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Artículo 4-4:

InicioLeyes / Constitución / Artículo 4-4: Facultades y deberes del Goberador(a).

Facultades y deberes del Goberador(a).

Texto de los Estatutos

Los deberes, funciones y atribuciones del Goberador(a) serán:

Cumplir y hacer cumplir las leyes.

Convocar la Asamblea Legislativa o el Senado a sesión extraordinaria cuando a su juicio los intereses públicos así lo requieran.

Nombrar, en la forma que se disponga por esta Constitución o por ley, a todos los funcionarios para cuyo nombramiento esté facultado. El Goberador(a) podrá hacer nombramientos cuando la Asamblea Legislativa no esté en sesión. Todo nombramiento que requiera el consejo y consentimiento del Senado o de ambas cámaras quedará sin efecto al levantarse la siguiente sesión ordinaria.

Ser comandante en jefe de la milicia.

Llamar la milicia y convocar el posse comitatus a fin de impedir o suprimir cualquier grave perturbación del orden público, rebelión o invasión.

Proclamar la ley marcial cuando la seguridad pública lo requiera en casos de rebelión o invasión o inminente peligro de ellas. La Asamblea Legislativa deberá inmediatamente reunirse por iniciativa propia para ratificar o revocar la proclama.

Suspender la ejecución de sentencias en casos criminales, conceder indultos, conmutar penas y condonar total o parcialmente multas y confiscaciones por delitos cometidos en violación de las leyes de Puerto Rico. Esta facultad no se extiende a procesos de residencia.

Sancionar o desaprobar con arreglo a esta Constitución, las resoluciones conjuntas y los proyectos de ley aprobados por la Asamblea Legislativa.

Presentar a la Asamblea Legislativa, al comienzo de cada sesión ordinaria, un mensaje sobre la situación del Estado y someterle además un informe sobre las condiciones del Tesoro de Puerto Rico y los desembolsos propuestos para el año económico siguiente. Dicho informe contendrá los datos necesarios para la formulación de un programa de legislación.

Ejercer las otras facultades y atribuciones y cumplir los demás deberes que se le señalen por esta Constitución o por ley.

Anotaciones

HISTORIAL

Cartas Orgánicas de 1900, sec. 17; 1917, arts. 12, 26 y 34.

Comisión Conjunta de Estudio Presupuestario de la Asamblea Legislativa, véanse las secs. 601 a 609 del Título 2.

Facultades y deberes del Goberador(a), véase la sec. 1 del Título 3.

Mensaje anual e informe a la Asamblea Legislativa, véase la sec. 3 del Título 3.

Nombramiento de funcionarios, véanse las secs. 5 y 541 del Título 3.

Sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, véanse la sec. 10 del art. III de esta Constitucíon y la sec.4 del Título 3.

ANOTACIONES

Análisis

  1. Indultos.
  2. Condicionales.
  3. Devolución de propiedad.
  4. Jurisdicción.
  5. Revocación.
  6. Nombramientos.
  7. Privilegio ejecutivo.
  8. Ordenes ejecutivas.

  1. Indultos El Goberador(a) no puede conceder un indulto total a un convicto por violación a las leyes de Estados Unidos, porque dicha facultad pertenece exclusivamente al Presidente de Estados Unidos. Op. Sec. Just. Núm. 33 de 1960.

    El derecho de gracia conferido al Goberador(a) por esta sección es para ser ejercido por el Goberador(a) en casos criminales y después de dictada una sentencia por el Poder Judicial. Op. Sec. Just. Núm. 2 de 1986.

    El Goberador(a) carece de facultad para ejercer la gracia ejecutiva en un caso de destitución de un alcalde por la Comisión Estatal para Ventilar Querellas Municipales, luego de efectuarse la vista administrativa correspondiente. Op. Sec. Just. Núm. 2 de 1986.

    Si el indulto conferido a un recluso ha adquirido plenitud jurídica en sus efectos, no hay impedimento legal para contratar los servicios laborales del favorecido, siempre que queden cumplidos los demás trámites necesarios. Op. Sec. Just. Núm. 25 de 1968.

    No es posible emitir opinión sobre la contratación de servicios de cualquier convicto, preciso es que sean sometidos casos específicos con sus hechos y fundamentos particulares. Id.

    El indulto borra para siempre la condena del delito cometido, quedando de ahí en adelante el indultado tan limpio de ella como si nunca hubiera sido convicto; la libertad bajo palabra no borra la condena y es algo más que un acto de gracia, es primordialmente una medicina penológica para fomentar la disciplina y la reforma de los penados. Op. Sec. Just. Núm. 33 de 1960.

