Sección de Prensa

Comunicados de Prensa

Galería de Fotos
Mensajes

Artículo 2 - 12:

InicioLeyes / Constitución / Artículo 2 - 12: Esclavitud, servidumbre involuntaria, castigos...


Esclavitud; servidumbre involuntaria; castigos crueles e inusitados; derechos civiles; leyes ex post facto; proyectos para condenar sin celebración de juicio.

Texto de los Estatutos

No existirá la esclavitud, ni forma alguna de servidumbre involuntaria salvo la que pueda imponerse por causa de delito, previa sentencia condenatoria. No se impondrán castigos crueles e inusitados. La suspensión de los derechos civiles incluyendo el derecho al sufragio cesará al cumplirse la pena impuesta.

No se aprobarán leyes ex post facto ni proyectos para condenar sin celebración de juicio.

Anotaciones

HISTORIAL

Carta Orgánica de 1917, art. 2.

Facultad de la Junta de Libertad bajo Palabra para conceder derechos civiles al convicto en libertad bajo palabra, véase la sec. 1503(e) del Título 4.

Poderes del gobierno de Puerto Rico para castigar los delitos y para arrestar y encarcelar para la protección o mantenimiento de la paz o salud pública, o de la vida o seguridad individual, véase la sec. 1 del Título 1.


ANOTACIONES

Análisis

  1. Ex post facto.
  2. Derechos civiles.
  3. Conmutación de sentencia.
  4. Impedimentos colaterales.
  5. Castigos crueles e inusitados.
  6. Jurisprudencia retroactiva.

  1. Ex post facto. La prohibición constitucional sobre leyes ex post facto se aplica solamente si la nueva ley requiere menos prueba para condenar al acusado que la que la ley exigía al momento de la comisión del delito o, respecto al delito y sus consecuencias, si se altera la situación del acusado en forma desfavorable. Pueblo v. Lebrón González, 113 D.P.R. 81 (1982).

    No procede la contención de un acusado apelante de que la Ley Núm. 11 de 8 de agosto de 1974 - 4 L.P.R.A. sec. 61 - constituye una ley ex post facto a la luz de Duncan v. Missouri, 152 U.S. 377 (1894) y casos posteriores. Pueblo v. Morcelo Martínez, 104 D.P.R. 20 (1975).

    Si una ley o su aplicación es ex post facto o no, es cuestión que no se plantea en un caso cuando la ley que se dice ser ex post facto estaba en vigor tanto a la fecha de la comisión de los delitos imputados en el caso como al momento de dictarse la sentencia en el mismo. Pueblo v. Miranda, 79 D.P.R. 710 (1956).

    Sentencias indeterminadas, véanse las anotaciones bajo 34 L.P.R.A. sec. 1024.

  2. Derechos civiles. La Constitución restituye automáticamente los derechos civiles del convicto una vez cumplida la sentencia, eliminando así la necesidad de una intervención ejecutiva, pero sólo el indulto, gracia reservada al jefe ejecutivo (Constitución art. IV, sec. 4, y 3 L.P.R.A. sec. 1) restituye dichos derechos antes de quedar cumplida la sentencia. Op. Sec. Just. Núm. 26 de 1958.

  3. Conmutación de sentencia. La restitución automática de los derechos civiles de un convicto al cumplirse la sentencia no altera la situación de aquel cuya sentencia ha sido conmutada o que está en libertad bajo palabra, ni le libra de los impedimentos legales provistos por el art. 20 del Código Penal, sec. 41 del Título 33, pues en tales casos no se entiende que la sentencia ha sido cumplida y por tanto no conllevan la restauración de los derechos civiles. Op. Sec. Just. Núm. 26 de 1958.

  4. Impedimentos colaterales. A partir de la vigencia de la Constitución del Estado Libre Asociado a un convicto que haya extinguido su sentencia le son automáticamente restituidos sus derechos civiles y políticos sin que sea necesaria la intervención del Gobernador, cuya clemencia ejecutiva queda limitada a eliminar las consecuencias colaterales - obtención de licencia para ejercer ciertas profesiones, licencia de conducir, portación de armas, etc. - que existan independientemente de sus derechos civiles y políticos. Op. Sec. Just. Núm. 33 de 1960.

