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Carta de Derechos de Víctimas y Testigos

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La Legislatura de Puerto Rico, mediante una legislación especial (Ley Núm. 22 del 22 de abril de 1988), ha dispuesto medidas para garantizar los derechos de las víctimas y los testigos en los procesos judiciales y en las investigaciones que se realicen. También, a través de enmiendas al estatuto, se han establecido protecciones especiales en aquellos casos en que las víctimas o testigos del delito sean menores de edad, menores incapaces y/o con impedimentos.

Derechos
De conformidad con la Carta de Derechos establecida sobre el particular, toda persona que sea víctima o testigo de delito en Puerto Rico tendrá derecho a:

  • Recibir un trato digno y compasivo por parte de todos los funcionarios y empleados públicos que representen las agencias que integran el sistema de justicia criminal durante las etapas de investigación, procesamiento, sentencia y disposición posterior del caso criminal que se inste contra el responsable del delito.
  • Tener acceso a servicio telefónico, libre de costo, para comunicarse con su familia o allegado más cercano o con su abogado, tan pronto entre en contacto con el sistema de justicia criminal.
  • Reclamar que se mantenga la confidencialidad de la información sobre su dirección y números telefónicos cuando así lo estime necesario para su seguridad personal y de sus familiares, así como el privilegio de la comunicación habida entre la víctima y su consejero que garantiza la Regla 26-A de Evidencia, Ap. IV del Título 32.
  • Recibir todos los servicios de protección que garantizan las secc. 972 a 972j del título 25 de las Leyes de Puerto Rico Anotadas, para sí y para sus familiares, contra las posibles amenazas y daño que puedan sufrir por parte del responsable del delito, sus secuaces, amigos y familiares incluyendo, sin que se entienda como una limitación, la línea telefónica de emergencia, albergue, cambio de dirección e identidad y vigilancia directa.
  • Ser orientado sobre todos aquellos programas de asistencia médica, psicológica, social y económica que estén disponibles en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, recibir información correcta por parte de los funcionarios y empleados de las agencias públicas y privadas que administran estos programas y a que se les oriente sobre el procedimiento para tramitar la solicitud de estos servicios.
  • Recibir para sí y para sus familiares todos aquellos servicios y beneficios que provean los programas de asistencia médica, psicológica, social y económica que estén disponibles en el Estado Libre Asociado y para los cuales sea elegible.
  • Ser notificado del desarrollo de la investigación, procesamiento y sentencia del responsable del delito, ser consultado antes de que se proceda a transigir una denuncia o acusación contra el autor del delito y ser informado de los procedimientos posteriores a la sentencia cuando la víctima o el testigo así lo solicite a la Policía de Puerto Rico, al Negociado de Invetigaciones Especiales y al Ministerio Fiscal.
  • Lograr que el Ministerio Fiscal promueva la rápida ventilación de los casos criminales contra el responsable del delito y, en especial, los casos de delitos sexuales, maltrato y violencia doméstica.
  • Estar presente en todas las etapas del procesamiento contra el responsable del delito cuando lo permitan las leyes y reglas procesales, excepto en aquellos casos en que lo prohíba el tribunal por razón de que la víctima sea testigo en el proceso criminal o por otras circuntancias; y que la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales o el Ministerio Fiscal le informen prontamente cuando su presencia no sea necesaria en el tribunal.
  • Recibir en todo momento en que esté prestando testimonio en un tribunal o en un organismo cuasi judicial un trato respetuoso y decoroso por parte de abogados, fiscales, jueces y demás funcionarios y empleados, y la protección del juez o del funcionario que preside la vista administrativa en caso de hostigamiento, insultos, ataques y abusos a la dignidad y a la honra del testigo o de sus familiares y allegados.
  • Cuando se trate de una víctima de violación, no ser preguntada sobre su historial sexual sujeto a lo dispuesto en la Regla 21 de Evidencia para el Tribunal General de Justicia de 1979, Ap. IV del Título 32.
  • Cuando sea menor de edad o incapacitado, no ser preguntado sobre el alcance del deber de decir la verdad, que no se le tome juramento o afirmación en este sentido, e instar las acciones por delitos sexuales y maltrato dentro del término prescriptivo extendido que provea la sec. 3412 del Título 33.
  • Tener a su disposición un área en el Tribunal donde se esté ventilando el proceso judicial contra el responsable del delito que esté separada del acusado, sus secuaces y amigos y familiares y, cuando no esté disponible esta área separada, recibir otras medidas protectoras.
  • Lograr que se le releve de la comparecencia personal en la vista de determinación de causa probable para el arresto, cuando su testimonio conlleve un riesgo a su seguridad personal o de su familia o cuando se vea física o emocionalmente imposibilitada.
  • Someter al tribunal sentenciador un informe sobre el efecto económico y emocional que le ha ocasionado la comisión del delito según lo garantizan las Reglas 162.1 y 162.2 de Procedimiento Criminal, Ap. II del Título 34.
  • Recibir la compensación económica que le corresponde por razón de su comparecencia en el proceso judicial así como la concesión de licencia judicial y reinstalación en el empleo que proveen la sec. 752 del Título 34, las secs. 193 a 1193c del Título 29, las secs. 1301 a 1431 del Título 3, y la sec. 4445 del Título 33.
  • Recibir el beneficio de restitución por parte del responsable del delito en todos aquellos casos en que la secs. 3001 et seq. del Título 33 o las leyes especiales así lo provean.
  • Recibir devueltos tan pronto sea posible, todos aquellos bienes de su propiedad que se hayan retenido por las autoridades con el propósito de ser utilizados como evidencia.

Acción para reclamar estos derechos
La Ley establece que la persona que desee reclamar los derechos anteriores debe acudir para ello al Departamento de Justicia, o a cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia del lugar donde resida, y presentar una querella.


División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos
De conformidad con la ley, el Departamento de Justicia estableció una División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos adscrita al Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia.


Dirección física de la División:

Departamento de Justicia
División para la Protección y Asistencia de
Víctimas y Testigos
Edificio Anexo al Departamento de Justicia
Calle Olimpo, Miramar, San Juan. PR
Tel. 787-729-2106


Dirección postal:

PO Box 9020192
San Juan , PR 00902-0192

 

 

Servicios
La División para la Protección y Asistencia de Víctimas y Testigos atiende a las personas que son referidas por los tribunales, los fiscales, y otras agencias relaciondas con el orden público, que requieran protección y servicios.

El Departamento de Justicia mantendrá en operación 24 horas al día una línea de emergencia y, cuando las circunstancias lo ameriten, podrá proveer, entre otros, los siguientes servicios:

  • albergue,
  • reubicación de residencia, dentro o fuera de Puerto Rico,
  • vigilancia directa y otras medidas de seguridad,
  • la asistencia económica que sea necesaria y el pago de servicios esenciales,
  • cambio de nombre.