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Artículo 2 - 11:

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  • Procesos criminales; juicio ante jurado; autoincriminación; doble exposición por el mismo delito; fianza; encarcelación

    En todos los procesos criminales, el acusado disfrutará del derecho a un juicio rápido y público, a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación recibiendo copia de la misma, a carearse con los testigos de cargo, a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor, a tener asistencia de abogado, y a gozar de la presunción de inocencia.

    En los procesos por delito grave el acusado tendrá derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial compuesto por doce vecinos del distrito, quienes podrán rendir veredicto por mayoría de votos en el cual deberán concurrir no menos de nueve.

    Nadie será obligado a incriminarse mediante su propio testimonio y el silencio del acusado no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra.

    Nadie será puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito.

    Todo acusado tendrá derecho a quedar en libertad bajo fianza antes de mediar un fallo condenatorio.

    La detención preventiva antes del juicio no excederá de seis meses. Las fianzas y las multas no serán excesivas. Nadie será encarcelado por deuda.

    Anotaciones

    HISTORIAL

    Carta Orgánica de 1917, art. 2.

    La Resolución Concurrente de la Cámara, Núm. 30 de 22 de junio de 1979, dispuso que debía celebrarse un referénduin el 6 de abril de 1980, a fin de aprobar o rechazar una enmienda a la Constitución, por la cual se proponía que el derecho absoluto de fianza existiere sólo en casos de delito menos grave, y que la Asamblea Legislativa determine su procedencia en casos de delito grave.

    La Ley de Abril 9, 1980, Núm. 14, p. 27, dispuso la celebración de dicho referéndum en Junio 29, 1980, todo lo relativo al mismo y la asignación de los fondos necesarios para llevarlo a cabo; pero tal celebración fue suspendida por sentencia de injunction del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de Junio 19, 1980, a base de la inconstitucionalidad del art. 3, párrafo primero, de la citada Ley de 1980, Núm. 14.

    Le Sentencia del Tribunal Superior fue confirmada por la del Tribunal Supremo de Junio 24, 1980, Ortiz Angleró v. Barreto pérez, 110 D.P.R. 84, en cuya opinión se expone en parte lo siguiente: "Lo que hoy resolvemos no menoscaba la facultad de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno de celebrar el referéndum sobre la fianza, sujeto a las normas constitucionales aplicables, dentro de un término razonable entre las nuevas inscripciones parciales y la nueva fecha que se señale para el referéndum."

    Poderes del gobierno de Puerto Rico para castigar los delitos y para arrestar y encarcelar para la protección o mantenimiento de la paz o salud pública, o de la vida o seguridad individual, véase la sec. 1 del Título 1.

    Pueblos de los cuales se seleccionan los jurados, véase la sec. 91 del Título 4.

    ANOTACIONES

    Análisis

    1. Autoincriminación.
    2. Juicio - Jurado.
      1. Justo e imparcial.
    3. Veredicto.
    4. Copia de la acusación o denuncia.
    5. Asistencia de abogado.
    6. Publicidad adversa.
    7. Contrainterrogatorio.
    8. Doble exposición.
    9. Prisión.
    10. Silencio del acusado.
    11. Presunción de inocencia.
    12. Juicio rápido.
    13. Descubrimiento de prueba.
    14. Advertencias.
    15. Testigos.
    16. Presunción de regularidad de sentencias.
    17. Referéndum.
    18. Menor número de jurados.
    19. Apremio personal.

    1. Autoincriminación. Para que un acusado pueda impedir que el Estado presente en evidencia una admisión o confesión que él hizo durante la etapa investigativa por razón de habérsele violado su derecho contra la autoincriminación o su derecho a asistencia de abogado, tienen que estar presentes los siguientes requisitos: (1) al momento de obtenerse la declaración impugnada ya la investigación se había centralizado sobre la persona que prestó la misma; (2) el acusado al hacer la declaración se encontraba bajo custodia del Estado; (3) la declaración fue producto de un interrogatorio de parte de los agentes del Estado, y (4) antes de que se comenzara el interrogatorio, o que se hiciera la manifestación objetada, los agentes no le hicieron advertencia alguna al sospechoso sobre los derechos que le asisten por lo que no medió renuncia alguna a dichos derechos de parte de éste. Pueblo v. López Guzmán, CR 89-39 (10/28/92).

      Cuando una investigación criminal realizada por agentes del orden público se centra sobre una persona en particular y dicho ciudadano está bajo custodia, si es que dichos agentes pretenden interrogar al sospechoso, éstos vienen en la obligación de advertirle a esta persona de su derecho contra la autoincriminación y sobre su derecho a estar asistido de un abogado. Pueblo v. López Guzmán, CR 89-39 (10/28/92).

      El derecho constitucional contra la autoincriminación impide que el Estado utilice evidencia que ha sido suministrada por el propio acusado. Pueblo v. Rosaly Soto, 128 D.P.R. 729 (1991).

      Es admisible una confesión con posterioridad a una obtenida ilegalmente siempre y cuando se demuestre que, considerada la totalidad de las circunstancias, se ha roto la cadena de eventos de tal forma que la segunda confesión es voluntaria y está libre de los defectos de la primera. Pueblo v. Ramos y Alvarez, 122 D.P.R. 287 (1988).

      Una segunda confesión será considerada voluntaria si el efecto de la coacción que produjo la primera se ha disipado y el acusado readquirió su libertad mental para confesar o negar su participación en el crimen. Pueblo v. Ramos y Alvarez, 122 D.P.R. 287 (1988).

      La protección contra la autoincriminación no se extiende al testimonio perjuro. Pueblo v. Pérez Casillas, 117 D.P.R. 380 (1986).

      Conversaciones voluntarias de una persona con los fiscales en un cuartel de la Policía en relación a un delito cometido - quien insistió en esperar la llegada de dichos funcionarios para relatarles lo ocurrido - no viola el derecho constitucional de dicha persona a no incriminarse mediante su propio testimonio. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980).

      Un fiscal puede válidamente tomarle una declaración jurada a la secretaria de un abogado sospechoso de haber cometido un crimen sin que dicha acción viole el derecho constitucional de dicho sospechoso a no incriminarse mediante su propio testimonio. Id.

      El derecho constitucional de un sospechoso a no incriminarse mediante su propio testimonio es una de carácter personal que prohíbe que se obligue a una persona a testificar en su contra o a presentar y autenticar documentos o efectos personales que puedan incriminarlo. Tal derecho no se extiende para prohibir la presentación de evidencia incriminatoria obtenida sin la necesidad de compeler la cooperación de la persona incriminada. Id.

      Los tribunales, como principio generalmente aceptado, excepcionan la toma de huellas digitales como materia incriminatoria dentro de la cláusula constitucional que protege a todo acusado de incriminarse a sí mismo. Op. Sec. Just. Núm. 27 de 1967.

      A nadie podrá obligarse a declarar en su contra en un proceso criminal, y si un acusado no declara, su silencio no podrá tenerse en cuenta ni comentarse en su contra. Pueblo v. Perales Figueroa, 92 D.P.R. 724 (1965).

      La Regla 74 de las de Procedimiento Criminal - que requiere la notificación anticipada al Fiscal de las defensas afirmativas exculpatorias de locura y coartada del encausado - no expone al acusado a suministrar prueba en su contra en violación a la disposición constitucional que garantiza al acusado su derecho constitucional de no incriminarse mediante su propio testimonio. Pueblo v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 116 (1965).

      Son admisibles en evidencia manifestaciones supuestamente hechas por el acusado en el curso de la investigación de un delito - independientemente del hecho de que el apelante luego negóó haber hecho dichas manifestaciones - cuando todo cuanto surge de la prueba es que el acusado, consciente de su derecho a permanecer en silencio, y sin que mediara coacción física de clase alguna - mientras el fiscal la interrogaba sobre los móviles del crimen por espacio de no más de treinta minutos - opta por hacer las manifestaciones que se le atribuyeron. Pueblo v. Díaz Díaz, 91 D.P.R. 759 (1965).

      Corresponde al juez y no al jurado resolver la controversia de hecho respecto a la voluntariedad de la confesión del acusado, dentro de las exigencias constitucionales del debido proceso de ley. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729 (1965).

      Es admisible en evidencia - como en este caso - una confesión escrita de un acusado hecha ante el Fiscal cuando de la propia faz del documento surge que el apelante declaró "previas las advertencias de ley, que me han sido hechas . . ." y, aunque dicho acusado declaró durante el juicio sobre el carácter involuntario de su confesión, no alegó ni intentó probar que el Fiscal al momento de tomar por escrito su confesión no le hiciera las advertencias de ley. Id.

      Juntos o separados, ni la detención ilegal por muchas horas de un acusado ni el engaño al confrontar a éste con policías disfrazados, serían suficientes para viciar las confesiones del acusado por haber sido obtenidas inconstitucionalmente. Pueblo v. Martínez Figueroa, 86 D.P.R. 413 (1962); Pueblo v. Meléndez, 80 D.P.R. 787 (1958).

      Cuando un miembro de la policía está siendo objeto de una investigación administrativa podría invocar el privilegio constitucional de abstenerse de declarar, si, por motivo de su declaración, pudiera, además de imponérsele sanciones administrativas, ser procesado criminalmente por una infracción, pero ello no lo releva de las sanciones administrativas que crea conveniente imponer el Superintendente de la Policía por su negativa; cuando el testimonio sólo conllevare una sanción administrativa, por severa que sea, no puede invocarse el privilegio. Op. Sec. Just. Núm. 45 de 1960.

