telefónica. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

    No es suficiente la renuncia de una sola parte para convalidar ipso jure una interceptación telefónica; es menester que se configure una renuncia bilateral, sea expresa o implícita. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

    La persona que llama a un teléfono que ha sido interceptado por orden judicial tras petición del usuario no renuncia a su derecho a la intimidad en ausencia de aviso por parte del usuario de que el teléfono está interceptado. El incumplimiento del deber afirmativo de apercibir a quien origina una llamada legítima podría ser fuente de responsabilidad penal, civil, o ambas. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

    Todo decreto judicial en que se concede una solicitud de interceptación telefónica dispondrá claramente los límites de la autorización y que la interceptación se extenderá únicamente el tiempo estrictamente necesario para detectar la naturaleza de la llamada, identificar su origen y autor, y si se admite. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

    Estando válidamente interceptado un teléfono, a solicitud del abonado para rastrear llamadas ofensivas anónimas, la Telefónica debe desconectar y abstenerse de escuchar más allá de lo imprescindible una llamada hecha por personas que bona fide se identifican o son identificables por el propio usuario. P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 D.P.R. 328 (1983).

    Conversaciones telefónicas del acusado desde Haití interceptadas y grabadas por agentes federales en Puerto Rico son admisibles en evidencia a pesar de la prohibición estatutaria en esta jurisdicción debido a la preponderancia del estatuto federal sobre la materia que autoriza dicha intercepción y grabación cuando una de las partes en la conversación presta su consentimiento. United States v. Bennett, 538 F. Supp. 1045 (1982).

    14. Citaciones administrativas. Esta sección escuda a los ciudadanos contra citaciones administrativas irrazonables. E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

    Se reconocen tres criterios para determinar la razonabilidad de una citación proveniente de una agencia administrativa : (1) la investigación debe estar dentro de la autoridad de la agencia; (2) el requerimiento no debe ser demasiado indefinido, y (3) la información solicitada debe ser pertinente a la investigación. E.L.A. v. P.R. Tel. Co., 114 D.P.R. 394 (1983).

    15. Confinados. Un registro rutinario de confinados, que es necesario para la adecuada protección en las instituciones penales, no viola el derecho constitucional contra registros irrazonables. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    La obtención de muestras de sangre de los confinados constituye un registro y está sujeto al requisito constitucional de orden judicial. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    A tenor con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, los confinados no están fuera del alcance de la Constitución. Poseen aquellos derechos que no resulten incompatibles con los propósitos del confinamiento. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha resuelto que un confinado no tiene una expectativa razonable de intimidad en su celda que le brinde protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    Aunque los confinados están privados del derecho a la libertad, tienen derecho a ser protegidos contra ataques a su intimidad. El principio de inviolabilidad de la dignidad del ser humano no puede limitarse a los que viven libremente en la comunidad. Pueblo v. Falú Martínez, 116 D.P.R. 828 (1986).

    16. Pruebas sobre sustancias controladas. La jurisprudenca de los tribunales federales y estatales ha establecido que las pruebas para la detección de sustancias controladas constituyen un registro dentro del contexto de la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos, y de esta sección. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1987.

    17. Persecución en caliente. La excepción de persecución en caliente (hot pursuit ) permite que los agentes entren y registren la residencia de un tercero cuando, tras una persecución inmediata y continua de un sospechoso, éste se interne en dicho lugar. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    18. Consentimiento. La excepción del consentimiento requiere que el dueño, residente o cualquier persona con suficiente control sobre la admisión de visitantes al hogar voluntariamente consienta la entrada de los agentes del orden público. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    En ausencia de consentimiento o de circunstancias apremiantes, para poder penetrar en la casa de un tercero con el propósito de arrestar a un sospechoso se requiere que los agentes obtengan una orden de allanamiento previa, y el registro en casa de tercero que se efectúa con una mera orden de arresto en contra de un sospechoso viola disposiciones constitucionales. Pueblo v. Rivera Colón, 128 D.P.R. 672 (1991).

    La validez del consentimiento para un registro sin orden previa prestado por un tercero depende de si la persona que consintió tenía autoridad para consentir y si la persona que reclama la protección tenía algún reclamo de expectativa razonable a la intimidad. Op. Sec. Just. Núm. 2 de 1981.

    19. Registros tipo inventario. En todo caso de registro tipo inventario el Estado debe demostrar que: (1) efectivamente se trata de una situación en que procede prima facie la incautación preliminar de la propiedad con el propósito de confiscarla; (2) existe un procedimiento administrativo estableciendo guías respecto a esta clase de situaciones, entre las cuales se incluya la designación de los funcionarios que efectivamente hacen la determinación de confiscar previa a que se efectúe el registro, y (3) la acción de los agentes del Estado se lleva a cabo siguiendo estrictamente el procedimiento establecido. Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991).

