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Artículo 2 - 19:

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  • Interpretación liberal de los derechos del ser humano y facultades de la Asamblea Legislativa

    Anotaciones

    HISTORIAL

    La enumeración de derechos que antecede no se entenderá en forma restrictiva ni supone la exclusión de otros derechos pertenecientes al pueblo en una democracia, y no mencionados específicamente. Tampoco se entenderá como restrictiva de la facultad de la Asamblea Legislativa para aprobar leyes en protección de la vida, la salud y el bienestar del pueblo.

    ANOTACIONES

    Análisis

    1. Poderes de la Asamblea Legislativa - En general.
    2. Actividad comercial.
    3. Corporaciones públicas, creación.
    4. Práctica profesional.
    5. Función de las cortes.
    6. Libertad de movimiento.

    1. Poderes de la Asamblea Legislativa - En general. Una asignación de fondos para fines no autorizados no solamente infringe la sec. 9 del art. VI de la Constitución sino esta sección relativa a los derechos pertenecientes al pueblo. P.S.P. v. E.L.A., 107 D.P.R. 590 (1978).

      La Asamblea Legislativa tiene amplios poderes para reglamentar prácticas que considere perjudiciales al sistema de mercadeo, salvo que al hacerlo, infrinja una disposición específica de la Constitución de Puerto Rico. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973).

      Corresponde a la Asamblea Legislativa y no al Poder Judicial- sí fuere ello de interés publico - el conceder el derecho a un propietario a recibir - como un subsidio - renta incluida en el alquiler razonable, del valor de estructuras que no existen en uso del inquilino. Martínez Rivera v. Peñagarícano, Admor., 90 D.P.R. 542 (1964).

      La Asamblea Legislativa no tiene poder constitucional para aprobar un estatuto confiscatorio, como tampoco lo tiene para delegar en un organismo administrativo facultad para resolver derechos en una forma que resultara confiscatoria. Hernández Montero v. Cuevas, Director, 88 D.P.R. 785 (1963).

      Un estatuto que no responde o se ajusta a las normas constitucionales, de nada sirve y a nadie obliga. Id.

      La determinación de qué tipo de organización se presta mejor para el desempeño de una función pública es facultad exclusiva del legislador, y la preferencia que pueda tener por uno u otro tipo de organización es definitiva para los tribunales a menos que disposiciones constitucionales expresamente la prohíban. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 982 (1960).

    2. Actividad comercial. En beneficio del interés público, un estado puede constitucionalmente ocuparse de un negocio que corrientemente realiza la empresa privada, imponer una contribución para mantener tal negocio y competir con los intereses privados que participan en la misma actividad. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 982 (1960).

    3. Corporaciones públicas, creación. La Autoridad de Comunicaciones es una corporación pública o instrumentalidad de El Pueblo de Puerto Rico a través de la cual el Gobierno de Puerto Rico descarga funciones públicas. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 982 (1960).

    4. Práctica profesional. La práctica de la medicina y la cirugía no constituye un derecho natural al que cualquier persona tenga acceso bajo la ley. Op. Sec. Just. Núm. 13 de 1973.

    5. Función de las cortes. En Puerto Rico, la Asamblea Legislativa no es el único agente de cambios sociales necesarios, siendo deber principal del Poder Judicial, cuando se trata de mantener vivo un esquema constitucional y de conservarlo en buena sintonía con las realidades del país, propender, al igual que la Asamblea Legislativa, a tal fin, aunque con la mesura y circunspección que le impone su papel dentro de nuestro sistema de gobierno y sin exceder el marco de sus atribuciones. Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 D.P.R. 250 (1978).

      Es a los tribunales de justicia que compete fijar el significado de las disposiciones constitucionales envueltas en el caso de autos en relación a un divorcio por mutuo consentimiento o donde se alegue la ruptura irreparable de los nexos de convivencia matrimonial, aclarándose que competería por entero la reglamentación de esta materia a la Rama Legislativa únicamente si el Tribunal Supremo resolviera que es impotente, bajo nuestra Constitución, para proteger el derecho a la intimidad de los ciudadanos de este país. Id.

    6. Libertad de movimiento. El derecho consagrado a moverse libremente por los sitios públicos no impide que el Estado reglamente razonablemente su disfrute, pero tal reglamentación debe estar orientada a favorecer el interés y bienestar general, evitando restringir indebidamente los derechos protegidos, y ser, además, una reglamentación efectiva para controlar el mal que se desea combatir. Op. Sec. Just. Núm. 3 de 1987.