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Artículo 2 - 7:

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  • Derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad; pena de muerte, no existirá; debido proceso; igual protección de las leyes; menoscabo de contratos; propiedad exenta de embargo.

    Se reconoce como derecho fundamental del ser humano el derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad. No existirá la pena de muerte. Ninguna persona será privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley, ni se negará a persona alguna en Puerto Rico la igual protección de las leyes. No se aprobarán leyes que menoscaben las obligaciones contractuales. Las leyes determinarán un mínimo de propiedad y pertenencias no sujetas a embargo.

    Anotaciones

    HISTORIAL

    Carta Orgánica de 1917, art. 2.

    Término máximo para la reservación de propiedad privada para uso público, véanse las secs. 2921 y 2922 del Título 32.

    ANOTACIONES

    Análisis

    1. Debido proceso de ley - En general.
    2. Bajo la Constitución de los Estados Unidos
      1. Claridad y precisión; estatutos penales.
      2. Impugnación de constitucionalidad.
    3. Procedimientos judiciales.
      1. Juntas Examinadoras.
      2. Procedimiento de abritraje.
    4. Contribuciones.
    5. Igual protección - Clasificaciones.
      1. Clasificación sospechosa.
      2. Criterios.
    6. Impugnación de clasificación; peso de la prueba.
    7. Expropiación forzosa.
    8. Menores.
    9. Confiscaciones e incautaciones.
    10. Derechos fundamentales.
    11. Disfrute de la propiedad.
    12. Interpretación.
    13. Hogar seguro.
    14. Obligaciones contractuales.
    15. Supresión de cargos.
    16. Vista administrativa.
    17. Cooperativas.
    18. Renuncia de derechos.
    19. Análisis constitucional.
    20. Detención sin orden de arresto.
    21. Procedimiento electoral para 1980.
    22. Demandas contra el Estado.

    1. Debido proceso de ley - En general. El debido proceso de ley requiere, como regla general, la notificación o citación real y efectiva, ajustada a los preceptos estatutarios aplicables. Como método alterno, la notificación constructiva, incluso por inferencias, es la excepción; se justifica en circunstancias particulares. Asoc. Residentes v. Montebello Dev. Corp., CE-93-731; 05/02/95; González Pérez v. E.L.A., RE-93-117; 04/26/95.

      La cláusula de debido proceso le impone al Estado la obligación de garantizar que la interferencia con los intereses de libertad y de propiedad del individuo se haga a través de un procedimiento que en esencia sea justo y equitativo. La validez de la ley, en términos substantivos, no es pertinente a los fines de evaluar si cumple con el debido proceso de ley procesal. C.E.S. U.P.R. v. Gobernador, AC-93-426 (09/23/94).

      Se han establecido tres criterios que deben sopesarse al determinar cuál es el proceso debido para privarle a un individuo de algún derecho protegido: (1) se debe determinar cuáles son los intereses individuales afectados por la acción oficial; (2) el riesgo de una determinación errónea que prive a la persona del interés protegido mediante el proceso utilizado y el valor probable de garantías adicionales o distintas, y (3) el interés gubernamental protegido con la acción sumaria y la posibilidad de usar métodos alternos. Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell, CE-92-94 (6/30/93).

      Los requisitos constitucionales del debido proceso de ley son aplicables a los procedimientos de embargo y prohibición de enajenar independientemente de que la incautación sea temporera. Rivera Rodríguez & Co. v. Stowell, CE-92-94 (6/30/93).

      El Ministerio Público viola el debido proceso de ley de un acusado cuando oculta, suprime u omite evidencia favorable que solicita la defensa y que es relevante a la inocencia o castigo de dicho acusado, independientemente de la buena o mala fe del Ministerio Público al así actuar. Pueblo v. Torres Rivera, C.A. 91-73 (1991).

      Violenta el debido proceso de ley un estatuto que, en su aplicación, convierte en irrisorio el remedio solicitado al operar en un período de tiempo tan corto que no le brinda a la parte perjudicada una oportunidad razonable para ejercitar la acción. Calo Morales v. Cartagena Calo, C.A. 91-71 (1991).

      La garantía constitucional del debido procedimiento de ley exige que un estatuto de naturaleza socioeconómica no sea irrazonable, arbitrario o caprichoso y que el medio elegido para avanzar el interés que se persigue tenga una relación racional con éste. Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625 (1987).

      Al pasar juicio sobre la validez constitucional de un estatuto - bajo la igual protección de las leyes y el debido procedimiento de ley - los tribunales no deben pasar juicio sobre la sabiduría o eficacia de la medida legislativa. Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625 (1987).

      El debido proceso de ley se manifiesta en dos dimensiones distintas: sustantiva y procesal. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

      Bajo el debido proceso de ley sustantivo, los tribunales examinan la validez de la parte sustantiva de una ley a la luz de la Constitución. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

      El debido proceso de ley en su ámbito procesal toma en cuenta las garantías procesales mínimas que el Estado debe proveer a un individuo al afectarle su vida, propiedad o libertad. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

      La aplicabilidad del debido proceso de ley en su ámbito procesal requiere un interés individual de libertad o propiedad. Cumplida esta condición hay que determinar cuál es el procedimiento exigido. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

      Un estatuto de prescripción que pueda tener el efecto de exigirle a los demandantes instar su acción antes de que tengan conocimiento de tal causa de acción viola el debido proceso de ley. Rivera Santiago v. Srio. de Hacienda, 119 D.P.R. 265 (1987).

      El requisito fundamental de debido proceso es la concesión de la oportunidad de ser oído. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987).

      El texto de la última oración del inciso (1) de la sec. 4109 del Título 26, que fija un término máximo de dos años para el inició de una acción por impericia médico-hospitalaria, es inconstitucional por violar esta disposición de la Constitución de Puerto Rico. Alicea v. Córdova, 117 D.P.R. 676 (1986).

      El debido proceso de ley requiere la revocación de una convicción cuando el juez que preside el proceso es la misma persona que lo había investigado previamente, lo que compromete su imparcialidad aunque fuere en apariencia. Pueblo v. Miranda Marchand, 117 D.P.R. 303 (1986).

      La interpretación y aplicación del debido proceso de ley bajo la Constitución del Estado Libre Asociado es prerrogativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Pueblo v. Ortiz Tirado, 116 D.P.R. 868 (1986).

      No pueden hacerse valer en Puerto Rico sentencias, dictámenes o decretos que hayan sido efectuados en violación al debido proceso de ley, aun cuando tales actos estén concebidos en relación con otras jurisdicciones domésticas. Amy v. Adm. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414 (1985).

      El procedimiento administrativo y judicial seguido con relación a un alegado discrimen por razón de sexo y violación del derecho de expresión cabal y libre, constituyeron el debido proceso de ley en el caso de autos. Stitzer v. U.P.R., 617 F. Supp. 1246 (1985).

      Una interpretación restrictiva de las secs. 757-1a a 757-1g del Título 3, contraria al espíritu y propósito que animaron su aprobación para remediar la situación económica de los empleados públicos ofreciéndoles un alivio económico especial con la brevedad posible, es irrazonable, injusta y discriminatoria, además de ser contraria a las garantías constitucionales de igual protección de las leyes e igual paga por igual trabajo. Op. Sec. Just. Núm. 9 de 1983.

      El derecho al debido proceso de ley no es un molde riguroso que se da en abstracto, pues su naturaleza es eminentemente circunstancial y pragmática. Pueblo v. Andreu González, 105 D.P.R. 315 (1976).

      Ni el debido proceso de ley ni el derecho coexisten para exigir cosas imposibles, absurdas, ni inútiles o innecesarias. Id.

      El debido procedimiento de ley es circunstancial y pragmático. Pueblo v. Suárez Sánchez, 103 D.P.R. 10 (1974).

      Como regla general, viola el debido procedimiento de ley aquel estatuto penal de tal naturaleza indefinido e impreciso que no informa adecuadamente al ciudadano que su acto estaba prohibido y penado, obligando a los tribunales tal falta de precisión de parte del Poder Legislativo a declarar dicho acto un delito. Pueblo v. Santiago Vázquez, 95 D.P.R. 593 (1967).

      En un contrato de arrendamiento entre la C.R.U.V., como arrendadora, y un ciudadano particular, como arrendatario, sobre una vivienda en una urbanización pública - proyecto de vivienda financiado con fondos federales y fondos estatales - dicha corporación gubernamental está sujeta a los requisitos del debido proceso de ley. C.R.U.V. v. Peña Ubiles, 95 D.P.R. 311 (1967).

      No está al margen del debido proceso de ley la destitución de un empleado en el Servicio sin Oposición del Gobierno de Puerto Rico por el solo hecho de que la Ley de Personal no provea que para la separación de dicho servicio sea necesaria la previa notificación de causa al empleado y la oportunidad de ser oído. Arcelay Rivera v. Superintendente Policía, 95 D.P.R. 211 (1967).

      El debido proceso de ley en casos administrativos no requiere que el testimonio que desfila en las audiencias sea evaluado por el oficial examinador que lo oyó y observó a los testigos. Hernández García v. J.R.T., 94 D.P.R. 22 (1967).

      En el ejercicio de su poder de reglamentación en beneficio del interés público, el Estado puede adoptar medidas para proteger la salud, la moral y el bienestar general de la comunidad, sin que las restricciones que surjan de tales medidas sean contrarias al concepto del debido procedimiento de ley. Unicamente cuando este tipo de legislación sea claramente arbitraria y no guarde una relación razonable con el propósito público que persigue, podrá dicha legislación declararse inconstitucional. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966).

      El debido proceso de la ley federal es de aplicación tanto en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico como en los distintos estados de los Estados Unidos. Figueroa Ruiz v. Delgado, 359 F.2d 718 (1966).

      A partir del convenio a tenor con la L.P. 600 del 81er. Congreso, la interpretación y aplicación de la garantía del debido proceso de la Constitución del Estado Libre Asociado es prerrogativa del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Id.

      El debido procedimiento de ley no se infringe porque un juez - sin hacer determinación alguna sobre la inocencia o culpabilidad de un acusado - haya oído y examinado bajo juramento a testigos que ante él comparecieron personalmente y cuyo testimonio sirvió para expedir una orden de allanamiento, para determinar que existía causa probable para el arresto del acusado y para radicar la acusación del fiscal contra dicho acusado, y luego presida la vista de la causa seguida contra el acusado en cuestión. Pueblo v. Pacheco, 83 D.P.R. 285 (1961), apelación desestimada por Pacheco v. People of Puerto Rico, 300 F.2d 759 (1962).

