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Inicio Leyes / Constitución / Artículo 2 - 9: Justa compensación por propiedad privada

Justa compensación por propiedad privada

No se tomará o perjudicará la propiedad privada para uso público a no ser mediante el pago de una justa compensación y de acuerdo con la forma provista por ley. No se aprobará ley alguna autorizando a expropiar imprentas, maquinarias o material dedicados a publicaciones de cualquier índole. Los edificios donde se encuentren instaladas sólo podrán expropiarse previa declaración judicial de necesidad y utilidad públicas mediante procedimientos que fijará la Ley, y sólo podrán tomarse antes de la declaración judicial, cuando se provea para la publicación un local adecuado en el cual pueda instalarse y continuar operando por un tiempo razonable.

Anotaciones

HISTORIAL

Carta Orgánica de 1917, art. 2.

Adquisición de la propiedad para uso público, véase la sec. 5 del Título 1.

ANOTACIONES

Análisis

  1. Interés del arrendatario.
  2. Uso privada.
  3. Debido procedimiento.
  4. Carreteras.
  5. Destrucción de condiciones restrictivas
  6. Interpretación.
  7. En general.
  8. Expropiación a la inversa.

  1. Interés del arrendatario. Nuestra disposición constitucional que provee compensación tanto por tomar como por perjudicar bienes, no requiere que el Gobierno, como expropiante, pague al dueño del título de dominio de la propiedad expropiada el valor total de ese título y además pague a un arrendatario por término fijo por su interés en dicha propiedad. Pueblo v. McCormick, Alcaide & Co., 78 D.P.R. 939 (1956).

  2. Uso privada. El debido proceso de ley no se niega porque el uso para el cual la Compañía de Fomento Industrial expropie una parcela que ella considere necesaria o conveniente para realizar sus fines - programa de industrialización - sea un uso privado, en razón a que dicha compañia no hade hacer un uso directo de la parcela, ni del edificio que construya sobre la misma, sino que quien la habrá de usar directamente es el industrial a quien se le venda o arriende para establecer una industria. Estado v. Fajardo Sugar Co., 79 D.P.R. 321 (1956).

  3. Debido procedimiento. El supuesto propietario ha de ejercitar la acción de expropiación inversa antes de reclamar a tenor con esta sección. Asociación de Pescadores de Vieques, Inc. v. Santiago, 747 F. Supp. 134 (1990).

    Ni los tribunales ni los parlamentos ni agencia o funcionario gubernamental alguno, pueden eliminar o privar de significado la cláusula constitucional de expropiación forzosa a pesar de los cambios radicales que la misma ha sufrido frente al creciente desarrollo del poder de razón de estado ( Police Power ). The Richards Group v. Junta de Planificación, 108 D.P.R. 23 (1978).

    Al señalar los límites entre los poderes de expropiación forzosa y poder de razón de estado ( Police Power ) en relación al uso de terrenos privados para fines públicos-área en que el proceso decisional es por necesidad penoso y complicado - un tribunal debe sopesar, caso a caso, los valores envueltos. El tribunal debe identificar abiertamente esos valores y las realidades en que se basan, precisar su jerarquía, situación a situación, para lograr un equilibrio razonable para el tiempo que vivimos entre los actos gubernamentales que exigen compensación y los que no la exigen. Id.

    Al determinar la línea divisoria entre el poder de expropiación del Estado y el poder de razón de estado ( Police Power ) un tribunal debe considerar la situación de hechos que cada caso presente. Id.

    La relación o conexión entre el poder de expropiación forzosa y el poder de razón de estado ( Police Power ) y la naturaleza del concepto mismo de la propiedad, se analizan en la opinión. Id.

    En algunas jurisdicciones estatales, pero no en Puerto Rico, la Constitución requiere la previa consagnación de la justa compensación en casos de expropiación. La violación de dicha disposición constitucional en las jurisdicciones donde existe, justifica daños en adición al justo valor de la propiedad. Olivero v. Autoridad de Carreteras, 107 D.P.R. 301 (1978).

    La propiedad, como la libertad, aun cuando inmunes a la destrucción bajo la Constitución, no lo están de la reglamentación esencial para el bien común. Asociación de Condóminos v. Centro I, Inc., 106 D.P.R. 185 (1977).

    La facultad del Estado de expropiar cualesquiera propiedades y derechos particulares es un atributo inherente a la soberanía y en su ejercicio existen únicamente dos limitaciones, a saber: (1) que la propiedad se dedique a un uso o fin público, y (2) que se le satisfaga al expropiado una justa compensación por la misma. Op. Sec. Just. Núm. 32 de 1973.

    Tiene como propósito la acción denominada expropiación inversa el de servir de protección a los propietarios para que el Estado cumpla con las disposiciones constitucionales que garantizan que nadie será privado de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y sin haber mediado compensación. Heftler International, Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467 (1970).

    La aplicación de la orden ejecutiva que creó el Area Marítima de Defensa Naval de la Isla Culebra no constituyó ni una privación de propiedad sin compensación a los residentes de la isla ni una restricción inconstitucional de la libertad individual. Feliciano v. United States, 297 F.Supp. 1856 (1969), confirmada por Feliciano v. United States, 422 F.2d 948 (1970), certiorari denegado por Feliciano v. United States, 400 U.S. 823 (1970).