    El efecto de un indulto es sólo devolver al individuo sus derechos civiles como el derecho al voto y habilitarle para actuar como jurado u ocupar cargos públicos; no conlleva de por sí la restitución automática de cargos que se perdieran con motivo de la convicción, ni le da derecho al indultado a ser repuesto a un cargo ocupado antes; por tanto, el Superintendente de la Policía no tiene obligación de reponer en su anterior cargo a un antiguo policía indultado por el Goberador(a). Op. Sec. Just. Núm. 52 de 1958.

    La Constitución, art. II, sec. 12, restituye automáticamente los derechos civiles del convicto una vez cumplida la sentencia, eliminando así la necesidad de una intervención ejecutiva, pero sólo el indulto, gracia reservada al jefe ejecutivo, restituye dichos derechos antes de quedar cumplida la sentencia. Op. Sec. Just. Núm. 26 de 1958.

  2. Condicionales. Es válida la revocación por el Goberador(a) de Puerto Rico de un indulto condicional cuando el indultado, en violación de las condiciones de dicho indulto, cometió un delito grave por el cual fue procesado y convicto. Dicha revocación no está sujeta a las condiciones y al procedimiento establecidos por las secs. 641 a 651 del Título 4. Ortiz Castro v. Jefe Penitenciaría, 97 D.P.R. 205 (1969).

    El hecho de que en esta jurisdicción el poder de indulto emane de nuestra Constitución, no le resta autoridad al Goberador(a) de Puerto Rico para, al conceder indultos, imponer aquellas condiciones que a su juicio el interés general requiera, siempre que tales condiciones no vayan contra la ley, la moral, o sean imposibles de cumplir. Reynolds v. Jefe Penitenciaria, 91 D.P.R. 303 (1964); Emanuelli v. Tribunal de Distrito, 74 D.P.R. 541 (1953).

    Examinadas las condiciones contenidas en el documento de indulto, el Tribunal concluye que en este caso no puede surgir cuestión alguna de falta de debido proceso de ley ya que, aparte de una reserva de revocación sumaria contenida en el propio indulto, en el mismo se proveyó expresamente para la revisión judicial si el perdón se revocaba sumariamente. Id.

    Un indulto es un acto de clemencia ejecutiva, que no forma parte en sí del proceso penal que culmina en la convicción de un acusado. Pueblo v. Albizu, 77 D.P.R. 888 (1955).

    El poder de indulto puede ejercitarse concediendo el indulto en forma total y absoluta, o en forma condicionada. Id.

    En el indulto en forma condicionada, el ejecutivo no tiene otra limitación al imponer condiciones que la de que éstas no sean contra la ley, la moral o imposibles de cumplir. Id.

    Tratándose de un indulto condicional, su aceptación lleva consigo la de las condiciones en él impuestas. Si está sujeto a una condición previa, ésta debe cumplirse para que adquiera plenitud jurídica. Si está sujeto a una condición subsiguiente, adquiere plenitud jurídica tan pronto es aceptado. Estando en este último caso la condición latente, el incumplimiento de ésta lo expone a la revocación. Id.

    Un indulto condicionado en el cual el ejecutivo se reserva expresamente el derecho a revocación sumaria, queda sujeto a dicha revocación sin necesidad de previa determinación judicial en cuanto al incumplimiento de la obligación impuesta. Id.

    Un indulto condicionado a revocación sumaria en el caso de que el indultado atente o conspire contra la seguridad pública, intentando subvertir por la violencia o el terror el orden constitucional establecido, etc., es uno condicional y no uno total o absoluto. Id.

  3. Devolución de propiedad. El indulto total, pleno e incondicional concedido a un convicto implica la obligación de devolverle cualquier propiedad confiscádale a menos que como consecuencia del procedimiento de confiscación haya pasado legalmente a manos de terceras personas, o si vendida en virtud de tal procedimiento el producto de su venta ha ingresado al fondo común del Tesoro del Estado. Downs v. Porrata, Fiscal, 76 D.P.R. 611 (1954).

  4. Jurisdicción. No hay obstáculo para que el Primer Ejecutivo en uso de su facultad discrecional indulte la pena colateral de suspensión de la licencia de conducir vehículos de motor por un período de 5 años a un convicto de homicidio involuntario sentenciado a 2 años de cárcel cuya sentencia fue rebajada a un año, y la cual fue cumplida, prevaleciendo solo la suspensión de licencia. Op. Sec. Just. Núm. 25 de 1969.

