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Artículo 2 - 5: Instrucción pública

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    Toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Habrá un sistema de instrucción pública el cual será libre y enteramente no sectario. La enseñanza será gratuita en la escuela primaria y secundaria y, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, se hará obligatoría para la escuela primaria. La asistencia obligatoria a las escuelas públicas primarias, hasta donde las facilidades del Estado lo permitan, según se dispone en la presente, no se interpretará como aplicable a aquellos que reciban instrucción primaria en escuelas establecidas bajo auspicios no gubernamentales. No se utilizará propiedad ni fondos públicos para el sostenimiento de escuelas o instituciones educativas que no sean las del Estado. Nada de lo contenido en esta disposición impedirá que el Estado pueda prestar a cualquier niño servicios no educativos establecidos por ley para protección o bienestar de la niñez.
    [Según fue enmendada en las elecciones generales del 4 de noviembre de 1952, ef. Enero 29, 1953.]

    HISTORIAL
    La enmienda de esta sección fue una de las condiciones para la aprobación de la Constitución en la Resolución Conjunta del Congreso de Julio 3, 1952, cap. 567, 66 Stat. 327, que disponía que esta sección no tendría vigencia hasta que se enmendara según en ella se proveía. Esta condición fue aceptada a nombre del pueblo de Puerto Rico por la Convención Constituyente mediante la Resolución Núm. 34 del 10 de julio de 1952. La enmienda fue presentada a los electores en las elecciones generales del 4 de noviembre de 1952, por la Resolución Concurrente del Senado, Núm. 2, de la Asamblea Legislativa, aprobada el 28 de julio de 1952. A través del Boletín Administrativo Núm. 30, del 29 de enero de 1953, el Gobernador proclamó el hecho de que la enmienda había sido aprobada por una mayoría abrumadora de los electores y que la misma empezarla a regir el 29 de enero de 1953.

    En el texto, la enmienda es la misma que la sección original, con excepción de que se insertó la cuarta oración conteniendo la disposición expresada en la Resolución Conjunta del Congreso del 3 de julio de 1952.

    ANOTACIONES

    Análisis

    1. Escuelas o instituciones educativas.
    2. Compensación a autobuses.
    3. Iglesia y Estado.
    4. Universidades privadas.
    5. Renuncia de derechos.
    6. En general.

    1. Escuelas o instituciones educativas. Las disposiciones sobre ayuda a las escuelas privadas - aunque algunas de estas escuelas sean de carácter religioso - contenidas en la Ley Núm. 89-10, no contravienen ninguna disposición constitucional ni legislativa de aplicación en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Op. Sec. Just. Núm. 32 de 1966.
      Las disposiciones de la Constitución y la jurisprudencia de los tribunales dejan claramente establecido que no ha de haber ayuda o cooperación económica por parte de las autoridades gubernamentales hacia secta religiosa alguna, y que las instituciones educativas de carácter sectario quedaron excluidas por el constituyente del concepto "fines públicos". Op. Sec. Just. Núm. 45 de 1961.

      El término "escuela" según se emplea en la Constitución, debe considerarse que se utiliza de acuerdo con la acepción ordinaria y tradicional del mismo, o sea, que se refiere a aquellas instituciones docentes en que, siguiendo las normas y métodos que a estos efectos fija el Departamento de Instrucción Pública, provean una enseñanza sistemática sobre cualquiera de las ramas del saber. Op. Sec. Just. Núm. 27 de 1959.

      No está comprendida en la prohibición constitucional la solicitud de ayuda educativa pedida por una entidad no educativa - casa de convalecencia para niños mentalmente anormales - de carácter no sectario; tampoco hay problema con el principio constitucional de separación de la Iglesia y el Estado. Id.

      Lo que la Constitución prohíbe al Estado es la prestación de servicios educativos en escuelas o instituciones educativas privadas; la naturaleza del Instituto Psicopedagógico no es propiamente la de una escuela o institución educativa en el sentido en que tales conceptos se usan en la Constitución, ya que la instrucción que le brinda a los niños es, más bien, incidental a los fines y propósitos para los cuales fue establecido. Id.

      No se trataria de una actuación inspirada específicamente en la teoría del beneficio a la niñez, un préstamo del Banco de Fomento a favor de una escuela bajo auspicios religiosos, ya que seria hecho del modo y bajo las mismas normas en que se conceden tales préstamos para fines del desenvolvimiento de la economía general de Puerto Rico. Op. Sec. Just. Núm. 17 de 1959.

      El estar un grupo de niños matriculado en una escuela privada no es impedimento para que ellos puedan matricularse en una escuela pública y recibir instrucción en una asignatura que podría ser reconocida y admitida en la escuela privada. Op. Sec. Just. Núm. 45 de 1955.

