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Artículo 2 - 3: Libertad de Culto

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  • No se aprobará ley alguna relativa al establecimiento de cualquier religión ni se prohibirá el libre ejercicio del culto religioso. Habrá completa separación de la iglesia y el estado.

    HISTORIAL

    Carta Orgánica de 1917, art. 2.

    Libertad de culto, véase la sec. 9 del Título 1.


    ANOTACIONES


    Análisis

    1. Cesión de terrenos - A título oneroso.

    2. Cesión de terrenos - A título gratuito.

    3. Plazas.

    4. Beneficio a la niñez.

    5. Ruidos indeseables.

    6. Fondos públicos para fines sectarios.

    7. Uso de locales públicos.

    8. Actuación administrativa.

    9. Créditos por educación.

    10. Interpretación.

    11. "Curia Romana".

    12. Intervención judicial.

     

    1. Cesión de terrenos - A título oneroso. Cuando una transacción entre el Estado y la Iglesia se reputa puramente comercial, rige el principio de que la misma no infringe los preceptos constitucionales que disponen la separación de Iglesia y Estado y de que no se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de instituciones que no sean del Estado. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1971.
      El criterio prevaleciente en las transacciones efectuadas entre la Iglesia y el Estado ha sostenido que no se infringe el precepto constitucional que dispone la separación de Iglesia y Estado si la transacción puede reputarse como una puramente comercial, y la misma se realiza en igualdad de circunstancias que con cualquier otra entidad. Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1970.

    2. En cualquier negocio jurídico en el cual estén envueltos intereses del Estado y de instituciones o sectas religiosas se debe tomar como base mínima para su validez, el concepto de transacción comercial pura y simple, no sólo en apariencia sino en todos sus demás aspectos; deben excluirse de tal negocio consideraciones teñidas de paternalismo o condescendencia. Op. Sec. Just. Núm. 80 de 1960.

      El Estado, de existir autoridad en ley, puede vender inmuebles a instituciones de carácter sectario, siempre que las condiciones en que se lleve a cabo la transacción indiquen que se trata de una transacción comercial pura y simple. Id.

      Tratándose del arrendamiento a una orden religiosa, de un predio de terreno propiedad del Estado, no habría impedimento desde el punto de vista estrictamente constitucional a la celebración de la transacción, siempre que la misma responda a los criterios que deben de regir las que se realicen con entidades religiosas, o sea, que se fije un canon razonable y se lleve a cabo la transacción en los mismos términos en que se hubiere realizado de ser el arrendatario una persona particular. Id.

       

    3. Cesión de terrenos - A título gratuito. La cesión gratuita de un terreno público municipal, conocido por La Placita, en beneficio de la Iglesia Samaria, entidad religiosa, constituiría una violación clara del principio constitucional de separación entre la Iglesia y el Estado y de la ley del 27 de febrero de 1902 (1 L.P.R.A. sec. 9). Op. Sec. Just. Núm. 8 de 1958.

    4. Plazas. El uso de las plazas públicas debe cederse por las municipalidades a entidades religiosas en la misma forma, y sujeta a la misma reglamentación, bajo la cual se cede a otros grupos, ya que la otra alternativa posible sería la negación absoluta del uso de esos sitios a todos los grupos en general, basada en razones válidas de orden público. Op. Sec. Just. Núm. 24 de 1956.

    5. Beneficio a la niñez. De acuerdo con la doctrina del beneficio a la niñez se considera que no se viola el principio de la separación de la Iglesia y el Estado cuando se presta ayuda a los escolares directamente, ya que esa ayuda directa no constituye el sostenimiento proscrito. Op. Sec. Just. Núm. 34 de 1961.

    6. Ruidos indeseables. Aun cuando el Estado no puede intervenir con la devoción y creencia religiosas de los ciudadanos, sí puede intervenir con el método de sus practicantes cuando éste hiere y lastima hasta anular el derecho de intimidad (privacy ) de la familia. Sucesión de Victoria v. Iglesia Pentecostal, 102 D.P.R. 20 (1974).
      En el santuario de su hogar, un ciudadano no es un cautivo que tiene que soportar prácticas y ruidos indeseables causados por los ejercicios y ritos de un templo religioso que le perturba y anula su derecho a la intimidad (privacy ) de su hogar, causándole tortura y extremo sufrimiento moral. Id.