    El Estado no puede tomar o perjudicar la propiedad privada para uso público sin el pago de una justa compensación hecha en la forma provista por ley. E.L.A. v. Tribunal Superior, 95 D.P.R. 339 (1967).

    Los medios que establece la Ley de Tierras - 28 L.P.R.A. secs. 1 et seq . - para confiscar sin compensación de manos de un tercero los derechos de un usufructuario del programa del Título V de dicha ley, 28 L.P.R.A. secs. 551 et seq ., ilegalmente adquiridos por dicho tercero - persona que no es un usufructuario boca fije aceptado por la Administración de Programas Sociales del Departamento de Agricultura - son razonables y no establecen una confiscación de propiedad sin el debido procedimiento de ley. E.L.A. v. Márquez, 93 D.P.R. 393 (1966).

    El planteamiento constitucional de que la actuación de la Junta Azucarera en relación con el pago retroactivo de sumas no reclamadas por los colonos priva a los peticionarios de su propiedad sin el debido procedimiento de ley y menoscaba las obligaciones contractuales es inmeritorio. Central Monserrate, inc. v. Junta Azucarera, 83 D.P.R. 109 (1961).

    Concedida por decreto de divorcio de un tribunal de Nevada la custodia del hijo menor a la madre e instado pleito de alimentos en un tribunal competente nuestro, la contención del demandado en dicho pleito de que no pudiendo el tribunal de instancia hacer en él determinación alguna sobre la custodia tampoco puede condenarlo en alimentos y que al asumir jurisdicción y así condenarlo le privó de su propiedad sin el debido proceso de ley y le negó la igual protección de las leyes, es una que carece de méritos. Amill v. Amill, 83 D.P.R. 92 (1961).

    La autoridad para fijar el procedimiento de cerrar calles y caminos envuelve una delegación por la Asamblea Legislativa del poder de expropiación y dominio eminente y se sujeta a las limitaciones constitucionales: no se negará a las partes el debido proceso de ley, el derecho a ser oído y sólo se tomará o perjudicará la propiedad privada por causa justificada y mediante el pago de justa compensación (secs. 7 y 9, art. II de la Constitución). Op. Sec. Just. Núm. 18 de 1958.

  4. Carreteras. El Estado no tiene que demandar en expropiación forzosa al dueño de una finca a fin de indemnizarle los daños y perjuicios que él sufra con motivo de la construcción de un tramo de carretera, consistente el daño principal en que, al bajarse el nivel de la carretera, su casa quedó a la orilla de un alto talud que amenazaba desmoronarse. Esta sección no es de aplicación a ese caso. Valle v. Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 82 D.P.R. 647 (1961).

  5. Destrucción de condiciones restrictivas. Constituye tomar propiedad sin justa compensación el que una parte privada o el gobierno viole o destruya condiciones restrictivas impuestas a dos predios adyacentes de terrenos donde se proyectaba construir una urbanización residencial, constituyendo ello además, una violación de los contratos de compraventa de 17 adquirentes de casas y solares en el primero de dichos dos predios, primera parte del proyecto de urbanización construida. Sands v. Ext. Sagrado Corazón, Inc., 103 D.P.R. 826 (1975).

  6. Interpretación. Aun cuando la Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho de un ciudadano al disfrute de su propiedad, dicho disfrute tiene que ceder ante las necesidades de la comunidad. Heftler International, Inc. v. J. de P., 99 D.P.R. 467 (1970).

    La frase "utilidad pública" en la Constitución del Estado Libre Asociado significa también utilidad social, interés social, bienestar común. E.L.A. v. Rosso, 95 D.P.R. 501 (1967), apelación desestimada por Rosso v. Puerto Rico 393 U.S. 14 (1968), reconsideración denegada 393 U.S. 971 (1968).

  7. En general. La obligación del Estado de pagar justa compensación puede manifestarse de tres formas: (1) mediante el ejercicio directo del poder de dominio eminente, instando un recurso de expropiación; (2) por medio de su reglamentación, y (3) cuando ocurre una incautación de hecho al afectar sustancialmente el uso de la propiedad físicamente. Velázquez Velázquez v. E.L.A., RE-92-534 (02/18/94).

  8. Expropiación a la inversa. La acción de expropiación a la inversa se ha instituido para los casos excepcionales de ocupación física, incautación de un derecho real, o restricciones a la propiedad por vía de reglamentación sin haberse presentado una acción de expropiación. Velázquez Velázquez v. E.L.A., RE-92-534 (02/18/94).

    La restricción al derecho de propiedad mediante la clasificación de "P" en todo caso debe estar sujeta a un límito expresamente fijado en la ley que no debe exceder de cuatro años, y transcurrido este período, el Estado debe venir obligado a expropiar y pagar la justa compensación; y debe cumplirse el requisito constitucional de pagar compensación justa siempre que obligatoriamente se tome alguna propiedad privada para uso público. 1 Der. Civ. 183, n. 2 (1959-CDC-001).