      El privilegio contra la autoincriminación garantizado por el párr. 8 del art. 2 de la Carta Orgánica de 1917, lo consagra en su párr. 3, sec. 11, art. II, la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Batalla v. Tribunal de Distrito, 74 D.P.R. 289 (1953).

      El privilegio contra la autoincriminación incluye no sólo evidencia que revele los elementos del delito sino también aquella de la cual los funcionarios investigadores puedan obtener otra evidencia del delito. Id.

      Cuando la confesión extrajudicial de un acusado se obtenga mediante coacción, amenazas o promesas de inmunidad, o cuando el funcionario investigador descubre u obtiene cualquier otra evidencia como resultado de los cauces abiertos por ella, dicha confesión y evidencia son inadmisibles en un proceso seguido contra el acusado en cuestión. Id.

      El privilegio contra la autoincriminación lo renuncia un acusado al él ocupar la silla testifical en defensa de un coacusado, o al hacer una confesión extrajudicial voluntariamente. Id.

      Autoincriminación, véanse también las anotaciones bajo 34 L.P.R.A. sec. 7.

      Inmunidad contra procesamiento, véanse las anotaciones bajo 34 LP.A. secs. 1476 a 1479.

    2. Juicio - Jurado. La esencia del juicio por jurado es que el acusado sea juzgado por un grupo representativo de la comunidad en que reside, para que así se garantice la imparcialidad del proceso. Pueblo v. Rodríguez Zayas, CE-94-696 (1/13/95), CE-94-688 (1/13/95).

      Para prevenir que los jurados advengan a juzgar con una opinión ya formada, se pueden tomar las siguientes medidas cautelares: (a) permitir y llevar a cabo un voir dire extenso y riguroso; (b) otorgar si fuera necesario recusaciones perentorias adicionales; (c) secuestrar al jurado, y (d) impartir instrucciones cuidadosas y exhaustivas sobre su responsabilidad de rendir un veredicto basado en la prueba admitida en el juicio y no a base de información obtenida de otras fuentes. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      Un candidato a jurado no debe ser descualificado por el mero hecho de haber leído, visto o estado expuesto de cualquier otra forma a informaciones periodísticas, sino debe examinársele sobre cómo ha sido influenciado por la información concernida. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      La norma general es que la mera publicación de informaciones noticiosas en torno a un proceso judicial no perjudica por sí solo la garantía constitucional a un juicio justo, y no constituye perjuicio la información periodística que reseña la prueba desfilada aun cuando pueda haber alguna incorrección. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      No existe un derecho constitucional a renunciar al jurado. Pueden concebiblemente surgir circunstancias, sin embargo, en que la no concesión de un juicio por tribunal de derecho entrañe la violación del derecho a un juicio imparcial, garantizado por la Constitución de Puerto Rico (esta sección) y la de Estados Unidos (Sexta Enmienda). Pueblo v. Sorrero Robles, 113 D.P.R. 387 (1982).

      Nadie en Puerto Rico tiene derecho constitucional a juicio por jurado en casos criminales. Santana v. Collazo, 533 F. Supp. 966 (1982), confirmada en parte, revocada en parte y devuelto el caso por 714 F.2d 1172 (1983), certiorari denegado por 466 U.S. 974 (1984), revocada y devuelto el caso por 793 F.2d 41 (1986).

      Es un requisito esencial del derecho a juicio por jurado el que se seleccionen sus miembros de un grupo representativo de la comunidad. Pueblo v. Laboy, 110 D.P.R. 164 (1980).

      Un tribunal en la administración de la justicia no puede depender de la ignorancia, sino de la integridad de los jurados y de la firmeza de su compromiso de resolver guiados únicamente por la prueba que se presente en juicio, máxime cuando, como en el caso de autos, la evidencia presentada contra el acusado fue de tal grado confiable y convincente que necesariamente desplazó, en el proceso deliberativo, todo otro argumento extraño a la estimación de la prueba. Pueblo v. Tursi, 105 D.P.R. 717 (1977).

      No constituye error que dé lugar a la revocación de una sentencia, la queja de una jurado a los efectos de que, a través de una parienta, se trató de influir sobre ella en favor del acusado, cuando el juez sentenciador, en ausencia del jurado, y con la participación del fiscal y la defensa, depuró el incidente, determinó su superficialidad y se cercioró de que ningún efecto había tenido en la imparcialidad de la jurado, máxime cuando la prueba en el caso fue robusta y suficiente, por lo cual no podía dar lugar a inferir que el veredicto fue producto del prejuicio y no de la evidencia. En el caso de autos, no hay indicio de que tal cosa haya ocurrido. Id.

      En un proceso por delito grave el acusado tiene derecho a que su juicio se ventile ante un jurado imparcial. Pueblo v. Martín Aymat, 105 D.P.R. 528 (1977).

      En la integración cuantitativa de un jurado, ni el Congreso ni las legislaturas estatales están restringidos por la Enmienda VI de la Constitución de Estados Unidos. Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974).

      El derecho a ser juzgado por jurado en casos de delitos graves es un derecho de estatura constitucional en Puerto Rico. González v. Delgado, 345 F.Supp. 1327 (1972).

      Aunque hoy en día es necesario que un acusado de un delito grave renuncie expresa y personalmente su derecho constitucional a juicio por jurado, no hubo perjuicio constitucional por el hecho de que, al tiempo del procesamiento del acusado en Junio de 1960 bajo la acusación de escalamiento en primer grado, un abogado defensor en Puerto Rico podía renunciar al juicio por jurado a nombre de su cliente; el requisito fundamental es simplemente que la renuncia sea hecha voluntaria e inteligentemente y, en el caso de autos, no hay nada en el récord que sugiera lo contrario. Id.

      Si la doctrina del caso de Baldwin v. New York, 399 U.S. 66 (1970) - doctrina que limita la aplicación del derecho a juicio por jurado a aquellos delitos cuya pena máxima exceda de seis meses de cárcel - es de aplicación en esta jurisdicción, véase Pueblo v. Batista, 100 D.P.R. 221 (1971).

      La prerrogativa de un ciudadano a renunciar a un derecho constitucional, no quiere decir necesariamente que pueda insistirse por dicho ciudadano en lo contrario a dicho derecho. ( Singer v. United States, 38O U.S. 24 (1964), seguido. ) Pueblo v. Guzmán Vélez, 100 D.P.R. 198 (1971).

      Comenzado un proceso criminal ante jurado, el acusado no tiene un derecho absoluto a renunciar a dicho juicio por jurado e insistir en que se le celebre el juicio por tribunal de derecho, no constituyendo una violación de debido procedimiento de ley el que el juez que interviene en el caso se niegue a aceptar la renuncia al jurado hecha por el acusado. Id.

      Comenzado un proceso criminal ante jurado, el juez que lo preside tiene discreción para denegar una moción de la defensa renunciando al jurado y solicitando que el proceso se continúe por tribunal de derecho. ( Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 514 (1967), seguido. ) Id.

      El derecho a juicio por jurado en los casos civiles en Estados Unidos descansa, no en fundamentos constitucionales, sino únicamente en bases estatutarias. García Mercado v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 293 (1970), certiorari denegado por Mercado v. Superior Court of Puerto Rico, 401 U.S. 1003 (1971).

      En esta jurisdicción un marino mercante, demandante en una acción en daños por lesiones personales recibidas mientras navegaba a bordo de un barco - demanda incoada al amparo de las disposiciones de la ley federal denominada Ley Jones de 1920 - no tiene derecho a que le conceda un juicio a ser visto ante un jurado. Id.

      El Pueblo de Puerto Rico puede eliminar la garantía de juicio por jurado de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico mediante el proceso de enmienda de dicha Constitución, sin permiso o autorización del Congreso de los Estados Unidos. Pueblo v. Figueroa Pérez, 96 D.P.R. 6 (1968).

      Un "estatuto de proscripción" ( bill of attainder )estatuto que niega el derecho a un juicio en que las personas afectadas puedan obtener una adjudicación de sus derechos - es una forma que utilizaba el poder soberano para castigar a una persona designada por su nombre o a miembros determinables de un grupo de personas. Id.

      Bajo la legislación anterior a la promulgación de la Constitución de Puerto Rico en - fecha en que el derecho a juicio por jurado en casos graves adquirió el rango de derecho constitucional - se requerían - en los casos en que tal derecho procediera - actos positivos de parte del acusado para que su juicio se celebrara ante jurado. Pueblo v. Rivera Suárez, 94 D.P.R. 510 (1967).

      Un acusado tiene que renunciar expresa y personalmente a que su caso se vea por jurado, no siendo efectiva la renuncia que a tal derecho haga solamente su abogado. Id.

      Una persona acusada de un crimen debe ser juzgada por doce jurados de su distrito. Báez Montalvo v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 609 (1964).

      El derecho a juicio por jurado garantizado por la Constitución de Puerto Rico no incluye ningún delito clasificado como menos grave por legislación aprobada antes de entrar en vigor dicha Constitución, en el cual no se concedía necesariamente ese derecho, no empece la naturaleza del delito y las penas provistas por ley para el mismo. Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 710 (1956).

      El derecho a juicio rápido no se vulnera si existe justa causa para no someter al acusado a juicio en el término de 120 días, o si el acusado expresa o implícitamente renuncia ese derecho. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 904 (1960).