      Fondos públicos para fines sectarios. No existe base legal para que el Municipio de Mayagüez aporte, mediante una emisión de bonos, una suma para la ampliación de un hospital propiedad de y operado por una entidad sectaria, porque, con independencia de la prohibición constitucional al respecto del establecimiento de la religión, los propósitos para emitir bonos están limitados a aquéllos para los cuales hubiere autorización legal para asignar fondos. Op. Sec. Just. Núm. 5 de 1975.
      Una cesión gratuíta de fondos públicos del Municipio de Mayagüez en beneficio de la Córporación de Adventistas del Séptimo Día, para la expansión del Hospital Bellavista, constituiría una acción no autorizada por la Constitución. (Reiterando el criterio expuesto en las Opiniones del Secretario de Justicia, Núms. 1958-8, 1959-17 y 1973-39.) Op. Sec. Just. Núm. 40 de 1973.

      Una asignación de fondos públicos a favor del Ejército de Salvación, dada su naturaleza de institución sectaria y religiosa, para llevar a cabo sus actividades como se ha solicitado, violaría los preceptos constitucionales que declaran la separación de la Iglesia y el Estado y que proveen que sólo se dispondrá de fondos públicos para fines públicos. Op. Sec. Just. Núm. 39 de 1973.

    7. Uso de locales públicos. La práctica, auspiciada por el Departamento de Instrucción Pública desde hace un año de celebrar servicios religiosos de carácter ecuménico en las salas de conferencias del mismo, siendo una actividad sectaria, se encuentra prohibida por disposición de ley en términos absolutos. Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1974.
      El uso esporádico o transitorio en oposición al uso continuo y regular de propiedad pública para fines religiosos, ha sido - a trevés de distintas opiniones de jurisdicciones estatales - el criterio relevante para la determinación de si dicho uso viola o no el principio de separación de Iglesia y Estado. Id.

    8. Actuación administrativa. Cuando se cuestiona una actuación gubernamental bajo la cláusula de libertad de culto, la parte interesada viene obligada a establecer que el Estado no tiene el corrrespondiente interés público que justifique su actuación o que se la ha impuesto un gravamen o carga sustancial al ejercicio de su religión. Asociación de Academias y Colegios Cristianos de P.R. v. E.L.A., AC-92-434; AC-91-478 (02/22/94).
      En el ejercicio de la jurisdicción de la Junta de Relaciones del Trabajo, en las circunstancias particulares del caso de autos, conllevaría una intervención que confligiría con los derechos constitucionales de la recurrente - escuela elemental, intermedia y superior de orientación católica - a tenor con esta sección. Academia San Jorge v. Junta de Relaciones del Trabajo, 110 D.P.R. 193 (1980).

      No son nulos los actos del Estado que puedan repercutir en la Iglesia si se justifican en términos seculares. Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979).

      No es función del Estado en controversias sobre cuestiones esencialmente de fe dictar doctrina religiosa. Id.

      Viola el principio de separación de la Iglesia y el Estado que establece la Primera Enmienda Constitucional la actuación del Departamento de Asuntos del Consumidor al ordenar la exhibición de documentos del departamento escolar de la Diócesis de Puerto Rico de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana para investigar los costos de operación de esas escuelas dentro de un plan general para determinar la proyección de las crecientes tendencias inflacionarias en el costo de la educación privada. Surinach v. Pesquera de Busquets, 604 F.2d 73 (1979).