  5. Castigos crueles e inusitados. La cláusula contra castigos crueles e inusitados exige que se tenga una razonable proporción entre la pena impuesta y la conducta delictiva penada por ley, y se debe sopesar de un lado la severidad de la pena y del otro la gravedad de la conducta criminal a la luz de los siguientes factores: (1) daño causado a la víctima y a la sociedad; (b) culpabilidad del convicto, y este último factor se refiere a la actitud mental del acusado al perpetrar los hechos, esto es, al mens rea. Debe tomarse además en consideración si el convicto tendrá oportunidad de disfrutar del beneficio de libertad bajo palabra. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

    Tanto la Constitución como las leyes de Puerto Rico establecen normas muy estrictas para el tratamiento de los confinados, en lo que se refiere al hacinamiento de la población penal. Morales Feliciano v. Romero Barceló, 672 F. Supp. 591 (1986), moción para modificar estipulación y orden denegada, Morales Feliciano v. Hernández Colón, 672 F. Supp. 627 (1987).

    La suspensión indefinida de un jinete por haber hecho uso de su derecho a no incriminarse al negarse a declarar en una investigación de una comisión hípica estatal puede constituir castigo cruel e inusitado. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414 (1985).

    No constituye un castigo cruel e inusitado una pena impuesta a un convicto cuando ella cae dentro de los límites fijados por la ley que castiga el delito imputado. Pueblo v. Pedroza Muriel, 98 D.P.R. 34 (1969).

    Constituye un castigo cruel e inusitado el imponerle a un adicto al uso de drogas narcóticas una pena de reclusión en virtud de sentencia en un caso criminal en que sólo se le imputa el ser un adicto. Martínez Rodríguez v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 629 (1965).

    No constituye un castigo cruel e inusitado el que un tribunal le imponga una pena de cárcel a un adicto por poseer una droga narcótica. Id.

    La disposición constitucional que prohíbe un castigo cruel e inusitado tiene como origen el deseo de proscribir castigos bárbaros e inhumanos, como los de quema en la hoguera, la decapitación, el desmembramiento del cuerpo humano y algunas formas de torturas que antiguamente eran más o menos comunes. Pueblo v. Jaimán Torres, 86 D.P.R. 700 (1962).

  6. Jurisprudencia retroactiva. La doctrina establecida en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso de Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964) está disponible solamente para personas cuyos juicios empezaron después del 22 de junio de 1964 - fecha de esa decisión - y las normas establecidas en el caso de Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966), las cuales este Tribunal había establecido previamente en Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), están disponibles solamente para personas cuyos juicios no se hablan comenzado el 26 de octubre de 1965, día en que este Tribunal resolvió el citado caso de Rivera Escuté. Pueblo v. Adorno Lorenzana, 93 D.P.R. 788 (1966), certiorari denegado por Lorenzana v. Puerto Rico, 386 U.S. 1040 (1967), reconsideración denegada 387 U.S. 949 (1967).

    No existe reparo constitucional alguno para que un tribunal de última instancia, al anunciar una nueva interpretación constitucional, seleccione si la misma ha de tener efecto retroactivo o únicamente prospectivo, dependiendo tal determinación de los merecimientos y los desmerecimientos en cada caso examinando el historial anterior de la norma en cuestión, su propósito y eficacia, y si la aplicación retrospectiva habría de fomentar o retardar su funcionamiento. Rivera Escuté v. Jefe Penitenciaría, 92 D.P.R. 765 (1965), confirmada por Rivera Escuté v. Delgado, 439 F.2d 891 (1971), certiorari denegado por Escuté v. Delgado, 404 U.S. 824 (1971), reconsideración denegada 404 U.S. 987 (1971).

    Una nueva interpretación constitucional debe aplicarse retroactivamente sólo en aquellas situaciones en que la nueva regla protege al acusado inocente contra la posibilidad de ser convicto de un crimen que no cometió, como sería el caso de una condena basada en una confesión no voluntaria o coaccionada. Id.

    No sirve propósito alguno en esta jurisdicción el aplicar en forma retroactiva la nueva doctrina constitucional sentada en el caso de Escobedo v. Illinois, 378 U.S. 478 (1964), cuyo propósito es mejorar en adelante el sistema en general de administración de justicia cegando la fuente de coacción del sospechoso. Id.

________

Cualquier disposición penal que en una u otra forma castigue a posteriori en base a los intereses de conveniencia y necesidad públicas, tiene que ser redactado en forma precisa, clara y definida, o susceptible de interpretación definida por los tribunales de justicia; e, igualmente, tiene que aplicarse de manera uniforme, consistente e indiscriminatoria. 2 Der. Civ. 389, n. 9 (1971-CDC-019).