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Artículo 6-19:

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Recursos naturales; lugares históricos o artísticos; instituciones penales; delincuentes.

Texto de los Estatutos

Será política pública del Estado Libre Asociado la más eficaz conservación de sus recursos naturales, así como el mayor desarrollo y aprovechamiento de los mismos para el beneficio general de la comunidad; la conservación y mantenimiento de los edificios y lugares que sean declarados de valor histórico o artístico por la Asamblea Legislativa; reglamentar las instituciones penales para que sirvan a sus propósitos en forma efectiva y propender, dentro de los recursos disponibles, al tratamiento adecuado de los delincuentes para hacer posible su rehabilitación moral y social.

ANOTACIONES


Análisis

  1. Controversia justiciable.
  2. Capacidad para demandar.
    1. Procedimiento.
  3. Intervención judicial.
  4. En general.

 

  1. Controversia justiciable. Esta sección no autoriza una acción privada en reclamación de daños simbólicos o abstractos adjudicables en proceso de sustitución del criterio de unos demandantes impuesto por decisión judicial en lugar del criterio de las agencias del Estado encargadas de implementar la política pública, sobre cuáles son los edificios de valor histórico o artístico. Fundación Arqueológica v. Departamento de la Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980).

    La calidad de controversia justiciable constituye un elemento especial para que un demandante alegue o exija que el poder judicial proteja o ponga en vigor una política del Estado. Id.

    En ausencia de una controversia justiciable un tribunal no puede actuar en un pleito, mas de estar ausente dicho elemento fundamental, dicho tribunal estaría asumiendo indebidamente una posición de autoridad sobre los actos gubernamentales de una rama de igual jerarquía, facultad que no tiene la judicial. Id.

    En esta jurisdicción la puerta no está abierta de par en par a la litigación indiscriminada por cualquier ciudadano en alegada protección de una política pública del Estado. Id.

  2. Capacidad para demandar. No hay capacidad de un demandante para demandar en una acción y la misma no es justiciable - en ausencia de disposición legislativa autorizando dicha acción - en un pleito privado estrictamente de reparación por alegados daños y perjuicios estéticos consistente en haberse privado al demandante de la contemplación y conservación de un edificio centenario localizado en la zona histórica del viejo San Juan, el que fue demolido; si seria atendible judicialmente una acción pública de dicho demandante antes de ejecutarse la determinación de ciertas agencias gubernamentales, de modo a evitar dicha demolición, véase Fundación Arqueológica v. Departamento de la Vivienda, 109 D.P.R. 887 (1980).

    En una acción judicial privada para el resarcimiento de unos daños abstractos - a diferencia de una acción pública encaminada a la ejecución de un deber ministerial por una agencia del Gobierno - el demandante no tiene capacidad para demandar y su acción no presenta una controversia justiciable Fundación Arqueológica v. Departamento de la Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980).

    La capacidad para demandar forzosamente depende de la naturaleza justiciable de cada reclamación, esto es, de que el demandante plantee una controversia real con el demandado, debiendo dicho demandante alegar, aun en los casos derivados de precepto constitucional o estatuto, que ha sufrido un claro y palpable daño, no importando que el tipo de daño esté compartido por una extensa clase de otros posibles litigantes. Id.

    La capacidad de una parte para demandar no puede depender del interés que tienen en común todos los que integran el público a consecuencia de la naturaleza necesariamente abstracta de un agravio fue todos los ciudadanos comparten, siendo necesario para que la controversia planteada sea justiciable que la parte alegue un daño concreto, ya sea real o inminente. Id.

    1. Procedimiento. La supremacía constitucional no implica que el pueblo no pueda revisar su lex superior , pero este poder debe ejercerse de forma que el ordenamiento constitucional pueda mantener su coherencia, libre de los caprichos momentáneos y arbitrarios de las mayorías, por lo que se requiere un procedimiento específico que limite el proceso mediante el cual se revisa. Berríos Martínez v. Gobernador, AC-94-644, AC-94-645, AC-94-653 (09/30/94).

      Los límites necesarios al proceso de revisión de una constitución pueden ser explícitos e implícitos. Los primeros constan expresamente en la Constitución; los implícitos son aquellos cuya existencia sólo puede ser deducida indirectamente, bien como una consecuencia lógica de los presupuestos en que descansa el sistema constitucional considerado en su conjunto, que se producen en determinados preceptos de la Constitución. Berríos Martínez v. Gobernador, AC-94-644, AC-94-645, AC-94-653 (09/30/94).

      Los padres de nuestra Constitución diseñaron un procedimiento de enmienda que: (1) requiere la aprobación de por lo menos las dos terceras (2/3) partes de los miembros de cada Cámara legislativa; (2) exige que la enmienda sea sometida al electorado en referéndum especial, o en una elección general si lo aprueba por lo menos tres cuartas (3/4) partes del número total de los miembros de cada Cámara; (3) ordena que cada proposición de enmienda deberá votarse separadamente; (4) limita el número de proposiciones de enmienda a tres en un mismo referéndum; (5) establece que toda enmienda contendrá sus términos de vigencia; (6) requiere el voto afirmativo de la mayoría de los electores que voten sobre el particular; (7) exige que la proposición de enmienda sea publicada por lo menos noventa días antes del referéndum. Berríos Martínez v. Gobernador, AC-94-644, AC-94-645, AC-94-653 (09/30/94).

  3. Intervención judicial. Un juez no debe permitir a un demandante que no alega un daño explícito, el recurrir ante el tribunal para que éste resuelva sobre una importante cuestión constitucional, creando un potencial de abuso del proceso judicial y en esa forma distorsionando la función de la Rama Judicial en su relación con la Ejecutiva y la Legislativa, exponiendo a los tribunales a la impugnación fundada de propiciar un "gobierno por injunction ". Fundación Arqueológica v. Departamento de la Vivienda, 109 D.P.R. 387 (1980).
  4. En general. Ni la Constitución ni las leyes de Puerto Rico establecen el derecho de un drogadicto recluido en un centro correccional a ser transferido del mismo a un centro residencial para el tratamiento de su adicción ni crean expectativas razonables de ello; por consiguiente, la negativa a dicha transferencia no constituyó una denegación del debido proceso de ley. Fiallo v. De Batista, 666 F.2d 729 (1981).