      La garantía del debido procedimiento tan sólo exige que la ley no sea irrazonable, arbitraria o caprichosa, y que el medio elegido tenga una relación real y sustancial con el objetivo que persigue. A. Roig, Sucrs. v. Junta Azucarera, 77 D.P.R. 342 (1954), confirmada por Antonio Roig, Sucrs., S. en C. v. Sugar Board of Puerto Rico, 235 F.2d 347 (1956), certiorari denegado por 352 U.S. 928 (1956).

    2. Bajo la Constitución de los Estados Unidos. Una convicción obtenida a base de testimonio perjuro es fundamentalmente injusta y debe ser descartada si hay base suficiente para intimar que el falso testimonio pudo haber afectado el veredicto rendido. Pueblo v. Echevarría Rodríguez, II, 128 D.P.R. 752 (1991).

      Las garantías mínimas que el debido proceso de ley exige al amparo de la Constitución federal para revocar los beneficios de libertad bajo palabra o sentencia suspendida son: (1) una vista preliminar para determinar si hay causa probable para creer que el probando ha violado las condiciones de su probatoria, y (2) una vista final antes de la decisión definitiva sobre si la probatoria será revocada; sin embargo, no es necesario celebrar la primera vista (preliminar) cuando, durante el trámite de solicitud de revocación, no se arresta ni encarcela al probando. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

      La alegación de que el reglamento de la leche que estableció una fórmula automática para el ajuste mensual de los precios en relación con los cambios en los precios de los alimentos para animales privó a los consumidores de leche del debido procedimiento, no expone una reclamación federal que autorice a la corte federal a ejercer su jurisdicción sobre las reclamaciones locales. Rivera v. Chapel, 493 F.2d 1302 (1974).

      Indudablemente bajo la Carta Orgánica de 1917, el Gobierno Insular de Puerto Rico estaba sujeto a la cláusula sobre debido procedimiento de la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos. De conformidad con los términos del convenio ofrecido al pueblo de Puerto Rico por la Ley Pública 600 y de la Resolución Conjunta del Congreso aceptando la Constitución adoptada por el pueblo de Puerto Rico a tenor con dicha Ley, el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico está sujeto a "las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos". Esto necesariamente quiere decir que los puertorriqueños, que siguen siendo ciudadanos de los Estados Unidos, tienen derecho a invocar contra el Estado Libre Asociado de Puerto Rico la protección de la garantía fundamental del debido procedimiento de ley, según se provee en la Constitución Federal. A los fines de este caso es innecesario determinar si es la cláusula del debido procedimiento de la Enmienda V o la de la Enmienda XIV la que se aplica ahora; lo importante es que no puede existir bajo la bandera americana ninguna autoridad de gobierno desligada de los requisitos del debido procedimiento de ley según se garantizan por la Constitución de los Estados Unidos. Es cierto que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico contiene una cláusula de debido procedimiento que con plena autoridad será interpretada y aplicada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico como cuestión de ley local. Pero la abarcadora garantía constitucional federal sobre debido procedimiento de ley se hará valer en las cortes federales y, en última instancia desde luego, en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Los términos del convenio, bajo el cual se estableció el gobierno del Estado Libre Asociado, no alteraron la jurisdicción de las cortes federales, según esta se establece en el Código Judicial, 28 U. S.C. Mora v. Mejías, 206 F.2d 377 (1953), revocada y devuelto el caso con instrucciones por Mora v. Mejías, 223 F.2d 814 (1955).

      1. Claridad y precisión; estatutos penales. La cláusula del debido procedimiento exige que los estatutos sean claros y precisos. La norma de certeza para los estatutos que castigan delitos es mayor que la exigida para los estatutos que dependen primordialmente de sanciones civiles para hacerlos valer. El delito debe definirse con adecuada precisión. Debe haber una norma determinable de culpabilidad. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      La vaguedad de un estatuto penal puede consistir de incertidumbre en cuanto a qué persona cubre la ley, o incertidumbre en cuanto a la norma aplicable para determinar la culpabilidad. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      La ley penal debe proveer a toda persona de inteligencia promedio una guía adecuada que le aperciba de antemano que su conducta está prohibida. Así, aunque se presume que toda persona conoce la ley, ello no implica que su significado tenga que ser adivinado. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Una ley penal ambigua promueve su implantación de forma arbitraria y discriminatoria, pues delega impermisiblemente en los funcionarios del orden público la determinación del alcance de la legislación. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Todas las leyes, aun las clarisímas, requieren interpretación. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Tanto los magistrados como los policías y fiscales ejercen cierto grado de discreción interpretando estatutos penales al desempeñar sus funciones. El ejercicio de estas funciones interpretativas no necesariamente significa que la ley sea ambigua. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Todo lo que la doctrina de la ambigüedad requiere es que se hayan establecido guías mínimas para gobernar la implantación del estatuto. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Una ley ambigua puede cohibir el disfrute de las libertades protegidas por la Constitución. Cuando esto ocurre, la ley es inconstitucional de su faz y no solamente según ha sido implantada. La ley es inconstitucional no por la forma en que fue empleada en el caso en particular, sino por la multiplicidad de maneras inconsistentes y arbitrarias en que podría ser utilizada en otras situaciones. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Los estatutos que castigan conducta desordenada están sujetos a unos criterios de certeza y claridad más estrictos que los usuales, y pueden ser declarados inconstitucionales de su faz aunque sea concebible alguna situación en la que puedan ser aplicados válidamente. De ordinario, no es imposible o impráctico que estos estatutos definan el delito con mucha precisión. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      La regla de que los estatutos penales deben interpretarse restrictivamente no exige que a las palabras de un estatuto deba dárseles su significado más limitado o que deba hacerse caso omiso de la evidente intención del legislador. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      El debido procedimiento de ley no quita a las autoridades su discreción para acusar. Unicamente impide que esa discreción se base en las predilecciones personales irrestrictas de la autoridad policíaca, o en la conducta inexplicablemente contradictoria o activamente engañosa de los oficiales del Gobierno. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Estatutos que intentan restringir, dificultar o prohibir el disfrute de los derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación en los foros públicos deben estar basados en un interés público apremiante, y su efecto y alcance no debe ser más amplio del necesario para lograr ese propósito legítimo y convincente, según expresado por el legislador. Por lo tanto, la amplitud excesiva de la ley impugnada tiene que ser sustancial en relación con el alcance legítimo que la medida pueda tener. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      1. Impugnación de constitucionalidad. Como norma general, una persona no puede impugnar un estatuto a base de que éste sería inconstitucional en otras circunstancias que no son las suyas, pues los derechos constitucionales son personales y no pueden ser invocados de forma vicaria. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

    3. Existen cuatro factores que deben ser tomados en consideración al determinar la capacidad de un litigante para invocar los derechos constitucionales de otros: (1) el interés del litigante; (2) la naturaleza del derecho invocado; (3) la relación existente entre el litigante y las terceras personas, y (4) la factibilidad de que los terceros puedan hacer valer tales derechos en una acción independiente. Por tratarse de una norma de excepción, la situación en que se pretenda emplear ha de cumplir con la más rigurosa exigencia los cuatro elementos o factores determinantes de capacidad antes mencionados. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

      Como excepción a la norma general de capacidad para litigar, se ha reconocido la capacidad de un litigante para defender los derechos de terceros que no están presentes en el caso cuando no existe otra manera efectiva de que los derechos de éstos sean preservados. También se ha reconocido otra excepción en el área de los derechos constitucionales de libertad de expresión y asociación. Pueblo v. Hernández Colón, 118 D.P.R. 891 (1987).

    4. Procedimientos judiciales. Todo acusado de delito público tiene derecho a que el Ministerio Público demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable en juicio público, justo e imparcial. Pueblo v. Torres Rivera, C.A. 91-73 (1991).

      No constituyen válida causa de acción que merezca la concesión de un remedio, los hechos acerca de la compañía matriz, que rehusó permitir a los trabajadores de la subsidiaria recibir consejo adecuado de los representantes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos antes de la terminación de su empleo. Alvarado Morales v. Digital Equipment Corp., 669 F. Supp. 1173 (1987), confirmada, 843 F.2d 613 (1988).

      La restricción al derecho fundamental a la intimidad sólo se justifica cuando se demuestra un interés apremiante del Estado, como por ejemplo, circunstancias especiales de amenaza real a nuestra seguridad nacional o un grave peligro para el orden social. Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 D.P.R. 35 (1986).

      Con motivo de un dictamen de culpabilidad, al convicto ya no le acompañan las garantías constitucionales de la etapa anterior a ese dictamen. Martínez Torres v. Amaro Pérez, 116 D.P.R. 717 (1985).

      Revocación de sentencia suspendida, véanse las anotaciones bajo la Regla 197 de Procedimiento Criminal, Ap. II del Título 34.

      Impide la cláusula constitucional del debido procedimiento de ley que una orden o sentencia dictada afecte a quien no fue parte en el pleito en que se dictó. Pérez Ríos v. Hull Dobbs, 107 D.P.R. 834 (1978).

      No viola la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ni ninguna disposición de la Constitución de Puerto Rico el que un fiscal motu proprio - y sin esperar a que la defensa presente la cuestión de la locura del acusado o hasta que el tribunal lo plantee el día del juicio - ordene que el Comité de Siquiatria Forense del Hospital de Siquiatria del Gobierno de Puerto Rico examine a un acusado al día siguiente de haber cometido los hechos delic tivos, cuando éste tenía un récord clínico, con el objeto de determinar si estaba mentalmente incapacitado al momento de cometer el delito por el cual se le iba a acusar. Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551 (1978).

      Un acusado tiene el derecho constitucional a seleccionar libremente a su abogado. Pueblo v. Durecort, 106 D.P.R. 684 (1977).

      Un tribunal no debe relevar a un abogado que ha aceptado representar a un acusado, particularmente si ha sido contratado para ello, mediante la designación socorrida de un abogado de oficio, mucho menos si el acusado no es indigente. Id.

