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Rama Judicial de Puerto Rico | |
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Hon. Rafael L. Martínez
Torres
Juez Asociado del Tribunal Supremo |
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El Honorable Rafael L. Martínez Torres nació el 14 de febrero de 1959 en Humacao, Puerto Rico. Es el menor de los dos hijos procreados el señor Luis Martínez, ya fallecido, y la señora Áurea Torres. Está casado con la Dra. Sandra S. Rodríguez Cruz, pediatra, con quien procreó a Ricardo, de once años de edad. El juez tiene otro hijo, Christopher, de 21 años de edad, procreado en un matrimonio anterior. En 1980, el juez Martínez Torres, quien es producto de nuestras escuelas públicas (en 1976 se graduó, con altos honores, de la Escuela Superior Ana Roqué, de Humacao), obtuvo su Bachillerato en Artes (con calificación de Magna Cum Laude) con concentración en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. En 1983 obtuvo el grado de Juris Doctor con calificación de Cum Laude de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, donde fue Director Auxiliar de la Revista Jurídica. El juez Martínez Torres comenzó su vida profesional precisamente en el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en el cual laboró durante tres años, hasta 1986, como asesor legal en el Secretariado de la Conferencia Judicial y, más adelante, en el Panel Central de nuestro máximo tribunal. Posteriormente, el juez Martínez Torres se dedicó durante nueve años a la práctica privada de su profesión, particularmente en el campo de la litigación civil y apelativa; así, laboró en la firma Rivera Cestero & Marchand Quintero, en la División de Litigios del bufete Fiddler, González & Rodríguez y, finalmente, por su cuenta. Además, entre 1988 y 1993, enseñó el curso de Paralegal que ofrecía la División de Educación Continua del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. En 1993, el juez Martínez Torres regresó al servicio público, esta vez como Director Ejecutivo de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes. En tal cargo colaboró y participó en el proceso de evaluación jurídica y en otros trámites relacionados con las leyes de reforma gubernamental que aprobadas por la Asamblea Legislativa, incluso la Reforma Judicial de 1994. Además, participó en la etapa inicial de la evaluación legislativa de las enmiendas propuestas a las Reglas de Procedimiento Civil y Criminal aún vigentes. |
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