      No es posible pensar que la investigación del costo de operación de las escuelas privadas en Puerto Rico llevada a cabo por el Departamento de Asuntos del Consumidor pudiera dar pie para motivar intromisiones prohibidas en el campo de las creencias religiosas, ni tampoco que una orden de dicho Departamento a las escuelas católicas, solicitando su contestación a un cuestionario que es parte de ese plan de investigación, hubiera podido afectar las decisiones de una organización religiosa en materia de su disciplina, fe, estructura, reglas, costumbres y derecho eclesiástico. Por consiguiente, el impacto total del plan de investigación referido no tiene como consecuencia que el Gobierno se haya inmiscuido excesivamente con la religión. Surinach v. Pesquera de Busquets, 460 F.Supp. 121 (1978), revocada la sentencia y devuelto el caso por Surinach v. Pesquera de Busquets, 604 F.2d 73 (1979).

      El derecho inalienable de un individuo o de un grupo a profesar y practicar una religión determinada, no puede considerarse menoscabado por el cuestionario preparado por el Departamento de Asuntos del Consumidor para determinar el costo de operación de la enseñanza privada en Puerto Rico, que fue enviado a algunas escuelas católicas, y en el cual se solicitó información acerca del número de alumnos y maestros, los sueldos pagados a éstos, las becas, fondos disponibles y su procedencia, los presupuestos anuales y otros detalles similares, porque dichas preguntas no constituyen una intrusión en materias doctrinales. Id.

      La actuación del Departamento de Asuntos del Consumidor al solicitar que las escuelas católicas contestaran un cuestionario - parte íntegrante de un vasto plan administrativo para la investigación del costo de operación de las escuelas privadas en Puerto Rico - en ausencia de indicios de parcialidad positiva o negativa, patrocinio u hostilidad contra una determinada institución, no viola el precepto de la Primeria Enmienda Constitucional acerca del establecimiento de religión alguna Id.

    9. Créditos por educación. A la luz del principio de completa separación entre la Iglesia y el Estado, la concesión de un crédito en su planilla de contribución a los padres o encargados legales que envíen a sus hijos a instituciones privadas de enseñanza de carácter sectario, es vulnerable de ataque constitucional. Op. Sec. Just. Núm. 30 de 1978.

    10. Interpretación. La participación del Estado a través de los tribunales en disputas contractuales no es incisiva en la operación de una institución educativa católica a tal punto que constituya una carga sustancial al libre ejercicio de culto ni de promover el establecimiento de cualquier religión; por tanto, siempre que la dilucidación de la disputa contractual no requiera pasar juicio sobre materias de doctrina, de fe, o de organización eclesiástica interna, los tribunales civiles podrán ejercer jurisdicción. Mercado Rivera v. Universidad Católica de P.R., RE-90-577 (06/27/97).
      Es válida la determinación de una institución religiosa de suspender de empleo a una profesora por violación a "postulados de la doctrina y la moral de la Iglesia Católica", pues dicha disposición corresponde al mandato del Código de Derecho Canónico, y la profesora en cuestión aceptó voluntaria y libremente dichas condiciones al suscribir su contrato de empleo con la institución. Mercado Rivera v. Universidad Católica de P.R., RE-90-577 (06/27/97).

      No es contrario al derecho a la intimidad las limitaciones establecidas por la Universidad Católica a sus profesores respecto a contraer segundas nupcias, pues los vínculos entre la institución educativa y la Iglesia Católica son tales que convierten a la primera en una institución religiosa y las disposiciones reglamentarias en que se basó la determinación de la institución están basadas en el Derecho Canónico. Mercado Rivera v. Universidad Católica de P.R., RE-90-577 (06/27/97).

      No existe acción de Estado por el hecho que los estudiantes de la Universidad Católica reciban ayuda económica para cursar sus estudios, pues dicha ayuda no elimina el carácter religioso de la institución, ya que el mismo pertenece a los estudiantes y la decisión de emplear dichos fondos en una institución de educación superior de carácter religioso no necesariamente vulnera el principio que prohíbe el establecimiento de cualquier religión. Mercado Rivera v. Universidad Católica de P.R., RE-90-577 (06/27/97).

      Aunque la protección del matrimonio es un interés apremiante del Estado, la existencia de dicho interés no es suficiente para justificar la intervención del tribunal con la libertad de culto de la Universidad como institución religiosa cuando tal actuación pueda significar un gravamen o carga sustancial a dicha institución violando la cláusula del libre ejercicio de religión. Mercado Rivera v. Universidad Católica de P.R., RE-90-577 (06/27/97).