      No se viola el debido proceso de ley a que tiene derecho un apelante en el Tribunal Supremo por el hecho de que, dictada sentencia por dicho Tribunal confirmando la condena del acusado, el Tribunal deje sin efecto dicha sentencia y, reexaminado de nuevo el caso, confirme una vez más la sentencia condenatoria del tribunal de instancia. Pueblo v. Santiago, 106 D.P.R. 1 (1977).

      El juicio de la peticionaria en el tribunal de distrito de Puerto Rico, en que el juez actuó como juez y fiscal porque no había fiscal que representara al estado, constituyó una denegación del debido procedimiento, y el hecho de que la peticionaria tenía derecho a un juicio de novo en el tribunal superior de Puerto Rico no curó la falta preexistente del debido procedimiento. Iglesias-Delgado v. Rivera-Rivera, 430 F.Supp. 309 (1976).

      El hecho a solas de un juez presidir el juicio contra otros coautores del mismo delito imputado al apelante no monta a una violación per se del debido proceso de ley. Pueblo v. Martés Olán, 103 D.P.R. 351 (1975).

      A los fines de concluir que la relación previa del juez sentenciador con los hechos del caso, por haber juzgado on anterioridad a otros coacusados del mismo delito, privó al apelante de sus derechos a gozar de la presunción de inocencia y del debido proceso de ley, es necesario que dicho apelante le señale al tribunal los incidentes en el juicio anterior causantes de probable perjuicio contra el apelante, así como el grado específico de relación del juez con la prueba que exigiese su no intervención. Id.

      Examinada la totalidad de las circunstancias que rodearon el procedimiento de identificación del acusado en el caso de autos - donde no se celebró una identificación en rueda del acusado - el Tribunal concluye que dichas circunstancias son de tal naturaleza que dan certeza a la identificación del acusado realizada por el perjudicado, no constituyendo dicho procedimiento una violación del debido procedimiento de ley a que tiene derecho el acusado. Pueblo v. Rivera Vázquez, 102 D.P.R. 758 (1974).

      La indefensión de una parte en un procedimiento judicial por la ausencia injustificada de su abogado durante la celebración de una vista es la negación extrema del debido proceso de ley. In re Coll, 101 D.P.R. 799 (1973).

      Cuando una demanda específicamente cita las secciones de la ley de Puerto Rico impugnada, los motivos de dicha impugnación y las razones por las que son inválidas a tenor con la Constitución y existe un difícil problema de debido proceso, un tribunal de tres jueces tiene jurisdicción sobre la demanda que impugna la constitucionalidad de la Ley de Detectives Privados en Puerto Rico, secs. 285 et seq. del Título 25. Wackenhut Corporation v. Calero, 362 F.Supp. 715 (1973).

      No constituye una violación del debido procedimiento de ley garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el hecho de que el veredicto de un jurado declarando culpable de hurto mayor a un acusado no sea por unanimidad y sí por una mayoría de no menos de nueve votos. Pueblo v. Batista Malonado, 100 D.P.R. 936 (1972).

      Es válida - y no constituye una violación al debido procedimiento de ley - una instrucción al jurado a los efectos de que la mera posesión por un acusado de objetos hurtados no es por sí sola suficiente para sostener una convicción por el delito de hurto, pero que en ausencia de prueba directa sobre el acto de la apropiación ilegal, la posesión por el acusado de la propiedad recientemente hurtada unida a otras circunstancias justifica que se someta la cuestión al jurado para la determinación sobre la responsabilidad criminal de dicho acusado. Id.

      La violación del debido procedimiento de ley en una confrontación - para la identificación por testigos de un sospechoso de haber cometido un crimen - depende de la totalidad de las circunstancias que rodearon el procedimiento de identificación. Pueblo v. Montañez Ramos, 100 D.P.R. 911 (1972); Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972); Pueblo v. Gómez Incera, 97 D.P.R. 249 (1969).

      Planteada en un pleito la contención de que un determinado estatuto priva a una parte de su propiedad sin debido procedimiento de ley, un tribunal no entrará en consideraciones sobre la sabiduría de la medida legislativa, sino que sostendrá su constitucionalidad, a menos que el estatuto carezca de un propósito público legítimo, o sea claramente arbitrario, o no guarde una relación razonable en el propósito público que persigue. Morales v. Lizarribar, 100 D.P.R. 717 (1972).

      Examinadas todas las circunstancias que rodearon el procedimiento de identificación del sospechoso en el caso de autos - quien luego fue acusado y condenado - el Tribunal concluye que dichas circunstancias son de tal naturaleza que de certeza de la identificación realizada, y excluye cualquier posibilidad de que el procedimiento utilizado esté viciado en forma alguna que pueda constituir una violación del debido procedimiento de ley. Pueblo v. Morales Romero, 100 D.P.R. 436 (1972).

      No se violan los derechos al debido proceso de ley de dos acusados por los mismos delitos en acusaciones separadas en el juicio conjunto celebrado contra ambos por haberse admitido en evidencia una declaración extrajudicial del acusado "B" y una confesión extrajudicial del acusado "A", cuando el abogado del acusado "A", acusado que estaba comprometido par la declaración extrajudicial del acusado "B", tuvo oportunidad de repreguntar a "13" al éste declarar y no lo hizo, y, aun cuando se cometió error por el juez sentenciador al no permitir al abogado de "13" repreguntar al acusado "A" al éste declarar - cuya confesión extrajudicial solamente afectaba adversamente a "13" en tanto lo situaba en el lugar de los hechos y andando en su compañía - dicho error no fue perjudicial, ya que el propio "13" declaró en el juicio que él andaba en compañía de "A" y fue con éste al sitio donde ocurrieron los hechos. Pueblo v. Méndez Nadal, 97 D.P.R. 482 (1969).

      La demanda de un terrateniente que alega que la actuación de funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico consistente en indicarle al dueño que reservara dos parcelas de terreno para su futura adquisición por el Estado Libre Asociado sin que se tomara acción alguna respecto de dichas parcelas durante más de tres años constituye una privación de propiedad sin justa compensación y una privación de sus derechos constitucionales y civiles, es suficiente para exponer una causa de acción a tenor con la Ley de Derechos Civiles. Inmobiliaria Borinquen, Inc. v. García Santiago, 295 F.Supp. 203 (1969).

      El agotamiento de remedios dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado no es un requisito previo para poder invocar la jurisdicción federal apropiada en un caso de derechos civiles. id.

      La demanda de un terrateniente al amparo de la Ley de Derechos Civiles, en la que alega que la actuación de funcionarios del Estado Libre Asociado consistente en requerirlo a reservar pareclas para su futura expropiación por el Estado Libre Asociado privaba al terrateniente de sus derechos civiles y constitucionales, no interfiere las funciones legales del gobierno del Estado Libre Asociado, y el uso del poder del Estado Ubre Asociado como instrumento para evadir el derecho del individuo protegido por la ley federal está sujeto a revisión federal. Id.

      Un examen siquiátrico de un sospechoso en la etapa investigativa de un delito - examen al cual se sometió voluntariamente - con el propósito de proteger al acusado contra un enjuiciamiento improcedente, y de proteger al Pueblo evitando convertir en fútil el proceso criminal, no viola ningún derecho constitucional de acusado. Pueblo v. Adorno Lorenzana, 98 D.P.R. 788 (1966), certiorari denegado por Lorenzana v. Puerto Rico, 386 U.S. 1040 (1967), reconsideración denegada por Lorenzana v. Puerto Rico, 387 U.S. 949 (1967).

      Los medios que establece la Ley de Tierras, 28 L.P.R.A. secs. 1 et seq ., para confiscar sin compensación de manos de un tercero los derechos de un usufructuario del programa del Título V de dicha ley, 28 L.P.R.A. secs. 551 et seq ., ilegalmente adquiridos por dicho tercero - persona que no es un usufructuario bona fide aceptado por la Administración de Programas Sociales del Departamento de Agricultura - son razonables y no establecen una confiscación de propiedad sin el debido procedimiento de ley. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966).

      La Ley de Reclamaciones por Servicios Prestados de 1961 - 32 L.P.R.A. secs. 8118 et seq ., estableciendo un procedimiento especial, de naturaleza sumaria, para la reclamación de salarios por servicios prestados<once a un patrono las oportunidades básicas de defensa que comprende el debido proceso de ley, a saber: (a) notificación de una querella; (b) citación; (c) oportunidad de contestar; (d) vista pública; (e) oportunidad de repreguntar los testigos de la otra parte y oportunidad de presentar los testigos que han de sostener las alegaciones a su favor; y, (f) una oportunidad de revisión por un tribunal de mayor instancia el fallo original dictado en su contra. Landrum Mills Corp. v. Tribunal Superior, 92 D.P.R. 689 (1965).

      El procedimiento judicial seguido en un juicio criminal ante el Tribunal de Distrito de Puerto Rico - establecido por los arts. 28 y 29 del Cód. de Enj. Crim. 34 L.P.R.A. anteriores secs. 58 y 59 - no viola el debido procedimiento de ley garantizado por la Enmienda V de la Constitución de los Estados Unidos y por esta sección, ni la separación de poderes consignada en el art. I, sec. 2 de esta última Constitución, ni el derecho a un juicio imparcial y justo que tiene todo acusado. Pueblo v. Barranco, 92 D.P.R. 558 (1965).

      No constituye error revocable de un tribunal de negarse a obligar al Estado que revele la identidad de un confidente-participante cuando dicha negativa no perjudicó realmente al acusado, privándole de un juicio justo. Pueblo v. López Rivera, 91 D.P.R. 693 (1965).

      Cuando se reconoce el derecho a vista o revisión judicial en cuanto a la determinación de incumplimiento de las condiciones de un indulto, el requisito del debido proceso de ley se considera cumplido si - como en este caso - se da al indultado la oportunidad de ser oído a través de un recurso de hábeas corpus. Reynolds v. Jefe Penitenciaria, 91 D.P.R. 303 (1964).

      Examinados los términos y condiciones en que fue concedido y aceptado el indulto en este caso, y considerado el carácter de la gracia ejecutiva ejercitada, es improcedente imputar falta de debido proceso de ley en el mecanismo provisto en dicho documento para el caso en que éste fuera revocado por el fundamento de incumplirse la condición impuesta en el mismo. Id.