      Aun cuando el juicio por jurado es ahora un derecho constitucional, el mismo puede ser renunciado por el acusado. Pueblo v. Palóu, 80 D.P.R. 364 (1958); Pueblo v. Santiago, 78 D.P.R. 69 (1955).

      Nuestra Constitución convirtió en un derecho constitucional el anterior derecho estatutario al juicio por jurado en procesos por delito grave. Fournier v. González, 80 D.P.R. 262 (1958), confirmada por Fournier v. González, 269 F.2d 26 (1959), certiorari denegado por Fournier Sampedro v. People of Puerto Rico, 359 U.S. 931 (1959); Pueblo v. Figueroa, 77 D.P.R. 188 (1954), confirmada por Figueroa v. People of Puerto Rico, 232 F.2d 615 (1956).

      Esta sección de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico concede el derecho a juicio ante jurado en casos criminales y no están envueltos derechos algunos bajo las leyes federales o la Constitución Federal. Toda vez que esta sección no contiene disposición alguna sobre la renuncia de tal derecho, las disposiciones de 34 L.P.R.A. sec. 462 aún están en vigor, y tal renuncia puede hacerse por el abogado defensor. Figueroa v. People, 232 F.2d 615 (1956); Carrión v. González, 125 F.Supp. 819 (1954), nota en p. 921.

      1. Justo e imparcial. No constituye una violación al derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial, la mera publicación de noticias sobre el proceso judicial a que se sometió el acusado. Pueblo v. Miranda Santiago, C.A. 92-52 (1992).

        Todo acusado de delito público tiene derecho a que el Ministerio Público demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en juicio público, justo e imparcial, y esta concretización práctica de la presunción de inocencia es parte del debido proceso de ley. Pueblo v. Torres Rivera, C.A. 91-73 (1991).

        Siendo el control de prostíbulos el móvil del asesinato, no violó el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial la admisión de prueba del fiscal para demostrar que dicho acusado los explotaba. Pueblo v. Ríos Alvarez, 112 D.P.R. 92 (1982).

        No priva a un acusado de un juicio justo e imparcial el hecho de que el fiscal - investigador de unos hechos delictivos, quien no intervino en la vista del caso, testifique como testigo de cargo, máxime cuando dicho acusado renunció voluntariamente al derecho a juicio por jurado y al derecho de presentar testigos a su favor. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980).

        Constituye la garantía del derecho a un juicio justo e imparcial la norma de que la culpabilidad del acusado ha de fundarse en la prueba desfilada y en los argumentos aducidos ante el tribunal, teniendo el acusado derecho a confrontarse con la prueba en su contra y a que se le pruebe la acusación mediante prueba admisible conforme las normas de relevancia, confiabilidad y certeza que la experiencia secular ha consagrado en el proceso adversativo y no por influencias extrañas al proceso. Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976).

        Se examina cierto incidente en la vista del caso de autos mientras declaraba un testigo para concluir que el juez de instancia no usó la palabra "ahora" como adverbio de tiempo - significando "en este momento" - sino como conjunción continuativa, la cual servía para anunciar o introducir un pensamiento de dicho juez, por lo que al apelante no se le privó por esta razón de un juicio imparcial. Pueblo v. Díaz Díaz, 91 D.P.R. 759 (1965).

    3. Veredicto. En esta jurisdiccíón es legal un veredicto aprobado por mayoría de un jurado en el cual concurran no menos de nueve de sus miembros. Pueblo v. Collazo Hiraldo, 105 D.P.R. 726 (1977).

      En esta jurisdicción, un veredicto por mayoría de votos en el cual concurran no menos de nueve miembros no viola disposición constitucional alguna. Pueblo v. Báez Cintrón, 102 D.P.R. 30 (1974).

      La disposición de la Constitución de Puerto Rico que provee que en todos los procesos por delitos graves el acusado tendrá derecho a juicio por un jurado imparcial compuesto de 12 residentes del distrito que rendirán su veredicto por una mayoría de votos que en ningún caso será menor de nueve, es constitucional. Torres v. Delgado, 510 F.2d 1182 (1975).

      La Constitución de los Estados Unidos no impone a Puerto Rico mayores restricciones que a otros estados. Id.

      Es válido en esta jurisdicción el veredicto de un jurado declarando culpable a un acusado por una mayoría de nueve jurados de un total de 12. Pueblo v. Girau, 102 D.P.R. 176 (1974).

      El requisito de que el veredicto de culpabilidad sea por unanimidad para poder condenar no es fundamental para el derecho constitucional federal de juicio por jurado y, por lo tanto, ese requisito no es de aplicación en los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico cuya Constitución permite, y cuyas reglas disponen, la convicción después de un veredicto de culpabilidad no unánime Torres v. Delgado, 391 F.Supp. 379 (1974), confirmada por Torres v. Delgado, 510 F.2d 1182 (1975).

      Si resultare que el jurado no fue imparcial su veredicto no es válido y, por lo tanto, puede ser anulado. Martínez v. Commonwealth of Puerto Rico, 343 F.Supp. 897 (1972).

      No constituye una violación del debido procedimiento de ley garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el hecho de que el veredicto de un jurado declarando culpable de hurto mayor a unas acusadas no sea por unanimidad y sí por una mayoría de no menos de nueve votos. Pueblo v. Hernández Soto, 99 D.P.R. 768 (1971).

      La doctrina de que es nulo un veredicto no rendido por unanimidad del jurado, de ser aplicable en esta jurisdicción, no está disponible para el acusado en el caso de autos. Pueblo v. Domenech Meléndez, 98 D.P.R. 64 (1969); Pueblo v. Delgado Lafuente, 97 D.P.R. 266 (1969).

      En esta jurisdicción no se requiere que el veredicto de un jurado sea rendido por unanimidad. Pueblo v. Domenech Meléndez, 98 D.P.R. 64 (1969); Pueblo v. Maldonado Dipiní, 96 D.P.R. 897 (1969).

      El hecho de que el veredicto del jurado declarando culpable de robo al acusado no sea por unanimidad no constituye una violación de las cláusulas del debido proceso de ley garantizado por las Enmiendas V y XIV de la Constitución de Estados Unidos. Pueblo v. Aponte González, 83 D.P.R. 511 (1961).

      Un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado, para el cual la sentencia máxima es reclusión perpetua, obtenido por votación por mayoría del jurado y no por unanimidad, no constituyó negación del debido procedimiento de ley garantizado por la Enmienda V de la Constitución Federal, y no existía garantía constitucional alguna de un veredicto por unanimidad ni antes ni después de la aprobación por el Congreso en 1952 de la Constitución adoptada por el pueblo de Puerto Rico. Fournier v. González, 269 F.2d 26 (1959), certiorari denegado por Fournier Sampedro v. People of Puerto Rico, 359 U.SA 931 (1959).

      Las disposiciones de la Constitución referentes al derecho de todo acusado a la presunción de inocencia en todo proceso criminal, no exigen un veredicto unánime cuando un jurado lo declara culpable de asesinato. Fournier v. González, 80 D.P.R. 262 (1958), confirmada por Fournier v. González, 269 F.2d 26 (1959), certiorari denegado por Fournier Sampedro v. People of Puerto Rico, 359 U.S. 931 (1959).

    4. Copia de la acusación o denuncia. La omisión de entregar copia de la denuncia formulada contra un acusado viola su derecho constitucional a ser notificado de la naturaleza y causa de la acusación, si no hay una renuncia efectiva de ese derecho. Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463 (1958).

      Siendo el derecho a recibir copia de la acusación renunciable por el inculpado, el mismo queda en efecto renunciado si no se reclama a tiempo. Flores v. Bravo, 79 D.P.R. 505 (1956).

      Véanse también las anotaciones bajo la sec. 11 del Título 34, nota 8 y la Regla 52, Título 34, Ap. II, nota 104.

    5. Asistencia de abogado. El derecho a tener una efectiva o adecuada representación legal puede quedar menoscabado cuando: (a) el abogado es incompetente para la tarea que se le asigna; (b) como cuestión de hecho la labor desplegada demuestra su inefectividad; (c) hay un potencial o actual conflicto de intereses para el abogado, y (d) las reglas o actuaciones del tribunal constituyen una limitación irrazonable al derecho a tener adecuada asistencia de abogado. Pueblo v. Ortiz Couvertier, CE-88-778 (03/09/92).

      Se ha reconocido el derecho de un acusado al disfrute de asistencia legal en la etapa investigativa cuando ésta toma carácter acusatorio, en el acto de lectura de acusación, durante el juicio, al dictarse sentencia y en la fase apelativa. Pueblo v. Ortiz Couvertier, CE-88-778 (03/09/92).

      Constituye una violación al derecho del acusado a tener una adecuada representación legal cuando éste ha manifestado su interés en apelar y su abogado no perfecciona dicho recurso sin que medie una explicación adecuada para su omisión; ello independientemente de que el abogado haya sido contratado por el acusado o designado por el tribunal. Pueblo v. Ortiz Couvertier, CE-88-778 (03/09/92).

      El derecho de asistencia legal adecuada en casos criminales es parte del debido procedimiento de ley. Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982).

      Se vulnera la garantía constitucional de asistencia legal adecuada cuando un solo abogado representa a dos o más coacusados, si surge un conflicto entre la defensa de un coacusado y otro. Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982).