      Los tribunales civiles no pueden ejercitar su jurisdicción para dilucidar disputas sobre derechos de propiedad relativos a una iglesia cuando para hacerlo tendrían irremediablemente que pasar juicio sobre materias de doctrina, disciplina, fe u organización eclesiástica interna. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989).

      La Constitución no puede escudar del escrutinio judicial hechos puramente seculares meramente porque hayan sido ejecutados por oficiales de una organización religiosa. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989).

      El mero ejercicio del poder judicial para ventilar los méritos de una alegación de incumplimiento del contrato de trabajo libremente pactado entre un maestro laico y un colegio católico no constituye una carga sustancial a la práctica de la religión católica ni una interferencia excesiva del Gobierno con las autoridades religiosas. Díaz v. Colegio Nuestra Sra. Del Pilar, 123 D.P.R. 765 (1989).

      Una proclama de carácter no obligatorio, que no se refiere a ninguna secta o ideología religiosa en particular, no conlleva erogación de fondos públicos ni fomenta la participación en actividades sectarias o religiosas, y que sólo constituye una mera exhortación a la ciudadanía para que conozca o se familiarice con la Biblia, como parte de la celebración interreligiosa de la Semana Nacional de la Biblia, no infringe el principio constitucional de separación de la Iglesia y el Estado. Op. Sec. Just. Núm. 34 de 1983.

      Para que el Estado pueda prevalecer frente a una alegada infracción a la cláusula que prohíbe el establecimiento de cualquier religión, se requiere que la ley o conducta atacada tenga un propósito secular, que su efecto primario o principal no sea promover o inhibir la religión y, finalmente, que no conlleve la posibilidad de provocar una intromisión o interferencia (entanglement ) excesiva del Gobierno en los asuntos religiosos. Op. Sec. Just. Núm. 34 de 1983.

      Esta sección incluye tres cláusulas familiares Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos: la primera, referente a la libertad de culto; la segunda, prohíbe el establecimiento de una religión oficial; y, la tercera, refleja la teoría de que la relación ideal entre el Estado y la Iglesia exige el reconocimiento de dos esferas de acción separadas. Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979).

      Una interpretación absolutista por un tribunal de la cláusula constitucional de separación de la Iglesia y el Estado es inexacta. Id.

    11. "Curia Romana". Dentro de la iglesia católica, la "Curia Romana" es el conjunto de órganos - Sagradas Congregaciones, Tribunales y Oficios - a través de los cuales el Sumo Pontífice ejerce el gobierno de la Iglesia. Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979).

    12. Intervención judicial. Tiene facultad el Poder Judicial para revisar una acción eclesiástica impugnada si se prueba la existencia de un interés secular de suficiente peso para permitir su intervención. Agostini Pascual v. Iglesia Católica, 109 D.P.R. 172 (1979).
      Examinados los hechos del presente caso - en que un grupo de padres de estudiantes de una escuela superior católica pretende impedir mediante un interdicto el cierre de dicha escuela ordenado por las autoridades eclesiásticas por el fundamento de no cumplir con los estándares de catolicidad genuina y excelencia académica - el Tribunal Supremo resuelve que no existe un interés secular de suficiente peso para permitir la intervención del Poder Judicial. La involucración del Estado en la controversia planteada bajo las circunstancias del caso, atentaría contra el corazón mismo de la doctrina de la separación entre Iglesia y Estado. Id.

      La determinación de si una escuela superior católica cumple con el requisito de catolicidad genuina - requisito que en este caso las autoridades eclesiásticas hallaron infringido y, por ende, motivó el cierre de cierta escuela privada católica - es una cuestión de fe en la cual el Estado debe abstenerse de interferir a menos que se trate de una decisión eclesiástica claramente arbitraria, ilegal o indebidamente opresiva a otros miembros de la Iglesia. Id.

      Aun cuando el cierre de un escuela privada católica puede causar inconveniencias a diversos sectores de una comunidad, un tribunal no debe intervenir para revisar tal acción eclesiástica de la Iglesia. Id.