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Autonomía Presupuestaria

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Antes de aprobarse la Ley Núm. 8 de 14 de julio de 1973, la Rama Ejecutiva ejercía un control absoluto en todas las fases presupuestarias de la Rama Judicial. Esta Ley constituyó un paso de avance en la consecución de la autonomía presupuestaria a esta Rama.

En el año 1980 se aprobó la Ley Núm. 147 de 18 de junio, según enmendada, conocida como la Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). Dicha Ley incorporó lo establecido en la Ley Núm. 8, Supra, la cual exime a la Rama Judicial de someter sus peticiones presupuestarias para escrutinio de la Rama Ejecutiva. Las peticiones se someterían directamente a la Asamblea Legislativa, aunque la OGP recibiría copia de ellas para asesorar al Poder Legislativo respecto a la misma. Además, se establece en la Ley Núm. 147 que el Gobernador o Gobernadora incluiría en el Presupuesto General del Gobierno que recomiende a la Legislatura, un presupuesto para gastos e funcionamiento de la Rama Judicial igual al vigente.

La autonomía presupuestaria y fiscal concede facultad a la Rama Judicial a la asignación, distribución, manejo y control del presupuesto que le asigna anualmente la Legislatura para llevar a cabo los deberes constitucionales de esta Rama. De esta forma la asignación presupuestaria anual a la Rama Judicial que aprueba la Legislatura se hace y contabiliza en una cantidad englobada. La Rama Judicial tiene la autoridad de tramitar las transacciones fiscales sin sujeción a preintervención por parte del Poder Ejecutivo en cuanto a exactitud, propiedad, corrección, necesidad y legalidad de aquellas. A ese respecto, la Rama Judicial sólo está sujeta a la auditoría del(la) Contralor(a) de Puerto Rico.

La Ley Núm. 286 aprobada el 20 de diciembre de 2002 enmienda la Ley 147 de 18 de junio de 1980, a fin de conceder autonomía presupuestaria a la Rama Judicial estableciendo para dicha Rama un por ciento presupuestario fijo a asignarse de las rentas netas anuales ingresadas al Fondo General del Tesoro de Puerto Rico.
Con la aprobación de esta nueva Ley se concede a la Rama Judicial un sistema de autonomía presupuestaria análoga al de la Universidad de Puerto Rico. El mecanismo de asignación presupuestaria automática mediante la aplicación de una fórmula elimina la indeseable rogativa anual a la Asamblea Legislativa en busca de los recursos necesarios de esta Rama para desarrollar sus programas y lograr plenamente sus objetivos, en atención a sus prioridades. Además, se elimina el requisito existente en la Ley Núm. 147 de que la Rama Judicial someta a la Asamblea Legislativa su petición presupuestaria anual y de que se suministre a la OGP copia de dicha información. En caso de que la Rama Judicial requiriese sumas adicionales a las obtenidas por concepto de la fórmula, someterá entonces su petición a la Asamblea Legislativa con sus justificaciones.

Con la aprobación de esta Ley, se coloca a la Rama Judicial del Gobierno de Puerto Rico en ser la primera, con relación a los sistemas de tribunales de los Estados Unidos, en disfrutar de una completa autonomía presupuestaria a base de un por ciento fijo del presupuesto del Estado. Esto es un gran paso en el fortalecimiento de la independencia del poder judicial y que es, a su vez, el principio fundamental de la separación de poderes contenido en nuestra constitución.

La fórmula garantiza a la Rama Judicial un por ciento fijo de los ingresos del fisco comenzando en el AF 2003-2004. A la Rama Judicial se le asignará el 3.3% del promedio del monto total de las rentas anuales obtenido, de acuerdo con las disposiciones del Estado Libre Asociado e ingresadas en el Fondo General del Tesoro de PR. en los dos años económicos anteriores al año corriente. Dicho 3.3% se aumentará escalonadamente por los próximos cuatro años fiscales hasta el AF 2007-2008, en donde el por ciento alcanzará un máximo de 4% de los ingresos de rentas anuales del Fondo General. En caso de que el promedio del monto total de rentas anuales sea menor que el año precedente, la cantidad base será igual a la última asignación anual recibida por la Rama Judicial. Dicha fórmula será revisada cada cinco años, a fin de determinar su efectividad en garantizar la autonomía fiscal a esta Rama.

Presupuesto Asignado a la Rama Judicial en Año Fiscal 2002-2003

La Asamblea Legislativa asignó un presupuesto de $216,083,000 con cargo a la Resolución Conjunta del Presupuesto General. Este representa el 2.8% del total de recursos del Fondo General para el AF 2002-2003, el cual asciende a $7,840 millones.

Mediante la Ley Núm. 8 de 14 de julio de 1973 se estableció un mecanismo destinado a que la Rama Judicial lograra autonomía en la formulación y ejecución del presupuesto. Dicha Ley dispuso que la Rama Judicial sometería directamente a la Asamblea Legislativa sus propias peticiones de recursos de gastos ordinarios de funcionamiento y le confirió al Juez Presidente del Tribunal Supremo de Puerto Rico la administración, ejecución y control de dicho presupuesto.