      Un empleado despedido de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda de Puerto Rico no puede quejarse de la falta del debido proceso de ley en su destitución, si en algún momento durante la ulterior revisión judicial, dicho empleado tuvo oportunidad de ser oído y presentar la prueba y la argumentación correspondiente a la justicia de su caso, máxime cuando el hecho de que la oportunidad de ser oído no se lograra en cualquier momento anterior a la revi sión judicial, lo produjo la propia inercia del empleado al no acudir a la Junta de Apelaciones de la Corporación, tan pronto recibió la carta de destitución. Santiago Agricourt v. C.R.U.V., 90 D.P.R. 839 (1964).

      El debido procedimiento de ley a que tiene derecho todo acusado no queda infringido por el hecho de que el juez sentenciador, en ocasión de cada receso, instruya al jurado al efecto de que no debe formar opinión sobre la inocencia o culpabilidad del acusado hasta tanto el caso le sea definitivamente sometido para su consideración. Pueblo v. Miranda Matta, 88 D.P.R. 822 (1963).

      El hecho de que el veredicto del jurado declarando culpable de asesinato en segundo grado al acusado no sea por unanimidad y sí por más de nueve (9) votos no constituye una violación del debido proceso de ley garantizado por la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Pueblo v. Cotto Torres, 88 D.P.R. 23 (1963); Fournier v. González, 80 D.P.R. 262 (1958), confirmada por Fournier v. González, 269 F.2d 26 (1959).

      Un acusado no tiene el derecho constitucional absoluto a disfrutar de representación o asistencia legal en la etapa investigadora del delito. Pueblo v. Barreto Pérez, 85 D.P.R. 752 (1962).

      El debido procedimiento de ley no se infringe porque un juez que se ha limitado meramente a examinar, en forma impersonal, una declaración jurada para determinar si hay causa probable para expedir una orden de allanamiento y posteriormente otra declaración jurada para determinar si hay causa probable para el arresto del acusado, presida luego la vista de la causa seguida contra el acusado en cuestión. Pueblo v. Quiles, 83 D.P.R. 63 (1961).

      Atendidas las circunstancias que concurren, la actuación del fiscal al no presentar en evidencia en el juicio por jurado la alegada confesión del acusado no privó a éste de su derecho constitucional al debido proceso de ley. Pueblo v. Dumas, 82 D.P.R. 416 (1961).

      La muerte del taquígrafo que tomó el proceso, aisladamente considerada, no constituye razón constitucional suficiente para conceder un nuevo juicio, de existir un método alternado de revisión como lo es el de la exposición del caso que dispone el Código de Enjuiciamiento Criminal; cuando ese método alternado no puede utilizarse y de ello no puede responsabilizarse al acusado, los tribunales, como una cuestión constitucional y no como cuestión estatutaria, deben conceder un nuevo juicio que permita la revisión de la causa en sus méritos. ( Pueblo v. Reyes, 76 D.P.R. 296 (1954), distinguido y aclarado. ) Reyes v. Delgado, 81 D.P.R. 937 (1960).

      El derecho de apelar, una vez que se concede, ya lo otorgue la propia Constitución o se conceda por estatuto, entra a formar parte del debido proceso de ley. Id.

      Cuando la muerte de un taquígrafo que tomó el proceso y la imposibilidad de preparar una exposición del caso, a los efectos de una apelacíón, frustra el derecho de apelar del acusado, ello equivale a una negación del debido procedimiento de ley garantizado por nuestra Constitución. Id.

      La asistencia de abogado con anterioridad al juicio no es un requisito absoluto del debido procedimiento de ley, y no existe una regla inflexible que sin tomar en consideración las circunstancias particulares de cada caso, bien federal o estatal, determine que le ha sido negado al acusado el debido procedimiento de ley por negársele al acusado conferenciar con su abogado durante el interrogatorio policíaco. Rivera-Escuté v. Delgado, 282 F.2d 335 (1960), certiorari denegado 365 U.S. 883 (1960).

      La denegación por el Pueblo, de la solicitud hecha por el acusado de un crimen de obtener asistencia de abogado, viola el debido proceso no solamente cuando se le priva de tal asistencia en el juicio, sino también cuando es privado de la misma en cualquiera de las etapas del procedimiento anterior al juicio, siempre y cuando el prejuicio causado al acusado sea tal que el juicio se vicie por la ausencia de "aquella imparcialidad esencial al concepto mismo de la justicia", y así, la determinación de si la falta de asistencia en las etapas anteriores al juicio ha constituido una negación del debido procedimiento de ley dependerá de las circunstancias de cada caso particular. Id.

      El no dar lectura a la denuncia en el momento del juicio ni conceder al denunciado o a su abogado la oportunidad para hacer la alegación correspondiente, antes de comenzar el juicio, viola su derecho constitucional a no ser privado de su libertad sin el debido proceso de ley. Valentín v. Torres, 80 D.P.R. 463 (1958).

      Las disposiciones de nuestra Constitución referente a la privación de libertad sin el debido proceso de ley y al disfrute por el acusado en todo proceso criminal del derecho a gozar de la presunción de inocencia, no requieren un veredicto por unanimidad cuando el jurado declara culpable a un acusado por un delito grave. Fournier v. González, 80 D.P.R. 262 (1958), confirmada por Fournier v. González, 269 F.2d 26 (1959).

      Los requisitos del debido procedimiento de ley quedan cumplidos cuando antes de que una actuación gubernamental sea firme se conceden, como aquí, vistas ya por acción administrativa o ya por acción judicial. Cardona v. Comisión Industrial, 79 D.P.R. 672 (1956).

      1. Juntas Examinadoras. Véanse las anotaciones bajo la sec. 16 de este Artículo.

      2. Procedimiento de abritraje. La violación del debido proceso de ley es una de las causas de nulidad de un laudo de arbitraje. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987).

      Las exigencias del debido proceso de ley en un procedimiento de arbitraje se cumplen con la notificación y conocimiento de los cargos, vista y oportunidad de someter evidencia. J.R.T. v. Hato Rey Psychiatric Hosp., 119 D.P.R. 62 (1987).

    5. Contribuciones. La igual protección de las leyes en el campo contributivo es una ecuación pragmática fundada en el principio de razonabilidad. El hecho de que personas en situación especial se vean afectadas por una clasificación no es motivo de inconstitucionalidad per se si el predominante interés público queda servido. Vda. de Miranda v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 11 (1983).

      Todo cuanto se requiere para que un estatuto contributivo cumpla con los requisitos al debido procedimiento de ley es que exista un nexo suficiente entre el poder de imposición de contribución del Estado y las actividades o sucesos sujetos a contribución, lo cual se satisface determinando meramente si el Estado ha ofrecido u otorgado beneficios, protección o ventajas. C. H. Vehicle Leasing v. E.L.A., 107 D.P.R. 94 (1978).

      Es inconstitucional bajo la cláusula del debido procedimiento de ley aquel estatuto contributivo que es tan arbitrario que resulta en una confiscación o en una crasa y patente iniquidad e injusticia. Id.

      En la determinación de si una contribución contraviene derechos constitucionalmente garantizados, no es la forma de la misma ni su definición lo que viene al caso, sino su efecto práctico como cuestión de realidad, en su aplicación y funcionamiento. Id.

      El estado del domicilio y residencia de una persona no tiene otras limitaciones constitucionales bajo la Cláusula del Debido Procedimiento, que su impedimento para tributar a un residente y domiciliado por la propiedad corporal, mueble o inmueble, que posea y esté localizada permanentemente fuera de sus fronteras territoriales o, cuando la tributación es "en substancia y efecto, el ejercicio de un poder diferente prohibido, como por ejemplo, la tributación de un privilegio protegido por la Enmienda Primera". Maristany v. Secretario de Hacienda, 94 D.P.R. 291 (1967).

      Desde el punto de vista de la protección constitucional del debido procedimiento, no puede afirmarse que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico no ofrece nada a las aquí contribuyentes que operan en el comercio interestatal a cambio de lo que les quita a virtud de las disposiciones de la Ley de Patentes de Puerto Rico de 1914. R.C.A. v. Gobierno de la Capital, 91 D.P.R. 416 (1964).

      El debido procedimiento de ley sólo requiere que exista un nexo suficiente entre el poder de imposición del estado y las actividades sujetas a contribución, y se satisface determinando si el estado ha ofrecido u otorgado beneficios, protección o ventajas a las actividades o negocios que producen las ganancias. Libby, McNeill, etc. v. Secretario de Hacienda, 82 D.P.R. 389 (1961), confirmada por Libby, McNeill & Libby, West Indies Co. v. Secretary of the Treasury of Puerto Rico, 299 F.2d 572 (1962).

    6. Igual protección - Clasificaciones. La Constitución de Puerto Rico no sólo garantiza la igual protección de las leyes sino que, contrario a la federal, también prohíbe expresamente el discrimen por razón de sexo. Pueblo v. Rivera Morales, CE-90-510 (05/26/93).

      Las acciones de impugnación que la ley y la jurisprudencia le reconocen a los padres (incluyendo al marido) para impugnar la paternidad legítima o el reconocimiento no pueden confrontarse a las acciones que se le reconocen al hijo para buscar su filiación, a los fines de hacer un análisis de igual protección de las leyes, porque padres e hijos no están similarmente situados en el ordenamiento jurídico. Calo Morales v. Cartagena Calo, C.A. 91-71 (1991).

      La prohibición de esta sección se da contra el trato desigual injustificado, y no implica la exclusión de cualquier diferenciación entre las personas por su condición si tal diferenciación tiene una justificación objetiva. Calo Morales v. Cartagena Calo, C.A. 91-71 (1991).

      No toda clasificación viola esta sección, ya que sus normas no exigen un trato igual para todos los ciudadanos, aunque sí prohíben un tratamiento desigual injustificado. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 273 (1991).

      En todo análisis de igual protección de las leyes se tiene que evaluar la relación entre el próposito que se quiere obtener y la clasificación utilizada por el Estado, y también la importancia del derecho o interés afectado por la actuación del Estado. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 273 (1991).

      La clasificación que establece la sec. 249d del Título 18 no menoscaba ni prohíbe a los empleados públicos la capacidad ni la oportunidad de ser candidatos a puestos electivos. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 273 (1991).

      La cláusula constitucional que garantiza la igual protección de las leyes no exige un trato igual a todos los ciudadanos sino que prohíbe un trato desigual e injustificado. Mercado Vega v. U.P.R., 128 D.P.R. 273 (1991).