    El Primer Ejecutivo puede ejercer su facultad constitucional de indultar no solamente en cuanto a la pena directa que se disponga por la violación a un precepto de ley, sino que también la puede ejercitar en cuanto a la pena adicional o colateral que conlleve la sentencia impuesta. Id.

    Un convicto adviene al disfrute de un indulto, no como parte de derecho alguno que le sea reconocido por el orden jurídico vigente, sino mediante la concesión de una gracia por el Poder Ejecutivo. Reynolds v. Jefe Penitenciaria, 91 D.P.R. 303 (1964); Pueblo v. Albizu, 77 D.P.R. 888 (1955).

    La autoridad ejecutiva suprema de un estado no puede ejercitar la facultad de indulto en relación con la ejecución de sentencias dictadas por un tribunal de otra jurisdicción. Op. Sec. Just. Núm. 33 de 1960.

    La acción de relevar de los impedimentos legales resultantes de un fallo condenatorio sólo puede ser ejercitada por la autoridad ejecutiva de la jurisdicción donde se establece el impedimento. Id.

    El Goberador(a) sólo podría relevar a un convicto de los impedimentos legales de carácter local que surjan como consecuencia de una sentencia dictada por un tribunal federal. Id.

  5. Revocación. No existe exigencia constitucional alguna que limite el ejercicio de la prerrogativa del Ejecutivo para conceder indultos condicionales o que exija, como cuestión de debido proceso de ley, ni la vista previa para revocarlos en la circunstancia en que fue concedido el indulto en este caso, ni la determinación de la autoridad judicial para reencarcelar incidentalmente a la revocación. Reynolds v. Jefe Penitenciaría, 91 D.P.R. 303 (1964).

    La norma jurídica para determinar la justificación de la revocación de un perdón por el Ejecutivo debe fundarse en si dicha actuación es o no arbitraria, o sea, en la razonabilidad de su actuación. Id.

    La prueba junto al conocimiento judicial de este Tribunal, son suficientes para concluir que el Ejecutivo tuvo base para revocar válidamente el indulto condicional concedido en este caso, tanto bajo la norma jurídica de que su actuación al revocar dicho indulto no fue arbitraria, como bajo la norma jurídica más exigente de que al apelante podía serie imputado - como parte de una conspiración - actos atentatorios contra la seguridad pública, mediante actos de violencia o terror, con la intención de subvertir el orden constitucional vigente. Id.

  6. Nombramientos. La frase holding over se refiere al concepto de continuidad del cargo en aquellos casos en que el nombramiento contiene una cláusula que establece que el funcionario incumbente ocupará el cargo hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión. (Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1967-25.), Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1986.

    El incumbente en un cargo con cláusula de nombramiento por término fijo que continúa desempeñando los deberes del cargo después de expirado el término del mismo es un funcionario de jure con título legal sobre el cargo y solamente puede ser sustituido por una persona nombrada de igual forma que él. Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1986.

    A tenor con nuestro esquema constitucional, la jurisprudencia y la doctrina vigente en la jurisdicción federal, en el caso de un funcionario incumbente holding over que ocupe un cargo de término fijo una vez expirado dicho término en virtud de la cláusula de continuidad, la norma debe ser que dicho funcionario pueda ser sustituido mediante nombramiento de receso. Op. Sec. Just. Núm. 22 de 1986.

    Bajo nuestro ordenamiento constitucional la autoridad del Goberador(a) para efectuar nombramientos es análoga a la del Presidente de los Estados Unidos. Op. Sec. Just. Núm. 3 de 1985.

    El criterio fundamental para determinar si es de aplicación la excepción a la facultad exclusiva y absoluta del Primer Ejecutivo para separar funcionarios nombrados por él no es si el funcionario tiene un término fijo o no, sino la naturaleza de sus funciones. (Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia de 12 de enero de 1973, no publicada.), Op. Sec. Just. Núm. 3 de 1985.

    Un nombramiento de receso extendido por el Goberador(a) de Puerto Rico goza de presunción de validez. Cuestionada la misma, la persona nombrada puede obtener un remedio provisional para que se le dé pleno vigor, mientras se resuelve en los méritos la validez del nombramiento. Schmidt Monge v. Torres, 115 D.P.R. 414 (1984).

    La Rama Ejecutiva no puede despojar a la Rama Legislativa del poder de confirmación que le confieren la Constitución y las leyes de Puerto Rico, como tampoco puede el Senado o la Rama Legislativa usurpar el poder de nominación del Goberador(a). Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983).