      La violación del derecho de asistencia legal adecuada, a falta de renuncia, conlleva necesariamente la revocación de la sentencia condenatoria. Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982).

      Siempre que dos o más acusados fueren enjuiciados conjuntamente o se hubieren consolidado sus casos para juicio, y fueren representados por el mismo abogado, el tribunal de primera instancia deberá investigar prontamente sobre dicha representación conjunta y, además, informar personalmente a cada acusado de su derecho a tener efectiva representación de abogado, incluso representación individual, a menos que haya motivos fundados para creer que no surgirá conflicto de intereses entre los coacusados. El tribunal debe tomar cuantas medidas considere apropiadas para proteger el derecho de representación legal de cada acusado. Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982).

      Considerados los hechos del presente caso - en que tres personas fueron acusadas conjuntamente; un solo abogado los representó; uno de los acusados declaró en su favor y adujo la defensa de entrampamiento, que es una defensa que presupone la comisión de los hechos delictivos, implicando de este modo a los demás coacusados; y que el juzgador de los hechos no le dio crédito a dicha defensa - se infringió el derecho de representación legal adecuada de los coacusados que no declararon en el juicio y, por ende, se revocan sus sentencias. Pueblo v. Gordon, 113 D.P.R. 106 (1982).

      No puede calificarse de incompetente la defensa de un acusado sólo porque durante el contrainterrogatorio de un testigo de cargo surja evidencia que perjudique al acusado. En todo contrainterrogatorio de un testigo de cargo hay un riesgo para la defensa de que se afirme y amplíe la prueba en su contra. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1956).

      Meros errores o equivocaciones del abogado defensor, sin consecuencia en la validez del juicio y sin erosión básica del debido proceso de ley, no justifican la revocación de la sentencia. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1956).

      La incompetencia enervante de la asistencia legal a que tiene derecho el acusado, como base de revocación de sentencia de convicción, ha de ser de grado extremo, causante de perjuicio sustancial, al punto que sostenga la probabilidad de que de no haber incidido, el resultado del juicio hubiera sido distinto. Recae sobre el apelante el peso de la prueba de su indefensión por incompetencia del abogado. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1956).

      Las equivocaciones o errores del abogado defensor no pueden ser invocados en apelación como fundamento para obtener una revocación del fallo o sentencia, en ausencia de mala fe, de fraude, incapacidad física o mental, o de clara, indisculpable y grave incompetencia profesional del abogado. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1956).

      En los casos en que se alega falta de defensa efectiva como fundamento para la revocación de una convicción, el tribunal de apelación debe albergar una fuerte presunción de que la conducta del defensor está comprendida dentro del amplio ámbito de una razonable asistencia legal, y toca al apelante derrotar la presunción de que, en las circunstancias que confrontó el abogado en el juicio, su actuación impugnada puede considerarse como estrategia correcta. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1956).

      El criterio final para adjudicar una reclamación de falta de efectividad en la defensa debe ser si la actuación del abogado de tal modo vulneró el adecuado funcionamiento del sistema adversativo que no pueda decirse que el juicio tuvo un resultado justo. Pueblo v. Morales Suárez, 117 D.P.R. 497 (1956).

      La regla Escobedo no es retroactiva. Pagán Cancel v. Delgado, 408 F.2d 1018 (1969).

      Si el peticionario se entregó a la policía y posteriormente confesó la comisión de un asesinato a un juez de paz, su comparecencia ante el juez no constituía una "etapa crítica" y no tenía derecho a designar abogado. Id.

      La garantía constitucional de la debida representación por abogado en un procedimiento criminal es extensiva al acto del pronunciamiento de la sentencia. Pueblo v. Delgado Martínez, 96 D.P.R. 720 (1968).

      En esta jurisdiceión no es necesario que un acusado demuestre que la falta de asistencia de abogado en el acto del pronunciamiento de la sentencia le causó perjuicios. Id.

      Viola el derecho constitucional de un acusado al debido procedimiento de ley la actuación de un tribunal al dictar sentencia contra el acusado sin estar éste debidamente asistido de abogado causando que dicha sentencia sea nula. Id.

      Viciada de nulidad el acto del pronunciamiento de una sentencia por no haber estado el acusado debidamente asistido de abogado es procedente devolver el caso para que se pronuncie una nueva sentencia con la garantía constitucional de asistencia de abogado que protege al acusado. Id.

      Cuando una investigación preliminar de un delito toma el cariz de acusatoria y se posa sobre un sospechoso en particular con miras a sacarle una confesión, cobra realidad el proceso adversativo de nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, surgiendo la obligación de la policía u otra autoridad competente de advertirle al sospechoso de su derecho constitucional a permanecer en silencio y no incriminarse, y de su derecho constitucional a tener allí y entonces asistencia de abogado y el permitirle que la tenga. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaria, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada por Rivera Escuté v. Delgado, 439 F.2d 891 (1971), certíorari denegado por Escuté v. Delgado, 404 U.S. 824 (1971), reconsideración denegada 404 U.S. 987 (1971).

      Cuando, como en esta jurisdicción, el suministrar ayuda de abogado a un sospechoso de haber cometido un delito es un requisito constitucional, el derecho a que se le proporcione abogado no depende de una petición de dicho acusado. Id.

      En la determinación de si un acusado tuvo o no una debida asistencia de abogado en el acto del juicio, los tribunales no deben aplicar reglas instrumentales sobre el perjuicio o el servicio mínimo al acusado, sino que deben analizar las circunstancias de cada caso en particular para llegar a una conclusión final sobre dicho particular. Negrón Villavicencio v. García Alcaide, 92 D.P.R. 179 (1965).

      Un acusado queda privado de su derecho a asistencia de abogado - y como consecuencia de ello ninguna confesión o declaración por él presentada puede ser usada en su contra por el Estado en un juicio criminal - cuando la investigación de la policía deja de ser ya la pesquisa general de un crimen aún no aclarado, y empieza a enfilarse sobre el acusado en particular y ese acusado está bajo la custodia policíaca, y se le interroga para sacarle declaraciones incriminatorias, y dicho acusado ha solicitado y se le ha negado la oportunidad de consultar con abogado, y la policía no le ha advertido de manera efectiva de su derecho constitucional absoluto de permanecer en silencio. Pueblo v. Figueroa García, 91 D.P.R. 729 (1965).

      No queda privado un acusado de su derecho a asistencia de abogado al producirse una confesión oral extrajudicial - y por lo tanto, la misma, como en este caso, es admisible en evidencia - cuando: (a) la misma se hace voluntariamente en un cuartel de la policía mientras la detective practicaba una investigación general para determinar si la muerte de un occiso había sido un accidente, o si se trataba de un asesinato-no estando enfilada dicha investigación contra el acusado ni contra ninguna otra persona como sospechosa de la comisión de un crimen; (b) dicho acusado luego repite su confesión oral el mismo día en otro pueblo ante un testigo; (c) en la noche de ese mismo día confiesa por escrito ante el Fiscal; (d) el Estado no negó petición alguna del acusado para emplear abogado defensor; y, (e) la falta de asistencia de abogado en la investigación privada anterior al juicio, no le perjudicaron de tal manera que dicha falta de asistencia de abogado imprimiera a su juicio posterior con "la carencia de aquella fundamental imparcialidad esencial al concepto mismo de la justicia." Id.

      Un acusado no puede presentarse a juicio tres meses y medio después del día de los hechos y 31 días después de la lectura de la acusación, sin abogado contratado, obtener por esa razón un defensor gratis nombrado por el tribunal - quien le hace una defensa diligente y adecuada - y entonces solicitar un nuevo juicio basándose en no haber tenido asistencia de abogado. Pueblo v. Pardo Toro, 90 D.P.R. 635 (1964).

      La garantía constitucional de asistencia de abogado no se extiende a una moción sobre anulación de sentencia cuando, para sustanciar las alegaciones contenidas en dicha moción, no se requiere la presentación de prueba y en la misma se exponen con precisión y claridad los fundamentos que se aducen para solicitar dicha anulación. Pueblo v. Huertas Soto, 90 D.P.R. 170 (1964).

      Constituye una violación del debido procedimiento de ley el sentenciar a un acusado sin tener éste asistencia de abogado en ese momento. Reyes v. Delgado, 81 D.P.R. 937 (1960).

    6. Publicidad adversa. La divulgación de noticias sobre un caso de interés a todo el país no violenta per se el derecho constitucional de un acusado a un juicio justo e imparcial, y sobre el acusado recae el peso de la prueba para demostrar afirmativa y satisfactoriamente que las mismas fueron de tal naturaleza, impacto y exposición que le han privado de un juicio justo. Pueblo v. Moreno Morales, CR-88-69 (12/21/92).

      La verdadera encuesta en juicios expuestos a mucha publicidad es determinar el estado mental que pudo haber imperado entre el jurado. Lo realmente importante no es si el jurado conoció o recuerda el caso en particular por los informes de prensa, sino que puede juzgar imparcialmente. Pueblo v. Moreno Morales, CR-88-69 (12/21/92).

      La mera publicación de informaciones noticiosas en torno a un proceso judicial no perjudica por sí solo la garantía constitucional a un juicio justo, y no constituye perjuicio la información periodística que reseña la prueba desfilada aun cuando pueda haber alguna incorrección. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      Un candidato a jurado no debe ser descualificado por el mero hecho de haber leído, visto o estado expuesto de cualquier otra forma a informaciones periodísticas, sino debe examinársele sobre cómo ha sido influenciado por la información concernida. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      La simple publicación de noticias sobre un proceso judicial no viola per se el derecho constitucional de todo acusado a un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982).