      Cuando una clasificación legislativa afecta derechos fundamentales, o es sospechosa, está sujeta a un estricto escrutinio judicial, y en estas situaciones el Estado debe demostrar la existencia de un interés público apremiante que justifique dicha clasificación y, además, que ésta promueve o adelanta la consecución de ese interés. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472 (1989).

      El requisito de ciudadanía que deben reunir los candidatos a certificados de maestros establecida en la sec. 264 del Título 18 es inconstitucional. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472 (1989).

      Las clasificaciones por razón de ciudadanía son inherentemente sospechosas. De Paz Lisk v. Aponte Roque, 124 D.P.R. 472 (1989).

      La cláusula que garantiza la igual protección de las leyes no exige un trato igual para todos los ciudadanos, sino que prohíbe un trato desigual e injustificado. Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625 (1987).

      Al pasar juicio sobre la validez constitucional de un estatuto - bajo la igual protección de las leyes y el debido procedimiento de ley - los tribunales no deben pasar juicio sobre la sabiduría o eficacia de la medida legislativa. Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625 (1987).

      Cuando un estatuto resulta defectuoso bajo la igual protección de las leyes por exclusión, existen dos vías remediales: declarar su nulidad y negar sus beneficios a toda la clase beneficiada legislativamente, o extenderlos para incluir a los perjudicados con la exclusión. P.R.P. v. E.L.A., 115 D.P.R. 631 (1984).

      La desigualdad que infringe la Constitución es la que refleja una preferencia basada en prejuicio, no la que descansa en un interés público. Vda. de Miranda v. Srio. de Hacienda, 114 D.P.R. 11 (1983).

      La existencia de una clasificación en un estatuto no implica por sí sola que la garantía constitucional sobre la igual protección de las leyes ha sido violada. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980).

      Planteada ante un tribunal por una parte una posible vulneración de la cláusula de igual protección de las leyes de nuestra Constitución al aprobar la Asamblea Legislativa un estatuto que establece una clasificación, el tribunal debe determinar la razonabilidad de la clasificación establecida. P.S.P., P.P.D., P.I.P. v. Romero Barceló, 110 D.P.R. 248 (1980).

      La cláusula de la igual protección de las leyes no se extiende para amparar la desigual ventaja personal, y menos para propiciar la corrupción y el discrimen por parte de un empleado. Hermina González v. Secretario del Trabajo, 107 D.P.R. 667 (1978).

      La cláusula constitucional de igual protección de las leyes no requiere del Estado elegir entre atacar todos los aspectos de un problema o desistir de todo ataque. La Asamblea Legislativa, sin violar dicha cláusula, puede seleccionar una fase de un campo específico que se muestre más aguda a la mente legislativa y aplicar allí el remedio, olvidando las demás. Id.

      Es una ineludible función legislativa la de trazar líneas de distinción para establecer clasificaciones en un estatuto fundamentadas en bases de razonabilidad que correspondan a criterios tolerantes y estimativos. Id.

      La perfección por parte de la Asamblea Legislativa al crear clasificaciones en un estatuto no es posible ni necesaria. Tales clasificaciones se presumen válidas. Id.

      Una corporación extranjera que ha sido autorizada de acuerdo con las leyes de Puerto Rico para realizar negocios aquí, puede reclamar, lo mismo que un individuo, la igual protección de las leyes y el debido procedimiento de ley que reconoce esta sección y le es aplicable por ende la disposición constitucional que exige que la imposición de contribuciones será uniforme en Puerto Rico. IGE-PR v. Secretario de Hacienda, 107 D.P.R. 467 (1978).

      La corrección de un error del pasado por una agencia administrativa no viola la igual protección de las leyes en cuanto a trato desigual a partes en igual situación. Del Rey v. J.A.C.L., 107 D.P.R. 348 (1978).

      La igual protección de las leyes no implica igual protección de la violación de las leyes. Id.

      La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene ancha discreción para establecer gran variedad de clasificaciones dentro de su cuadro contributívo, bastando que se pueda concebir cualquier interés público posible para que la clasificación prevalezca. C. H. Vehicle Leasing v. E.L.A., 107 D.P.R. 94 (1978).

      Una clasificación legislativa en un estatuto contributivo fue no es arbitraria por descansar en una base razonable, no discrimina por el hecho de que se imponga una contribución a una clase y se exonere a otra. Id.

      Desde el punto de vista del art. 3 de la Ley de Relaciones Federales, es susceptible de ser cuestionada la estructuración de legislación a los fines de eximir del pago de arbitrios a los manufactureros de bloques de concreto elaborados en Puerto Rico, y no así a los que provienen de Estados Unidos; y cualquier legislación que pudiera proponerse sobre el particular no solamente deberá considerar el impacto de la misma a la luz del artículo mencionado, sino también considerar el impacto de dicha legislación desde el punto de vista de la garantía constitucional de igual protección de las leyes. Op. Sec. Just. Núm. 20 de 1977.

      Una exención del pago de arbitrios en beneficio de los manufactureros de materiales y productos de construcción elaborados en Puerto Rico, es una clasificación en favor de un grupo determinado de manufactureros no extensiva a otros grupos en nuestro mercado; dicha clasificación a los fines de poder pasar con éxito la prueba constitucional desde el punto de vista de la garantía de la igual protección de las leyes, deberá tener una base razonable y no arbitraria. Id.

      Ni la disposición constitucional de Puerto Rico en el sentido de que nadie será discriminado por razón de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social o por ideas religiosas o políticas, y que nadie será privado de la igual protección de las leyes, ni la ley que impone responsabilidad a los contratistas por defectos en la construcción de edificios, están tan relacionados con la ley que permite, con ciertas excepciones, sólo a los ciudadanos de los Estados Unidos a ejercer privadamente como ingenieros civiles, y hacer que la ley del Estado Libre Asociado resulte ambigua y requiera que la corte de distrito se abstenga de conocer del fondo de la cuestión de si la exclusividad de la ley de Puerto Rico de las licencias de ingenieros civiles a favor de ciudadanos de los Estados Unidos es constitucional. Ex. Bd. of Eng., Arch. and Sur. v. Flores de Otero, 426 U.S. 572 (1976).

      Las normas que rigen el principio constitucional de la igual protección de las leyes no exigen un trato igual para todos los ciudadanos, mas prohíben un trato desigual injustificado. Zachry International v. Tribunal Superior, 104 D.P.R. 267 (1975).

      El Estado puede hacer clasificaciones entre las personas sin infringír la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes siempre y cuando la clasificación sea razonable y con miras a la consecución o protección de un interés público legítimo. Id.

      Los dos criterios o doctrinas jurisprudenciales para analizar una "clasificación legislativa" a los fines de determinar si la misma viola o no la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes - por ser dicha clasificación razonable o irrazonable - conocidas como la "del análisis tradicional" y la "del análisis estricto," se explican en la opinión. Id.

      Aun cuando bajo la doctrina "del análisis tradicional" - usada para analizar si una clasificación legislativa es o no irrazonable y por lo tanto si viola o no la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes - el peso de a prueba recae en aquel que alega la inconstitucionalidad de la legislación en controversia, bajo la doctrina "del análisis estricto" corresponde al Estado demostrar la existencia de un interés público apremiante o de superior jerarquía ( compelling state interest ) que justifique la clasificación y probar que la misma promueve necesariamente la consecución de ese interés. Id.

      No viola la cláusula, constitucional de la igual protección de las leyes, un estatuto que permite diferencias por razón de sexo siempre y cuando éstas no discriminen. Id.

      A los fines de determinar si una clasificación legislativa contenida en un estatuto viola o no la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes - por ser la misma razonable o irrazonablo - desíguase como clasificacíón sospechosa aquella en que las características en que se basa la clasificación no guardan relación con la habilidad o aptitud de las personas afectadas por la clasificación. Id.

      La alegación de que el reglamento de la leche que estableció una fórmula automática para el ajuste mensual de los precios en relación con los cambios en los precios de los alimentos para animales privó a los consumidores de leche de la igual protección, no expone una reclamación federal sustancial que autorice a la corte federal a ejercer su jurisdicción sobre las reclamaciones locales. Rivera v. Chapel, 493 F.2d 1302 (1974).

      La Corte se abstendrá de decidir sobre si la política pública establecida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el sentido de que los precaristas que establecieron comunidades en tierras del Gobierno con anterioridad a Enero 18, 1978, serían permitidos permanecer en las tierras y recibirían del Gobierno ayuda y servicios, pero que los precaristas que invadieran las tierras del Gobierno después de esa fecha serían acusados criminalmente, demandados en procedimientos civiles y obligados a abandonar las tierras, es discriminatoria y viola el derecho a igual protección, toda vez que la Corte no tuvo ante sí evidencia que le permitiera determinar si el Estado Libre Asociado tuvo algún interés o razón que lo obligara a promulgar dicha política pública. Amezquita v. Colón, 378 F.Supp. 737 (1974), revocada por Amezquita v. Hernández-Colón, 518 F.2d 8 (1975), certiorari denegado por Amezquita v. Colón, 424 U.S. 916 (1976).

      No viola el derecho constitucional a la igual protección de las leyes una clasificación en un estatuto cuando la misma no es una que repugna a la conciencia por estar basada en prejuicio o motivaciones ilegítimas o por ser injusta. Wackenhut Corp. v. Rodríguez Aponte, 100 D.P.R. 518 (1972).

      Un estatuto no viola la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes meramente porque las clasificaciones estatutarias contenidas en el mismo sean imperfectas. Id.

      Clasificaciones estatutarias en que las líneas de demarcación sean algo crudas no se anularán por un tribunal como una violación a la cláusula constitucional de la igual protección de las leyes o cuando el tribunal concluye que dichas determinaciones legislativas están justificadas por situaciones fácticas. Id.

      Todo cuanto requiere la garantía constitucional de la igual protección de las leyes es que no se establezca diferencia en la aplicación de la ley entre personas comprendidas dentro de un mismo grupo, esto es, que no se discrimine en favor de unos y en perjuicio de otros. Dicha garantía no contempla un trato igual para todos los acusados de delito público. Pueblo v. Vélez Vélez, 97 D.P.R. 123 (1969); Pueblo v. Matías Castro, 90 D.P.R. 528 (1964).