    Le corresponde al Estado el peso de probar la existencia de las excepciones a la norma general establecida por esta sección y el Estado viene en la obligación de afirmativamente demostrar que el registro llevado a cabo es uno tipo inventario. Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991).

    El registro tipo inventario constituye una de las excepciones al mandato constitucional contenido en esta sección que requiere la obtención de una orden judicial antes de procederse a la realización de un registro. Pueblo v. Rodríguez Rodríguez, 128 D.P.R. 438 (1991).

    20. Emergencia. Sólo cuando existen circunstancias de emergencia se justifica la entrada al dormitorio de los estudiantes sin tocar, identificarse y anunciar el propósito de su entrada a sus ocupantes. Pueblo v. Ríos Colón, C.A. 91-63 (1991).

    21. Propiedad abandonada. Cuando alguien abandona una propiedad llega a su fin su derecho de intimidad y no puede quejarse luego de su posterior incautación y uso como evidencia en su contra. Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R. 567 (1988).

    No se considera que ocurre un abandono cada vez que un acusado deje la posesión o el control de un objeto. Lo fundamental es si el abandono ocurrió en circunstancias que indiquen que la persona no retuvo una expectativa de intimidad sobre el objeto. Pueblo v. Ortiz Zayas, 122 D.P.R. 567 (1988).

    22. Bloqueo de carreteras.

    En cuanto a la intrusión subjetiva, o la intrusión causada por el elemento de aprehensión o sorpresa que genera en las personas la realización de un bloqueo de carreteras, se debe tomar en consideración que: (1) el bloqueo tiene que ser claramente visible, por ello el grado de iluminación que exista en el lugar, así como la existencia de avisos a una distancia razonable que indiquen la actividad policial en la zona resultan importantes; (2) la operación del bloqueo debe garantizar la seguridad de los que por allí transiten, y (3) la interferencia con el flujo normal del tránsito debe ser mínima, o en todo caso, razonable. Pueblo v. Berríos, CE-93-735 (01/30/97).

    Para que la detención de un vehículo de motor en un bloqueo de carreteras sea razonable bajo nuestro esquema constitucional, deben existir criterios objetivos que eliminen la arbitrariedad por parte de los agentes estatales, por lo que criterios como raza, sexo o edad de los ocupantes son constitucionalmente insostenibles. En el caso de que todos los vehículos no sean detenidos, deben establecerse previamente patrones objetivos para que las detenciones no sean discriminatorias. Pueblo v. Berríos, CE-93-735 (01/30/97).

    La interceptación o incautación de comunicaciones o conversaciones privadas, no agotan, necesariamente, las formas particulares que sobre las múltiples circunstancias existenciales y sociales el pensamiento jurídico debe desenvolver y el ordenamiento jurídico proteger, para fijar y extender este derecho a la intimidad personal, reconocido por la sec. 8 del art. II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 2 Der. Civ. 459, n. 1 (1971-CDC-020).

    Si se estima que las "casas, papeles y efectos", esto es, las cosas tangibles, constituyen una prolongación de la persona, también, y con mayor razón, debe protegerse, en circunstancias abusivas, o irrazonables, la personalidad e imagen misma del individuo en sus relaciones con los otros. 2 Der. Civ. 459, n. 2 (1971-CDC-020).

    La percepción natural que es permisible constitucionalmente no se extiende a la interceptación de una conversación que a todas luces es privada, ya sea porque ésta se desarrolle dentro de un recinto o estructura privada o aun cuando se desarrolle en un lugar público pero las circunstancias indiquen la intención de que se mantenga privada. 2 Der. Civ. 459, n. 7 (1971-CDC-020).

    Aunque la intervención con la correspondencia de los confinados puede justificarse en algunas situaciones como, por ejemplo, para evitar la introducción de narcóticos en los penales, la práctica de censurar el contenido de la correspondencia atenta contra uno de los derechos más preciados por la Constitución, y el Secretario de Justicia debe tomar las medidas pertinentes para asegurar que esta práctica se descontinúe. 1 Der. Civ. 619, n. 33 (1968-CDC-012).

    La Asamblea Legislativa debe aprobar legislación que implemente en toda su extensión las normas constitucionales sobre el derecho a la privacidad. En la actualidad sólo se ha implementado legislativamente la norma constitucional que protege la integridad de las comunicaciones telefónicas y en cuanto a la interceptación de dichas comunicaciones, debe consignarse en la legislación vigente que cualquier evidencia recibida en violación de dichos preceptos legales tampoco será admisible en procedimientos administrativos para ningún propósito. 1 Der. Civ. 619, n. 34 (1968-CDC-012).