      Recae sobre el acusado el peso de probar afirmativa y satisfactoriamente que las noticias publicadas en relación con su proceso judicial fueron de tal naturaleza, impacto y exposición que le privaron de un juicio justo e imparcial. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982).

      Considerados los hechos del caso, la publicación de noticias sobre el asesinato de un testigo esencial durante el proceso judicial seguido contra el acusado no fue parcializada, inflamatoria, derogativa o tan intensa que pueda razonablemente inferirse una atmósfera de pasión perjudicial al acusado. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982).

      El hecho de que un caso criminal reciba mayor publicidad no establece por sí solo la comisión de un error en el juicio ni crea automáticamente prejuicio en contra del acusado. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980).

      La publicidad adversa a un acusado desplegada por la prensa sobre otros delitos supuestamente cometidos por dicho acusado que no tienen relación alguna con los delitos fiscales por los cuales se le procesa, no priva al acusado de un juicio justo e imparcial cuando éste tuvo amplia oportunidad en el voir dire para examinar los candidatos a jurado y los finalmente aceptados no se mostraron prejuiciados contra el acusado. Pueblo v. Tursi, 105 D.P.R. 717 (1977).

      En esta jurisdicción - donde el territorio es reducido y la población compacta, servida por medios de comunicación y difusión de eficacia máxima - un tribunal está imposibilitado de formar un jurado totalmente ignorante y desconocedor de alguno que otro detalle sobre la vida de un acusado cuando éste, como en el caso de autos, es persona que ha alcanzado connotación de figura pública. Id.

      Leído por el abogado de un acusado al jurado un reportaje periodístico al segundo día del juicio con la intención de sentar las bases para preguntarle al jurado en el voir dire si en base al mismo consideraba al acusado "inmoral" - pregunta que el juez sentenciador no permitió en la forma formulada por la defensa - si ninguno de los jurados expresa que la información revelada por el abogado afectaría su determinación de resolver con objetividad, tal actuación del juez sentenciador al no permitir tal pregunta no viola el derecho del acusado a un juicio justo e imparcial. Tampoco comete error dicho magistrado al calificar la pregunta de la defensa dirigiéndola a qué efecto, si alguno, tendría la noticia en la ecuanimidad e imparcialidad para juzgar libres de prejuicios. Id.

      No viola el derecho constitucional de un acusado a un juicio justo e imparcial, aquella información publicada en los periódicos que se refiere a la prueba que desfiló en el juicio reseñándola con fidelidad, no conteniendo dicha información dato alguno que no hubiese sido oído o visto por el jurado que condenó al acusado. Pueblo v. Pérez Santaliz, 105 D.P.R. 10 (1976).

      Es útil y deseable la publicidad sobre un proceso judicial ya que le brinda al pueblo la oportunidad de enterarse de lo fue ocurre en los tribunales y de formar una opinión responsable, que es esencial para corregir cualquier abuso, corrupción o deficiencias en los procedimientos investigativos utilizados por la policía o los fiscales o en la imposición de las penas por un tribunal. Id.

      Diferentes remedios al alcance de un juez que preside un proceso criminal para asegurar al acusado un juicio justo e imparcial frente a la razonable sospecha de que tal derecho puede ser menoscabado por publicidad adversa a dicho acusado, se reseñan en la opinión. Id.

      Reseñas periodísticas conteniendo comentarios inocuos, en las cuales se resume fielmente lo que el jurado oyó y vio en el juicio, no pueden servir de base a un acusado para solicitar del juez que intervino en el caso - a través de una moción de nuevo juicio - que lleve a cabo una investigación del jurado para determinar qué efecto habían tenido en éste dichas reseñas periodísticas. Id.

      No constituye una violación al derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial, la mera publicación de noticias sobre el proceso judicial a que se sometió el acusado. Id.

      Para establecer judicialmente que la publicidad sobre un proceso judicial perjudicó el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial, éste tiene que probar la posibilidad de perjuicio, lo cual depende fundamentalmente de la naturaleza de la información periodística y del grado de exposición del jurado a la misma. Tal posibilidad de perjuicio surge cuando la prensa divulga hechos que no han pasado por el tamiz del juicio y que, por tanto, el acusado no ha tenido la oportunidad de confrontarlos en el proceso adversativo. Id.

      Viola el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial, aquella información periodística masiva sobre dicho juicio que es parcializada, inflamatoria, o tan intensa que pueda razonablemente inferirse una atmósfera de pasión contra el acusado. Id.

      Casos en que la información periodística publicada sobre un procedimiento criminal constituyó, o no constituyó, un perjuicio contra el acusado - violando su derecho constitucional a un juicio justo e imparcial - se relacionan en la opinión. Id.

    7. Contrainterrogatorio. El requerimiento constitucional de todo acusado a confrontarse con los testigos de cargo se satisface, en relación con la admisibilidad como prueba sustantiva de una declaración bajo juramento presentada por un testigo antes del juicio, si al momento de prestar la declaración hubo la oportunidad de contrainterrogar al testigo o si se le brinda la oportunidad a la defensa de así hacerlo durante el juicio. Pueblo v. De Jesús Ayuso, 119 D.P.R. 21 (1987).

      Véanse las anotaciones bajo la anterior sec. 2147 del Título 32, nota 6.

    8. Doble exposición. La garantía contra doble exposición no es un impedimento absoluto a juicios múltiples; el consentimiento del acusado a un juicio nulo en el primer procedimiento actúa como una renuncia de dicha garantía. U.S. v. Aguilar Aranceta, 957 F.2d 18 (1992).

      El hecho de que el Congreso de los Estados Unidos tenga poder para legislar respecto a Puerto Rico no impide que el Estado Libre Asociado tenga suficiente poder soberano para regir la conducta penal de sus ciudadanos. Pueblo v. Castro García, 120 D.P.R. 740 (1988).

      No existe doble exposición por el hecho de que los imputados de delito fueran acusados por los mismos hechos ante el tribunal federal. Pueblo v. Castro García, 120 D.P.R. 740 (1988).

      La apelación del Estado no expone por segunda vez a un acusado cuando la devolución a primera instancia es la continuación del único y el mismo proceso seguídole, especialmente si ninguna prueba adicional a la ya recibida ha de presentarse en su contra. Pueblo v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 626 (1976).

      No se vulnera la garantía constitucional contra doble exposición si la resolución o sentencia revisada por certiorari del Gobierno, por no estar arraigada y fundada en los méritos, al ser revocada y devuelto el caso a instancia, no obliga al acusado a sometese a un segundo juicio, pudiendo corregirse el error sin necesidad de ulterior proceso. Id.

      Es el propósito de la cláusula sobre doble exposición en la Enmienda Quinta de la Constitución de los Estados Unidos el de equilibrar la posición del gobierno y el individuo, y desalentar el exceso abusivo del temible poder de la sociedad. Id.

      La fundamental garantía constitucional de la Constitución de los Estados Unidos que prohíbe el que un acusado sea puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito se aplica a los Estados a través de la Decimocuarta enmienda de dicha Constitución. Lugo v. Tribunal Superior, 99 D.P.R. 244 (1970).

      El segundo juicio por jurado celebrado después que el primer jurado fue disuelto por el tribunal a tenor de la Regla 144(d) de las de Procedimiento Criminal de 1963, Ap. II del Título 34, por haber pasado inadvertidamente al jurado una acusación en que estaban incluidos delitos subsiguientes - actuación favorable al acusado - no viola el derecho establecido por el art. II, sec. 11 de la Constitución de no ser puesto en riesgo de ser castigado dos veces por el mismo delito. Pueblo v. Arteaga Torres, 93 D.P.R. 148 (1966).

      Un juicio puede descontinuarse y disolverse el jurado sin el consentimiento de acusado o aun ante su objeción, sin que por ese solo hecho un segundo enjuiciamiento por el mismo delito quede al margen de la garantía constitucional contenida en esta sección, cuando ocurran circunstancias en que los fines de una justicia sustancial no puedan lograrse y exista una manifiesta necesidad de así hacerlo, de modo que no se derroten los mejores fines de la justicia. Id.

      No infringe la prohibición constitucional de la doble exposición por el mismo delito, el hecho de que el Estado formule dos acusaciones por homicidio involuntario contra un acusado que ha causado la muerte de dos personas en un solo accidente de automóvil, al conducirlo en forma negligente, descuidada, con impericia o imprudencia, falta de circunspección, o por cualquier otra actuación o conducta no intencional, maliciosa o dolosa. Pueblo v. Matos Pretto, 93 D.P.R. 113 (1966).

      La alegación de anterior exposición por el mismo delito sólo puede presentarse por un acusado en el juzgado del distrito en el cual se celebró el primer proceso. Báez Montalvo v. Jefe Penitenciaría, 90 D.P.R. 609 (1964).

      En Puerto Rico ninguna persona será puesta en riesgo de ser castigada dos veces por el mismo delito. Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1964); Pueblo v. Rivera Ramos, 88 D.P.R. 612 (1963).