      En el aspecto de procesamiento criminal, la garantía constitucional de la igual protección de las leyes simplemente requiere que aquellos a quienes se les imputa la comisión de determinado delito, se les aplique idéntica norma procesal en su enjuiciamiento. Id.

      La cláusula constitucional de igual protección de las leyes tiene que ser respetada por la Asociación de Empleados del Gobierno en sus relaciones con sus asociados. Una negativa de la Asociación a conceder el beneficio del seguro injustificada o irrazonable, puede desembocar en una situación de desigual protección de la ley. Berríos Miranda v. Asociación de Empleados, 88 D.P.R. 809 (1963).

      El impuesto que establece la sec. 2 de la Ley Núm. 301 de 1945, p. 1147 (27 L.P.R.A. sec. 342) no viola el debido procedimiento de ley y la igual protección de las leyes porque el mismo se aplique exclusivamente a las compañías de teléfonos y telégrafos que funcionan en Puerto Rico; considerada la amplia potestad legislativa de establecer clasificaciones razonables en la imposición de contribuciones, esa clasificación no es arbitraria, ni opresiva ni caprichosa. P.R. Telephone Co. v. Tribunal Superior, 81 D.P.R. 982 (1960).

      La discreción legislativa para establecer clasificaciones razonables en la imposición de contribuciones no se reduce porque la clase descrita en la ley, como cuestión de realidad, sólo incluya un contribuyente. Id.

      La cláusula de igual protección de las leyes no priva al poder legislativo de la facultad de establecer clasificaciones en la adopción de leyes de orden público, sino que, por el contrario, permite el ejercicio de una amplia discreción en ese sentido, pero esas clasificaciones, para ser consideradas válidas, deben descansar en una base razonable como prueba de su legitimidad. Op. Sec. Just. Núm. 61 de 1960.

      La igual protección de las leyes significa la sumisión a leyes iguales, aplicables por igual a todos los que se encuentran en la misma situación. Id.

      Debe existir un discrimen intencional contra una persona y a favor de otra en igual situación, sin base racional para poder diferenciar entre las dos, a fin de que surja la negación de las leyes sobre igual protección. Márquez v. Avilés, 252 F.2d 715 (1958), certiorari denegado 356 U.S. 952 (1958).

      Si bien la Asamblea Legislativa tiene amplios poderes de clasificación a los fines de imponer contribuciones, la cláusula de igual protección exige que la clasificación legislativa no sea arbitraria, sino basada en una diferencia real y sustancial que tenga relación razonable con la materia de legislación específica. Stagg, Mather & Hough v. Descartes, 244 F.2d 578 (1957).

      La Asamblea Legislativa de Puerto Rico tiene amplia discreción para clasificar los objetos de legislación o las personas afectadas por ella en tal forma que sujete a diferentes clases a diferentes tipos de contribuciones. Tal clasificación, sin embargo, tiene que estar razonablemente relacionada con el objeto de la legislación y debe estar basada en alguna distinción que pueda racional e imparcialmente constituir la razón para la diferencia en la contribución. Miranda v. Secretario de Hacienda, 77 D.P.R. 171 (1954).

      Posibles diferencias en la carga contributiva, que no se demuestren que sean sustanciales, o basadas en discrímenes que no se demuestren que sean arbitrarios o caprichosos, no caen dentro de la prohibición constitucional referente a la igual protección de las leyes. Id.

      Cuando la clasificación de los objetos de legislación o las personas afectadas por ella no es arbitraria y descansa sobre una base razonable, no existe discrimen por el hecho de que se imponga contribución a una clase y se exonere a otra, se impongan distintos tipos contributivos o se concedan exenciones a unos y no a otros. Id.

      1. Clasificación sospechosa. Están sujetas a un minucioso examen judicial, por considerarse inherentemente sospechosas, todas las clasificaciones o discrímenes tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de igualdad ante la ley, y en tales casos debe aplicarse el escrutinio estricto para analizar la clasificación. Calo Morales v. Cartagena Calo, C.A. 91-71 (1981).

      El escrutinio riguroso o estricto se utiliza cuando la clasificación hecha afecta algún derecho fundamental de la persona o establece alguna clasificación sospechosa que no guarde relación con la habilidad o aptitud de las personas afectadas por la clasificación. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 273 (1991).

      Todas las clasificaciones tangentes con la dignidad del ser humano y con el principio de la igualdad ante la ley se consideran inherentemente sospechosas a los fines de utilizar el criterio de escrutinio estricto en el análisis constitucional de la cláusula de la igual protección de las leyes. León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980).

      Las clasificaciones o discrímenes por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ideas políticas o religiosas y nacionalidad son inherentemente sospechosas. Id.

      1. Criterios. El criterio para evaluar la validez constitucional de una ley u ordenanza de naturaleza socioeconómica es el escruitinio racional, bajo el cual la clasificación es válida, a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre ella y un interés legítimo del Estado. Siempre que pueda concebirse razonablemente una situación de hechos que justifique la clasificación, la ley es constitucional. Salas v. Municipio de Moca, 119 D.P.R. 625 (1987).

        En el análisis constitucional bajo la cláusula sobre igual protección de las leyes en muchas jurisdicciones se utilizan tres (3) criterios, a saber: (1) el de escrutinio estricto o del examen minucioso; (2) el intermedio, y (3) el tradicional mínimo o de nexo racional, clasificación tripartita que ha sido criticada en otros foros. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

        Bajo el criterio tradicional mínimo o de nexo racional, una clasificación legislativa es válida a menos que sea claramente arbitraria y no pueda establecerse nexo racional alguno entre la misma y un interés legítimo del Estado. Bajo este criterio se ha resuelto que es constitucional una ley siempre que pueda concebirse razonablemente una situación de hechos que justifique la clasificación, teniendo el peso de la prueba aquel que alega la inconstitucionalidad de la legislación en controversia. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

        Cuando se impugna la validez de legislación de tipo social o económico bajo la igual protección de las leyes, los tribunales deben usar el criterio tradicional mínimo y sostener la validez de la ley si la clasificación impugnada no es arbitraria y se puede establecer un nexo racional entre ella y los propósitos del estatuto. Vélez v. Srio. de Justicia, 115 D.P.R. 533 (1984).

    7. Impugnación de clasificación; peso de la prueba. Aquel que impugua la clasificación de los objetos de legislación o las personas afectadas por ella debe demostrar que, al hacerla, la Asamblea Legislativa se excedió en sus poderes, y, para ello, demostrar que las clasificación no descansa sobre una base razonable y que es esencialmente arbitraria o caprichosa, o que no está razonablemente relacionada con el objeto de la legislación, o que el objeto o propósito de dicha clasificación es un discrimen hostil y opresivo en contra suya y de las otras personas que él alegue se encuentran en su misma situación y no el de promover un fin público permisible. Miranda v. Secretario de Hacienda, 77 D.P.R. 171 (1954).

    8. Expropiación forzosa. Véanse las anotaciones bajo la sec. 9, art. II de la Constitución.

    9. Menores. Son de aplicación a los menores en los casos en que se les imputen faltas que de haber sido cometidas por adultos constituirían delitos públicos, las garantías constitucionales aplicables a los procesos criminales. R. A. M. v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 270 (1974).

      En lo que respecta a garantías constitucionales básicas, a partir del 15 de mayo de 1967 - fecha en que se resolvió el caso In the Matter of Gault, 387 U.S. 1 (1966) - no existe diferencia alguna entre el tratamiento de un acusado cuando es menor de edad y cuando es adulto. Pueblo v. Figueroa González, 95 D.P.R. 98 (1967).

      Las garantías constitucionales que puede reclamar un niño en procedimientos ante el Tribunal de Menores - considerando que no son procedimientos de naturaleza criminal - se determinan a base de los requisitos del debido procedimiento y trato justo para con el menor, y no a base de la aplicación directa de las diversas cláusulas constitucionales que garantizan los derechos de un ciudadano en procedimientos criminales ordinarios. Estado Ubre Asociado en interés del menor R. M. R., 83 D.P.R. 242 (1961).

    10. Confiscaciones e incautaciones. No es requisito para dar cumplimiento al debido proceso de ley - al prohibir que una persona sea privada de su propiedad por acción ex parte - el celebrar una vista preliminar o anterior a la incautación, si se provee dicha audiencia en una etapa posterior y antes de que se haga una adjudicación final. Domínguez Talavera v. Tribunal Superior, 102 D.P.L 423 (1974).

      El debido proceso - de naturaleza circunstancial y pragmática - no es abstracción apocalíptica que de sólo invocarla infunde temor de Dios al tribunal y paraliza al adversario. Id.

      La ley de Puerto Rico a tenor con la cual un yate de placer arrendado fue incautado en un procedimiento de confiscación sin aviso previo al arrendador o al arrendatario del mismo y sin una vista previa después que las autoridades encontraron marihuana a bordo del yate, no niega el debido proceso toda vez que la incautación tuvo el fin importante de permitirle a Puerto Rico asumir jurisdicción in rem sobre la cosa a los efectos de llevar a cabo la confiscación, la notificación previa a la incautación hubiera frustrado los fines de la ley y la incautación no fue iniciada por un particular interesado en el procedimiento. Calero-Toledo v. Pearson Yacht Leasing Co., 416 U.S. 663 (1974), reconsideración denegada 417 U.S. 977 (1974).

      La ley de Puerto Rico a tenor con la cual un yate de placer arrendado fue confiscado después que las autoridades encontraron marihuana a bordo del mismo, no es inconstitucional respecto de su aplicación a la propiedad del arrendador inocente del yate, toda vez que la ley de Puerto Rico sobre incautación extendió sus propósitos punitivos, que son suficientes para ser mantenidos en casos de impugnación por inconstitucionalidad, a la aplicación de disposiciones sobre confiscación a bienes de inocentes. Id.

      Confiscación es la manera mediante la cual el Estado priva de la propiedad a su dueño sin compensación, mediante el debido procedimiento de ley de ser notíficado y oído. Pueblo v. González Cortés, 95 D.P.R. 164 (1967).

    11. Derechos fundamentales. El derecho a ser candidato a un cargo electivo no es un derecho fundamental. Berberena v. Echegoyen, 128 D.P.R. 273 (1991).