    El principio de la separación de poderes no tolera los interinatos indefinidos en los cargos para cuyos nombramientos se requiere el consejo y consentimiento del Senado. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983).

    Hasta tanto se disponga por ley un término más corto, todo interinato en cargos públicos que requieran el consejo y consentimiento del Senado quedará sin efecto en virtud de la Constitución al levantarse la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa en curso o, en su defecto, la siguiente al comienzo del interinato, a menos que se efectúe antes el nombramiento en propiedad. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983).

    Cualquier grupo de senadores puede solicitar un injunction o una sentencia declaratoria para cuestionar la ocupación de un cargo por una persona en detrimento del poder de confirmación del Senado. Hernández Agosto v. López Nieves, 114 D.P.R. 601 (1983).

    En ausencia de limitaciones de carácter constitucional no existe impedimento para que se apruebe una ley que disponga que los miembros de la Junta Estatal de Elecciones serán nombrados por el Goberador(a) con el consejo y consentimiento de ambas cámaras legislativas. Op. Sec. Just. Núm. 35 de 1973.

    De acuerdo a las disposiciones constitucionales y estatutarias vigentes, el Goberador(a) meramente somete a la consideración del Senado, o de ambos, el Senado y la Cámara de Representantes, una "nominacion" del candidato que a su mejor entender reúne todos los requisitos necesarios para el cabal desempeño del cargo en cuestión y dicha nominación en forma alguna constituye un nombramiento por cuanto que el Goberador(a) carece de la facultad constitucional de producirlo por sí mismo, en aquellos casos en que, requiriéndose el consejo y el consentimiento, las Cámaras se encuentran celebrando su sesión y en el caso de que éstas no tomasen acción alguna sobre la nominación o si la rechazaren en términos expresos, ésta se convertirá en inefectiva e inoperante a todo propósito o procedimiento ulterior. Op. Sec. Just. Núm. 25 de 1967.

    La interpretación conduce a concluir que la materia procesal aplicable al ejercicio de la facultad ejecutiva de nombrar funcionarios, se incorporó a nuestra Constitución por vía general de referencia a las doctrinas aplicables, tanto estatutarias como jurisprudenciales, del ámbito de la jurisdicción federal y esto explica el porqué esta disposición no guarda una estrecha concordancia con la redacción y contenido del correlativo art. II, sec. 2, de la Constitución de los Estados Unidos de América. Id.

  7. Privilegio ejecutivo. Esta sección, junto con la Sec. 1 de este Artículo y la Sec. 1 del Art. I en cuanto adopta la teoría de separación de poderes, provee base suficiente para la adopción de la doctrina del privilegio ejecutivo en Puerto Rico. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983).

Así como el poder de investigación que posee la Rama Legislativa no es absoluto, tampoco lo es la facultad de la Rama Ejecutiva de retener información sobre la base de su alegada confidencialidad. Peña Clos v. Cartagena Ortiz, 114 D.P.R. 576 (1983).

  1. Ordenes ejecutivas. La facultad del Goberador(a) de emitir órdenes ejecutivas emana de los poderes que le confieren las leyes o de los poderes inherentes a su cargo. (Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1968-2.), Op. Sec. Just. Núm. 24 de 1986; Op. Sec. Just. Núm. 31 de 1984.

La orden ejecutiva promulgada a tenor con la autoridad concedida al Ejecutivo por la Constitución o la Legislatura tiene efecto de ley. (Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia Núm. 1981-22.), Op. Sec. Just. Núm. 31 de 1984.

Una orden ejecutiva encuentra apoyo legal en la facultad general del Primer Ejecutivo de cumplir y hacer cumplir las leyes, vigilar la conducta oficial de todos los funcionarios de la Rama Ejecutiva y de cuidar que cumplan con las obligaciones de sus cargos por lo que no puede ir contra lo dispuesto en ley. (Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia de 14 de julio de 1978, no publicada.), Op. Sec. Just. Núm. 5 de 1985.

Toda orden ejecutiva enmarca un mandato y los organismos gubernamentales a los cuales va dirigida son de la Rama Ejecutiva. (Reiterando el criterio expuesto en la Opinión del Secretario de Justicia de 14 de julio de 1978, no publicada.), Op. Sec. Just. Núm. 5 de 1985.

Para evitar la concesión de privilegios a base de criterios ajenos a la buena marcha de la administración de la justicia criminal, el indulto debe limitarse a casos donde la injusticia cometida se manifieste en forma patente. 1 Der. Civ. 619, n. 31 (1968-CDC-012).