      Acusado un ciudadano de un delito, si durante la vista ante un jurado el juez le ordena que rinda un veredicto de absolución por existir una variante entre la acusación y la prueba, tras lo cual se radica una nueva acusación por el mismo delito contra dicha persona, la absolución del acusado en el primer caso no constituye impedimento al segundo proceso si dicha variación fue de tal naturaleza que hubiera hecho legalmente imposible una convicción en la primera acusación - esto es, nunca dicho acusado estuvo expuesto en el primer procedimiento - mas, si dicha variante o divergencia fue inmaterial o insustancial - esto es, que el acusado pudo haber sido convicto en el primer procedimiento con la evidencia ofrecida - la primera absolución constituye un impedimento al segundo proceso contra dicho acusado. Soto v. Tribunal Superior, 90 D.P.R. 517 (1963).

      En las circunstancias de este caso, la apelación o cualquier otro recurso, si autorizado por ley, por parte de El Pueblo para revisar en el Tribunal Superior sentencias absolutorias dictadas por el Tribunal de Distrito no transgreden los derechos constitucionales del acusado y particularmente su privilegio a no ser expuesto dos veces por el mismo delito. Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 763 (1960).

    9. Prisión. Un acusado que se halle en prisión preventiva por defecto de fianza en espera de juicio tiene derecho a que se le excarcele una vez transcurridos seis meses desde que fue detenido sin haberse celebrado el juicio. Sánchez v. González, 78 D.P.R. 849 (1955).

      La detención preventiva antes del juicio que exceda de seis meses, si bien es en sí ilegal, no es motivo para que el proceso que contra el detenido se siga no pueda continuar contra él transcurrido dicho período, ni para que quede por ello exonerado del delito. Pueblo v. Ortiz, 76 D.P.R. 247 (1954).

    10. Silencio del acusado. Una pregunta del fiscal al acusado en contrainterrogatorio al respecto de por qué no había manifestado en el cuartel de la Policía la noche de los hechos lo que ahora declaraba como testigo, constituye comentario al silencio del acusado, pero no es error que requiera necesariamente la revocación de la condena, a no ser que hubiera sido un factor decisivo en el veredicto. Pueblo v. Ríos Alvarez, 112 D.P.R. 92 (1982).

      Aunque por regla general la prohibición constitucional se aplica cuando el acusado no se sienta a declarar, dicho derecho se ha extendido a los casos en que el acusado se sienta a declarar retrotrayendo sus efectos a la etapa de la investigación policíaca y de la vista preliminar celebrada en el caso. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

      El derecho de un acusado de permanecer callado en el juicio, así como también en la investigación del delito por el cual luego se le acusa, no puede utilizarse en su contra, ni como una admisión de culpabilidad ni para impugnar su credibilidad. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

      No constituyen una violación al derecho de un acusado de permanecer en silencio los comentarios de un fiscal sobre el silencio del acusado que se refieren a una etapa anterior a la investigación policíaca, cuando aún el acusado no se consideraba sospechoso de haber cometido un delito. Pueblo v. González Colón, 110 D.P.R. 812 (1981).

      Un fiscal no comenta el silencio de un acusado cuando dicho funcionario se limita a hacer referencia a hechos que eran parte del crimen cometido, función lícita de dicho funcionario. Pueblo v. Ortiz Rodríguez, 103 D.P.R. 368 (1975).

      Un fiscal no comenta durante el juicio el silencio de un acusado por el hecho de que en el informe final al jurado expresara que "La defensa no ha presentado un ápice de prueba." cuando el fiscal se refería, no al hecho de que el acusado no se había sentado a declarar, sino a la prueba para impugnar a un testigo de El Pueblo a quien se le imputaba ser adicto a drogas. Pueblo v. López Camacho, 98 D.P.R. 700 (1970).

      El fiscal no está justificado, durante la celebración de un proceso criminal, a hacer referencia al silencio del acusado durante la vista preliminar, por el hecho de que optó por declarar en su propia defensa en el día del juicio. Pueblo v. Esquilín París, 98 D.P.R. 505 (1970).

      Durante la celebración de un procedimiento criminal el fiscal no está justificado en hacer resaltar en su contrainterrogatorio el hecho de que ni durante la investigación del delito ni en la vista preliminar el acusado no interpuso la, defensa de coartada. Id.

      Constituye una violación perjudicial al derecho constitucional de un acusado a permanecer en silencio - la que justifica la revocación de la sentencia dictada - el que un fiscal lo interrogue durante el curso de su testimonio es el correspondiente procedimiento criminal - en el cual había alegado la defensa de coartada - en cuanto al por qué no le informó a la detective ni luego al juez que celebró la vista preliminar sobre el sitio en que se encontraba el día en que ocurrieron los hechos delictivos por los cuales se le acusaba, habiendo además dicho funcionario comentado en su informe al jurado, la actitud de dicho acusado de no presentar teoría de defensa alguna cuando estaba bajo arresto y en la vista preliminar, máxime cuando el juez sentenciador se negó a transmitir unas instrucciones especiales solicitada. por la defensa que posiblemente pudieron haber subsanado dicho error. Pueblo v. Esquilín París, 96 D.P.R. 415 (1968).

      Constituye una violación perjudicial al derecho de un acusado a permanecen en silencio - la que justifica la revocación de la sentencia y la concesión de ui nuevo juicio - el que el fiscal, al dirigirse al jurado en su informe de refutación sugiera o insinúe motivaciones para el silencio del acusado, o produzca explicaciones en torno al mismo a base de una certeza hipotética de la prueba di cargo, susceptibles de ser finalmente interpretadas como demostración de culpabilidad, o capaces de perturbar la serenidad o ecuanimidad del jurado Pueblo v. Perales Figueroa, 92 D.P.R. 724 (1965).

      Cuando durante la investigación de la comisión de un delito al acusado se le hace una imputación relacionada con la comisión del mismo, y éste n permanece callado, sino en forma positiva niega la comisión del delito y ex plica sus relaciones con la víctima - negativa traída a través del testimonio de un testigo de cargo - el acusado no puede alegar que se conculcó su derecho constitucional a que no se comente su silencio. Pueblo v. Couret Martínez 89 D.P.R. 57 (1963).

      Se examina la evidencia en este caso para concluir que en el mismo no hubo comentario alguno sobre el silencio del acusado, máxime cuando el juez instruyó al jurado correctamente del derecho del acusado a no declarar en El juicio, así como sobre el deber del fiscal de probar la culpabilidad del acusad con su prueba fuera de toda duda razonable, sin necesidad de que la defensa presente prueba de clase alguna. Pueblo v. Delgado Vega, 88 D.P.R. 605 (1963).

      De entender un tribunal que el ministerio fiscal ha cometido un error al comentar indirectamente el silencio del acusado - al expresar dicho funcionario que "Conteste el acusado, si es que puede, qué razones tiene Puro Pérez para ser enemigo suyo.", - este queda subsanado si el magistrado procede inmediatamente a ordenar la eliminación de las manifestaciones del fiscal y procede a instruir específicamente al jurado que no tome en consideración dichas manifestaciones, e informa al jurado que el acusado no está obligado a sentarse a declarar, y que si no se sienta, su silencio no debe tomarse en consideración, indicándole al jurado la obligación del fiscal de probar su caso más allá de duda razonable, sin que el acusado tenga que declarar, máxime cuando, vistas las circunstancias en el caso, el comentario impugnado por la defensa en verdad no constituye un comentario al silencio del acusado. Pueblo v. Díaz, 69 D.P.R 621 (1949).

      De entender el tribunal y las partes que el ministerio fiscal ha cometido un error al comentar indirectamente el silencio del acusado - al expresar dicho funcionario que el acusado está aquí para decirlo, si quiere decirlo . . . - éste queda subsanado si inmediatamente de pedir la defensa que se decretara un mistrial por tal motivo, el magistrado procede inmediatamente a instruir específicamente al jurado sobre el derecho del acusado de abstenerse de declarar, y que bajo ningún concepto consideren en sus deliberaciones el hecho de que el acusado no hubiera declarado o presentado prueba en su defensa, y recrimina duramente al fiscal por el comentario que hizo, repitiendo el magistrado dichos conceptos en sus instrucciones generales, máxime cuando el comentario del fiscal en verdad no se refiere directamente, ni puede inferirse del mismo, que hacía alusión alguna al silencio del acusado. Pueblo v. Cotto Torres, 88 D.P.R. 23 (1963).

      En esta jurisdicción todo comentario sobre el silencio del acusado está proscrito. Reyes v. Tribunal Superior, 84 D.P.R. 29 (1961).

      Véanse también las anotaciones bajo la sec. 1171 del Título 34, nota 8a y la Regla 137, Título 34, Ap. II, notas 2 y 78.

    11. Presunción de inocencia. La presunción de inocencia de todo acusado es mandatoria bajo las disposiciones de esta sección. Pueblo v. Rodríguez, 91 D.P.R. 157 (1964).

      Si el récord en un caso criminal guarda silencio sobre si el acusado hizo alegación de inocencia, mas éste estuvo presente durante el juicio y representado por abogado, anunció estar listo para entrar a juicio, lo cual hizo, repreguntó a los testigos de cargo y presentó prueba de defensa, este Tribunal concluirá que el error de no haber hecho el acusado alegación alguna, de haberlo, en nada perjudicó al acusado. Id.

      En todo proceso criminal el acusado deberá gozar de la presunción de Inocencia, derecho que tiene categoría de mandato constitucional. Pueblo v. Ortiz Morales, 86 D.P.R. 456 (1962).