      No viola la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ni ninguna disposición de la Constitución de Puerto Rico el que un fiscal motu proprio - y sin esperar a que la defensa presente la cuestión de la locura del acusado o hasta que el tribunal lo plantee el día del juicio - ordene que el Comité de Siquiatría Forense del Hospital de Siquiatría del Gobierno de Puerto Rico examine a un acusado al día siguiente de haber cometido los hechos delictivos, cuando éste tenía un récord clínico, con el objeto de determinar si estaba mentalmente incapacitado al momento de cometer el delito por el cual se le iba a acusar. Pueblo v. Castillo Torres, 107 D.P.R. 551 (1978).

      Un tribunal debe incluir como parte a toda persona que tenga un interés común en una cuestión litigiosa, muy especialmente cuando dicha parte puede ser privada de su libertad o propiedad sin debido proceso de ley. Carrero Suárez v. Sánchez López, 103 D.P.R. 77 (1974).

      Esencia del debido proceso de ley es que nadie sea privado de su propiedad sin darle oportunidad de ser oído. Id.

      La concesión de vista, previa oportuna y adecuada notificación, derecho a ser oído confrontándose con los testigos de cargo y a presentar prueba y argumentos en su defensa, son condiciones exigidas por el derecho constitucional a un debido proceso del ley. Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791 (1973).

      La ambición del hombre de ganar el pan en una de las ocupaciones que su patria le ofrece, es un derecho constitucionalmente protegido por las cláusulas del debido procedimiento de ley e igual protección de las leyes. Id.

      La "libertad" mencionada en la sec. 7 del art. II de la Constitución de Puerto Rico comprende, entre otras, la libertad de palabra y de prensa. Aponte Martínez v. Lugo, 100 D.P.R. 282 (1971).

      Nuestra Constitución reconoce como derechos fundamentales del ser humano, el disfrute de la propiedad y el derecho de una persona a la protección de la ley protección de la ley contra todo ataque abusivo a su vida privada y familiar. Infante v. Leith, 85 D.P.R. 26 (1962).

      Nuestra legislación considera los animales como objetos de derecho, susceptibles de formar parte de relaciones reales y contractuales; los animales consti tuyen parte del patrimonio individual de un ciudadano y sobre ellos se ejerce el derecho de disfrute considerado como fundamental al ser humano. Id.

    12. Disfrute de la propiedad. El disfrute del derecho de propiedad envuelve el disfrute de su valor económico. Colón Vélez v. Lebrón, 97 D.P.R. 154 (1969).

      La Asamblea Legislativa puede establecer limitaciones al derecho de propiedad en beneficio del bienestar general. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966).

      El derecho de los dueños de parcelas a arrendarlas para instalar artefactos de diversión lícitos, está garantizado por la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que reconoce como un derecho fundamental, el derecho al disfrute de la propiedad. Op. Sec. Just. Núm. 23 de 1956.

      El Municipio de Bayamón no podrá limitar los derechos de los propietarios de parcelas a arrendarlas para instalar artefactos de diversión lícitos, por el solo hecho de que "ello podría redundar en perjuicio de la persona a quien se le adjudique la buena pro en el arrendamiento de sitios públicos". Id.

    13. Interpretación. No existe incompatibilidad alguna entre las disposiciones de las secs. 2 y 7 del art II, de una parte, y la sec. 7 del art. 111, de la otra parte, de la Constitución de Puerto Rico. Dichas disposiciones se complementan entre sí. Fuster v. Busó, 102 D.P.R. 327 (1974).

    14. Hogar seguro. La base constitucional de la institución del hogar seguro en esta jurisdicción es esta sección. Avilés Vega v. Torres, 97 D.P.R. 144 (1969).

    15. Obligaciones contractuales. La disposición constitucional que prohíbe el menoscabo de obligaciones contractuales no impide el poder de reglamentación del Estado en beneficio del interés público. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987).

      Al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula de menoscabo de obligaciones contractuales, el criterio aplicable es el de razonabilidad. La función de los tribunales consiste en establecer un balance razonable entre el interés social de promover el bien común y el interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e irrazonable de las leyes. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987).

      La cláusula constitucional que prohíbe el menoscabo de las obligaciones contractuales limita el poder del Estado para interferir tanto con la contratación privada como con la suya propia. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987).

      Al evaluar una modificación a una obligación del Gobierno (luego de impugnación bajo la cláusula constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales) los tribunales deben determinar, en primer lugar, si están ante una obligación contractual protegida por la Constitución. En segundo lugar, es preciso que la modificación en la obligación, en efecto, constituya un menoscabo de una obligación contractual. Si se determina que hay menoscabo, entonces hay que determinar si viola la garantía constitucional. Debe sostenerse la validez del menoscabo si éste surge como consecuencia de una modificación razonable y necesaria dirigida a adelantar un interés público. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987).

      Cambios razonables y necesarios a la luz de las circunstancias del momento, dirigidos a salvar la solvencia actuarial del Sistema de Retiro, no constituyen menoscabo de obligaciones contractuales bajo la cláusula constitucional. Bayrón Toro v. Serra, 119 D.P.R. 605 (1987).

      En principio, la contratación privada no puede impedir el ejercicio del poder de reglamentación del Estado. Warner Lambert Co. v. Tribunal Superior, 101 D.P.R. 378 (1973).

      Tanto bajo la garantía del debido procedimiento de ley como bajo la garantía contra el menoscabo de las obligaciones contractuales, son los criterios de razonabilidad los que deben ser usados por un tribunal para determinar la validez de una acción legislativa que intenta proteger el interés social de promover el bien común. Id.

      Aun cuando la Asamblea Legislativa tiene amplios poderes para aprobar medidas razonables con el propósito de salvaguardar, reglamentando, los intereses fundamentales del pueblo y proteger el bien común, no obstante, dicho poder de reglamentación, por amplio que sea, no es ilimitado, y su ejercicio nunca puede ser arbitrario o irrazonable. Id.

      De existir razones superiores de orden público, la protección en el ordenamiento jurídico de las relaciones contractuales puede quedar subordinada al poder de reglamentación del Estado. Id.

      Es el criterio de razonabilidad el aplicable por un tribunal al considerar la validez de estatutos bajo la cláusula contra el menoscabo de obligaciones contractuales de nuestra Constitución, constituyendo la función del tribunal el establecer un balance razonable entre el interés social, de promover el bien común y el interés, también social, de proteger las transacciones contractuales contra la aplicación arbitraria e irrazonable de las leyes. Id.

      Determínase la razonabilidad de un estatuto bajo la cláusula constitucional contra el menoscabo de obligaciones contractuales, tomando en consideración, principalmente, la sustancialidad del interés público promovido por el mismo y la dimensión del menoscabo ocasionado por su aplicación retroactiva. Id.

      Puerto Rico no se encuentra, respecto de la prohibición constitucional contra el menoscabo de las obligaciones contractuales, en una situación más favorable que un estado o que el gobierno federal. Fornaris v. Ridge Tool Co., 423 F.2d 563 (1970), revocada y devuelto el caso con instrucciones por Fornaris v. Ridge Tool Co., 430 U.S. 41 (1970).

      La Ley de Contratos de Distribución de Puerto Rico - 10 L.P.R.A. secs. 278 et seq. - a tenor con la cual un fabricante nunca puede dar por terminado, no obstante las estipulaciones del contrato, o negarse a renovar el contrato de distribución en la fecha de su vencimiento, excepto por "justa causa", y que dispone la imposición de una indemnización sustancial por daños en el caso del incumplimento de la obligación impuesta por la ley, dio lugar a una modificación retroactiva de las disposiciones contractuales no permitida constitucionalmente. Id.

    16. Supresión de cargos. La actuación del alcalde de una ciudad que abogó por la eliminación de cargos de inspector municipal y que posteriormente firmó e hizo cumplir la ordenanza que eliminó esos cargos, no le negó a los inspectores municipales el derecho a un debido proceso. Vargas v. Barceló, 385 F.Supp. 879 (1974), revocada y devuelto el caso por Vargas v. Barceló, 435 F.2d 843 (1970), declarada sin lugar la reclamación del caso devuelto, confirmada esta sentencia desestimatoria por Muñoz Vargas v. Romero Barceló, 532 F.2d 765 (1976).

      Los actos del alcalde consistentes en abogar por la eliminación de cargos de inspector municipal y que posteriormente firmó e hizo cumplir la ordenanza que eliminó los cargos, no negó a los inspectores municipales su derecho de propiedad sin un debido proceso por el hecho de que los inspectores hubieran adquirido el derecho de inamovilidad en sus cargos. Id.

      El hecho de que la ordenanza que eliminó los cargos de inspector municipal fuera supuestamente motivada por una venganza de tipo político, y no como una medida económica según se alegó, no infringe los derechos constitucionales de expresión y asociación de los inspectores municipales. Id.

    17. Vista administrativa. Constituye una mera formalidad, un vano artificio que sólo hace expediente - y por lo tanto, es nula e inconstitucional - una vista ante un organismo administrativo que no permite prueba para demostrar la falta de culpa por parte de un ciudadano, a quien ninguna evidencia conecta con un acto en violación de un reglamento. Ortiz Cruz v. Junta Hípica, 101 D.P.R. 791 (1973).

    18. Cooperativas. El procedimiento de sindicatura instituido contra la ccoperativa no le negó a la cooperativa y a su junta de directores el debido proceso por la teoría de que el administrador de la Administración de Fomento Cooperativo de Puerto Rico había participado activamente, por si o por conducto de su personal, en la investigación llevada a cabo por el inspector de cooperativas, y su capacidad para juzgar había sido afectada, toda vez que la única actuación del administrador fue considerar la petición del inspector y ordenar el inicio del procedimiento de sindicatura; por lo tanto, la cooperativa y su junta de directores no tienen derecho al amparo de la Ley de Derechos Civiles, a un injunction para impedirle al administrador iniciar el procedimiento de sindicatura. Federación de Coop. de Crédito de Puerto Rico v. Burgos, 366 F.Supp. 1321 (1973).

    19. Renuncia de derechos. El derecho constitucional del acusado a estar presente en toda etapa del juicio puede ser objeto de renuncia. Pueblo v. Lourido Pérez, 115 D.P.R. 798 (1984).