    2. Compensación a autobuses. No seria óbice esta sección a que se compense a la Autoridad Metropolitana de Autobuses, mediante asignación al efecto, por la merma en sus ingresos que significa mantener la tarifa en 5 centavos para los estudiantes, de la cual se benefician también aquellos que asisten a escuelas privadas de carácter sectario. Op. Sec. Just. Núm. 34 de 1961.

    3. Iglesia y Estado. La Asamblea Constituyente deseó que mediante el lenguaje de la Constitución de Puerto Rico se entendiese como una redacción del principio de separación de Iglesia y Estado, tal como ha sido consignado en la Constitución Federal e interpretado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Op. Sec. Just. Núm. 82 de 1966.
      La doctrina de beneficios a la niñez, es en el sentido de que el beneficio que el Estado le brinda a los niños de edad escolar no constituye sostenimiento y, en consecuencia no es contrario al principio de separación de Iglesia y Estado aunque dichos niños estudien en escuelas privadas religiosas. Id.

    4. Universidades privadas. Nada en la Constitución de Puerto Rico ni en la política educacional de Puerto Rico ha hecho a la educación superior en una universidad privada de Puerto Rico una función pública, o ha puesto en dudas el status tradicional de los institutos y universidades privados, a pesar del argumento de que la disposición de la Constitución de Puerto Rico en el sentido de que "toda persona tiene derecho a una educación", interpretada conjuntamente con la reglamentación y mantenimiento por el Estado Libre Asociado de la educación superior, lleva a la conclusión de que la educación superior es una función pública y que la universidad quedaba sujeta a las normas legales sobre funcionamiento aplicables a las instituciones públicas. Berrios v. Inter. Am. University, 535 F.2d 1380 (1976), apelación desestimada 426 U.S. 942 (1976).

    5. Renuncia de derechos. La renuncia a un derecho fundamental no se presume. La misma debe ser expresa y no presunta, así como voluntaria y efectuada con pleno conocimiento de causa. Pagán Hernández v. U.P.R., 107 D.P.R. 720 (1978).
      El derecho a la educación - sec. 5 de la Carta de Derechos de la Constitución del E.L.A. - reclamado en un procedimiento administrativo no puede ser despachado con el argumento de que el reclamante presuntamente renunciara a ello porque no cumpliera con ciertos plazos dispuestos en un reglamento administrativo. Id.

    6. En general. El propósito principal de esta sección es definir las aspiraciones colectivas sobre la educación y crear un sistema de enseñanza pública a niveles primario y secundario exclusivamente, y no declara que existe un derecho a obtener del Estado una carrera universitaria Asociación de Academias y Colegios Cristianos de P.R. v. E.L.A., AC-92-434 (02/22/94), AC-91-478 (02/22/94).
      El Departamento de Instrucción debe revisar todo su programa para cumplir mejor el mandato de esta sección que expresa que toda persona tiene derecho a una educación que propenda al pleno desarrollo de su personalidad y al fortalecimiento del respeto de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. 1 Der. Civ. 551, n. 15 (1968-CDC-012).

      Parece muy satisfactoria la norma de no investigar, uno por uno, a todos los empleados, desde el punto de vista de su lealtad al régimen constitucional, y aunque es indispensable que los empleados públicos sean leales al orden constitucional, que respeten las normas más básicas de la organización política, los medios más efectivos para fomentar dicha lealtad son los de la educación, unidos al esfuerzo por mantener un verdadero orden constitucional, que sea respetable para todos. 1 Der. Civ. 143, n. 10 (1959-CDC-001).

      Nuestro derecho constitucional establece la plena separación entre la Iglesia y el Estado; prohíbe la instrucción religiosa en las escuelas públicas; y no permite que esas escuelas den a los estudiantes horas libres para recibir la enseñanza de religión fuera de los edificios públicos. Sin embargo, los líderes de las distintas Iglesias reconocen que hay plena libertad religiosa y que dentro de las actuales normas constitucionales las actuaciones del Gobierno son correctas. 1 Der. Civ. 53, n. 4 (1959-CDC-001).

      La sec. 5 de la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, basada en el art. 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, proclama el derecho a la educación. 1 Der. Civ. 17, n. 1 (1959-CDC-001).

      Aunque la Constitución de los Estados Unidos y las de sus Estados no incluyen en sus garantías el derecho a la educación, éste tiene rango constitucional en la cultura norteamericana. 1 Der. Civ. 17, n. 2 (1959-CDC-001).

      Se necesitan programas intensos y continuos de educación cívica para elevar la vigencia cultural de los derechos humanos, debiéndose fortalecer el sistema educativo y perfeccionar en él los requisitos de libertad académica. 1 Der. Civ. 7, n. 4 (1959-CDC-001).