      Esta sección elevó a orden constitucional la presunción estatutaria de inocencia de la sec. 715 del Título 34 y, por consiguiente, no cabe interpretar la sec. 726 del propio Título 34 a los efectos de que, probado que un acusado ha perpetrado una muerte ilegal, existe una presunción de ley que actuó con malicia premeditada y cometido un asesinato. Pueblo v. Túa, 84 D.P.R. 39 (1961).

    12. Juicio rápido. El derecho a juicio rápido no cobra vigencia hasta que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder (held to answer ), o sea, cuando está obligado a contestar una acusación o denuncia o expuesto a ser convicto. Pueblo v. Miró González, CE-91-638 (6/30/93).

      La actuación del abogado de un imputado de delito al no reclamar afirmativamente el derecho a juicio rápido de su representado, a sabiendas de que el señalamiento hecho por el tribunal cae fuera del término prescrito por ley, constituye una renuncia voluntaria, expresa y con conocimiento de causa, del derecho a juicio rápido de su cliente. Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989).

      Para que la suspensión de un señalamiento por razón de la ausencia de un testigo de cargo no se entienda violatoria del derecho de juicio rápido, el Estado viene en la obligación de demostrar que se trata de un testigo realmente esencial y que el Ministerio Público ha sido diligente en tratar de obtener la comparecencia de dicho testigo. Pueblo en interés menor R.G.G., 123 D.P.R. 443 (1989).

      La garantía constitucional de juicio rápido se extiende y aplica en toda su extensión a los procedimientos de vista preliminar, ya sea bajo la Regla 23 ó 24 de Procedimiento Criminal, Ap. II del Título 34. Pueblo v. Rivera Colón, 119 D.P.R. 315 (1987).

      Como regla general, el derecho a juicio rápido cobra vigencia desde que el imputado de delito es detenido o está sujeto a responder, y se extiende hasta el acto de dictar sentencia en determinado plazo, lo cual es renunciable. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      La determinación de si se ha infringido o no el derecho a juicio rápido es de tipo pragmático. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      El concepto de juicio rápido es relativo, no absoluto; no es un concepto inconsistente con cierta tardanza, pero la demora no debe ser intencional ni opresiva. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      Se han esbozado cuatro criterios para ser examinados en conjunto y con otras circunstancias pertinentes para evaluar las reclamaciones de violaciones del derecho a juicio rápido: (1) duración de la tardanza; (2) razones para la dilación; (3) si el acusado invocó oportunamente el derecho a juicio rápido, y (4) el perjuicio resultante de la tardanza. Ninguno de estos factores es determinante y todos están sujetos a un balance. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      Aunque el ordenamiento procesal penal no prescribe expresamente período alguno para dilucidar en sus méritos una causa criminal, el juicio, como regla general, debe discurrir sin interrupciones. Esta norma denominada "principio de concentración y unidad de vista", aspira a que, en lo posible, la vista en su fondo sea una y continua durante las sesiones consecutivas necesarias hasta su conclusión. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      No puede establecerse, a priori, un término fijo o uniforme de duración de un juicio en su fondo. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      Cualquier suspensión o aplazamiento del juicio debe ser justificado y lo más breve posible. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      La congestión de casos ante los tribunales, por sí solo, no constituye justa causa para excusar la infracción al derecho a juicio rápido. Tal derecho no puede ser menoscabado por razones tales como insuficiencia de recursos humanos y presupuestarios. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      La falta de objeción oportuna a suspensiones injustificadas del juicio puede constituir, en unión a otros factores a ser considerados, un impedimento para invocar exitosamente en apelación la infracción del derecho a juicio rápido. Pueblo v. Rivera Tirado, 117 D.P.R. 419 (1986).

      El derecho del imputado a juicio rápido no cobra vigencia hasta que el mismo sea detenido o sujeto a responder. Pueblo ex rel. L.V.C., 110 D.P.R. 114 (1980).

      Aun el derecho constitucional a juicio rápido se adapta en ocasiones al programa de trabajo y a realidades prácticas en el funcionamiento del sistema de administración de justicia. Tim Mfg. Co. v. Shelley Enterprises, Inc., 107 D.P.R. 530 (1978).

      Aun cuando el derecho a juicio rápido es fundamental, se reconoce que el concepto "juicio rápido" es uno flexible que requiere tomar en cuenta las circunstancias que rodean cada reclamo de eje derecho. Pueblo v. Reyes Herrans, 105 D.P.R. 658 (1977).

      El derecho a juicio rápido, aun cuando garantiza los derechos del acusado, no excluye los derechos de la justicia pública. Id.

      En el campo del derecho a un juicio rápido para un acusado, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha rehusado establecer procedimientos para los estados federados, a los que deja libres para fijar su definición de juicio rápido en forma consistente con ciertas normas federales mínimas. Id.

      El derecho a juicio rápido, garantizado por esta sección, se cumple en reglas procesales, en la realidad vital y en la función práctica de día a día del sistema de justicia criminal. Hernández Pacheco v. Flores Rodríguez, 105 D.P.R. 173 (1976).

      Tanto el derecho constitucional a un juicio rápido como el debido proceso de ley no pueden disminuirse por el hecho de que no se haya aprobado ley que los implante. La Constitución tiene su propio y supremo vigor que rebasa la ausencia de legislación habilitadora. Pueblo v. Opio Opio, 104 D.P.R. 165 (1975).

      El derecho a juicio rápido - el que no se circunscribe al acto del juicio propiamente dicho - se extiende para abarcar todas las etapas en progresión gradual desde la imputación inicial de delito. Id.

      Violan el derecho constitucional de un acusado a un juicio rápido, repetidas dilaciones de más de 120 días entre uno y otro señalamiento para la celebración de un juicio, cuando el acusado no consiente a tales demoras y no hay en el récord explicación alguna, y mucho menos justificación para tales dilaciones. García v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 27 (1975).

      Si bien es cierto que los acusados tienen el derecho - constitucionalmente garantizado - de que se les celebre juicio sin demora, no es menos cierto que la sociedad demanda que aquellos a quienes se acusan de violentar sus leyes sean juzgados prontamente, esto es, el juicio rápido es un derecho tanto del acusado como del Pueblo. Id.

      La renuncia de un acusado a un juicio rápido necesariamente no tiene que tener las salvaguardas exigidas para otras garantías constitucionales. Pueblo v. Tribunal Superior, 103 D.P.R. 732 (1975).

      No está atada a fuentes federales la interpretación del concepto constitucional "juicio rápido", estando cada jurisdicción en libertad de fijar su definición de dicho concepto en forma consistente con ciertas normas federales mínimas. Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974).

      Para impedir demoras que afectan los derechos de un acusado y perjudican la administración de la justicia y su buen nombre, los procedimientos para la ventilación en grado apelativo de los asuntos criminales deben acelerarse notablemente. Pueblo v. Colón Obregón, 102 D.P.R. 369 (1974).

      Un acusado renuncia a su derecho a juicio rápido cuando su caso se señala para celebrarse en una fecha en que caía fuera de los 120 días de la última suspensión del caso por justa causa - señalamiento hecho el 12 de septiembre de 1967 (cuando el acusado se opuso a la suspensión del caso), fecha que caía dentro de los 120 días desde la última suspensión por justa causa - cuando dicho acusado no objeta el nuevo señalamiento ni hizo solicitud alguna para que se adelantara el mismo. Pueblo v. Martínez Vega, 98 D.P.R. 946 (1970), revocado este pronunciamiento por Pueblo v. Arcelay Galán, 102 D.P.R. 409 (1974).

      El derecho a un juicio rápido es de fundamental importancia para un acusado. Jiménez Román v. Tribunal Superior, 98 D.P.R. 874 (1970).

      El derecho a juicio rápido es - por ser de carácter personal - renunciable. Id.

      El punto de partida para determinar si se violó el derecho de un acusado a un juicio rápido - si no se le enjuició dentro de determinado período de tiempo - no es la fecha en que un agente encubierto observó la comisión del delito por el acusado, excepto en aquellas situaciones extraordinarias que se señalan en los casos de Pueblo v. Seda, 82 D.P.R. 719 (1961), Pueblo v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 455 (1959) y Martínez v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 945 (1960), ninguna de las cuales concurre en el presente caso. Marrero v. Alcaide, Cárcel de Distrito, 92 D.P.R. 751 (1965).

      Véanse también las anotaciones bajo la Regla 64, Título 34, Ap. 11, notas 2 y 101.

    13. Descubrimiento de prueba. El derecho al descubrimiento de prueba es uno consustancial al derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su contra, pero la Regla 95 del Ap. II del Título 34 establece límites a esta prerrogativa a fin de desalentar las expediciones de pesca. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      La obligación del fiscal de poner a la disposición del acusado todo tipo de evidencia exculpatoria en cualquier etapa del proceso no se extiende a la de entregar su expediente al magistrado que preside para una expedición de pesca. Pueblo v. Ríos Alvarez, 112 D.P.R. 92 (1982).