      La renuncia del acusado a su derecho a estar presente en toda etapa del juicio puede manifestarse por su ausencia voluntaria mas, visto el rango constitucional del derecho, la ausencia debe montar a una renuncia o abandono intencional de un derecho o privilegio conocido. La renuncia es voluntaria si se determina que el acusado está consciente de su derecho y obligación de estar presente y carece de razón válida para ausentarse. Pueblo v. Lourido Pérez, 115 D.P.R. 798 (1984).

      Un acusado que no comparece al acto de dictar sentencia por hallarse cumpliendo condena en la jurisdicción federal, y que no informó al tribunal, en el momento del señalamiento para el acto, sobre los procedimientos federales a pesar de su oportunidad para hacerlo, renuncia válida y voluntariamente a su derecho a estar presente en el acto de dictar sentencia. Pueblo v. Lourido Pérez, 115 D.P.R. 798 (1984).

      La renuncia de un derecho debe ser clara y consciente. De tratarse de derechos fundamentales surge de hecho una presunción contraria a la renuncia. F.S.E. v. Comisión Industrial, 105 D.P.R. 261 (1976).

    20. Análisis constitucional. Los tres criterios que pueden utilizarse en el análisis constitucional de la cláusula de la igual protección de las leyes son: (1) el tradicional mínimo o de nexo racional; (2) el de escrutinio estricto o del examen minucioso; y (3) el intermedio. León Rosario v. Torres, 109 D.P.R. 804 (1980).

      Generalmente se emplea el criterio del escrutinio estricto en el análisis constitucional de la cláusula de la igual protección de las leyes cuando una ley establece una clasificación inherentemente sospechosa o cuando afecta derechos fundamentales. Id.

    21. Detención sin orden de arresto. La detención por parte de la Policía de personas en cualquier sitio en que se encuentren pacíficamente para conducirlas a sus cuarteles, sin orden de arresto, con el solo propósito de tomarles fotografías con fines investigativos viola las siguientes cláusulas de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: (1) la que prohíbe que se prive a una persona de su libertad sin el debido procedimiento de ley (esta sección); (2) la que reconoce el derecho a protección contra ataques abusivos a la honra, a la reputación y a la vida privada y familiar de las personas (art. II, sec. 8); (3) la que prohíbe arrestos y allanamientos excepto por mandamiento judicial a base de una previa determinación de causa probable apoyada en juramento o afirmación (art. II, sec. 10); y (4) la relativa a la inviolabilidad de la diguidad del ser humano (art. II, sec. 1.). Pueblo v. Rey Marrero, 109 D.P.R. 739 (1980).

    22. Procedimiento electoral para 1980. Véanse las anotaciones bajo la sec. 3229 del Título 16.

    23. Demandas contra el Estado. Véanse las anotaciones con el número 16 bajo la sec. 3077 del Título 32.

      Es un legítimo propósito legislativo dentro de su facultad normativa para proteger la vida, salud y seguridad de una persona el que se puedan establecer límites máximos de carga sobre los cuales una persona no debe levantar, transportar o cargar pero, por otro lado, ello no puede predicarse genéricamente en base a una distinción por motivo de sexo, sino en términos de una reglamentación razonable que tome en consideración las capacidades, preferencias y habilidades del ser humano. 2 Der. Civ. 625, n. 5 (1972-CDC-022).

      El Estado está obligado a respetar la dignidad humana mediante la protección de unos derechos fundamentales que aseguren la vida, la libertad y el disfrute de la propiedad al igual que propicien la libre participación del individuo en la sociedad, y los derechos que constituyen una franquía a toda persona para poder decir, escribir y publicar, y hacer, individual y/o concertadamente lo que por ley no esté impedido. 2 Der. Civ. 389, a. 1 (1971-CDC-019).

      Toda persona tiene el derecho de usar y disfrutar de las vías públicas - calles, aceras, paseos y plazas - para cualquier propósito legítimo, pues son bienes de uso público para ser usados libre y comúnmente por el público en general. 2 Der. Civ. 389, n. 2 (1971-CDC-019).

      De acuerdo a las normas constitucionales vigentes, al ser usadas las vías públicas para la celebración de mítines, piquetes, marchas o actividades análogas en las inmediaciones de estructuras, públicas o privadas, no se puede indebidamente, (1) interrumpir las labores; (2) obstruir el movimiento; (3) amenazar la seguridad; ó (4) perturbar la tranquilidad e intimidad, de los ocupantes de las mismas; y en ningún momento puede obstaculizarse substancialmente la libre entrada y salida ni perturbar indebidamente a las personas que ordinariamente utilizan de los servicios o facilidades de esas estructuras. 2 Der. Civ. 389, n. 4 (1971-CDC-019).

      Los derechos de expresión y de las actividades propias para su ejercicio efectivo no pueden ser absolutos; específicamente, con relación a la celebración de marchas, mitines, paradas y piquetes en las vías públicas o frente a sitios públicos o privados que afecten al público en general o a instituciones y personas en particular ya que no son actividades que tratan meramente con la libertad de palabra, prensa y reunión en la intimidad de los interesados; son actividades de proyecciones públicas que envuelven diversas formas de comportamiento. 2 Der. Civ. 389, n. 10 (1971-CDC-019).

      El uso de las vías públicas para actividades de marchas, paradas, piquetes y actividades análogas, usualmente masivas o nutridas de personas con variadas intenciones y actitudes, requiere la presencia invariable de agentes del orden público, los cuales están para prevenir y proteger de cualesquiera posibilidades de confrontaciones violentas de individuos y grupos ajenos a la manifestación pública, o de individuos y grupos participantes en la manifestación. 2 Der. Civ. 389, n. 11 (1971- CDC-019).

      La prohibición absoluta para la fijación de carteles sobre la superficie exterior de cualquier propiedad gubernamental en situaciones concretas a la realidad puertorriqueña es irrazonable y no constituye el "medio menos drástico" en la restricción de las actividades propias a los derechos de expresión; por tanto, deben adoptarse modos menos exigentes a la protección de dicha propiedad mediante una reglamentación razonable en términos de los variados factores tendentes a la permisibilidad de la fijación de carteles. 2 Der. Civ. 389, n. 13 (1971-CDC-019).

      Cualquier intervención policíaca que se desencadene, en circunstancias violentas en torno a la celebración de marchas, paradas, piquetes y mítines en las vías públicas, tiene que dirigirse principalmente contra las personas participantes en los actos violentos, y aunque caben diversos modos de usar la violencia o fuerza en defensa propia por individuos y grupos atacados, a la función de la Policía sólo le compete erradicar todo acto violento independientemente de su origen o causa. 2 Der. Civ. 389, n. 24 (1971-CDC-019).

      La libertad y sus posibilidades constituyen las condiciones sine qua non al proceso de desarrollo del hombre. 2 Der. Civ. 151, n. 1 (1970-CDC-015).

      Todos los hombres poseen determinados derechos a la vida, la libertad y a la búsqueda de la felicidad de los que no pueden ser privados sin el debido procedimiento de ley. 2 Der. Civ. 151, n. 2 (1970-CDC-015).

      La reglamentación informal, arbitraria e irrazonable a los propósitos públicos de la defensa nacional y a los medios "menos drásticos" que no cercenen hondamente las libertades personales fundamentales, constituye una privación de la libertad y de la propiedad sin el debido procedimiento de ley, en contravención a la Enmienda Quinta de la Constitución de los Estados Unidos de América. 2 Der. Civ. 151, n. 10 (1970-CDC-015).

      Aunque no se consigna expresamente en la Carta de Derechos, la libertad de movimiento es anejo inseparable de los derechos consagrados en las secs. 4 y 6 del art. II de la Constitución y del derecho a la vida, a la libertad y al disfrute de la propiedad consagrado en la sec. 7 de dicho artículo. 1 Der. Civ. 355, n. 2 (1967-CDC-007).

      La reglamentación del uso y disfrute de los lugares públicos por el Estado y sus subdivisiones políticas ha de responder a una necesidad de orden y bienestar en la comunidad estableciéndose límites razonables y en consonancia con el mal que se quiere evitar. 1 Der. Civ. 355, n. 5 (1967-CDC-007).

      Es indiscutible que el Estado y sus subdivisiones políticas tienen poder para reglamentar las actividades de sus ciudadanos cuando ello tiene como meta el bienestar general de la comunidad, pero siempre sujeto a aquellas disposiciones constitucionales que garantizan los derechos y privilegios fundamentales de los puertorriqueños. 1 Der. Civ. 257, n. 1 (1967-CDC-004, 005).

      El derecho del pueblo al uso y disfrute de las calles, aceras, plazas y otros lugares públicos tiene jerarquía constitucional y debe protegerse contra restricciones indebidas. 1 Der. Civ. 257, n. 2 (1967-CDC-004, 005); 1 Der. Civ. 355, n. 3 (1967-CDC-007).

      La reglamentación del uso y disfrute de los lugares públicos por el Estado y sus subdivisiones políticas ha de responder a una necesidad de orden y bienestar en la comunidad; pero dicha reglamentación no puede tener el efecto práctico de prohibirle al ciudadano el uso de esos lugares públicos, cuando ese uso en forma alguna interrumpe su utilización por los demás y no destruye o amenaza destruir el orden y la paz de la comunidad. 1 Der. Civ. 257, n. 4 (1967-CDC-004, 005).

      A los efectos de la regulación de su uso es necesario aplicar criterios distintos ya se trate de bienes destinados al uso y disfrute del público en general o de bienes públicos destinados a usos limitados o específicos. 1 Der. Civ. 257, n. 6 (1967-CDC-004, 005).

      La reglamentación del uso de los lugares públicos no puede violar los derechos constitucionales de los ciudadanos, por lo que sus limitaciones han de ser razonables de acuerdo al mal que se desea prevenir o eliminar; y no puede estar afectada de tal vaguedad que el ciudadano promedio no tenga una guía adecuada para determinar la legalidad o ilegalidad de sus actos. 1 Der. Civ. 257, n. 7 (1967-CDC-004, 005).

      Los derechos de los delincuentes son importantes, pero también lo son los de la ciudadanía en general, especialmente en los que toca a la protección de su vida, libertad y seguridad. 1 Der. Civ. 245, n. 1 (1966-CDC-003).

      La mayoría de la población puertorriqueña presenta características marcadas de ignorancia, indiferencia, autoritarismo, intolerancia y complacencia en su relativa capacidad para conocer, aplicar, respetar y proteger los derechos fundamentales. 1 Der. Civ. 7, n. 1 (1959-CDC-00