      Es responsabilidad del Estado en su obligación de proveer un juicio justo, a tenor con la cláusula de debido procedimiento de ley, y aun sin mediar solicitud de la defensa para el descubrimiento de prueba, revelar evidencia exonerante en su poder o vicios de falsedad en su prueba que de permanecer ocultos e ignorados sofocarían la verdad en la sala de justicia. Pueblo v. Rodriguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

      Constituye una vulneración flagrante del debido proceso de ley el que un juez proceda a condenar a un acusado a base de una investigación llevada a cabo a sus espaldas por el Oficial Probatorio del tribunal, sin tener dicho acusado la oportunidad de contrainterrogar a las personas con quien se entrevistó dicho funcionario. Pueblo v. Rodríguez González, 102 D.P.R. 571 (1974).

    14. Advertencias. Es admisible en evidencia, sin necesidad de hacerle advertencia alguna al declarante, una narración de hechos hecha voluntariamente a un fiscal sobre unos sucesos delictivos ocurridos, cuando dicho declarante, al momento de hacer tales manifestaciones, no era un sospechoso de haber cometido el crimen perpetrado. Pueblo v. Chaar Cacho, 109 D.P.R. 316 (1980).

      No se justifica la revocación de una sentencia dictada contra un policía convicto de haber cometido varios delitos - quien se presume conocía sus derechos al ser arrestado - porque el detective encargado de la investigación al arrestado, no le advirtiera de su derecho a no declarar, cuando dicho policía no confesó ni hizo admisión alguna. Bajo dichas circunstancias, la cuestión de si hubo o no advertencia o de si éstas fueron o no suficientes, no es determinante. Pueblo v. Rosso Vázquez, 105 D.P.R. 905 (1977).

      Es necesario hacer las advertencias requeridas a un sospechoso para garantizar sus derechos contra la autoincriminación y de asistencia de abogado, una vez se ha colocado a éste bajo arresto, aunque no se encuentre en un cuartel de la policía, si está efectivamente restringido en su libertad. Pueblo v. Tribunal Superior, 97 D.P.R. 199 (1969).

      Son admisibles en evidencia - sin que previamente el policía le advierta de su derecho a no declarar y a tener ayuda de abogado - las manifestaciones hechas por un sospechoso al ser interrogado inicialmente en las investigaciones rutinarias de infracciones de tránsito que lleva a cabo la policía en el lugar de los hechos, cuando el agente solo se orienta para descubrir la identidad del sospechoso. ( Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1963), Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1965) y Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), distinguidos. ) Id.

      Para dar cabal cumplimiento al mandato de advertir a un acusado de su derecho a no incriminarse en una declaración extrajudicial escrita, tal advertencia debe preceder a dicha declaración, y así debe aparecer específicamente del texto de la misma. Pueblo v. Alvarez Solares, 95 D.P.R. 789 (1968).

      Para dar cabal cumplimiento al mandato constitucional de advertir a un acusado contra la autoincriminación en una declaración extrajudicial, tal advertencia debe preceder a dicha declaración, y así debe aparecer específicamente del texto de la misma si fuere escrita. Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98 (1967).

      Bajo el estado de derecho vigente el 21 de octubre de 1962 - fecha en que se prestó la declaración extrajudicial en este caso - y en 27 de junio de 1963 - fecha en que se celebró el correspondiente juicio - a un acusado le protegía en todo momento la garantía constitucional de no incriminarse a sí mismo, y como secuela de ello, el ser advertido de esa garantía antes de prestar una declaración extrajudicial. Id.

      No da debido cumplimiento al mandato constitucional de advertir a un acusado contra la autoincriminación, el hecho de que en una forma oficial intitulada "Declaración Jurada de Testigo" aparezca impresa la frase "previas las advertencias de ley". Id.

      Es inadmisible en evidencia - de acuerdo con la regla establecida en Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965) - la confesión de un acusado o sospechoso o las admisiones que le perjudiquen sustancialmente obtenidas mientras se encuentra bajo custodia de la policía u otra autoridad competente cuando se le interroga con el propósito de obtener manifestaciones incriminatorias, en ausencia de las advertencias sobre sus derechos constitucionales de permanecer en silencio y a no incriminarse y de obtener asistencia de abogado. Pueblo v. Laguna Rodríguez, 92 D.P.R. 831 (1965).

    15. Testigos. Para que el derecho del acusado a carearse con los testigos de cargo - esta sección - tenga concreción y sentido, el debido procedimiento de ley exige que se pongan al alcance del acusado los medios de prueba para impugnar a los testigos, atacar su credibilidad y todo recurso análogo encaminado a erradicar la falsedad del juicio y evitar el desvío de la justicia. Pueblo v. Rodríguez Sánchez, 109 D.P.R. 243 (1979).

      En aquellos casos en que la defensa tiene derecho a conocer el nombre de un confidente, un tribunal no debe aceptar que, para proteger la identidad del confidente, se recurra a la socorrida excusa de que se le conoce únicamente por un apodo. Pueblo v. Falú Fuentes, 102 D.P.R. 809 (1974).

      Constituye un error que justifica la revocación de la sentencia dictada en un caso el que un tribunal se niegue a obligar al Estado - ante una solicitud de la defensa oportunamente hecha - a que revele a la acusada la identidad y dirección del confidente - participante que participó en los hechos delictivos por los que se le acusa. Pueblo v. Beltrán Faría, 102 D.P.R. 783 (1974).

      Un tribunal viene obligado a solicitud de la defensa - bajo las circunstancias particulares del caso de autos - a ordenar al fiscal fue suministre a un acusado de violar la Ley de Sustancias Controladas - 24 L.P.R.A. secs. 2101 et seq. - el nombre y dirección de "A" - un sujeto que llevó al agente encubierto que trabajó en el caso y a su confidente - participante a casa del acusado, sitio donde se consumó la alegada transacción de compraventa de cigarrillos de marihuana entre el agente encubierto y el acusado - mas, el Tribunal no viene obligado a ordenarle al fiscal suministrar al acusado el nombre y dirección del confidente participante que intervino en el caso, máxime cuando el acusado ha anunciado la defensa de coartada para la cual él será el único testigo. Benítez v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 601 (1974).

      El derecho de todo acusado a obtener la comparecencia compulsoria de testigos a su favor garantizado por esta sección ha sido reconocido bajo la Constitución Federal en su Enmienda Sexta como un derecho fundamental y obligatorio para los estados. Pueblo v. Acosta Escobar, 101 D.P.R. 886 (1974).

      Las razones que justifican el privilegio del Estado de no revelar la identidad de un confidente dejan de tener virtualidad desde el momento en que queda descubierta dicha identidad por el testimonio cándidamente ofrecido por los testigos del Estado, no objetado por el fiscal. Id.

      Descorrido el velo que oculta la identidad de un confidente, cumplido ya su oficio, constituye un abuso de discreción por parte del juez que preside la vista - lo que justifica la revocación de la sentencia dictada contra el acusado por ello constituir una violación del debido procedimiento de ley - el no acceder a una solicitud oportunamente hecha por el acusado para que se le cite a dicho confidente, a menos que existan razones que justifiquen tal negativa. Id.

    16. Presunción de regularidad de sentencias. La adjudicación hecha por el juzgador de hechos conlleva una presunción de regularidad y corrección y de que el veredicto se sostiene a base de la prueba desfilada, y recae sobre el que sostiene lo contrario el peso de probar la irregularidad alegada y que la misma afectó sustancialmente el resultado obtenido. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      La presunción de regularidad acompaña a todas las sentencias de los tribunales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico sujetas a ataque colateral por una petición de hábeas corpus; y el acusado que solicite fianza pendiente la apelación, tiene la carga de probar que el tribunal del estado procedió de manera arbitraria al denegar su solicitud de fianza, violando así los lineamientos establecidos por el Tribunal Supremo del Estado Libre Asociado. Natal v. People of Puerto Rico, 424 F.Supp. 1082 (1975).

    17. Referéndum. El propósito de las normas existentes en Estados Unidos sobre el término mínimo constitucionalmente aceptable entre la fecha del cierre de una inscripción de electores y la fecha de la celebración de una elección, votación o referéndum, es garantizar a los electores potenciales la debida oportunidad de enterarse, meditar sobre la cuestión en controversia y votar. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980).

      A tenor con la Constitución de Estados Unidos, el término de 153 días comprendido entre el cierre de una inscripción de electores y la fecha de la celebración de un referéndum es inconstitucional. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980).

      Para el adecuado ejercicio del derecho al voto, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la de Estados Unidos, exige que medie un término razonable entre la fecha de un referéndum y el cierre de las inscripciones de electores. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980).

      El término de 153 días que mediaría entre la fecha de las últimas inscripciones de electores y la fecha de un referéndum es impermisiblemente amplio a tenor con la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ortiz Angleró v. Barreto Pérez, 110 D.P.R. 84 (1980).

    18. Menor número de jurados. Véanse las anotaciones bajo la Regla 112, Título 34, Ap. II, nota 2.

    19. Apremio personal. Véanse las notas bajo la sec. 5171 del Título 31.

      En circunstancias justificadas el dilatar una investigación encubierta y, desde luego, los arrestos de las personas relacionadas con esta pesquisa sobre sus actividades ilegales, no constituye un menoscabo al derecho de juicio rápido que ellos habrían de disfrutar al ser arrestados o acusados. 2 Der. Civ. 529, n. 2 (1971-CDC-021).

      Estimando que el derecho a juicio rápido comienza a contarse a partir del arresto o citación de una persona luego de haberse tomado algún tipo de acción oficial en su contra por alegada comisión de un delito público, la demora investigativa - de estar justificada - no constituye un serio menoscabo de ese derecho. 2 Der. Civ. 529, n. 3 (1971-CDC-021)